Edmundo Nuncio Jiménez

Expediente 58/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
58/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
16/03/2021

Partes del expediente

  • Edmundo Nuncio Jiménez

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el término de cinco días a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, se declara que la determinación de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, en la que se desechó la demanda de amparo promovida por ---------, por propio derecho, en el presente juicio de amparo 58/2021-II, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno del Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso b, que dicen: CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; . Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: .b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; ." En atención a lo anterior, se estima que este EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo. Sin que se omita precisar que el presente asunto, en términos del capítulo quinto, ordinal 15, del Acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Notifíquese; por lista a la parte quejosa, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por ------------, por propio derecho, contra actos de la Jueza Primero Civil y de Extinción de Dominio de Tlalnepantla, Estado de México y otras autoridades, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 58/2021-II. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. De conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. Ahora, de la lectura integra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que la parte quejosa reclama en esencia:El auto de dos de diciembre de dos mil veinte, dictado en el juicio ordinario civil número 373/2020, por la Juez responsable, a través del cual, previno al quejoso, en cuanto a su reconvención que planteo. El proveído de ocho de diciembre de dos mil veinte, emitido en el juicio citado, por la Juez natural, en el que inadmitió la reconvención del quejoso, en el juicio de origen. Las notificaciones de tres y nueve de diciembre de dos mil veinte, practicadas por el Notificador responsable, en la lista y boletín judicial, relativas a los autos reclamados dictados en el juicio ordinario civil número 373/2020. Respecto a la autoridad que señala como Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de Tlalnepantla, Estado de México, se DESECHA DE PLANO la presente demanda, toda vez que su función es únicamente dar fe de las actuaciones realizadas durante el procedimiento de origen. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo: XVI, Agosto de 2002, visible en la página 1248, cuyo rubro dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LOS SECRETARIOS DE ACUERDOS DE LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, NO TIENEN ESE CARÁCTER". En cuanto a los actos que reclama el quejoso, consistente en el auto de dos de diciembre de dos mil veinte, dictado en el juicio ordinario civil número 373/2020, por la Juez responsable, a través del cual, lo previno para proveer su reconvención que planteo, y la notificación que se efectúo por parte del Notificador responsable, el tres de diciembre de ese año, este Juzgado advierte que deviene improcedente, ya que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;.". Ello es así, ya que de los antecedentes del juicio de origen, se advierte que el quejoso fue demandado y emplazado al juicio; así, el diez de noviembre de dos mil veinte, dio contestación a la demanda instaurada en su contra, promovida por Erick Morales Tinoco, y formulo su reconvención. Con motivo de lo anterior, la Juez responsable, con fecha once de noviembre del año pasado, se reservó proveer dicha situación, toda vez que se encontraba pendiente de diligenciar un exhorto. Posteriormente, el dos de diciembre de dos mil veinte, la Juez del conocimiento, tuvo por contestada en tiempo y forma la demanda incoada en contra del quejoso, y lo previno, con fundamento en los numerales 2.100, 2.108, fracciones IV y V, 2.109, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, en razón de que sus pretensiones creaban confusión, respecto de la reconvención que planteaba. En ese sentido, el siete de diciembre de dos mil veinte, el quejoso -------------, desahogó las medidas que le fueron decretadas en la prevención, a efecto de que se admitiera su reconvención. A lo cual, por proveído de ocho de diciembre de esa anualidad, la Juez responsable, determinó que era improcedente su demanda reconvencional y notificó dicha circunstancia el nueve siguiente. Una vez reseñados los antecedentes, en el caso, el quejoso impugna el auto de dos de diciembre de dos mil veinte, dictado en el juicio ordinario civil número 373/2020, por la Juez responsable, a través del cual, lo previno para proveer su reconvención que planteo, y la notificación que se efectúo por parte del Notificador responsable, el tres de diciembre de ese año; empero, dicha circunstancia se encuentra sustituida en razón de que el quejoso, desahogó las medidas que le fueron encomendadas por ocurso de siete de diciembre de dos mil veinte, lo que propicio la emisión del acuerdo de ocho de diciembre de ese año y la notificación de nueve de ese mes y año. En tal virtud, no cabe duda que, en la especie, operó una sustitución procesal respecto del proveído de dos de diciembre de dos mil veinte y la notificación de tres de diciembre de esa anualidad, toda vez que no se puede decidir sobre la legalidad o constitucionalidad de estos actos, sin afectar la nueva situación jurídica creada por la emisión del auto de ocho de diciembre de dos mil veinte y su notificación respectiva, ya que estos últimos, pueden subsistir jurídicamente, con independencia de que los citados actos (acuerdo de dos de diciembre de dos mil veinte y su notificación de tres siguiente) resultaran o no inconstitucional; de ahí que, se estime actualizada la causal de improcedencia en cuestión, ante la imposibilidad de analizar la legalidad o constitucionalidad de los actos que se combaten. Resulta pertinente tener en cuenta por analogía, el criterio contenido en la tesis jurisprudencial1 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que indica: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CUANDO SE ACTUALIZA. Del texto del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que la acción constitucional es improcedente, cuando se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial o administrativo, y con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se produce un acto que trae por resultado el cambio de situación jurídica, de tal manera que no sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el juicio, resultando por lo tanto irreparablemente consumadas las violaciones cometidas por el acto reclamado. Esta causa de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. En efecto, tratándose de esta causa de improcedencia, no existe imposibilidad física para reparar las violaciones que hubiera ocasionado el acto reclamado, pero existe un impedimento jurídico para ello, toda vez que, el permitir la destrucción de actos de autoridad que escapan a la litis planteada en el juicio 1 Semanario Judicial de la Federación, 8ª Época, Tomo VIII, Septiembre de 1991, página 145. constitucional, cuyo sustento legal no puede valorarse, por no formar parte de la litis en el juicio, y que quizá justifican legalmente la existencia o subsistencia del acto que se reclamó en el amparo, constituiría una extralimitación de la sentencia constitucional al conocer el amparo invalidando como consecuencia, un acto de autoridad cuya legalidad o constitucionalidad no ha sido ni controvertida ni resuelta conforme a derecho, esta es la razón que justifica plenamente la existencia de la causal que analizamos. Es muy importante observar que el elemento principal de este motivo de improcedencia de la acción de amparo, es el cambio de situación jurídica, es decir, la posición de la quejosa frente al orden jurídico derivado de la realización de ciertos actos y de la aplicación de ciertos preceptos a su caso en particular. Ese cambio de situación jurídica, para ser causa de improcedencia debe efectuarse dentro de un procedimiento, judicial o administrativo. Se ha entendido en términos genéricos como una sucesión de actos ligados por un nexo de causalidad, cada uno de los cuales es consecuencia del anterior y presupuesto del siguiente, y aunque usualmente la ilegalidad de uno de ellos produce la insubsistencia de todos los posteriores, esto no sucede cuando se dictan actos, que por su existencia o validez, gozan de autonomía frente a los anteriores, de modo que pueden subsistir con independencia de que los anteriores sean abiertamente ilegales, por lo cual se dice que estos actos con autonomía han cambiado la situación jurídica que existía, produciendo la irreparabilidad jurídica de las violaciones constitucionales que se hayan realizado con anterioridad. También es necesario para que se actualice la causal de improcedencia en estudio, que no pueden examinarse las violaciones alegadas por el quejoso respecto al acto que reclama, sin que al hacerlo se afecte la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido, esto es, si el tribunal de amparo analiza el acto reclamado y declara fundadas las objeciones del quejoso, tendría que anularlo por efecto de la sentencia protectora, dejando inexistente una parte del procedimiento y subsistiendo el acto autónomo posterior y sus consecuencias, lo que sería lógica y jurídicamente inadmisible, y contrario a la finalidad del juicio de garantías, pues la sentencia de amparo no podría restituir al quejoso en el goce de sus garantías individuales violadas, debiendo en tal caso considerar consumadas en forma irreparable las violaciones sufridas por el quejoso". En relación al diverso acto consistente en el proveído de ocho de diciembre de dos mil veinte, emitido en el juicio natural, por la Juez responsable, en el que inadmitió la reconvención del quejoso, en el juicio de origen, se estima que opera la causal de improcedencia en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo para ser procedente, requiere de un elemento sine qua non con relación a que deben agotarse antes de interponer el juicio constitucional, los recursos ordinarios o medios de defensa que señale la ley que rija el acto que se reclame (principio de definitividad), salvo las excepciones que la misma establece. Al respecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;.". Esta fracción, regula uno de los principios rectores del juicio de amparo: el de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles, salvo los casos excepcionales establecidos en el mismo. El principio de definitividad en el juicio de amparo es un requisito sine qua non que supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. No obstante esta fracción establece la obligación de acatar el principio de definitividad, de su contexto se advierten dos supuestos de excepción: el primero, alude a los terceros extraños quienes no están obligados a agotar recursos ordinarios, antes de acudir al juicio de amparo, según lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El segundo supuesto de excepción, se refiere a aquellos casos en que los actos reclamados importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Ahora, además de los supuestos de excepción antes referidos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que se deben añadir otras hipótesis de excepción que derivan de la fracción XII, del artículo 107, constitucional, relativos a la violación de los derechos previstos en los numerales 16, 19 y 20, de la Carta Magna; es decir, no hay obligación de agotar el principio de definitividad cuando el acto reclamado sea restrictivo de libertad, ni en el supuesto de que el quejoso se ostente como tercero extraño al juicio o tercero equiparable, pues precisamente al no existir posibilidad de defenderse en el procedimiento ordinario, el gobernado queda en indefensión al desconocer la legislación aplicable. Un punto a destacar, es que las excepciones al principio de definitividad no son aplicables de manera genérica, por el contrario su aplicación es estricta, lo que pone de manifiesto que con excepción de los supuestos inmersos en la fracción XVIII, incisos a), b y c), de la Ley de Amparo, previo al ejercicio de la acción constitucional debe cumplirse con el principio de definitividad del juicio de amparo. Establecido lo anterior, para demostrar la vigencia de la causal en estudio, respecto de la determinación reclamada (proveído de ocho de diciembre de dos mil veinte), es preciso traer a colación el contenido de los artículos 5.74, en relación con el 1.362, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, que aducen: "Artículo 5.74. Los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables conforme a las reglas generales." "Artículo 1.362. Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó." De la anterior transcripción, se evidencia que, en contra del proveído aquí combatido, el quejoso debió interponer recurso de revocación, el cual se encuentra contemplado en el artículo 5.74 en relación con el 1.362, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. En efecto, las partes podrán recurrir las determinaciones ante la propia autoridad que las emitió, ello siempre y cuando en contra de esas actuaciones la ley no establezca la procedencia del recurso de apelación; luego entonces, a través de ese medio de defensa legal, la parte promovente puede lograr la modificación, revocación o anulación del acuerdo que tacha de inconstitucional en este momento. Por tanto, si el acto reclamado en esta vía constitucional consiste en el proveído de ocho de diciembre de dos mil veinte, dictado por la Juez responsable, en el que inadmitió la reconvención del quejoso, en el juicio de origen, el quejoso debió promover el recurso de revocación, dado que a través de ese medio de defensa legal puede lograr la modificación, revocación o nulificación de esa determinación, y para el caso de haberle sido desfavorable esa decisión pudo desplegar pretensión constitucional. Por otro lado, en relación al acto reclamado relativo al Notificador adscrito al Juzgado responsable, consistente en la notificación de nueve de diciembre de dos mil veinte, se actualiza la misma causal de improcedencia. Para demostrar la aplicabilidad de la causal en estudio, es preciso traer a colación el contenido de los artículos 5.1, 1.187, 1.188, 1.189 y 1.190, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, establecen lo siguiente: "Artículo 5.1.- Las controversias sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar, se tramitarán de acuerdo con las reglas que se señalan en este Libro, y en lo no previsto, con las del Libro Segundo de este ordenamiento. Artículo 1.187. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta a la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Artículo 1.188. El incidente de nulidad de notificación deberá promoverse dentro de los tres días de que el interesado se hizo sabedor del defecto u omisión, en caso contrario, será desechado de plano. Se hace sabedora cuando realiza promoción o acude a actuación del Tribunal. Artículo 1.189. El incidente de nulidad no suspende el procedimiento, pero sí suspende la citación para sentencia, hasta que aquél se resuelva en definitiva. Artículo 1.190. Si la nulidad fuere declarada, el Tribunal determinará las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse, sin la existencia previa y la validez de otras." Del enunciado normativo trascrito, se advierte que las controversias sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar, se tramitarán de acuerdo con las reglas que se señalan el Libro Quinto del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, y en lo no previsto, con las del Libro Segundo de ese ordenamiento. Así, se indica que las actuaciones serán nulas cuando la notificación se hiciere en forma distinta a la prevenida en el capítulo IX, del ordenamiento en cita, o se omitiere, caso en el que la parte agraviada puede promover incidente de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Asimismo, el incidente de nulidad de notificación deberá promoverse dentro de los tres días de que el interesado se hizo sabedor del defecto u omisión, en caso contrario, será desechado de plano, y se entiende que se hace sabedor cuando realiza promoción o acude a actuación del Tribunal. De igual manera, se señala que el incidente de nulidad no suspende el procedimiento, pero sí suspende la citación para sentencia, hasta que aquél se resuelva en definitiva, y si la nulidad fuere declarada, el Tribunal determinará las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse, sin la existencia previa y la validez de otras. En ese tenor, en el presente asunto la parte quejosa reclama la notificación de nueve de diciembre de dos mil veinte, realizada por el Notificador adscrito al Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de Tlalnepantla, Estado de México. Sin embargo, contra dicha notificación procede el incidente de nulidad de notificaciones, previsto en los artículos 1.187, 1.188, 1.189, 1.190 y 1.191, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, ello es así, toda vez que el quejoso es parte dentro del juicio de origen, por lo que si no agotó esa incidencia previo al ejercicio de la acción constitucional, es por demás claro que igualmente inobservó el principio de definitividad que, al igual que otros, rigen la vía de amparo. Máxime, que en los casos en estudio, no se actualiza ninguno de supuestos de excepción al principio de definitividad, pues el acto reclamado no se encuentra contemplado en el artículo 22, constitucional; tampoco consiste en alguna resolución que afecte la libertad personal de la parte quejosa; no se advierte que la procedencia del medio de defensa citado tenga una interpretación adicional ni que su fundamento legal sea insuficiente; y no se encuentra en el supuesto de persona extraña al juicio. Cabe precisar que el principio de definitividad, debe observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página 350, diciembre de 2013, de rubro siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD." En suma, al resultar que la parte quejosa no agotó el recurso y medio ordinario de defensa correspondientes, previamente a acudir al presente juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Entonces, al encontrarse acreditadas las causales de improcedencia anteriormente analizadas, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo promovida por ------- , por propio derecho. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el ubicado en ----------, Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, Código Postal 54080. En términos del último párrafo, del numeral 21, de la Ley de la materia, se faculta al fedatario adscrito para que de ser necesario, realice las diligencias de este sumario, en días y horas inhábiles. También, se hace del conocimiento al actuario judicial, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. Toda vez que la parte quejosa, proporciona el nombre de usuario, a saber: "VALVERDEABOGADOS" para ingresar al sistema de consulta del expediente electrónico, en términos de lo dispuesto por el artículo 3°, de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico, relativo al presente sumario; por tanto, instrúyase a la Analista Jurídica encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) para que realice las gestiones necesarias. Se tiene como autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del numeral 12, de la Ley de Amparo a Alfonso Valverde Rosales, ya que tiene debidamente registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así a la diversa persona que autoriza en términos amplios, ya que no cuenta con cédula profesional debidamente registrada en el referido Sistema, por tanto, únicamente se le tiene por autorizada para oír y recibir notificaciones, e imponerse de autos, al igual que al resto de los autorizados que señaló para esos efectos. En otro orden de ideas, en términos de la fracción I, del artículo 22 y cuarto transitorio, ambos del indicado Acuerdo General 21/2020, se sugiere a la parte quejosa, que de ser posible transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrá acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales. Asimismo, se le hace de su conocimiento el número telefónico oficial del Secretario encargado del asunto Abel Mejía Campos, siendo el número 55 53870500, extensión 1388, para la atención del presente asunto, así también, se precisa que el horario de atención vía telefónica es a partir de nueve a quince horas, de lunes a viernes. Se le hace del conocimiento que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Y, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

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