Edmundo Mesta Castillo

Expediente 9/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
9/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
22/02/2021

Partes del expediente

  • EDMUNDO MESTA CASTILLO y Otros.
  • Edmundo Mesta Castillo

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se desprende que el auto de catorce de enero de dos mil veintiuno por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, causa estado dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 6, fracción I, y, 21 inciso d), acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, se proceda en términos del ante penúltimo párrafo del citado artículo 21. Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del citado acuerdo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por EDMUNDO MESTA CASTILLO y MARIO FLORES SÁNCHEZ, contra los actos del JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE PUEBLA y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 9/2021. DESECHADA En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte de manera notoria y manifiesta la actualización de una causal de improcedencia que motiva desecharla. Lo anterior, debido a que si este órgano jurisdiccional analizara el acto planteado por los quejosos, infringiría los principios de contradicción, inmediación e igualdad que rigen el nuevo sistema de justicia penal, que se prevén en el artículo 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, la fracción IV del apartado A del artículo 20 constitucional, establece que la presentación de los argumentos y elementos de prueba se deben presentar de manera pública, contradictoria y oral; y la diversa fracción VI mandata que en todo momento el juzgador debe respetar el principio de contradicción el cual consiste en el derecho de las partes, en conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba y oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte. Así, uno de los principios que rige el sistema penal acusatorio implica que, ante cualquier petición de alguna de las partes, su contraria tiene el derecho de conocerla para poder controvertirla, lo que inclusive garantiza el principio de igualdad, pues ambas estarán en un mismo plano para poder defender y oponerse respectivamente a sus pretensiones. Como se advierte, tanto a nivel constitucional como legal se establecen diversos principios que rigen el proceso penal acusatorio, cuyo complimiento y vigencia deberán ser respetados. El respeto y cumplimiento a esos principios se ve reflejado en la propia Ley de Amparo, en la cual el legislador estableció la posibilidad de admitir pruebas en la vía indirecta, tratándose de actos emanados de un procedimiento penal de corte acusatorio y oral, siempre y cuando esa admisión respete los principios que rigen el sistema penal, es decir, el de contradicción, igualdad e inmediación. En ese orden de ideas, podemos advertir que la Ley de Amparo pugna por el respeto a los principios que rigen en el nuevo sistema de justicia penal, de lo que se sigue la regla implícita consistente en la improcedencia del juicio de amparo cuando con ello se vulneren los principios que rigen el sistema penal antes citado. En el caso, los quejosos reclaman la prisión preventiva que dicen les mantiene privados de la libertad, así como la ejecución de la misma, pues refieren que es excesiva porque hasta la fecha han transcurrido dos años, ocho meses y veintitrés tres días, ya que, bajo protesta de decir verdad, manifiestan que en su contra se siguen la causa penal 578/2018/PUEBLA del JUZGADO DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE PUEBLA, por el delito de ROBO AGRAVADO. Por tanto, el cuestionamiento de la subsistencia de la continuación de la prisión preventiva no se puede analizar en el juicio de amparo de modo autónomo e independiente al proceso penal acusatorio, sino que es menester que primeramente, dentro de éste, todas las partes involucradas conozcan, controviertan o confronten los medios de prueba y de esa manera se opongan a las peticiones y alegatos de sus contrarias, ya que la prerrogativa prevista en el párrafo segundo de la fracción IX del apartado B del artículo 20 constitucional, constituye un derecho que está condicionado a la justificación de diversas circunstancias, como es que esa prolongación no se deba al ejercicio del derecho de defensa de los detenidos. Aspectos que en términos de la Ley de Amparo no se podrían analizar sin que previamente se haya realizado el debate correspondiente en el proceso de origen, de lo contrario, es decir, de aceptar el análisis del acto reclamado, implicaría el análisis directo de la información, sin que las partes del proceso de origen hayan tenido la oportunidad de ejercer los derechos protegidos constitucionalmente bajo los principios del proceso penal acusatorio, con lo cual además de vulnerar el artículo 20, apartado A, fracciones IV y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se soslayaría directamente el artículo 75 de la Ley de Amparo que por un lado impide valorar pruebas no practicadas o desahogadas ante la responsable y que vía excepción lo permite en materia penal, a condición de que ello no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. Con esta consideración no se deja en indefensión a los quejosos porque el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar, las partes podrán solicitar al órgano jurisdiccional, la revocación, sustitución o modificación de la misma. Es decir, en la norma ordinaria se prevé una vía específica para que los quejosos puedan formular su planteamiento y pretensiones en cuanto a que alegan que cambiaron las condiciones objetivas de la prisión preventiva que les fue impuesta de tal manera que la misma carece de justificación. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación los artículos 20, apartado A, fracciones IV y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6 y 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el 75 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes. REPRESENTANTE COMÚN Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común al primero de los mencionados quejosos, por así manifestarlo de manera expresa. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo, y por autorizadas los profesionistas, que menciona en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN. Toda vez que la parte quejosa directa se encuentra privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social de Puebla, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena pasar los autos a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos a este juzgado a fin de notificarle de manera personal el presente proveído y los subsecuentes, corriéndole traslado con copia autorizada y copia simple de las promociones que los generen con excepción de las presentadas por el propio quejoso. EXHORTO A LA PARTE QUEJOSA En términos de los artículos 39 y 55 del Acuerdo General 12/2020 y 29 del acuerdo general 21/2020 dígasele a la parte quejosa que podrá solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos de los artículos 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas; ello a través de una promoción impresa o electrónica dirigida a este órgano jurisdiccional, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. COMUNICACIONES PROCESALES Respecto al señalamiento de los teléfonos y correo electrónico, que proporciona en su escrito de demanda, en términos del artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene únicamente señalado para realizar comunicaciones no procesales, no así para que se realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. AUTORIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS Por cuanto hace a su petición de tomar fotografías a las constancias que integran el presente expediente de amparo; con fundamento en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve se estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en aras de contribuir a una justicia completa pronta e imparcial, se autoriza el uso de la cámara fotográfica para la toma de placas fotográficas únicamente de las constancias que integran el expediente en que se actúa, en el entendido que la obtención de dichas placas fotográficas será bajo la supervisión del Secretario del Juzgado encargado de dicho expediente, previa constancia que por su realización se deje en autos. FORMA DE NOTIFICACIÓN Así, en atención a que en términos del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, toda vez que el CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, ha determinado la implementación de medidas para evitar la propagación del virus COVID-19, así como privilegiar el acceso a la justicia federal; conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, el cual faculta a los juzgadores, a exhortar a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, asimismo propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En tales condiciones, se exhorta a las partes, para que de ser posible, realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, y 29 del ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, dígasele a la parte quejosa que podrá solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LOS QUEJOSOS EN SU LUGAR DE RECLUSIÓN Y A TRAVÉS DE SUS AUTORIZADOS EN EL LIGAR DESIGNADO PARA TAL EFECTO.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por EDMUNDO MESTA CASTILLO y MARIO FLORES SÁNCHEZ, contra los actos del JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE PUEBLA y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 9/2021. DESECHADA En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte de manera notoria y manifiesta la actualización de una causal de improcedencia que motiva desecharla. Lo anterior, debido a que si este órgano jurisdiccional analizara el acto planteado por los quejosos, infringiría los principios de contradicción, inmediación e igualdad que rigen el nuevo sistema de justicia penal, que se prevén en el artículo 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, la fracción IV del apartado A del artículo 20 constitucional, establece que la presentación de los argumentos y elementos de prueba se deben presentar de manera pública, contradictoria y oral; y la diversa fracción VI mandata que en todo momento el juzgador debe respetar el principio de contradicción el cual consiste en el derecho de las partes, en conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba y oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte. Así, uno de los principios que rige el sistema penal acusatorio implica que, ante cualquier petición de alguna de las partes, su contraria tiene el derecho de conocerla para poder controvertirla, lo que inclusive garantiza el principio de igualdad, pues ambas estarán en un mismo plano para poder defender y oponerse respectivamente a sus pretensiones. Como se advierte, tanto a nivel constitucional como legal se establecen diversos principios que rigen el proceso penal acusatorio, cuyo complimiento y vigencia deberán ser respetados. El respeto y cumplimiento a esos principios se ve reflejado en la propia Ley de Amparo, en la cual el legislador estableció la posibilidad de admitir pruebas en la vía indirecta, tratándose de actos emanados de un procedimiento penal de corte acusatorio y oral, siempre y cuando esa admisión respete los principios que rigen el sistema penal, es decir, el de contradicción, igualdad e inmediación. En ese orden de ideas, podemos advertir que la Ley de Amparo pugna por el respeto a los principios que rigen en el nuevo sistema de justicia penal, de lo que se sigue la regla implícita consistente en la improcedencia del juicio de amparo cuando con ello se vulneren los principios que rigen el sistema penal antes citado. En el caso, los quejosos reclaman la prisión preventiva que dicen les mantiene privados de la libertad, así como la ejecución de la misma, pues refieren que es excesiva porque hasta la fecha han transcurrido dos años, ocho meses y veintitrés tres días, ya que, bajo protesta de decir verdad, manifiestan que en su contra se siguen la causa penal 578/2018/PUEBLA del JUZGADO DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE PUEBLA, por el delito de ROBO AGRAVADO. Por tanto, el cuestionamiento de la subsistencia de la continuación de la prisión preventiva no se puede analizar en el juicio de amparo de modo autónomo e independiente al proceso penal acusatorio, sino que es menester que primeramente, dentro de éste, todas las partes involucradas conozcan, controviertan o confronten los medios de prueba y de esa manera se opongan a las peticiones y alegatos de sus contrarias, ya que la prerrogativa prevista en el párrafo segundo de la fracción IX del apartado B del artículo 20 constitucional, constituye un derecho que está condicionado a la justificación de diversas circunstancias, como es que esa prolongación no se deba al ejercicio del derecho de defensa de los detenidos. Aspectos que en términos de la Ley de Amparo no se podrían analizar sin que previamente se haya realizado el debate correspondiente en el proceso de origen, de lo contrario, es decir, de aceptar el análisis del acto reclamado, implicaría el análisis directo de la información, sin que las partes del proceso de origen hayan tenido la oportunidad de ejercer los derechos protegidos constitucionalmente bajo los principios del proceso penal acusatorio, con lo cual además de vulnerar el artículo 20, apartado A, fracciones IV y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se soslayaría directamente el artículo 75 de la Ley de Amparo que por un lado impide valorar pruebas no practicadas o desahogadas ante la responsable y que vía excepción lo permite en materia penal, a condición de que ello no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. Con esta consideración no se deja en indefensión a los quejosos porque el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar, las partes podrán solicitar al órgano jurisdiccional, la revocación, sustitución o modificación de la misma. Es decir, en la norma ordinaria se prevé una vía específica para que los quejosos puedan formular su planteamiento y pretensiones en cuanto a que alegan que cambiaron las condiciones objetivas de la prisión preventiva que les fue impuesta de tal manera que la misma carece de justificación. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación los artículos 20, apartado A, fracciones IV y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6 y 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el 75 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes. REPRESENTANTE COMÚN Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común al primero de los mencionados quejosos, por así manifestarlo de manera expresa. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo, y por autorizadas los profesionistas, que menciona en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN. Toda vez que la parte quejosa directa se encuentra privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social de Puebla, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena pasar los autos a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos a este juzgado a fin de notificarle de manera personal el presente proveído y los subsecuentes, corriéndole traslado con copia autorizada y copia simple de las promociones que los generen con excepción de las presentadas por el propio quejoso. EXHORTO A LA PARTE QUEJOSA En términos de los artículos 39 y 55 del Acuerdo General 12/2020 y 29 del acuerdo general 21/2020 dígasele a la parte quejosa que podrá solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos de los artículos 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas; ello a través de una promoción impresa o electrónica dirigida a este órgano jurisdiccional, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. COMUNICACIONES PROCESALES Respecto al señalamiento de los teléfonos y correo electrónico, que proporciona en su escrito de demanda, en términos del artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene únicamente señalado para realizar comunicaciones no procesales, no así para que se realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. AUTORIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS Por cuanto hace a su petición de tomar fotografías a las constancias que integran el presente expediente de amparo; con fundamento en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve se estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en aras de contribuir a una justicia completa pronta e imparcial, se autoriza el uso de la cámara fotográfica para la toma de placas fotográficas únicamente de las constancias que integran el expediente en que se actúa, en el entendido que la obtención de dichas placas fotográficas será bajo la supervisión del Secretario del Juzgado encargado de dicho expediente, previa constancia que por su realización se deje en autos. FORMA DE NOTIFICACIÓN Así, en atención a que en términos del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, toda vez que el CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, ha determinado la implementación de medidas para evitar la propagación del virus COVID-19, así como privilegiar el acceso a la justicia federal; conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, el cual faculta a los juzgadores, a exhortar a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, asimismo propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En tales condiciones, se exhorta a las partes, para que de ser posible, realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, y 29 del ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, dígasele a la parte quejosa que podrá solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LOS QUEJOSOS EN SU LUGAR DE RECLUSIÓN Y A TRAVÉS DE SUS AUTORIZADOS EN EL LIGAR DESIGNADO PARA TAL EFECTO.

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