Edmundo González Benito
Expediente 282/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 282/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Edmundo González Benito
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que el quejoso Edmundo González Benito, por propio derecho, haya recurrido el auto de diecinueve de abril del dos mil veintiuno, por medio el cual se desechó la demanda de amparo promovida por éste último; por lo que se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Integración del expediente, anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como total y definitivamente concluido. Transferencia. Ahora bien, de conformidad con el capítulo segundo, artículo 5, en relación con el capítulo tercero, artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 18, capítulo séptimo del citado acuerdo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del capítulo décimo tercero, del Acuerdo General, señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Destrucción y depuración. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible al haberse desechado la demanda de amparo, por lo que se ubica en la hipótesis prevista en el capítulo octavo, artículo 21, inciso b), del Acuerdo General citado. Notifíquese...MESA 2
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la razón asentada por el actuario adscrito, la cual obra en el expediente electrónico y de la que se advierte que no se pudo notificar al quejoso Edmundo González Benito, por propio derecho, el auto de diecinueve de abril del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo interpuesta, por los motivos que expone, en consecuencia, y toda vez que de autos no se advierte algún otro domicilio en el que pueda ser notificada el quejoso, dicho proveído, y las subsecuentes notificaciones que deban hacérsele, incluso las personales, se realizarán por medio de listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo con lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo. Notifíquese...MESA 2 SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA... Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo signada por Edmundo González Benito, por propio derecho, contra actos que reclama de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. Registro de la demanda. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 282/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Consideraciones previas, relativas al estudio integral de la demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, visible a página 64, cuyo rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1995, que lleva por rubro y texto los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Ahora, al realizar un análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que surte de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107 fracción V, de la Ley de Amparo, este último en sentido contrario, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Para llegar a lo anterior, es necesario precisar que el quejoso señala como acto reclamado la resolución de veinte de noviembre de dos mil veinte, emitida por la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, en el expediente laboral SAT 746/2019, advirtiendo de los antecedentes del acto reclamado, lo siguiente: En treinta de noviembre de dos mil diecinueve, la responsable dictó un acuerdo en el que se tuvo por contestada la demanda, su contraparte solicitó llamar a juicio a terceros interesados y se señaló día y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, depuración procesal, ofrecimiento y admisión de pruebas, ordenando su notificación por medio de listas. El once de diciembre de dos mil diecinueve, se celebró la audiencia de pruebas. En contra de las anteriores actuaciones interpuso incidente de nulidad y la resolución dictada constituye el acto reclamado, misma que refiere le fue notificada el veinticuatro de marzo último. Ahora bien, conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra el acto que en esta vía se reclama y que se precisó líneas que anteceden, porque dicho acto tiene el carácter de intraprocesal y no trae como consecuencia una ejecución irreparable, en virtud que los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, son aquellos que sus consecuencias afectan directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado (la libertad, la propiedad, el estado civil, etc.) y que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por medio de los derechos fundamentales que consagra; siendo que en estos casos, no pueden repararse esas violaciones a través del amparo uniinstancial dada la propia naturaleza del acto que acarrearía imposible reparación. Circunstancia que no ocurre en el caso a estudio, ya que ésta circunstancia constituiría en su caso, una violación procesal que trascienda al fondo del asunto natural, por lo que en su caso, debe reclamarse mediante el juicio de amparo directo que se interponga en contra de la resolución correspondiente, por supuesto si ésta es contraria a los intereses de la parte quejosa, argumentando la parte agraviada las transgresiones en las que considere haya incurrido la autoridad y que haya sido motivo de la determinación que considera violatoria de derechos fundamentales. A mayor abundamiento, no puede ser considerado como acto de imposible reparación el acto que tilda de inconstitucional en su escrito inicial de demanda, debido a que su actualización tiene como consecuencia una afectación a sus derechos de naturaleza adjetiva o procesal (tener por contestada la demanda y desahogar audiencia de pruebas), pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y son reparables, ya que el acto que por esta vía se impugna es una afectación cometida de un procedimiento jurisdiccional, que no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violación de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste. En efecto, los artículos 171 y 172 de la Ley de Amparo se apoya en el principio de economía procesal, pues lo que con ello se pretende evitar es la proliferación o una cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones procesales; es decir, el legislador de amparo ha pretendido evitar que las partes contendientes en un procedimiento puedan agotar el juicio constitucional tantas veces como violaciones se cometan en el procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la resolución del conflicto. Con lo anterior, se pretende así que continúe el curso del procedimiento, sin mayores trabas y que el afectado con la resolución correspondiente, al impugnarlo, pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento como estimara le hubieran sido cometidos. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia número 3a./J. 43 29/89, que sustentara la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 291, Tomo IV Primera Parte, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es el siguiente: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." De igual forma, cobra aplicación la jurisprudencia por contradicción de tesis, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice de 1995, Tomo VI, página 39, cuyo rubro y texto son: "AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUANDO Y COMO PROCEDE. La Constitución y la Ley de Amparo no establecen que el amparo proceda contra todas las violaciones que se puedan dar en el procedimiento judicial; por el contrario, la Constitución en el artículo 107, fracción III, inciso a), señala que para que proceda el amparo por violaciones en el procedimiento, éstas deben afectar "las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo". La Ley de Amparo, con las mismas palabras repite esta orden constitucional en su artículo 158, para determinar la procedencia del amparo directo. La propia Constitución señala a la anterior regla general, las excepciones: contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan y contra actos que afecten a personas extrañas a juicio. Así, para las violaciones en el procedimiento hay una regla general establecida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución y 158 de la Ley de Amparo y en estos casos procede el amparo directo; y una serie de excepciones que señala la propia Constitución en el artículo 107, fracción III, incisos b) y c) y que precisa el artículo 114, fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, procediendo en estos casos el amparo indirecto." Además, por las razones que expone, es aplicable la tesis VII.2o.C.64 K (10a.), con registro digital: 2020774, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 71, octubre de 2019, tomo IV, página 3462, que a la letra indica: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA INTERLOCUTORIA QUE DECLARÓ PROCEDENTE EL INCIDENTE DE FALSEDAD DE FIRMA QUE CALZA EL ESCRITO DE CONTESTACIÓN A LA DEMANDA. De acuerdo con los artículos 107, fracción III, de la Constitución Federal y, 107, fracción V y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, o sea, cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación del derecho de que se trate. Por tanto, no pueden considerarse como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene una sentencia favorable. En consecuencia, la resolución que confirma la interlocutoria en la que se declaró procedente el incidente de falsedad de firma que calza el escrito de contestación a la demanda, sólo implica la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene sentencia favorable a los intereses de la parte demandada. Lo anterior es así, pues aun cuando la declaración de falsedad de firma tiene como efecto inmediato tener por confesados los hechos que no hayan sido contestados y la imposibilidad de ofrecer pruebas justificativas de las excepciones y defensas, no implica necesariamente una sentencia condenatoria, ya que el Juez como cualquier otro tribunal, tiene la obligación de analizar la procedencia de la acción y determinar si se actualizaron o no sus elementos. En tales condiciones, la resolución que confirma la interlocutoria que declaró procedente el incidente de falsedad de firma, constituye una violación procesal reclamable en amparo directo, hasta que se dicte una sentencia adversa a los intereses de la parte demandada." Se desecha demanda. En las condiciones anteriores, al ser manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Edmundo González Benito. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. Ahora, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el que señala en su escrito de demanda, lo anterior, en atención a que se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal, por tanto, requiérasele para que dentro del término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, señale un domicilio dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional, apercibido que de no hacerlo así, las notificaciones que se le deban hacer, incluso las de carácter personal, se realizarán por medio de las listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo, sin ulterior acuerdo. No obstante lo anterior, se comisiona por única ocasión a un actuario adscrito a este juzgado, a fin de que se constituya en el domicilio ubicado en calle Bosques de Tabasco, número cincuenta y dos, planta alta, colonia Bosques de México, municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, código postal 54050, y notifique el contenido del presente proveído a la parte quejosa, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, inciso j) de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados. Por cuanto hace a los profesionistas y personas que hace referencia en su demanda, ténganse por autorizadas para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a los profesionistas que refiere en su ocurso, hasta en tanto, acrediten haber registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hicieron, podrán válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Acceso a expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, que reglamenta la posibilidad para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales, sea de forma impresa o electrónica, mediante el empleo de las tecnologías de la información; y en virtud de que señala usuario JOSEB que se encuentra registrada en el Sistema de Consulta en Línea del Poder Judicial de la Federación; en consecuencia, como lo solicita se le autoriza únicamente para consultar vía internet las actuaciones del presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 34 a 41 del acuerdo general 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Para tal efecto dígasele al actuario adscrito, así como al analista jurídico S.I.S.E. que realicen las gestiones correspondientes. Sin perjuicio, de que sí es su deseo de que a través del citado usuario se le realicen las notificaciones de carácter personal, deberá realizar la solicitud correspondiente. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Finalmente, también se comisiona al Actuario Judicial adscrito a efecto de que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa Devolución de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese.mesa 2
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo signada por Edmundo González Benito, por propio derecho, contra actos que reclama de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. Registro de la demanda. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 282/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Consideraciones previas, relativas al estudio integral de la demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, visible a página 64, cuyo rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1995, que lleva por rubro y texto los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Ahora, al realizar un análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que surte de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107 fracción V, de la Ley de Amparo, este último en sentido contrario, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Para llegar a lo anterior, es necesario precisar que el quejoso señala como acto reclamado la resolución de veinte de noviembre de dos mil veinte, emitida por la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, en el expediente laboral SAT 746/2019, advirtiendo de los antecedentes del acto reclamado, lo siguiente: En treinta de noviembre de dos mil diecinueve, la responsable dictó un acuerdo en el que se tuvo por contestada la demanda, su contraparte solicitó llamar a juicio a terceros interesados y se señaló día y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, depuración procesal, ofrecimiento y admisión de pruebas, ordenando su notificación por medio de listas. El once de diciembre de dos mil diecinueve, se celebró la audiencia de pruebas. En contra de las anteriores actuaciones interpuso incidente de nulidad y la resolución dictada constituye el acto reclamado, misma que refiere le fue notificada el veinticuatro de marzo último. Ahora bien, conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra el acto que en esta vía se reclama y que se precisó líneas que anteceden, porque dicho acto tiene el carácter de intraprocesal y no trae como consecuencia una ejecución irreparable, en virtud que los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, son aquellos que sus consecuencias afectan directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado (la libertad, la propiedad, el estado civil, etc.) y que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por medio de los derechos fundamentales que consagra; siendo que en estos casos, no pueden repararse esas violaciones a través del amparo uniinstancial dada la propia naturaleza del acto que acarrearía imposible reparación. Circunstancia que no ocurre en el caso a estudio, ya que ésta circunstancia constituiría en su caso, una violación procesal que trascienda al fondo del asunto natural, por lo que en su caso, debe reclamarse mediante el juicio de amparo directo que se interponga en contra de la resolución correspondiente, por supuesto si ésta es contraria a los intereses de la parte quejosa, argumentando la parte agraviada las transgresiones en las que considere haya incurrido la autoridad y que haya sido motivo de la determinación que considera violatoria de derechos fundamentales. A mayor abundamiento, no puede ser considerado como acto de imposible reparación el acto que tilda de inconstitucional en su escrito inicial de demanda, debido a que su actualización tiene como consecuencia una afectación a sus derechos de naturaleza adjetiva o procesal (tener por contestada la demanda y desahogar audiencia de pruebas), pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y son reparables, ya que el acto que por esta vía se impugna es una afectación cometida de un procedimiento jurisdiccional, que no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violación de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste. En efecto, los artículos 171 y 172 de la Ley de Amparo se apoya en el principio de economía procesal, pues lo que con ello se pretende evitar es la proliferación o una cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones procesales; es decir, el legislador de amparo ha pretendido evitar que las partes contendientes en un procedimiento puedan agotar el juicio constitucional tantas veces como violaciones se cometan en el procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la resolución del conflicto. Con lo anterior, se pretende así que continúe el curso del procedimiento, sin mayores trabas y que el afectado con la resolución correspondiente, al impugnarlo, pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento como estimara le hubieran sido cometidos. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia número 3a./J. 43 29/89, que sustentara la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 291, Tomo IV Primera Parte, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es el siguiente: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." De igual forma, cobra aplicación la jurisprudencia por contradicción de tesis, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice de 1995, Tomo VI, página 39, cuyo rubro y texto son: "AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUANDO Y COMO PROCEDE. La Constitución y la Ley de Amparo no establecen que el amparo proceda contra todas las violaciones que se puedan dar en el procedimiento judicial; por el contrario, la Constitución en el artículo 107, fracción III, inciso a), señala que para que proceda el amparo por violaciones en el procedimiento, éstas deben afectar "las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo". La Ley de Amparo, con las mismas palabras repite esta orden constitucional en su artículo 158, para determinar la procedencia del amparo directo. La propia Constitución señala a la anterior regla general, las excepciones: contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan y contra actos que afecten a personas extrañas a juicio. Así, para las violaciones en el procedimiento hay una regla general establecida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución y 158 de la Ley de Amparo y en estos casos procede el amparo directo; y una serie de excepciones que señala la propia Constitución en el artículo 107, fracción III, incisos b) y c) y que precisa el artículo 114, fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, procediendo en estos casos el amparo indirecto." Además, por las razones que expone, es aplicable la tesis VII.2o.C.64 K (10a.), con registro digital: 2020774, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 71, octubre de 2019, tomo IV, página 3462, que a la letra indica: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA INTERLOCUTORIA QUE DECLARÓ PROCEDENTE EL INCIDENTE DE FALSEDAD DE FIRMA QUE CALZA EL ESCRITO DE CONTESTACIÓN A LA DEMANDA. De acuerdo con los artículos 107, fracción III, de la Constitución Federal y, 107, fracción V y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, o sea, cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación del derecho de que se trate. Por tanto, no pueden considerarse como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene una sentencia favorable. En consecuencia, la resolución que confirma la interlocutoria en la que se declaró procedente el incidente de falsedad de firma que calza el escrito de contestación a la demanda, sólo implica la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene sentencia favorable a los intereses de la parte demandada. Lo anterior es así, pues aun cuando la declaración de falsedad de firma tiene como efecto inmediato tener por confesados los hechos que no hayan sido contestados y la imposibilidad de ofrecer pruebas justificativas de las excepciones y defensas, no implica necesariamente una sentencia condenatoria, ya que el Juez como cualquier otro tribunal, tiene la obligación de analizar la procedencia de la acción y determinar si se actualizaron o no sus elementos. En tales condiciones, la resolución que confirma la interlocutoria que declaró procedente el incidente de falsedad de firma, constituye una violación procesal reclamable en amparo directo, hasta que se dicte una sentencia adversa a los intereses de la parte demandada." Se desecha demanda. En las condiciones anteriores, al ser manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Edmundo González Benito. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. Ahora, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el que señala en su escrito de demanda, lo anterior, en atención a que se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal, por tanto, requiérasele para que dentro del término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, señale un domicilio dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional, apercibido que de no hacerlo así, las notificaciones que se le deban hacer, incluso las de carácter personal, se realizarán por medio de las listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo, sin ulterior acuerdo. No obstante lo anterior, se comisiona por única ocasión a un actuario adscrito a este juzgado, a fin de que se constituya en el domicilio ubicado en calle Bosques de Tabasco, número cincuenta y dos, planta alta, colonia Bosques de México, municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, código postal 54050, y notifique el contenido del presente proveído a la parte quejosa, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, inciso j) de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados. Por cuanto hace a los profesionistas y personas que hace referencia en su demanda, ténganse por autorizadas para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a los profesionistas que refiere en su ocurso, hasta en tanto, acrediten haber registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hicieron, podrán válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Acceso a expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, que reglamenta la posibilidad para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales, sea de forma impresa o electrónica, mediante el empleo de las tecnologías de la información; y en virtud de que señala usuario JOSEB que se encuentra registrada en el Sistema de Consulta en Línea del Poder Judicial de la Federación; en consecuencia, como lo solicita se le autoriza únicamente para consultar vía internet las actuaciones del presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 34 a 41 del acuerdo general 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Para tal efecto dígasele al actuario adscrito, así como al analista jurídico S.I.S.E. que realicen las gestiones correspondientes. Sin perjuicio, de que sí es su deseo de que a través del citado usuario se le realicen las notificaciones de carácter personal, deberá realizar la solicitud correspondiente. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Finalmente, también se comisiona al Actuario Judicial adscrito a efecto de que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa Devolución de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese.mesa 2
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