Edmundo Carmona Grande
Expediente 628/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 628/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Edmundo Carmona Grande
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintiséis de enero de dos mil veintidós. Causa estado auto de desechamiento. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de veintidós de julio de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Edmundo Carmona Grande; con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral 21, inciso d), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Décimo Quinto, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo plazo de treinta días que dispone el artículo Vigésimo Primero. Devolución de documentos Por otra parte, dado que los documentos exhibidos por la parte quejosa, se ubican en la hipótesis del artículo tercero, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días comparezca a las instalaciones de este Juzgado Federal en día y hora hábil debidamente identificada para recogerlos, apercibido que de no hacerlo así, dichos documentos serán destruibles junto con el expediente. Se precisa procedimiento para devolución de documentos. En términos del artículo 3 del capítulo II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el Micrositio de servicios jurisdiccionales y procesos de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, encontraran el sistema de "Agenda OJ", en el que se aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos, la generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona cuyo nombre se solicite, un código QR que a su vez, permitirá que ella y otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingrese al órgano jurisdiccional, procedimiento que deberá realizar la parte interesada para la obtención de los documentos. Asimismo, para estar en posibilidad de coordinar la entrega de las copias de mérito, el solicitante deberá comunicarse al teléfono 241 418 8190, extensión 1303 (dentro de un horario de doce treinta a dieciocho horas, de lunes a viernes) con el licenciado Christoper Rodríguez Escobar Secretario del Juzgado, una vez que quede debidamente notificado del presente proveído. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.EDUARDO
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintidós de julio de dos mil veintiuno. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve Edmundo Carmona Grande, por propio derecho, contra actos de la Secretaría de Educación Pública y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 628/2021-II Desechamiento. Ahora, con apoyo en lo establecido por el artículo ..., procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo ...autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que por indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis 2ª. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, Tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro: 186605, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.... Asimismo, al analizar la expresión manifiesta e indudable, se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia P./J.128/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, Octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro: 188643, de rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." En base a estas premisas, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que presenta la parte quejosa, deriva del hecho de que señala como autoridad responsable a la Secretaría de Educación Pública; Dirección de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros; y, la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros; sin embargo, para efectos del juicio de amparo, no son autoridades responsables ya que la relación entre las autoridades responsables y el quejoso tiene su origen en una disposición integrada al orden privado y no constituye un acto unilateral, sino de coordinación, atendiendo a que los actos reclamados tienen relación al derecho a un ascenso laboral -funciones de dirección y supervisión- que reclama el impetrante del amparo, por lo que, la relación se da en un plano de coordinación, ya que se reclama el respeto a derechos laborales. Atendiendo a ello, respecto de los actos reclamados se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 1, fracción I, y el artículo 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los preceptos legales transcritos se desprende que: a) El juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo vigente. b) El segundo de los numerales establece el objeto del juicio de amparo y, en lo que aquí interesa, refiere que sólo procede contra actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. c) El tercero de los preceptos trascritos establece que son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, teniendo tal carácter la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; además, dispone que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad. Como puede advertirse, el segundo párrafo del artículo 5 de la Ley de Amparo, establece que para efectos del juicio constitucional, los particulares pueden tener la calidad de autoridad responsable, siempre y cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad; por tanto, con independencia de la denominación y naturaleza formal de quien emita el acto, si éste reúne las características de ser considerado como un acto de autoridad, debe tenerse a su emisor como autoridad responsable; sin embargo, no todos los actos de los particulares son susceptibles de combatirse a través del juicio de amparo, sino sólo aquellos que sean equiparables a los actos de autoridad, los que como se indicó, exigen de requisitos indispensables. Ahora bien, la nota distintiva del concepto jurídico de "autoridad responsable" consiste en el ente público que actuando unilateralmente crea, modifica o extingue una situación jurídica que afecta a un particular mediante el ejercicio de sus facultades de imperio y de coercibilidad, esto es, todo acto de autoridad es unilateral, imperativo y coercitivo. Así, el acto de autoridad es unilateral, porque el ente público actúa mutuo propio; es imperativo debido a que constriñe al particular a un hacer u omisión que se le exige inexcusablemente y es coercitivo puesto que a través de la infraestructura del Estado, se somete obligatoriamente la voluntad del particular a través de medios represivos o inhibitorios para que se cumpla una decisión del ente público. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definió los aspectos distintivos del concepto de autoridad para los efectos del juicio de amparo en la jurisprudencia 164/2011, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, la cual es del tenor siguiente:-- "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Conforme a dicha jurisprudencia, una autoridad para efectos del amparo es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aún en contra de ella. Por tanto, las características de un acto de autoridad, para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que tenga características de órgano público; c) Las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar; y, d) Emita o realice actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados. Ahora, el acto que reclama la parte quejosa se hace consistir en el reporte individual de resultados, signado por la Unidad del Sistema de la Carrera de las Maestras y de los Maestros, en cuyo apartado de "puntajes desglosados de los elementos multifactoriales", se aprecia dentro del rubro de "sistema de apreciación de conocimientos y aptitudes", dentro de la casilla "elemento multifactorial", en la celda "cuestionario de habilidades directivas", señala el puntaje máximo con ochenta puntos, nivel de dominio aparece CANCELADO; en cuyo puntaje obtenido, también señala CANCELADO. Como se puede apreciar, las determinaciones de las que se duele la parte quejosa en la presente instancia de control constitucional, atribuidas al Secretario de Educación Pública del Estado de Tlaxcala y de la de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, al Jefe del Departamento del servicio Profesional Docente y responsable de la Unidad Estatal del Sistema de Carrera de las Maestras y los Maestros, Director de Promoción en la Función por Incentivos y Horas Adicionales de la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, derivan de una relación de coordinación, pues se les reclama actos y omisiones relacionadas con la procedencia de derechos laborales; actos que no reúnen los elementos necesarios para ser considerados como proveniente de autoridad y estimar que en su contra resulta procedente el juicio de amparo. De ahí, que esas cuestiones, se vinculan con una relación de coordinación, esto es, el acto del que se duele la parte quejosa queda comprendido en la relación de trabajo que existe entre las responsables y la impetrante del amparo, por tanto el acto que reclama por esta vía no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Asimismo, se advierte que el acto reclamado en realidad no deriva de una relación de supra-subordinación entre el quejoso y las autoridades señaladas como responsables, sino de una de coordinación, en tanto deriva una relación de índole laboral, constituyendo derechos y obligaciones recíprocos en un plano de igualdad. En este sentido, es importante destacar que las relaciones laborales del personal docente al servicio del Estado se regulan por el artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su Ley Reglamentaria; así como por el artículo 3, fracciones II y III, de la Constitución Federal, reformado conforme al Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de febrero de dos mil trece. Al respecto, véase la tesis de jurisprudencia P./J. 30/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, con registro digital 2009987, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del tenor siguiente: "PERSONAL DOCENTE AL SERVICIO DEL ESTADO. SUS RELACIONES LABORALES SE RIGEN TANTO POR EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU LEY REGLAMENTARIA, COMO POR EL DIVERSO 3o., FRACCIONES II Y III, CONSTITUCIONAL. Previo a la reforma al artículo 3o., fracciones II y III, de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013, las relaciones laborales del personal docente al servicio del Estado se regulaban por el apartado B del artículo 123 constitucional. Sin embargo, a partir de la entrada en vigor de dicha reforma, se introdujeron algunas modalidades relacionadas con el trabajo que prestan los docentes; por tanto, si la reforma incorporó cambios al texto constitucional en materia de relaciones laborales del aludido personal, se concluye que, a partir de su entrada en vigor, esas relaciones también se rigen por el artículo 3o. reformado." Así, en el Titulo Tercero denominado "Del Escalafón" de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en sus artículos del 47 al 66, se establecen las reglas para las promociones de ascenso, autorización de permutas y ocupación de vacantes. Asimismo, la Ley General del Servicio Profesional Docente cuenta con un Título Segundo denominado "Del Servicio Profesional Docente", en cuyos Capítulos III, IV, V y V se fijaron las reglas para el Ingreso al Servicio; la Promoción a Cargos con Funciones de Dirección y de Supervisión; la Promoción en la Función; y otras Promociones en el Servicio; respectivamente. Particularmente, en los artículos 26, fracción I, 27, 29, 31, 32 y 33 (Capítulo IV) de la Ley General del Servicio Profesional Docente, se prevén las reglas específicas para la "Promoción a Cargos con Funciones de Dirección y de Supervisión", como en el presente caso lo pretende el quejoso, en los términos siguientes: "CAPÍTULO IV De la Promoción a Cargos con Funciones de Dirección y de Supervisión Artículo 26. La Promoción a cargos con funciones de dirección y de supervisión en la Educación Básica y Media Superior que imparta el Estado y sus Organismos Descentralizados, se llevará a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y las capacidades necesarias, además de haber ejercido como docente un mínimo de dos años y con sujeción a los términos y criterios siguientes: I. Para la Promoción a cargos con funciones de dirección y de supervisión en la Educación Básica: a) Los concursos serán públicos y objeto de las convocatorias formuladas por las Autoridades Educativas Locales; b) Las convocatorias describirán el perfil que deberán reunir los aspirantes; las plazas sujetas a concurso; los requisitos, términos y fechas de registro; las etapas, los aspectos y métodos que comprenderá la evaluación; las sedes de aplicación; la publicación de resultados y los criterios para la asignación de las plazas, y demás elementos que la Secretaría estime pertinentes; c) Las convocatorias, una vez aprobadas por la Secretaría, se publicarán conforme a los programas a que se refiere el artículo 7, fracción II de esta Ley y con la anticipación suficiente al inicio del ciclo escolar. Cuando el caso lo justifique a juicio de la Autoridad Educativa Local y con la anuencia de la Secretaría, podrán expedirse convocatorias extraordinarias, y d) En los concursos se utilizarán los perfiles, parámetros, indicadores e instrumentos de evaluación que para fines de promoción sean definidos conforme a lo previsto en esta Ley. (.) Artículo 27. En la Educación Básica la Promoción a una plaza con funciones de dirección dará lugar a un Nombramiento, sujeto a un periodo de inducción con duración de dos años ininterrumpidos, dentro del cual el personal de que se trate deberá cursar los programas de desarrollo de liderazgo y gestión escolar determinados por la Autoridad Educativa Local. Durante el periodo de inducción las Autoridades Educativas Locales brindarán las orientaciones y los apoyos pertinentes para fortalecer las capacidades de liderazgo y gestión escolar. Al término del periodo de inducción, la Autoridad Educativa Local evaluará el desempeño del personal para determinar si cumple con las exigencias propias de la función directiva. Si el personal cumple con dichas exigencias, se le otorgará Nombramiento Definitivo. Cuando en la evaluación se identifique la insuficiencia en el nivel de desempeño de las funciones de dirección, el personal volverá a su función docente en la Escuela en que hubiere estado asignado. Artículo 29. En la Educación Básica la promoción a una plaza con funciones de supervisión dará lugar a un Nombramiento Definitivo. El personal deberá participar en los procesos de formación que determinen las Autoridades Educativas Locales. Artículo 31. En la Educación Básica y Media Superior la Autoridad Educativa y los Organismos Descentralizados podrán cubrir temporalmente las plazas con funciones de dirección o de supervisión a que se refiere este Capítulo, cuando por las necesidades del Servicio no deban permanecer vacantes. Los nombramientos que expidan serán por Tiempo Fijo; sólo podrán ser otorgados a docentes en servicio por el tiempo remanente hasta la conclusión del ciclo escolar correspondiente y dichas plazas deberán ser objeto del concurso inmediato posterior. Artículo 32. Quienes participen en alguna forma de Promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión distinta a lo establecido en este Capítulo, autoricen o efectúen algún pago o contraprestación u obtengan algún beneficio, incurrirán en responsabilidad y serán acreedores a las sanciones correspondientes. Artículo 33. Las Autoridades Educativas y los Organismos Descentralizados observarán en la realización de los concursos el cumplimiento de los principios que refiere esta Ley. La o las organizaciones sindicales reconocidas, para los efectos del ejercicio de sus funciones de atención laboral de sus agremiados, serán informadas del inicio de los procesos de Promoción y recibirán facilidades para la realización de tareas de observación." Finalmente, el Titulo Séptimo denominado "Del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y del procedimiento ante el mismo" de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, contiene los mecanismos jurisdiccionales a través de los cuales los trabajadores pueden resolver las controversias que se susciten con motivo de la afectación a sus derechos laborales, como son, entre otros, sus derechos de promoción, ascenso, antigüedad y escalafón. Por tanto, el derecho que refiere el quejoso le fue vulnerado (derecho de promoción a ocupar una nueva vacante con funciones de dirección y supervisión) es de índole laboral, cuya solución se debe ventilar ante el tribunal del trabajo competente, ya que la posición de las autoridades señaladas por el peticionario del amparo como responsables es de patrón y no propiamente de autoridad. Lo anterior se corrobora con la jurisprudencia 2ª./J. 14/2020, con número de registro 2021827, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pagina 4380, Libro 77, agosto 2020, Tomo V, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto son: "ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO TIENEN ESE CARÁCTER LAS DETERMINACIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO, DERIVADAS DE UN CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE ASCENSO A UN NIVEL O CATEGORÍA SUPERIOR PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO, CONSISTENTES EN LA NEGATIVA A OTORGAR UNA PLAZA AL QUEJOSO Y SU ENTREGA A UN TERCERO. De conformidad con el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, y con diversos precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno de los requisitos que deben satisfacerse para considerar que un acto es de autoridad para efectos del juicio de amparo, consiste en que exista un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular. Ahora bien, las determinaciones de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, derivadas de un concurso de oposición para la promoción de ascenso a un nivel o categoría superior para los trabajadores de la educación del Estado, consistentes en la negativa a otorgar una plaza al quejoso y su entrega a un tercero, no tienen el carácter de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que la relación entre dicha Secretaría y los docentes o servidores de la educación que aspiran a ser promovidos o ascendidos a un nivel más alto dentro de la misma estructura educativa estatal es de coordinación y no de supra a subordinación, pues: a) Deriva de una relación laboral-burocrática entre el Estado como patrón (no como autoridad o ente superior) y el servidor público como trabajador; y, b) Del artículo 83 de la Ley General del Servicio Profesional Docente abrogada, se advierte que las diferencias en las relaciones de trabajo que surjan entre el personal al que se refiere la propia ley y las autoridades educativas y organismos descentralizados, se rigen por la legislación laboral aplicable y, en consecuencia, serán dirimidas ante los órganos jurisdiccionales competentes en esa materia, característica propia de las relaciones de coordinación, por lo que si el quejoso no está de acuerdo con el resultado del concurso de oposición o con sus consecuencias, puede impugnarlo por la vía laboral." Así como la jurisprudencia VII.2º.T.J/18.(10), con número de registro 2014528, Tribunales Colegiados de Circuito, Pagina 2542, Libro 43, junio 2017, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto son: "DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ASCENSO LABORAL, NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El presidente de la Comisión Dictaminadora del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar de la Secretaría de Educación Pública, al realizar actos que tienen relación directa con los procedimientos de ascenso dentro de ese plantel educativo, no colma los requisitos para considerarlo como autoridad para efectos del amparo, porque su actuación no emana de un mandato que tenga su origen en la ley, que le confiera atribuciones para actuar como una autoridad de Estado, modificando unilateralmente una situación jurídica, sino que se trata de actos que derivan de una relación laboral que pueden clasificarse en un plano de coordinación, que es lo que caracteriza a ese tipo de relaciones. Por tanto, cuando a través del juicio de amparo se impugnan actos que tienen relación directa con el procedimiento laboral de ascenso y se señala como autoridad responsable al director del plantel educativo, en su calidad de presidente de la comisión dictaminadora, el amparo es improcedente, al no tener aquél tal carácter, pues los actos que se le atribuyen los lleva a cabo en relación con los trabajadores de dicho plantel, lo cual tiene su origen en el vínculo obrero-patrón y no gobierno-gobernado." Bajo esa óptica, los actos reclamados no se equiparan a los de una autoridad, en virtud de que su actuación no emana de un mandato que tenga su origen en la ley, que le confiera atribuciones para actuar como una autoridad de Estado, modificando unilateralmente una situación jurídica, sino que se trata de actos que derivan de una relación laboral que pueden clasificarse en un plano de coordinación, que es lo que caracteriza a ese tipo de relaciones. Las hipótesis vertidas encuentran sustento, por identidad jurídica, en el criterio jurisprudencial, publicado en la página 134, Tomo IX, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a Enero de 1992, que prevé: "AUTORIDAD. CUANDO NO SE TIENE ESE CARACTER EN MATERIA LABORAL. El juicio de amparo tiene entre otros objetos resolver las controversias que se susciten por leyes y actos de autoridad, que violen las garantías individuales de los gobernados, sin que pueda considerarse acto de autoridad las diferencias de carácter laboral, suscitadas entre aquéllas y sus servidores; por lo que no es suficiente por sí solo para la admisión de una demanda de amparo, que el acto reclamado emane de una dependencia oficial si no actuó como autoridad, sino que lo que hizo fue ejercitar en su calidad de patrón los derechos derivados de la relación laboral con el peticionario de garantías." Además tiene diversa jurisprudencia I.6º.T. J/28, visible en la página 1956, del Tomo III, de la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación correspondiente a Abril de 2016, que establece: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." En las relatadas condiciones, es claro que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción III, todos de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Edmundo Carmona Grande, por propio derecho. Se ordena resguardo de documentales. Ahora bien, respecto a las documentales allegadas por la parte quejosa, se ordena su resguardo en la secretaría de este Juzgado Federal previa copia certificada obre en autos. Domicilio y autorizados Por otro lado, como lo solicita expresamente la promovente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado, teniéndose como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Drake Schnitzler Férnández de Lara Tlapale, por contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones a Gustavo Ángel Hernández Atonal y Juan de Dios Solís de la Rosa por no contar con dicho registro. Integración de expediente electrónico. Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafo sexto y octavo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea. Por otra parte, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de resguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Atender protocolos y lineamientos de salud. Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Supresión de datos. Asimismo, se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Finalmente, en atención a que el quejoso manifestó oposición de sus datos personales, como lo solicita el promovente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el diverso artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, modificado el doce de diciembre de dos mil siete, téngasele oponiendo a la inclusión de sus datos personales en la publicación de las actuaciones y resolución que se emitan en este asunto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.KAP*
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · 10,223 expedientes
- Edith González Muñoz1434/2015
- Edith Pichon Sanchez86/2022
- Edith Ramírez Cova328/2017
- Edith Santamaría Pérez607/2018
- Edith Santamaría Pérez938/2017
- Edith Y/O Ediht Corona Hernández485/2022
- Edmundo Corona Muñoz1362/2022
- Edmundo Esparza Matehuala1182/2016
- Edmundo Ortega Ramírez470/2019
- Edmundo Rojas Hernández124/2019
- Edmundo Suárez Lobatón156/2022
- Edmundo Suárez Lobatón19/2022