Edmundo Augusto Alzina Campos

Expediente 54/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
54/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
27/01/2021

Partes del expediente

  • Edmundo Augusto Alzina Campos

Actuaciones

  1. Incidental

    Mérida, Yucatán, veintisiete de enero de dos mil veintiuno. Vista la copia autorizada de cuenta y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente, archívense los presentes cuadernos de suspensión por cuerda separada. Ahora bien, de conformidad con el artículo 21, inciso c) y el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la observación de que el cuaderno original y duplicado del presente incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, toda vez que por acuerdo de quince de enero de dos mil veinte y por resolución interlocutoria de veintidós del mismo mes y año, se negó la suspensión provisional, así como se negó y se declaró sin materia la suspensión definitiva del acto reclamado, respectivamente. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordena el archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan estos autos y toda vez que conforme al Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitido el diecisiete de marzo de dos mil veinte, en el que se determinó adoptar una serie de medidas preventivas con la finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello la propagación del coronavirus COVID-19, así como sus acuerdos modificatorios todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el periodo de la vigencia, se advierte que éste concluyó el treinta y uno de julio de dos mil veinte. Asimismo, mediante Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, emitida por el Coordinador de Asesores de Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció en su punto primero que se regresaba al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública del virus COVID-19, por lo que únicamente se daría trámite a los escritos iniciales que se calificaran como "urgentes", ya sea que se presentaran de manera física o electrónica, y se daría seguimiento a los asuntos ya radicados que tengan esa misma calidad. Asimismo, se recibirían y tramitarían los casos nuevos y los que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, "con excepción de aquellos en los cuales se requiriera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones". De igual manera, se estableció que se suspendían los plazos y términos procesales, con la única salvedad de que podrán resolverse aquellos expedientes que estén listos para sentencia, y que esta medida tendría vigencia del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno; periodo durante el cual se suspenden los plazos y términos, con las salvedades del referido punto. Mediante Circular SECNO/1/2021 de ocho de enero de dos mil veintiuno, suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció en su punto dos, por lo que respecta a este Circuito, que la operación de este Juzgado será el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. Por tanto, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el doce de febrero de dos mil veintiuno. En tales condiciones, se reanuda el procedimiento en este asunto por lo que se hace del conocimiento de las partes lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, atento a lo informado por el Secretario en la razón de cuenta que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Juzgado Federal el cuatro de diciembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquella resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en la referida sentencia se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, de ahí que este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 21 inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Asimismo, agréguese copia autorizada del presente proveído al original y duplicado del incidente de suspensión que derivan de este juicio de amparo, para que se provea lo conducente en relación a su archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En la ciudad de Mérida, Yucatán, a las diez horas con diez minutos del cuatro de diciembre de dos mil veinte, día y hora fijados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 54/2020-II, promovido por Edmundo Augusto Alzina Campos, el Juez Primero de Distrito en el Estado, licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, asistido del secretario, licenciado Juan Armando Cortés Carabias, con quien actúa y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional, sin la asistencia de las partes. El Secretario hace relación de la demanda y demás constancias de autos, y da cuenta al Juez con los informes justificados rendidos por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Consejero Jurídico en su carácter de representante del Gobernador, Director General Jurídico y de Gobierno de la Secretaría General de Gobierno, Director General de la Agencia de Administración Fiscal y Director Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno, todos del Estado de Yucatán. A lo que el Juez acuerda: ténganse por rendidos en tiempo y forma los informes justificados de las autoridades responsables señaladas, para ser relacionados y tomados en consideración como legalmente corresponda. Seguidamente en el período de pruebas, se da cuenta con las documentales que exhibió el quejoso juntamente con su demanda de amparo, así como la presuncional en su doble aspecto legal y humano y la instrumental de actuaciones. A lo que el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas dichas probanzas, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza, para ser relacionadas y tomadas en consideración como en derecho proceda. En el período de alegatos, se da cuenta que las partes no hicieron uso de este derecho, por lo que se cierra esta etapa; y al no existir pedimento del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito ni diligencia pendiente por desahogar, el Juez que preside la audiencia declara visto el expediente y procede a dictar la resolución correspondiente. Vistos, para resolver los autos del presente juicio de amparo 54/2020-II, promovido por Edmundo Augusto Alzina Campos, contra actos que reclama del Congreso del Estado de Yucatán y otras autoridades, por estimarlo violatorio de los artículos 1°, 5°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y Resultando Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el catorce de enero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, Edmundo Augusto Alzina Campos solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama del Congreso, Gobernador, Titular de la Secretaría General de Gobierno, Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas y Director General de la Agencia de Administración Fiscal, todos del Estado de Yucatán. Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de quince de enero de dos mil veinte, se admitió la demanda, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables y se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló alegato, y, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos, tuvo verificativo en razón del acta que antecede, por lo que es procedente pronunciar la sentencia correspondiente. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse actos a autoridades con residencia dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de actos. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es oportuno precisar que la parte quejosa reclama los siguientes actos: - Del Congreso del Estado de Yucatán, los dictámenes, discusión y aprobación del Decreto 155/2019 por el que se modifica la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial del Estado de Yucatán el día treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, específicamente los artículos 85-Y, 85-Z y demás relativos del capítulo XXVII denominado "Derechos por la Infraestructura Tecnológica en Materia de Seguridad Pública" de la citada ley. - Del Gobernador del Estado de Yucatán, la iniciativa, promulgación y orden de publicación del Decreto 155/2019 por el que se modifica la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial del Estado de Yucatán el día treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, específicamente los artículos 85-Y, 85-Z y demás relativos del capítulo XXVII denominado "Derechos por la Infraestructura Tecnológica en Materia de Seguridad Pública" de la citada ley. - De los Titulares de la Secretaría General de Gobierno, de la Secretaría de Administración y Finanzas, así como del Director General de la Agencia de Administración Fiscal, todos del Estado de Yucatán, la ejecución o intento de ejecución del Decreto 155/2019 por el que se modifica la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial del Estado de Yucatán el día treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, específicamente los artículos 85-Y, 85-Z y demás relativos del capítulo XXVII denominado "Derechos por la Infraestructura Tecnológica en Materia de Seguridad Pública" de la citada ley. Tercero. Inexistencia de actos. El Director General Jurídico y de Gobierno de la Secretaría General de Gobierno, el Director General de la Agencia de Administración Fiscal y el Director Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno, todos del Estado de Yucatán, al rendir sus informes justificados, negaron el acto que se le reclama, sin prueba en contrario ofrecida por la parte quejosa. En tal virtud, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto a las autoridades referidas en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo aplicable. Tiene aplicación al caso por similitud de razón, la Tesis Jurisprudencial número 310, visible en la página 209 Tomo VI, Materia Común del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación y rubro: "INFORMES JUSTIFICADOS. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Actos Existentes. La Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso y el Consejero Jurídico en su carácter de representante del Gobernador, ambos del Estado de Yucatán, en sus informes justificados admitieron la certeza de los actos reclamados, por lo que se tiene por cierto el acto reclamado con respecto a las autoridades referidas en el presente párrafo. Quinto. Análisis de causales de improcedencia. Previamente al estudio de fondo del presente asunto, procede analizar las causas de improcedencia, sea que las hagan valer las partes, o de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo. El Consejero Jurídico, en su carácter de representante del Gobernador del Estado de Yucatán, señaló al momento de rendir su informe justificado que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que enseguida se transcribe: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Dicha causal de improcedencia invocada por la autoridad responsable antes citada se considera fundada por los motivos que a continuación se exponen. Del precepto legal trascrito se obtiene es improcedente el juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En el caso, como ya se señaló, la parte quejosa reclama en esencia del Congreso y del Gobernador, ambos del Estado de Yucatán, los dictámenes, discusión, aprobación, iniciativa, promulgación y orden de publicación del Decreto 155/2019 por el que se modifica la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial del Estado de Yucatán el día treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, específicamente los artículos 85-Y, 85-Z y demás relativos del capítulo XXVII denominado "Derechos por la Infraestructura Tecnológica en Materia de Seguridad Pública" de la citada ley, sin embargo, es un hecho notorio para este Juzgador que el dieciséis de enero de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el Decreto 173/2020 por el que se exime del pago del derecho por la infraestructura tecnológica en materia de seguridad pública, el cual se transcriben sus artículos 1 y 2, al texto siguiente: "Artículo 1. Exención del derecho. Se exime del pago del derecho por la infraestructura tecnológica en materia de seguridad pública que se hubiere causado durante el ejercicio fiscal 2020, a los propietarios o poseedores de predios ubicados en el estado de Yucatán por el aprovechamiento del servicio y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de seguridad pública, al cual se encuentran obligados como habitantes del estado de Yucatán, en términos del capítulo XXVII del título tercero de la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán. Artículo 2. Sujetos Para efectos de este decreto, se consideran contribuyentes los propietarios o poseedores de predios ubicados en el estado de Yucatán." Por ende, resulta inconcuso que se actualiza dicha causa de improcedencia, en virtud de que el acto se reclama como una norma autoaplicativa, la que establece una obligación de pago del que, posteriormente, se eximió a los gobernados, eliminando la prohibición u obligación, destruyéndose así de manera total e incondicionada sus efectos. Así lo establece la jurisprudencia 2a./J. 6/2013 (10ª.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2003285 de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSA SI DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN EL QUE SE RECLAMA COMO AUTOAPLICATIVA UNA LEY, ÉSTA ES REFORMADA O DEROGADA. Conforme al artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, resulta inconcuso que se actualiza dicha causa de improcedencia si en el juicio de amparo indirecto se reclama como autoaplicativa una ley o norma general prohibitiva, o la que establece una obligación, y durante la tramitación del juicio se reforma o deroga, eliminando la prohibición u obligación, destruyéndose así de manera total e incondicionada sus efectos, y no se demuestra que la que genera una obligación haya producido durante su vigencia alguna consecuencia material en perjuicio de la quejosa, derivada del incumplimiento de las obligaciones que estableció durante el periodo que estuvo vigente, pues una eventual concesión del amparo contra la ley carecería de efectos prácticos." En consecuencia, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, del propio ordenamiento legal. Tiene aplicación al presente asunto, por similitud de razón, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, visible en la página 38, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En ese sentido, al haberse actualizado la citada causal de improcedencia analizada con anterioridad, no es posible entrar al estudio de los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo, respecto de los actos que reclama en la misma. Es aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Sexto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio promovido por Edmundo Augusto Alzina Campos, en contra de los actos que reclama del Congreso, Gobernador, Titular de la Secretaría General de Gobierno, Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas y Director General de la Agencia de Administración Fiscal, todos del Estado de Yucatán, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el Secretario licenciado Juan Armando Cortés Carabias, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de octubre de dos mil veinte. Atento a lo informado en la razón de cuenta que inmediatamente antecede y toda vez que de acuerdo con el primer párrafo del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el suscrito no está facultado para resolver el presente juicio de amparo; por tanto, difiérase la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las diez horas con diez minutos del cuatro de diciembre de dos mil veinte. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis visible en la página 433 del Tomo V, Enero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CARECE DE VALIDEZ LA SENTENCIA EMITIDA EN LA, SI FUE DICTADA POR EL SECRETARIO DEL JUZGADO ENCARGADO DEL DESPACHO SIN LA AUTORIZACIÓN FORMAL Y EXPRESA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL". Sin que el presente acuerdo deba notificarse por oficio a las autoridades responsables, dado que no se considera de trascendencia, acorde a lo sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por licencia del titular, de conformidad con lo establecido en el párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario licenciado Juan Armando Cortés Carabias, que autoriza y da fe.

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