Edmundo Antonio Mar Sarabia

Expediente 550/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
550/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
26/07/2021

Partes del expediente

  • Edmundo Antonio Mar Sarabia

Actuaciones

  1. Principal

    "...Boca del Río, Veracruz, veintiséis de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se declara que el acuerdo por el cual se desechó la demanda de amparo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. Hágase la anotación de rigor en el libro de gobierno respectivo y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)... DOCUMENTOS. En este orden, no existe razón para que continúen a disposición de esta autoridad los documentos exhibidos por la parte quejosa. Se ordena su devolución. Requiérase a fin de que comparezca a recibirlos. Se le concede un plazo de noventa días hábiles, con el apercibimiento que de no recogerlos correrán la suerte del expediente. En el entendido que se deberá atender al sistema de citas previsto en el Acuerdo General 21/2020 (prorrogado mediante el diverso 5/2021) del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa...".

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, nueve de julio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo, promovida por **********, por propio derecho, contra actos de la 1. Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz y otras autoridades. Fórmese expediente. Regístrese con el número 550/2021-V. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juzgado de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, el que suscribe advierte la actualización de causa de improcedencia del presente juicio constitucional, la cual se analizará a continuación. De la lectura integral de la demanda se aprecia los actos reclamados consisten en: - La omisión de dar trámite al alta de vehículo nuevo para la obtención de placas metálicas, tarjeta de circulación y engomado correspondiente. Como antecedentes narra esencialmente: - El uno de junio pasado adquirió de la agencia Automotriz Mocambo, Sociedad Anónima de Capital Variable, un vehículo automotor. - Con motivo de lo anterior le fue expedida copia certificada del bien adquirido para realizar su alta, así como un permiso de circulación válido del ********** al ********** de ********** de **********. - El ********** de junio del presente año se presentó a las oficinas de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, ubicadas en el World Trade Center de la ciudad de Boca del Río a las siete horas con la finalidad de iniciar el trámite de emplacamiento correspondiente. Sin embargo, un policía -aparentemente estatal o municipal- le indicó que sólo se entregan cuarenta fichas diarias para ello, a pesar de haber acudido con una hora de antelación, pues el horario de atención es de 8:00 a 14:00 horas. - El diecisiete de ese mismo mes, se presentó a la misma hora que el día anterior, aconteciendo similares incidencias ante el mismo oficial de policía que lo había atendido previamente. - Ese mismo día llamó al número telefónico de atención al contribuyente de Hacienda del Estado, exponiendo su situación. Se le dijo mucha gente hace fila desde la una de la mañana, pero replicó él tiene un horario de oficina de nueve de la mañana a las diecinueve horas con treinta minutos y no puede hacer trámites porque tiene que cuidar de un menor de edad. - Por ende, refiere se le canalizó con una persona de nombre ********** que mandaron de apoyo desde la ciudad Xalapa, quien podría agilizar su trámite. - Sin embargo, el aquí quejoso se presentó a las catorce horas del dieciocho de junio siguiente en las oficinas correspondientes, pero el mismo policía le comentó que la persona buscada ya se había retirado y podía encontrarlo el día veintiuno de ese mes a las ocho horas. - El lunes veintiuno de junio de la anualidad cursante acudió nuevamente en el horario especificado en el párrafo precedente. Fue atendido por un policía distinto respondiéndole que ********** regresó a la ciudad de Xalapa y que, para obtener fichas para el trámite de placas, tarjeta de circulación y engomado, la gente se empieza a formar desde la una de la mañana, pues se acaban las mismas. Así, el quejoso considera dichos actos transgreden sus derechos humanos establecidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Expuesto lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia que resulta de interpretar el numeral 107, fracción I, de la Constitución General de la República con la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5 y 6 de este último ordenamiento. Como es de advertirse, de los preceptos antes trascritos deriva el principio de iniciativa o instancia de parte agraviada que establece que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por el gobernado a quien perjudique el acto que se le reclama. Así sólo se encuentran procesalmente legitimados para promover el juicio de amparo quienes resientan una afectación derivada directamente del acto combatido. Es menester destacar que no se desconoce que el estudio sobre la existencia o no del interés para acceder al juicio, constituye un tema que, de ordinario se identifica con la pretensión misma y, por ende, debe ser realizado como materia de fondo en la sentencia que se emita en la audiencia constitucional. No obstante, el Máximo Tribunal del País, ha establecido que el auto inicial es ocasión propicia para que el Juzgador Federal examine las particularidades de la reclamación (pretensión, relación jurídica subyacente, etcétera), desde un punto de vista provisional, a efecto de determinar la existencia del interés en forma incipiente, pues ello es lo que justificaría, en todo caso, el inicio, tramitación y resolución, del juicio; lo que de otra forma sería ocioso. En ese orden de ideas, se precisa que uno de los principios que rigen al juicio de amparo, es la existencia de un agravio personal y directo. Este principio implica que la acción de amparo sólo podrá promoverse por aquella persona física o moral, que se vea afectada en su esfera jurídica por un acto de autoridad (agravio personal), y que exista una inmediatez entre la emisión o ejecución del acto y el surtimiento de sus consecuencias (agravio directo), es decir, la afectación debe ser resentida directamente por el impetrante de amparo, debiendo derivar tal afectación precisamente del acto reclamado. Luego, debe entenderse por la expresión "agravio" al perjuicio sufrido en la persona del quejoso, es decir, el agravio es la afectación o la alteración que se desprende del acto de autoridad y que recae en la esfera de derechos del quejoso. Es pertinente decir que el interés jurídico o legítimo no sólo presupone la titularidad de un derecho. Esto es, que la parte quejosa no sea el destinatario del acto de autoridad. Razón por la cual, no puede afectarle su interés jurídicamente protegido, sino cuando tal acto le genere perjuicio en su particular derecho subjetivo. De ahí que el interés jurídico o legítimo para impugnar mediante el juicio de amparo un acto de autoridad deviene del perjuicio que éste ocasione en uno o varios derechos legítimamente tutelados. Lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional, demandando el cese de esa violación. Aunado a lo anterior, el interés que faculta a la parte quejosa para acudir al juicio de amparo, requiere, por una parte, de la existencia de un derecho legítimamente tutelado y, por la otra, del perjuicio que el acto reclamado le ocasione a éste. Lo que significa que a falta de uno u otro, no se acredita el interés jurídico o legítimo en el juicio de amparo. Es decir, si no existe un derecho protegido por el ordenamiento legal o de existir no resiente perjuicio alguno por el acto de autoridad que se reclama, es indefectible que no se da causa de proceder de la instancia constitucional. En el caso, se afirma que la parte quejosa no parte de una situación actual idónea a través de la cual pudiera acreditar el interés jurídico o legítimo necesario para la promoción del juicio de amparo. Como se vio, el argumento toral del impetrante se basa en que, al acudir a las oficinas de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, ubicadas en el World Trade Center de la ciudad de Boca del Río, fue atendido por policías estatales o municipales, los cuales reiteradamente le comentaron debe hacer fila desde temprano -pues la gente empieza a llegar incluso desde la una de la mañana- a efecto de obtener una ficha para ser atendido el mismo día -pues únicamente se otorgan cuarenta y se terminan-. Asimismo, aun y cuando vía telefónica se hizo de su conocimiento que un sujeto de nombre ********** podría agilizar su trámite, los propios gendarmes le refirieron que dicha persona no se encontraba al momento de apersonarse a las oficinas correspondientes e incluso que ya se habría regresado a la ciudad de Xalapa. Al respecto, el aquí impetrante refiere únicamente haber sostenido diálogo con elementos policiacos que se encontraban en el lugar al que acudió. Prescinde externar haber esbozado alguna solicitud expresa ante servidor público adscrito a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz con sede en Boca del Río, Veracruz, que le conminara el seguimiento al trámite peticionado de entrega de placas, engomado y tarjeta de circulación (cuya omisión en hacerlo constituye el reclamo en esta instancia constitucional). Lo anterior, incluso ante su manifestación referente al hecho que entabló una llamada telefónica al servicio de atención a contribuyentes de Hacienda del Estado. En ésta únicamente se le reiteró su obligación de acudir a sacar la ficha correspondiente y obtener ayuda del individuo de nombre **********. Persona que, dicho sea de paso, nunca entabló contacto con el ahora quejoso por el propio dicho de los policías en cuestión. Asentado lo anterior, la petición de amparo no se basa en acreditar que haya hecho alguna solicitud específica ante las autoridades que señala como responsables y, éstas a su vez, no le hubieran dado alguna respuesta o ésta hubiese sido negativa. De ahí que no se advierte hayan provocado la generación de un acto u omisión en lo individual susceptible de control constitucional. Por ello, se insiste, de la premisa de la que parte el peticionario de amparo no se advierte la existencia de la afectación en su esfera jurídica. Resulta inconcuso que la litis propuesta, no es susceptible de ser analizada en esta instancia constitucional, al no advertir vulneración a sus derechos humanos. Los hechos narrados no pueden ser considerados como una vulneración a los derechos humanos del impetrante. Es decir, de ninguna forma está probado su interés jurídico o legítimo. Ya que si bien es cierto, de manera indiciaria demuestra con los medios probatorios que anexa a su demanda adquirió un vehículo, ello no quiere decir que efectivamente hizo alguna gestión petitoria específica ante las autoridades señaladas como responsables que evidenciara éstas han dejado de cumplir con una obligación propia inherente a sus funciones. Se determina lo anterior, con independencia que derivado del actuar de los elementos policiacos referidos en la demanda de amparo pudieran acontecer conductas que actualizaran hipótesis de responsabilidad administrativa, civil, penal, entre otras. Quedando a salvo los derechos del promovente de amparo para acudir a las instancias competentes, de estimarlo conducente, para ello. En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del precepto 61, en relación con los numerales 5°y 6º de la Ley de Amparo y 107, fracción I constitucional, en términos del artículo 113 de la Ley de la materia, debe desecharse de plano la demanda de amparo con que se dio cuenta, por ser notoria e indudable su improcedencia. La anterior determinación no veda el derecho del impetrante de acudir si así conviene a sus intereses ante las autoridades responsables a realizar puntualmente su solicitud o esbozar alguna petición por escrito al respecto, a fin de obtener sus placas, tarjeta de circulación y engomado correspondiente. Notifíquese; personalmente a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y electrónicamente a la parte quejosa..."

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