Edmundo Aguilar Fiallo
Expediente 2717/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2717/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Edmundo Aguilar Fiallo
Actuaciones
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días sin que la parte quejosa haya dado cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de veintisiete de octubre del presente año, no obstante haber quedado legalmente notificada de dicho auto, así como de la precisión realizada en el acuerdo de ocho de noviembre del año en curso; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en el primero de los citados autos, por lo que de conformidad con el penúltimo párrafo, del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo; en esa virtud, háganse las anotaciones respectivas en el libro uno de juzgado correspondiente a los juicios de amparo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales conducentes. En relación con lo anterior, debe mencionarse que el plazo de cinco días otorgado a la parte quejosa en auto de veintisiete de octubre del año en curso, fue suspendido el siete de noviembre de la anualidad que transcurre, con motivo del escrito presentado y firmado por su autorizada, con el que pretendió desahogar el requerimiento de trato, y el cómputo respectivo se reanudó una vez que surtió efectos la notificación del proveído dictado el ocho del presente mes y año, recaído al escrito de mérito; por lo que a pesar de lo anterior, se reitera, al no desahogar en tiempo y forma el requerimiento realizado a la parte quejosa, es que se tiene por no presentada su demanda de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Ana Marina Lineth Fuentes Hernández, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito firmado por Karina E. Cisneros Treviño, en su carácter de autorizado en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, del quejoso Edmundo Aguilar Fiallo, a través del cual pretende dar cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de veintisiete de octubre del presente año. Al efecto, no ha lugar a tener por subsanado tal requerimiento realizado a la parte quejosa, toda vez que la promovente únicamente está facultado para recibir notificaciones, promover o interponer los recursos que procedan, ofrecer, rendir pruebas y alegar en las audiencias, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo. Lo que se corrobora con lo establecido en el artículo 6 de la Ley de Amparo, que regula que el ejercicio de la acción constitucional corresponde únicamente a la parte quejosa, su representante o apoderado legal, y como todo acto que tienda a poner a la demanda en condición de ser admitida forma parte del ejercicio de la acción, únicamente puede ser realizado por la propia parte quejosa, su representante o apoderado legal, cuestión esta última de que adolece la promovente. Aunado a lo expuesto, el señalamiento de los actos reclamados, autoridades responsables, y antecedentes de dichos actos, son una cuestión propia del directo quejoso, habida cuenta que tales antecedentes los debe expresar bajo protesta de decir verdad; lo anterior, en atención al principio de instancia de parte que rige en el juicio de amparo. Sirve de apoyo, por analogía y en lo conducente, la jurisprudencia 37/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 68, junio de 2011, Tomo XXXIII, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional." Asimismo, es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 61/2014; publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, Materia Común, visible en la página 210, del rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA." En relación con lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa que subsiste el requerimiento decretado en auto de veintisiete de octubre del presente año; asimismo, dígasele que el plazo de cinco días concedido en el auto de referencia a efecto de que desahogue el mismo se suspendió con la presentación del escrito de cuenta, y se reanudará al día siguiente de que surta efectos la notificación del presente proveído. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J.39/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Tomo I, mayo de 2012, página 400, que dice lo siguiente: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo." Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Ana Marina Lineth Fuentes Hernández, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la sentencia dictada el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, que sobreseyó en el presente juicio de amparo, haya sido recurrida por la parte quejosa, que es a quien le pudo causar agravio, y no obstante ello, no la recurrió; por tanto, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO Y VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En consecuencia, ARCHÍVENSE las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con el artículo 214 de la ley de la materia, aplicado en sentido contrario. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis del Artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo que sobreseyó; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. INCIDENTES DE SUSPENSIÓN Y TRANSFERENCIA Por otra parte, respecto el original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, resulta susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión provisional y definitiva solicitada, acorde con lo dispuesto en el inciso c), del artículo 21, del aludido Acuerdo General. Con fundamento en los artículos 21, penúltimo párrafo, y 24 del Acuerdo en comento, tanto el expediente principal como el original del cuaderno incidental deberán conservarse por un término de tres años, contado a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, este juzgado deberá destruir los expedientes, y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por lo que hace al duplicado del incidente de suspensión, debe ser destruible en un plazo de seis meses posteriores al presente archivo, lo cual podrá materializarse en un plazo de treinta días posteriores de los seis meses, de conformidad con el artículo 20, penúltimo párrafo, del citado acuerdo general. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, y en el sistema integral de seguimiento de expedientes, incluyendo la de la destrucción respectiva, conforme al artículo 23 del Acuerdo General de Trato. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Nora Hilda Luna Lugo, Secretaria quien autoriza y da fe.
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