Edmon Jovani López Morones

Expediente 1066/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1066/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
22/07/2019

Partes del expediente

  • Edmon Jovani López Morones

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada el tres de julio de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2º, de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración del suscrito, no se considera de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: Delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al párrafo último del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; consecuentemente, dicho expediente es susceptible de destrucción, lo que se realizará en el plazo de tres años, por lo que ve a su envío al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, realícese; en tanto su destrucción se llevará a cabo una vez transcurrido cinco años. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo quinto del acuerdo general invocado. Circunstancia que se realizará en ambos casos, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula del presente, realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de destrucción, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. De conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a las partes.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR LO EXPUESTO Y FUNDADO, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Visto lo de cuenta, y como está ordenado en el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 125 y 128, fracción I, y parte última de dicho numeral, ambos Ley de Amparo, tramítese por duplicado y por cuerda separada el incidente de suspensión relativo a la ampliación de demanda del juicio de amparo número 3186/2017, promovido por xxxxxxxxxxx, contra actos de autoridades. Señalamiento de fecha y hora para celebrar la audiencia incidental. En términos de lo dispuesto por la fracción II del referido artículo 138 de la ley de la materia, se señalan las ONCE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Precisión de las autoridades responsables. Se precisa que el ordinal 108, fracción III, de la Ley de Amparo, establece como obligaciones del quejos, entre otras, el señalar con precisión a las autoridades responsables (incluso tratándose de asuntos en materia penal pues sobre el tema no opera la suplencia de la queja a que hace referencia el artículo 79 de la Ley de Amparo); en consecuencia, se apercibe a la parte quejosa de que, en caso de que las autoridades responsables no existan con las denominaciones que indica en su demanda, sin mayor trámite, se les tendrán por inexistentes y se suspenderá toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad, se resolverá el juicio conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables, hasta antes de la audiencia incidental, al considerar que le corresponde a la parte impetrante estar pendiente de la tramitación de su asunto; la anterior circunstancia guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita, así como al principio de celeridad procesal. IV. Solicitud de informe previo. Con fundamento en la fracción III del artículo 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo, el cual deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, remitiéndoles al efecto copia de la demanda de derechos fundamentales y del escrito aclaratorio, bajo apercibimiento que de no cumplir lo anterior, se procederá conforme a los artículos 142 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo. V. Fijación de los actos reclamados y efectos de la suspensión. Previamente a estudiar si en el caso procede el otorgamiento de la medida cautelar solicitada por la parte quejosa, es menester determinar cuáles son los actos reclamados cuya suspensión solicita; por lo que del análisis acucioso de la ampliación de demanda de amparo, para efectos de este incidente de suspensión, lo constituyen en esencia: el resultado de los exámenes de control y confianza folio 6861-3, la prescripción de estos, así como todo lo actuado en el procedimiento. Asimismo, solicita la suspensión de los actos reclamados para el efecto de que: En consecuencia, toda vez que la parte quejosa es expresa al referir los efectos para los que se solicita la suspensión la materia de la presente incidencia se estudiará a la luz de dicho planteamiento. VI. Determinación sobre la suspensión. Cabe puntualizar que para proveer acerca de la suspensión provisional solicitada, se tomará en cuenta el contenido de la fracción X del artículo 107 Constitucional, así como los artículos 128, 138, 139, 146, 147, 150 y 157 de la Ley de Amparo, para lo cual se deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, cuando la naturaleza del acto lo permita, y la no afectación del interés social, para que sea dable pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión del acto reclamado, para establecer los requisitos y efectos de la medida cautelar, o bien, la ejecución del acto por parte de la autoridad responsable. El artículo 128 de la Ley de Amparo, dispone que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que exista la solicitud del quejoso (interés jurídico y afectación); b) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En tanto que, el otro requisito se cumple, en conjunto con la exigencia de la ponderación de la apariencia del buen derecho, en razón a lo siguiente. De conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que lo concede tiene por objeto restituir al quejoso el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, o bien, obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Así, el juicio de amparo es el medio de control constitucional por excelencia con el que cuentan los ciudadanos para hacer posible la restitución de un derecho que hubiera sido desconocido o afectado. Sin embargo, muchas veces esta restitución puede no ser oportuna, por haberse consumado determinados actos de las autoridades responsables antes de que la autoridad de amparo se pronuncie con respecto a si realmente tuvo lugar o no la violación de la garantía. Precisamente para evitar lo anterior, es que el juicio de amparo contempla una figura jurídica como la suspensión del acto reclamado, cuya racionalidad es la conservación de la materia del juicio, atendiendo a las finalidades restitutorias del mismo, bajo los parámetros antes mencionados, establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el numeral 138 de la Ley de Amparo. De este modo, tomando en cuenta el contenido de esas disposiciones, que contemplan la obligación de los Jueces de ponderar en cada caso concreto entre la apariencia del buen derecho y el interés social, es claro que la suspensión debe entenderse como aquel medio eficaz que está al alcance de los juzgadores para evitar que se pierda la materia litigiosa. Por tanto, con apoyo en los artículos 128 de la Ley de Amparo, toda vez que se satisfacen los requisitos que establece el precepto citado, esto es, la solicitó la parte agraviada, con su otorgamiento no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, y, en caso de ejecutarse los actos reclamados, serían de difícil reparación los daños y perjuicios que se ocasionarían al peticionario de garantías y, además, por ser necesario para conservar la materia del cuaderno principal, se concede a la parte quejosa la suspensión provisional de los actos reclamados. Se concede la suspensión provisional solicitada para el efecto de que, se continúe con el trámite del procedimiento de separación, sin que se dicte resolución definitiva en el mismo, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva de los actos reclamados. En ese sentido, la suspensión se concede en forma tal que no impide el desarrollo del procedimiento reclamado, y no surte el primero de los supuestos previstos por el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo. Es preciso enfatizar, que la suspensión que se otorga no tiene efectos restitutorios, motivo por el cual, en el caso de que los actos reclamados se hubiesen consumado, la suspensión otorgada no surtirá sus efectos legales; de la misma manera, ésta dejará de surtir sus efectos si los actos son emitidos por diversas autoridades a las señaladas, si provienen de diverso procedimiento administrativo o motivos distintos a los mencionados por el quejoso.

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