Edith Zepeda Blanco

Expediente 1181/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1181/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
19/04/2022

Partes del expediente

  • Edith Zepeda Blanco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a diecinueve de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de autos, de los que se desprende que transcurrió el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiese recurrido la sentencia terminada de engrosar el veintitrés de marzo pasado, en que se sobreseyó en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución causa ejecutoria; por tanto, archívese el asunto como totalmente concluido.

  2. Principal

    R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio.

  3. Principal

    Se celebra la audiencia Constitucional...

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintidós de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la comparecencia de la quejosa ******, de la cual se desprende que ratificó el escrito registrado con el número de correspondencia interna 1141, por el que, pretende ampliar el escrito de demanda; por tanto, visto de nueva cuenta el escrito signado por la quejosa, se provee lo siguiente: Inicialmente, es necesario precisar que esa figura se encuentra contemplada en el artículo 111 de la Ley de Amparo. Así, la posibilidad de ampliar la demanda está condicionada a la aparición de nuevos elementos relacionados con el ejercicio de la acción constitucional, que hayan sido desconocidos para el quejoso al momento de presentar su libelo constitucional, los cuales pueden llegar a ser de su conocimiento a través de las constancias que integran tanto el expediente principal como el incidental. Una vez conocidos esos nuevos elementos que son introducidos a la litis, la parte quejosa está en posibilidad de combatirlos, o de plantear o pedir lo que corresponda, a través de la figura jurídica de la ampliación de demanda, misma que puede recaer sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que se encuentre dentro de los plazos que establece la ley. En tal sentido, la quejosa pretende ampliar la demanda de amparo respecto de la siguiente autoridad y acto reclamado. "a. Autoridad Responsable. Lorena Salas Lemus, Primer Síndico Municipal de Ecatepec de Morelos. b. Acto Reclamado. El auto de fecha 18 de mayo de 2021, signado por la Lic. Lorena Salas Lemus, en su carácter de Síndico Municipal, toda vez que carece de facultades para ello." Improcedencia. Precisado lo anterior, resulta improcedente la ampliación de demanda que se promueve al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción III, inciso b), interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. De los artículos y fracciones antes señalados se desprende que el juicio de amparo indirecto procede contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando de ejecutarse éstos se produzca una afectación de imposible reparación sobre las personas o las cosas, ya que de no ser así sólo procederá contra la resolución definitiva que se dicte en el procedimiento respectivo, en la cual podrán controvertirse las violaciones procesales susceptibles de afectar las defensas del particular. Ahora, respecto del tema, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalecía la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no definía el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, en la fracciones III, inciso b), y V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril del dos mil trece, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, entre otros. En síntesis, para que un acto pueda ser calificado como irreparable, necesitará producir una afectación material a derechos sustantivos, estos es, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, esa afectación debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. En ese contexto, respecto del reclamados por el que la quejosa pretende ampliar su demanda de amparo consistente en la determinación de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno (radicación del expediente de origen), emitida por Lorena Salas Lemus, en su carácter de Síndico Municipal del Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, en el expediente DJC/SRC/DJ/A-006/2021, toda vez que argumenta que carecía de facultades para emitir dicho acuerdo, resulta ser una violación intraprocesal, que no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el estado mexicano forma parte, sino que en todo caso, se está frente a un acto que produce una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, máxime que la parte quejosa fue quien promovió el procedimiento administrativo de referencia. En este sentido, dicho acto no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, pues del mismo, no incide sobre derechos sustantivos de la parte quejosa, sino que sus efectos recaen en el procedimiento natural, por lo que sus consecuencias son procesales, pues de tales decisiones y de ellos no depende la suerte de todo el juicio natural, ni conllevan la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento; ya que son violaciones procesales que no son de imposible reparación, pues por éstas debe entenderse aquellas cuyas consecuencias son susceptibles de afectar en forma inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque las afectaciones o sus efectos no se destruyen por el sólo hecho de que quien las sufre, obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por tanto, resulta una violación procesal cuyo efecto se extingue en el caso de obtener una resolución favorable; es decir, el perjuicio formal que hubieran podido originar el acto reclamado desaparecerá de obtener una sentencia favorable en la acción principal que intenta en el procedimiento natural, dejando intacta la esfera jurídica de la afectada al no alterarse ningún derecho sustantivo con tal acto de autoridad, por lo que, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Por tanto, acorde con lo antes expuesto, se desecha la ampliación solicitada por *********, por derecho propio. Finalmente, en atención a la certificación secretarial de cuenta, ténganse por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *********.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

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