EDITH VIRIDIANA BARRIENTOS NEGRETE y Otros.
Expediente 162/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 162/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 27/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- EDITH VIRIDIANA BARRIENTOS NEGRETE y Otros.
- Edith Viridiana Barrientos Negrete
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
27/04/2023 El proveído por el que sobreseyó el juicio de amparo fuera de audiencia ha causado estado. Téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial. No se omite señalar que, como se precisó en certificación de esta fecha, los documentos que exhibió la parte quejosa no están catalogados como originales, por lo que su devolución se autoriza desde este momento; en el entendido que, de no presentarse a recibirlos, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente principal en el plazo señalado. Por otro lado, devuélvanse a la jueza de Partido Especializada en Materia Familiar de Salamanca, Guanajuato, la documental consistente en copia certificada del expediente **** y **** de su índice -en tres tomos-, por resultar innecesaria su conservación. Notifíquese, y vía electrónica al fiscal adscrito a este juzgado.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA ***, EL PROVEÍDO DICTADO EL VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN SÍNTESIS DICE: Irapuato, Guanajuato, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. INFORME JUSTIFICADO Se tiene por recibido el oficio suscrito por la jueza de Partido Especializado en Materia Familiar de Salamanca, Guanajuato, mediante el cual rinde su informe justificado, en ese sentido, se tiene por rendido el informe de mérito. TOMO Debido al volumen de las constancias exhibidas por la autoridad oficiante citada, fórmense tres tomos de pruebas por separado, señalados como tomo I, II y III. Ahora bien, de las aludidas documentales, las cuales gozan de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 188, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la autoridad responsable en auto de tres de marzo de dos mil veintitrés, dictado dentro del expediente ******, de su índice, desechó de plano la demanda, dando por concluido dicho procedimiento y dejando sin efectos la medida decretada de alimentos provisionales otorgada en beneficio de la parte actora -acreedora- y aquí quejosa; esto, al hacer efectivo el apercibimiento contenido en diverso acuerdo de dieciséis de febrero del año en curso. Lo cual es jurídicamente relevante en el presente juicio constitucional, pues de la demanda de amparo promovida por el impetrante, se aprecia con claridad que el acto que reclama en esta vía, consiste en: - La resolución de siete de febrero de dos mil veintitrés, dictada por la jueza de Partido Especializada en Materia Familiar de Salamanca, Guanajuato, en el expediente ******** de su índice, que resolvió el recurso de revocación interpuesto por la aquí quejosa, confirmando el auto de quince de diciembre que dos mil veintidós, en el cual se negó la ejecución de la medida de alimentos en la forma solicitada por la aquí quejosa. En esas condiciones, se pone de relieve que han cesado los efectos de dicho acto reclamado, y en esa medida se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: ". El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Para cristalizar tal aserto, en principio, debe tenerse en consideración que "cesar", en su sentido etimológico y gramatical, quiere decir suspender o acabarse una cosa, o bien, dejar de hacer lo que se está haciendo; y "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace esta. Entonces, de acuerdo con el texto del precepto invocado, se afirma que han cesado los efectos del acto reclamado, entre otros supuestos, cuando dicho acto y los efectos que haya producido, sean revocados, derogados o sustituidos por una diversa determinación. Es decir, cesan los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya o sustituya la que dio motivo al amparo. En ese orden, de la interpretación que se realiza de la fracción antes transcrita, se deriva la existencia de dos hipótesis de cesación de efectos: 1. Por revocación; y, 2. Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica o patrimonial. Mientras que el segundo se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto, por el cual fue sustituido. Sirve de apoyo a lo anterior, por su relevante contenido ilustrativo en relación al tema, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. Cuando en un amparo directo se reclama, además de la de segunda instancia, la sentencia pronunciada por el a quo, debe sobreseerse el juicio de garantías por lo que respecta a esta última, con apoyo en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, por operar la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XVI, de dicha ley, toda vez que cesaron los efectos de la referida sentencia, en razón de haber sido sustituida por la de segundo grado." Así como la tesis que reza: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." Dicho lo anterior, como se reseñó, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se desprende que en auto de tres de marzo de dos mil veintitrés, dictado dentro del expediente***** de su índice, se desechó de plano la demanda, dando por concluido dicho procedimiento y dejando sin efectos la medida decretada de alimentos provisionales otorgada en beneficio de la parte aquí quejosa; lo anterior, toda vez que hizo efectivo el apercibimiento contenido en diverso acuerdo de dieciséis de febrero del año en curso. En consecuencia, es evidente que el acto reclamado que en este considerando nos ocupa, ha sido procesalmente sustituido por la citada determinación de tres de marzo de la presente anualidad; de modo que objetivamente puede estimarse que han cesado los efectos jurídicos que podrían repercutir negativamente en las prerrogativas de la solicitante del amparo, pues la determinación que ahora subsiste, es la memorada de tres del actual, donde se desechó la demanda origen del procedimiento génesis del acto reclamado y se dejó sin efectos la medida decretada de alimentos provisionales otorgada en beneficio de la parte actora -acreedora-. Lo que es patente pues la resolución de siete de febrero de dos mil veintitrés reclamadas, resolvió el recurso de revocación interpuesto por la aquí quejosa, confirmando el diverso auto de quince de diciembre que dos mil veintidós, en el que sustancialmente se había negado la ejecución de la medida de alimentos en la forma solicitada, decisión que claramente ha sido sustituida por el diverso auto que desechó la demanda que diera origen al memorado procedimiento familiar y dejó sin efectos la medida. De ahí que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto que aquí se tilda de inconstitucional ni las violaciones procesales que la parte quejosa refiere ahí se cometieron en su perjuicio y que derivaron en la emisión del acto reclamado; sin afectar la nueva situación jurídica que rige en el procedimiento familiar y que es la que rige la cuestión alimentaria para la solicitante del amparo y su contraparte. Sirven de apoyo a lo anterior, en lo conducente, los criterios siguientes: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. PARA VERIFICAR SI SE ACTUALIZA ESE MOTIVO DE IMPROCEDENCIA, NO SE REQUIERE ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL DIVERSO ACTO QUE LO REVOCA O SUSTITUYE PROCESALMENTE, SINO ÚNICAMENTE DETERMINAR SI LOS EFECTOS QUE PRODUCE ORIGINAN O NO LA CITADA CAUSAL. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso; empero, para determinar ese extremo, no es dable analizar si esa nueva actividad administrativa, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues a la postre sería irrelevante dilucidar esa cuestión ya que no es la que sustenta la improcedencia del juicio, que se apoya en el hecho de que no hay una materia específica en la que pudiera recaer la sentencia protectora y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, además de que no se trata de un acto de molestia que deba cumplir los requisitos de legalidad de fundamentación y motivación, pues no se dirige a afectar la esfera jurídica del quejoso, sino que es el medio a través del cual se le comunica que el diverso acto que impugnó ha dejado de surtir plenamente efectos legales; ello, sumado al hecho de que estimar que puede efectuarse ese estudio, implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado, incluso en forma oficiosa, lo que quebrantaría el principio de instancia de parte agraviada e implicaría que el fallo respectivo se tornara incongruente, al verificar cuestiones ajenas a la materia del juicio y, además, llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que técnicamente no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio." Debiendo destacar, como hace la responsable, que incluso luego de que en el juicio de origen de desechó la demanda y se dejó sin efectos la medida de alimentos génesis del acto aquí reclamado, la propia particular promovió una nueva instancia jurisdiccional, pues de acuerdo con las constancias remitidas por la responsable, el seis de marzo en curso promovió demanda en contra de **** sobre alimentos para sus menores hijos, en la cual volvió a solicitar la medida de alimentos provisionales e incluso expresamente refirió que con anterioridad había promovido lo propio en el expediente familiar *****, que finalmente "se desechó" y que es el procedimiento génesis de este juicio constitucional; así que tales actuaciones ponen de relieve el conocimiento de la quejosa sobre la conclusión del procedimiento familiar de origen y que incluso al haberse dejado sin efectos la medida de alimentos decretada en aquél, ya ha promovido una nueva demanda. Consecuentemente, al actualizarse de improcedencia en estudio, se impone decretar el sobreseimento en el presente juicio, fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que la causal invocada se configura de manera manifiesta e indudable y con ningún elemento de prueba podría desvirtuarse, resultando innecesario esperar la fecha de audiencia para decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Por lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas del once de abril de dos mil veintitrés. Por otra parte, si bien, en acuerdo de dos de marzo de dos mil veintitrés, se reservó proveer respecto de los terceros interesados, hasta en tanto se recibieran las constancias que remitiera la autoridad responsable, dada la resolución asumida por este juzgado federal en párrafos que preceden, resulta innecesario reconocer el carácter de terceros interesados, ya que la decisión antes adoptada no le generaría perjuicio alguno a persona diversa de la parte quejosa e incluso al decretarse el sobreseimiento del presente juicio de amparo, puede resultar acorde con el interés de quien, en su caso, pudiera haberle revestido el carácter de tercero interesado en el presente juicio de garantías. Sirve de apoyo, en lo conducente, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 45, de rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado." Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y vía electrónica al fiscal adscrito.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. INFORME JUSTIFICADO Se tiene por recibido el oficio suscrito por la jueza de Partido Especializado en Materia Familiar de Salamanca, Guanajuato, mediante el cual rinde su informe justificado, en ese sentido, se tiene por rendido el informe de mérito. TOMO Debido al volumen de las constancias exhibidas por la autoridad oficiante citada, fórmense tres tomos de pruebas por separado, señalados como tomo I, II y III. Ahora bien, de las aludidas documentales, las cuales gozan de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 188, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la autoridad responsable en auto de tres de marzo de dos mil veintitrés, dictado dentro del expediente ******, de su índice, desechó de plano la demanda, dando por concluido dicho procedimiento y dejando sin efectos la medida decretada de alimentos provisionales otorgada en beneficio de la parte actora -acreedora- y aquí quejosa; esto, al hacer efectivo el apercibimiento contenido en diverso acuerdo de dieciséis de febrero del año en curso. Lo cual es jurídicamente relevante en el presente juicio constitucional, pues de la demanda de amparo promovida por el impetrante, se aprecia con claridad que el acto que reclama en esta vía, consiste en: - La resolución de siete de febrero de dos mil veintitrés, dictada por la jueza de Partido Especializada en Materia Familiar de Salamanca, Guanajuato, en el expediente ******** de su índice, que resolvió el recurso de revocación interpuesto por la aquí quejosa, confirmando el auto de quince de diciembre que dos mil veintidós, en el cual se negó la ejecución de la medida de alimentos en la forma solicitada por la aquí quejosa. En esas condiciones, se pone de relieve que han cesado los efectos de dicho acto reclamado, y en esa medida se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: ". El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Para cristalizar tal aserto, en principio, debe tenerse en consideración que "cesar", en su sentido etimológico y gramatical, quiere decir suspender o acabarse una cosa, o bien, dejar de hacer lo que se está haciendo; y "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace esta. Entonces, de acuerdo con el texto del precepto invocado, se afirma que han cesado los efectos del acto reclamado, entre otros supuestos, cuando dicho acto y los efectos que haya producido, sean revocados, derogados o sustituidos por una diversa determinación. Es decir, cesan los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya o sustituya la que dio motivo al amparo. En ese orden, de la interpretación que se realiza de la fracción antes transcrita, se deriva la existencia de dos hipótesis de cesación de efectos: 1. Por revocación; y, 2. Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica o patrimonial. Mientras que el segundo se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto, por el cual fue sustituido. Sirve de apoyo a lo anterior, por su relevante contenido ilustrativo en relación al tema, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. Cuando en un amparo directo se reclama, además de la de segunda instancia, la sentencia pronunciada por el a quo, debe sobreseerse el juicio de garantías por lo que respecta a esta última, con apoyo en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, por operar la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XVI, de dicha ley, toda vez que cesaron los efectos de la referida sentencia, en razón de haber sido sustituida por la de segundo grado." Así como la tesis que reza: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." Dicho lo anterior, como se reseñó, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se desprende que en auto de tres de marzo de dos mil veintitrés, dictado dentro del expediente***** de su índice, se desechó de plano la demanda, dando por concluido dicho procedimiento y dejando sin efectos la medida decretada de alimentos provisionales otorgada en beneficio de la parte aquí quejosa; lo anterior, toda vez que hizo efectivo el apercibimiento contenido en diverso acuerdo de dieciséis de febrero del año en curso. En consecuencia, es evidente que el acto reclamado que en este considerando nos ocupa, ha sido procesalmente sustituido por la citada determinación de tres de marzo de la presente anualidad; de modo que objetivamente puede estimarse que han cesado los efectos jurídicos que podrían repercutir negativamente en las prerrogativas de la solicitante del amparo, pues la determinación que ahora subsiste, es la memorada de tres del actual, donde se desechó la demanda origen del procedimiento génesis del acto reclamado y se dejó sin efectos la medida decretada de alimentos provisionales otorgada en beneficio de la parte actora -acreedora-. Lo que es patente pues la resolución de siete de febrero de dos mil veintitrés reclamadas, resolvió el recurso de revocación interpuesto por la aquí quejosa, confirmando el diverso auto de quince de diciembre que dos mil veintidós, en el que sustancialmente se había negado la ejecución de la medida de alimentos en la forma solicitada, decisión que claramente ha sido sustituida por el diverso auto que desechó la demanda que diera origen al memorado procedimiento familiar y dejó sin efectos la medida. De ahí que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto que aquí se tilda de inconstitucional ni las violaciones procesales que la parte quejosa refiere ahí se cometieron en su perjuicio y que derivaron en la emisión del acto reclamado; sin afectar la nueva situación jurídica que rige en el procedimiento familiar y que es la que rige la cuestión alimentaria para la solicitante del amparo y su contraparte. Sirven de apoyo a lo anterior, en lo conducente, los criterios siguientes: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. PARA VERIFICAR SI SE ACTUALIZA ESE MOTIVO DE IMPROCEDENCIA, NO SE REQUIERE ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL DIVERSO ACTO QUE LO REVOCA O SUSTITUYE PROCESALMENTE, SINO ÚNICAMENTE DETERMINAR SI LOS EFECTOS QUE PRODUCE ORIGINAN O NO LA CITADA CAUSAL. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso; empero, para determinar ese extremo, no es dable analizar si esa nueva actividad administrativa, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues a la postre sería irrelevante dilucidar esa cuestión ya que no es la que sustenta la improcedencia del juicio, que se apoya en el hecho de que no hay una materia específica en la que pudiera recaer la sentencia protectora y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, además de que no se trata de un acto de molestia que deba cumplir los requisitos de legalidad de fundamentación y motivación, pues no se dirige a afectar la esfera jurídica del quejoso, sino que es el medio a través del cual se le comunica que el diverso acto que impugnó ha dejado de surtir plenamente efectos legales; ello, sumado al hecho de que estimar que puede efectuarse ese estudio, implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado, incluso en forma oficiosa, lo que quebrantaría el principio de instancia de parte agraviada e implicaría que el fallo respectivo se tornara incongruente, al verificar cuestiones ajenas a la materia del juicio y, además, llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que técnicamente no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio." Debiendo destacar, como hace la responsable, que incluso luego de que en el juicio de origen de desechó la demanda y se dejó sin efectos la medida de alimentos génesis del acto aquí reclamado, la propia particular promovió una nueva instancia jurisdiccional, pues de acuerdo con las constancias remitidas por la responsable, el seis de marzo en curso promovió demanda en contra de **** sobre alimentos para sus menores hijos, en la cual volvió a solicitar la medida de alimentos provisionales e incluso expresamente refirió que con anterioridad había promovido lo propio en el expediente familiar *****, que finalmente "se desechó" y que es el procedimiento génesis de este juicio constitucional; así que tales actuaciones ponen de relieve el conocimiento de la quejosa sobre la conclusión del procedimiento familiar de origen y que incluso al haberse dejado sin efectos la medida de alimentos decretada en aquél, ya ha promovido una nueva demanda. Consecuentemente, al actualizarse de improcedencia en estudio, se impone decretar el sobreseimento en el presente juicio, fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que la causal invocada se configura de manera manifiesta e indudable y con ningún elemento de prueba podría desvirtuarse, resultando innecesario esperar la fecha de audiencia para decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Por lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas del once de abril de dos mil veintitrés. Por otra parte, si bien, en acuerdo de dos de marzo de dos mil veintitrés, se reservó proveer respecto de los terceros interesados, hasta en tanto se recibieran las constancias que remitiera la autoridad responsable, dada la resolución asumida por este juzgado federal en párrafos que preceden, resulta innecesario reconocer el carácter de terceros interesados, ya que la decisión antes adoptada no le generaría perjuicio alguno a persona diversa de la parte quejosa e incluso al decretarse el sobreseimiento del presente juicio de amparo, puede resultar acorde con el interés de quien, en su caso, pudiera haberle revestido el carácter de tercero interesado en el presente juicio de garantías. Sirve de apoyo, en lo conducente, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 45, de rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado." Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y vía electrónica al fiscal adscrito.
- Incidental
Irapuato, Guanajuato, diez de marzo de dos mil veintitrés. INFORME PREVIO Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por la jueza de Partido Especializada en Materia Familiar de Salamanca, Guanajuato, mediante el cual rinde informe previo; en tales condiciones, téngase por rendido el informe de ley. Por otra parte, ténganse a la citada autoridad remitiendo como pruebas en apoyo a su informe de ley, las documentales anexa a su oficio de cuenta, mismas que se ordena glosar a los presentes autos. VISTA Dese vista a las partes para que se impongan del contenido del informe y constancias, sin perjuicio de su relación en la audiencia respectiva. Notifíquese.
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