Edith Villeda Orozco

Expediente 128/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
128/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
29/03/2021

Partes del expediente

  • Edith Villeda Orozco

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto dictado el doce de febrero del año en curso, en el cual se desechó la demanda de amparo origen de este expediente; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del citado Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que no consta en el expediente físico y electrónico relativo a este asunto, la notificación por lista a la parte quejosa del proveído de doce de febrero del año en curso, en el cual se desechó la demanda que dio origen a este expediente -conforme fue ordenado en diverso auto de veintidós del referido mes-. Por tanto, se instruye al Actuario encargado de las notificaciones relativas a este asunto, para que efectúe la misma o levante la razón actuarial respectiva y de inmediato dé cuenta a la Secretaria encargada del trámite, con el resultado correspondiente. CÚMPLASE.

  3. Principal

    MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Vista la razón actuarial que antecede, se advierte la imposibilidad que tuvo el Actuario adscrito para notificar a la promovente EDITH VILLEDA OROZCO el proveído de doce de febrero en curso, toda vez que se señaló como domicilio para ello el ubicado en avenida La Paz, número veinticinco, interior "B", sin especificar a qué colonia o agencia municipal corresponde. En tal virtud, atento a que la parte promovente no especificó con precisión el domicilio para recibir notificaciones y acuerdos, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar a EDITH VILLEDA OROZCO por lista de acuerdos el proveído de doce del mes actual, así como las subsecuentes determinaciones, aún las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio en la Ciudad de Oaxaca de Juárez o zonas conurbadas. CÚMPLASE. INSERCIÓN: "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de febrero de dos mil veintiuno. Con la demanda de amparo de cuenta promovida por EDITH VILLEDA OROZCO, contra actos de la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca; de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 128/2021. Se instruye a la secretaria a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Ahora, de la demanda de amparo, se advierte que la promovente señala en esencia el siguiente acto reclamado: ".La falta de contestación al escrito de fecha veinticinco de enero de dos mil veintiuno, presentado ante dicha secretaría en la oficialía de partes en esa misma fecha, a través del cual solicito me informe el número de concesión de taxi que tengo registrado ante dicha institución, y la falta de notificación de dicha solitud" (sic) En tales condiciones, con fundamento en los artículos 61 y 62 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En efecto, atendiendo a los antecedentes expuestos, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5o y 6o de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. " "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico..." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. " De los anteriores preceptos se desprende que el juicio de amparo sólo puede promoverlo quien sufre una afectación real y actual en su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por lo que, en sentido contrario, carece de legitimación quien promueva el juicio de amparo contra actos que no le produzcan una afectación de esa naturaleza. Luego, como en el caso, se advierte que el quejoso reclama violaciones al artículo 8° Constitucional, de la responsable, con motivo de la falta de contestación a su escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, por el que solicitó se le informe el número de concesión de taxi que tiene registrado en esa institución y la falta de notificación a esa petición. Sobre este aspecto, debe hacerse notar que según aduce el quejoso la promoción se presentó el veinticinco de enero de dos mil veintiuno y a la fecha de la presentación de la demanda (once de febrero de dos mil veintiuno), sólo han mediado nueve días hábiles, esto es el veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve de enero, dos, tres, cuatro, nueve y diez de febrero, todos del año en curso, lo anterior, tomando en consideración que fueron inhábiles los días treinta, treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, seis y siete del mes actual, por corresponder a sábado y domingo, así como el uno de este mes, en términos del artículo 74, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo y el cinco siguiente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo; por lo que se estima que se encuentra transcurriendo el tiempo para que la responsable emita su respuesta, conforme al artículo 13 de la Constitución Local, que dispone: "Artículo 13. Ninguna ley ni autoridad podrá limitar el derecho de petición, con tal que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa. En asuntos políticos, sólo podrán ejercerlo los ciudadanos de la República. La autoridad a quién se dirija la petición tiene la obligación de contestarla por escrito en el término de diez días, cuando la ley no fije otro, y hacer llegar desde luego su respuesta al peticionario." Como se puede advertir, dicho precepto establece que la autoridad a quien se dirija una petición tiene diez días para contestarla; por tanto, la omisión reclamada por la parte quejosa no le causa agravio real o actual en su esfera jurídica. Así al resultar que la demanda de amparo presentada por EDITH VILLEDA OROZCO es improcedente, en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado este último a contrario sensu; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano por notoriamente improcedente. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Téngase como domicilio de la promovente el que menciona, asimismo, en atención a la certificación realizada por la Secretaria de este Juzgado, téngase por autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a las personas que menciona, toda vez que, respecto de Susana Raquel Jiménez Ortiz no se encuentra inscrita cédula a su nombre en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado mediante Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil cinco. Se exhorta a la parte promovente a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. Asimismo, se hace de su conocimiento que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de febrero de dos mil veintiuno. Con la demanda de amparo de cuenta promovida por EDITH VILLEDA OROZCO, contra actos de la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca; de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 128/2021. Se instruye a la secretaria a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Ahora, de la demanda de amparo, se advierte que la promovente señala en esencia el siguiente acto reclamado: ".La falta de contestación al escrito de fecha veinticinco de enero de dos mil veintiuno, presentado ante dicha secretaría en la oficialía de partes en esa misma fecha, a través del cual solicito me informe el número de concesión de taxi que tengo registrado ante dicha institución, y la falta de notificación de dicha solitud" (sic) En tales condiciones, con fundamento en los artículos 61 y 62 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En efecto, atendiendo a los antecedentes expuestos, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5o y 6o de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. " "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico..." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. " De los anteriores preceptos se desprende que el juicio de amparo sólo puede promoverlo quien sufre una afectación real y actual en su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por lo que, en sentido contrario, carece de legitimación quien promueva el juicio de amparo contra actos que no le produzcan una afectación de esa naturaleza. Luego, como en el caso, se advierte que el quejoso reclama violaciones al artículo 8° Constitucional, de la responsable, con motivo de la falta de contestación a su escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, por el que solicitó se le informe el número de concesión de taxi que tiene registrado en esa institución y la falta de notificación a esa petición. Sobre este aspecto, debe hacerse notar que según aduce el quejoso la promoción se presentó el veinticinco de enero de dos mil veintiuno y a la fecha de la presentación de la demanda (once de febrero de dos mil veintiuno), sólo han mediado nueve días hábiles, esto es el veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve de enero, dos, tres, cuatro, nueve y diez de febrero, todos del año en curso, lo anterior, tomando en consideración que fueron inhábiles los días treinta, treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, seis y siete del mes actual, por corresponder a sábado y domingo, así como el uno de este mes, en términos del artículo 74, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo y el cinco siguiente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo; por lo que se estima que se encuentra transcurriendo el tiempo para que la responsable emita su respuesta, conforme al artículo 13 de la Constitución Local, que dispone: "Artículo 13. Ninguna ley ni autoridad podrá limitar el derecho de petición, con tal que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa. En asuntos políticos, sólo podrán ejercerlo los ciudadanos de la República. La autoridad a quién se dirija la petición tiene la obligación de contestarla por escrito en el término de diez días, cuando la ley no fije otro, y hacer llegar desde luego su respuesta al peticionario." Como se puede advertir, dicho precepto establece que la autoridad a quien se dirija una petición tiene diez días para contestarla; por tanto, la omisión reclamada por la parte quejosa no le causa agravio real o actual en su esfera jurídica. Así al resultar que la demanda de amparo presentada por EDITH VILLEDA OROZCO es improcedente, en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado este último a contrario sensu; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano por notoriamente improcedente. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Téngase como domicilio de la promovente el que menciona, asimismo, en atención a la certificación realizada por la Secretaria de este Juzgado, téngase por autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a las personas que menciona, toda vez que, respecto de Susana Raquel Jiménez Ortiz no se encuentra inscrita cédula a su nombre en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado mediante Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil cinco. Se exhorta a la parte promovente a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. Asimismo, se hace de su conocimiento que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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