Edith Sobeyda Chinchilla Cardona
Expediente 1141/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 13 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1141/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 11/02/2022
Partes del expediente
- Edith Sobeyda Chinchilla Cardona
- Titular del Instituto Nacional de Migración. Ciudad de México.
- Josué Domingo Monroy Guzmán y Otros.
- Escarleth Cecilia Monroy Chinchilla
- Josué Domingo Monroy Guzmán
- Edith Sobeyda Chinchilla Cardona y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, once de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de este expediente y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes en este juicio interpusieran recurso de revisión previsto por el numeral 81, fracción I, inciso e), de la citada ley reglamentaria, en contra de la sentencia de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio promovido por Domingo Monroy Guzmán y Edith Sobeyda Chichilla Cardona, por su propio derecho y en representación de su hija menor de edad de iniciales E.C.M.C.; con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Vistos, para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo número 1141/2021-II, promovido por Josué Domingo Monroy Guzmán y Edith Sobeyda Chinchilla Cardona, por su propio derecho y en representación de su hija menor de edad de iniciales E.C.M.C, contra actos de la Secretaria de Gobernación, con sede en Ciudad de México, y de otras autoridades, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Matamoros, Tamaulipas, y turnado el mismo día a este Tribunal Federal, Josué Domingo Monroy Guzmán y Edith Sobeyda Chinchilla Cardona, por su propio derecho y en representación de su hija menor de edad de iniciales E.C.M.C, promovieron juicio de amparo indirecto en el que como autoridades responsables y acto reclamado, señalaron lo siguiente: Autoridades responsables: 1. Secretaría de Gobernación. 2. Comisionado del Instituto Nacional de Migración. Ambos con sede en Ciudad de México. 3. Representante Local del Instituto Nacional de Migración. 4. Encargado de la Estancia Migratoria del Instituto Nacional de Migración. 5. Coordinador del Centro de Atención al Menor Fronterizo del Sistema DIF Matamoros. 6. Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Matamoros. Todas con sede en esta ciudad. Acto reclamado: "Este lo hago consistir en la arbitraria e ilegal retención, de la cual hemos sido objeto mi esposa y mi menor hija fuera de todo procedimiento judicial, trastocando con ello, los derechos fundamentales y esenciales consagrados en nuestra carta magna, así mismo trastocan y contravienen lo dispuesto en tratados internacionales y de los cuales nuestro país forma parte, como lo es la declaración universal de los derechos humanos, especialmente en sus artículos 02, 03, 05, 07, pero sobre todo del numeral 14 del tratado internacional en cita, el cual me permito transcribir "1- en caso de persecución toda persona tiene derecho a buscar asilo y disfrutar de él en cualquier país". (sic) SEGUNDO. Por acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito registró la demanda en el libro de gobierno bajo el juicio de amparo número 1141/2021-II; la admitió a trámite; dio la intervención que legalmente le corresponde al Fiscal de la Federación adscrito; solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, y fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, una vez integrado el expediente, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros, es competente para conocer del presente juicio de garantías pues los quejosos señalan como acto reclamado la retención ilegal de sus personas en la estación provisional migratoria ubicada en esta ciudad, lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción territorial; ello en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Es de establecerse que conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el juez puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención del peticionario de garantías, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Apoya lo antes expuesto, la jurisprudencia número 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, relativo al mes de abril del dos mil, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, se tiene que el acto que los agraviados Josué Domingo Monroy Guzmán y Edith Sobeyda Chinchilla Cardona, por su propio derecho y en representación de su hija menor de edad de iniciales E.C.M.C, reclaman consiste en la ilegal retención de sus personas en la Estación Migratoria de esta localidad y en Centro de Atención a Menores Fronterizos del Sistema DIF Matamoros. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables denominadas Secretaría de Gobernación; Comisionado del Instituto Nacional de Migración, ambos con sede en Ciudad de México; Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Matamoros, con sede en esta ciudad; al rendir sus informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados por la parte quejosa. Por su parte, el Coordinador del Centro de Atención al Menor Fronterizo del Sistema DIF Matamoros, con residencia en esta localidad, también negó el acto reclamado por los impetrantes, e hizo la precisión que en ese centro únicamente se brinda asistencia social, consistente en proporcionar alimentación, vestido, asistencia médica y psicológica, así como comunicación con sus familiares vía telefónica o por videollamadas. Los agraviados Josué Domingo Monroy Guzmán y Edith Sobeyda Chinchilla Cardona, por su propio derecho y en representación de su hija menor de edad de iniciales E.C.M.C, no desvirtuaron esas negativas con pruebas en contrario; consecuentemente, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de garantías por lo que hace a las autoridades responsables mencionadas en párrafos precedentes. Al respecto tiene aplicación por identidad de razón, la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se le atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza del actos reclamado. Es cierto el acto reclamado consistente en la privación de la libertad traducida en la retención de los impetrantes en la Estación Migratoria en esta localidad, pues aun cuando el Subrepresentante Local Los Indios, por sí y como Encargado de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad de Matamoros, Tamaulipas, negó su existencia al momento de rendir su informe justificado, lo cierto es que los quejosos Josué Domingo Monroy Guzmán y Edith Sobeyda Chinchilla Cardona, así como su hija menor de edad de iniciales E.C.M.C, al momento de presentarse la demanda se encontraban privados de su libertad por instrucciones de dicha responsable; esto es, dicha negativa se encuentra desvirtuada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con número de registro 211004, consultable en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, correspondiente al mes de julio de mil novecientos noventa y cuatro, página 391, Materia(s): Común, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." QUINTO. Causas de improcedencia. Lo conducente enseguida, es analizar si en el presente caso existe alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público en el juicio de amparo, de acuerdo al artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es oportuno establecer que en el caso no será estudiada la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado y los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, dado que se actualiza una causa de improcedencia; amén de que, de conformidad con la técnica expositiva de las sentencias de amparo, resulta obligatorio para los tribunales de amparo ocuparse de las causas de improcedencia en atención al carácter de orden público que les asiste, ello, aun ante la existencia del acto que le es atribuido a una autoridad responsable En la especie, respecto al acto de reproche consistente en la privación ilegal de la libertad traducida en la retención de los impetrantes en la Estación Migratoria en esta localidad, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Asimismo, por encontrarse íntimamente vinculado con la causa de improcedencia de que se trata, también es importante transcribir el artículo 77 de la Ley de Amparo: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." La interpretación literal y sistemática de dichos preceptos conduce a determinar que, para que la causa de improcedencia en el juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que se derogue o revoque lo que se reprocha, sino que es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo que antecede, encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo IX, del mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, página 38, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo sumario, a la letra, dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Precisado lo anterior, en el caso, Josué Domingo Monroy Guzmán, Edith Sobeyda Chinchilla Cardona, y su hija menor de edad de iniciales E.C.M.C,, en cumplimiento a la suspensión de plano otorgada fueron puestos en libertad el día veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, tal y como lo comunicó el Subrepresentante Local Los Indios, por sí y como Encargado de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, con su informe justificado; por lo que es evidente que la privación de la libertad que les aquejaba, cesó en sus efectos desde aquella fecha. En el caso, los quejosos, en cumplimiento a la suspensión de plano otorgada, fueron puestos en libertad, circunstancia que por sí no genera la improcedencia del juicio, en la medida de que su finalidad es precisamente conservar la materia del amparo, pero, atento a que el Subrepresentante Local Los Indios, Encargado de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta localidad, con su oficio INM/ORTAM/ORLMAT/DAJ/203/2021, informó a este Tribunal Federal que los impetrantes incumplieron con las obligaciones impuestas para seguir con su procedimiento administrativo de migración en libertad, esto es, no comparecieron ante la autoridad migratoria a firmar semanalmente y abandonaron el domicilio que anteriormente habían proporcionado a ésta, sin que exista constancia de que la nombrada responsable haya tenido contacto nuevamente con ellos, pues se encuentran evadidos de su jurisdicción. Entonces, si los agraviados fueron puestos en libertad, y posteriormente dejaron de cumplir sin causa justificada con las obligaciones impuestas por la autoridad migratoria, y además, no se tiene noticia de que se encuentren internos en la estación migratoria, es evidente que la privación de la libertad que les aquejaba, cesó en sus efectos; ello sin soslayar que el acto reclamado, aun cuando existiera formalmente, no se podría ejecutar materialmente. En consecuencia, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo por lo que hace al acto reclamado consistente en la privación ilegal de la libertad traducida en la retención de los impetrantes. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 61, fracción XXI, 62, 63, fracciones IV y V, 74, 75, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Josué Domingo Monroy Guzmán y Edith Sobeyda Chinchilla Cardona, por su propio derecho y en representación de su hija menor de edad de iniciales E.C.M.C., en contra de las autoridades señaladas en el resultando primero, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de este fallo. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra programada para esta fecha; pero, en atención a que no han transcurrido los ocho días hábiles y continuos para que la partes estén en aptitud de imponerse del informe justificado acordado en proveído de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, y así, ofrecer los medios de convicción que crea convenientes, tal y como lo dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo; consecuentemente, para no ir en contra del principio de celeridad procesal y de la finalidad de preservar el equilibrio entre las partes, se estima que no se está en condiciones de celebrarla. Por tanto, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la misma, fijándose para su desahogo las diez horas con dieciocho minutos del veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Gilberto Anaya Camargo, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. Téngase por rendido el informe correspondiente a la suspensión de plano otorgada y el diverso justificado, ambos rendidos por la Subdirectora de Juicios de Amparo, en suplencia por ausencia del Subcomisionado Jurídico y Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos, en representación del Comisionado del Instituto Nacional de Migración, con sede en Ciudad de México; en tal razón, con fundamento en los artículos 117 y 126 de la Ley de Amparo, pónganse a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de dar cuenta con los mismos en la audiencia constitucional respectiva. Asimismo, se tiene a la nombrada responsable, designando como delegados en términos del artículo 9 de la legislación de la materia, a las personas que refiere. Igualmente, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona en su comunicado de mérito y la cuenta de correo electrónico juiciosdeamparoscj@inami.gob.mx; por tanto, se comisiona a la Fedataria Judicial de la adscripción para que los siguientes comunicados dirigidos a dicha autoridad sean dirigidos por ese medio digital a fin de dar mayor celeridad en la integración de este asunto. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que actúa y da fe.
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