Edith Santillan Arias

Expediente 1165/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1165/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
10/10/2022

Partes del expediente

  • Sandra Galvez Monroy
  • Edith Santillan Arias

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, a diez de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta; atento a su contenido, téngase al Secretario del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, informando que han pasado el termino establecido para interponer recurso contra el acuerdo de treinta y uno de agosto del año en curso, donde se desechó el recurso de revisión interpuesto, sin que haya sido impugnado dicho auto por lo que ha causado estado, por lo que se tiene por consentida dicha resolución, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Confírmese la recepción del oficio 6419 de doce de septiembre del año en curso, haciendo del conocimiento que dentro del presente juicio de amparo no se aperturaron incidentes de suspensión en razón de haberse decretado suspensión de plano, que y háganse las anotaciones en el libro respectivo. Ahora, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. De conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto, no es de relevancia documental. Además, en términos del artículo 21, inciso a) del citado Acuerdo General, se establece que este expediente, carece de relevancia documental y por tanto es susceptible de destrucción. REINCORPORACIÓN DEL TITULAR Visto el estado que guardan los autos y en específico del contenido del oficio SEADS/476/2022 signado electrónicamente por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal informa que en sesión ordinaria de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la reincorporación de Fredy Francisco Aguilar Pérez como Titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, con efectos a partir de uno de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese

  2. Principal

    Agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales consiguientes el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tercero Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, mediante el cual acusa de recibo del recurso de revisión interpuesto en el juicio de amparo 1165/2022-4 promovido por ***, en contra del proveído de doce de agosto del año en curso, haciendo del conocimiento que desechó por improcedente el citado recurso de revisión interpuesto, mismo que quedó registrado bajo el número 245/2022; circunstancia de la cual queda enterado este juzgador federal. Notifíquese.

  3. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, a doce de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta atento a su contenido, téngase a **** en su carácter de defensora de *************, por medio del cual interpone recurso de revisión en contra del proveído de veinticinco de julio del año en curso, dictado en los autos del juicio de amparo en que se actúa. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento al Tribunal Colegiado en Turno del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad, que es cierto el acto reclamado y remítase el escrito de agravios y copia del mismo, así como el juicio de amparo en que se actúa. En aras de una pronta impartición de justicia, remítase de inmediato a la superioridad para los fines legales conducente. NotifíqueseAsí lo proveyó y firma la Maestra Minerva Herlinda Mendoza Cruz, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, ante la licenciada ALEJANDRA TATIANA CARMONA TREJO, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ******** en su carácter de defensora de ********, ********** y ***********, contra actos que reclama del Juez de Control del Primer Circuito Judicial de Pachuca, de Hidalgo y otras. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 1165/2022-4, del índice de este Juzgado Federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, procede efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Esencialmente la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Cabe apuntar, que por virtud del juicio de amparo, se obtiene que las autoridades respeten los derechos de los gobernados; de ahí la imprescindible necesidad de que haya un medio jurídico para hacer respetar la supremacía constitucional. En ese sentido, del estudio integral de la demanda de amparo, este juzgado advierte que los promoventes reclaman del Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio y Oral perteneciente al Primer Circuito Judicial, con residencia en Pachuca, Hidalgo lo siguiente: La determinación de treinta de junio de dos mil veintidós, que negó la prórroga para la ampliación del plazo de investigación complementaria, dentro de la causa penal 1058/25021, seguida en su contra. En el caso que nos ocupa, este juzgado de distrito advierte que en relación al acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V (en sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". El artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo prevé que es posible sostener la improcedencia del juicio de amparo cuando resulte de alguna disposición de la Constitución o de la mencionada ley; caso en el que deberán expresarse los fundamentos y motivos conforme a los cuales se sostiene dicha improcedencia. Por su parte, la fracción V del artículo 107 de la ley de la materia indica que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; entendiéndose como tales, aquellos que sus consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Esto es, sin haber originado afectación alguna a esos derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada al resolverse en definitiva el procedimiento de donde emana, o bien mediante el juicio de amparo directo. En sustento a lo anterior se cita la jurisprudencia J.43 29/89 sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo que sigue: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." En ese contexto, no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que, anteriormente, por virtud de criterios jurisprudenciales, se establecía la procedencia excepcional del amparo indirecto contra algunas violaciones procesales que afectaran a la parte quejosa en grado predominante o superior, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva que no lesionara derechos sustantivos. Sin embargo, la actual Ley de Amparo, en su artículo 107, fracción V, precisa cuáles son los actos de imposible reparación, al establecer que por los mismos son aquellos "...que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". En tales condiciones, puede afirmarse que con esta aclaración, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos. Es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, a saber: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo, y; La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos"; expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los cuales la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable los criterios de interpretación, en los cuales eran admitidos actos vía amparo indirecto, aun cuando afectaran a las partes "en grado predominante o superior". Sobre esa base, cabe precisar que conforme al principio de continuidad previsto en el primer párrafo del artículo 20 constitucional, el procedimiento penal acusatorio se encuentra dividido en diversas etapas, cada una de las cuales con una función específica, las cuales se van sucediendo irreversiblemente unas a otras, lo que significa que sólo superándose una se puede comenzar con la siguiente, sin que exista posibilidad de renovarlas o reabrirlas. La primera etapa es la de investigación (regulada en los artículos 212 a 306 del Código Nacional de Procedimientos Penales), la cual se compone de dos fases: investigación inicial e investigación complementaria. La inicial se centra de manera primordial en la indagación que el Ministerio Público realiza con el auxilio de la policía y de los peritos, para efecto de determinar un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el investigado lo cometió o participó en su comisión, basándose en los diversos actos de investigación con los que cuenta la autoridad ministerial, previstos por la propia normativa. La complementaria (prevista por los artículos 307 a 333 del ordenamiento adjetivo de aplicación nacional), comprende desde el comienzo de la audiencia inicial y hasta que sea cerrado el plazo de investigación. Al respecto, el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que previo a finalizar la audiencia inicial, el juez de control debe establecer el plazo para el cierre de la investigación complementaria, con base en las propuestas de las partes, el cual no podrá ser mayor a dos meses tratándose de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, ni de seis meses si la pena máxima excede de ese tiempo. Transcurrido dicho plazo, o en su caso, antes de su vencimiento, el Ministerio Público debe concluir la investigación complementaria, salvo que el imputado, la víctima y ofendido o el propio representante social soliciten de manera justificada prórroga del mismo antes de la terminación del plazo, pero siempre bajo estricta observancia de los límites máximos mencionados en el párrafo anterior. En ese tenor, en la fase de investigación complementaria, las partes pueden recabar medios de prueba únicamente con el fin de investigar; el Ministerio Público debe reunir las pruebas que estime necesarias para perfeccionar su teoría del caso; mientras que en la misma, el imputado y la víctima u ofendido pueden ofrecer sus propios medios de convicción que abonen para reforzar sus respectivas posturas. La posibilidad del imputado para recabar por sí mismo medios de prueba, por regla general, resulta una prerrogativa que no está sujeta a control judicial; es decir, que puede allegarse de tales medios en esa misma línea de investigación, salvo cuando surja controversia o requiera de tal control para recabarlos. Sin embargo, dichas partes procesales deberán sujetarse al plazo que al efecto haya determinado el juez de control (basado en sus diversas peticiones). Como excepción, en caso de que exista algún motivo justificado por el cual alguna de las partes (Ministerio Público, imputado, víctima u ofendido) requiera la ampliación de ese plazo, podrá prorrogarse siempre y cuando el tiempo por el que se haga, esté dentro del previsto por el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la duración de la investigación complementaria. Temporalidades que, desde luego, guardan correspondencia con los establecidos por la fracción VII del apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el imputado sea juzgado; esto es, cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo. Conforme a lo anterior, resulta claro que el establecimiento de esa excepcionalidad atiende a la lógica de evitar que el periodo de investigación complementaria se alargue indefinidamente mediante el uso indebido y no justificado del derecho de prorroga en mención, en aras de lograr una impartición de justicia pronta y expedita de conformidad con lo previsto por el artículo 17 de la Carta Magna. Ahora bien, de conformidad con el inciso b) de la fracción I del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la fase de investigación complementaria se agota una vez que se haya cerrado la investigación; mientras que la etapa intermedia o de preparación a juicio, inicia con la formulación de la acusación (tal cual lo señala la fracción II del mencionado precepto legal). Conforme al numeral 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba que las partes estimen conducentes, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral. Específicamente, el imputado deberá efectuar dicha actividad probatoria dentro de los diez días siguientes a que fenezca el plazo para la solicitud de coadyuvancia de la víctima u ofendido, mediante escrito dirigido al juez de control (fracción II del artículo 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales). Lo anteriormente expuesto, hace patente que la fase de investigación complementaria, no es el momento procesal oportuno para el ofrecimiento y admisión de pruebas, ya que en ese estadio procesal aún resulta incierto si el Ministerio Público formulará la acusación que dé pauta a la continuación de las posteriores etapas del procedimiento. En ese contexto, resulta notorio que la resolución de treinta de junio de dos mil veintidós, dictada por el Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio y Oral perteneciente al Primer Circuito Judicial con residencia en Pachuca, Hidalgo, en la causa penal 1058/2021, a través de la cual, negó la prórroga de investigación complementaria que los aquí quejosos solicitaron en su carácter de imputados, no se traduce en un acto cuyos efectos sean de imposible reparación, ya que no afecta materialmente la prerrogativa constitucional de defensa, pues conforme a lo que se expuso párrafos arriba, en la fase de investigación complementaria no tiene relevancia jurídica probar hecho alguno, o en su caso, someter a debate los medios de prueba que se aporten para su ponderación y/o desestimación, ya que dicha actividad probatoria es propia de diversa etapa procedimental. En consecuencia, por sí misma, la negativa de prorrogar la fase de investigación complementaria no impedirá a la parte quejosa (en caso que el Ministerio Público presente acusación en su contra), que en su calidad de acusado, ofrezca medios de prueba a efecto de enfrentar el juicio correspondiente. Además, la posibilidad de ofrecer los medios de prueba que, en su caso, la defensa estime conducentes, no precluye con el cierre de la citada investigación complementaria, pues como se ya se explicó, el momento oportuno para el descubrimiento probatorio y el ofrecimiento de medios de prueba que pretenda se desahoguen en el juicio, será conforme lo disponen los artículos 337 y 340 del ya mencionado código nacional. Máxime que, si los (eventualmente) acusados, aquí quejosos o su defensor, requieren de más tiempo para preparar su descubrimiento probatorio, de conformidad con el último párrafo del artículo 337 del Código Nacional de Procedimientos Penales, podrán solicitar al juez de control, antes de celebrarse la audiencia intermedia o en la misma, que les conceda un plazo razonable y justificado para tales efectos. De ahí que las posibles violaciones derivadas de la determinación reclamada sean subsanables, en principio, si la etapa de investigación resulta favorable a los intereses de los imputados, puesto que, inclusive, acorde con lo previsto en los numerales 324 y 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puede concluir el sobreseimiento total de la carpeta judicial de origen. En cambio, en el supuesto de que le fuera adversa tal determinación a la solicitante del amparo al darse inicio a la etapa intermedia: a) se determinará lo conducente respecto del ofrecimiento y admisión de medios de prueba; b) podrá ofrecer las pruebas que en su caso estime conducentes, y; c) eventualmente, como ya se dijo, podrá actuar conforme se lo permite el contenido del artículo 337 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Al margen de ello, de darse inicio a la etapa de juicio oral y, de ser el caso, que se hayan admitido las probanzas ofrecidas por la quejosa, el tribunal de enjuiciamiento no podrá de oficio negarse a desahogarlas, ya que la determinación del juez de control le resulta completamente vinculante. En consecuencia, en virtud que la resolución aquí impugnada no genera una afectación irreparable en perjuicio de los quejosos que amerite su análisis constitucional inmediato, ya que, únicamente, se constriñe a una determinación de índole adjetiva o procesal y aún no repercute negativamente en su esfera jurídica. Apoyan lo expuesto en la presente resolución las siguientes tesis: "INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA. CONTRA LA NEGATIVA DEL JUEZ DE CONTROL DE ACCEDER A LA SOLICITUD DE LA DEFENSA DEL IMPUTADO DE SEÑALAR FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA A FIN DE DEBATIR SOBRE EL DESAHOGO DE DIVERSAS PRUEBAS EN ESTA ETAPA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL SER UN ACTO QUE, POR SÍ MISMO, NO AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS. El acuerdo pronunciado por el Juez de control, en la etapa de investigación complementaria, que forma parte del procedimiento penal acusatorio y oral, mediante el cual determinó que no era posible acceder a la solicitud realizada por la defensa del imputado de señalar fecha y hora para audiencia a fin de debatir sobre el desahogo de diversas pruebas, no afecta de manera directa e inmediata derechos fundamentales del quejoso, reclamables en el juicio de amparo indirecto, pues no genera, por sí mismo, una afectación material a derechos sustantivos, ya que sólo produce una lesión jurídica de naturaleza formal que puede o no trascender al sentido de la resolución definitiva que en su momento llegue a pronunciarse; además, existe la posibilidad de que en la etapa intermedia o de preparación del juicio, solicite los medios de prueba que estime pertinentes para acreditar su teoría del caso, por ser dicha etapa la que tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, de conformidad con el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales." "RESOLUCIÓN QUE DESECHA POR IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN INTERPUESTO CONTRA EL ACUERDO QUE DECLARA EL CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA. AL TRATARSE DE UN ACTO INTRAPROCESAL QUE NO VIOLA DERECHOS SUSTANTIVOS, EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. Si bien la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo establece que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, lo cierto es que esa hipótesis no se surte cuando se señala como acto reclamado la resolución que desechó por improcedente el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, interpuesto contra el acuerdo que declaró el cierre de la investigación complementaria, ante la falta de desahogo de pruebas ofrecidas por la defensa del imputado, porque dicho acto no causa de inmediato una situación de imposible reparación y su trascendencia sería posterior, por lo que se trata de una infracción meramente adjetiva o intraprocesal, que no afecta ningún derecho sustantivo del quejoso, en virtud de que en el caso de que ese proceder fuese ilegal o transcendiera al resultado del fallo, podría reclamarla en amparo directo." Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V (en sentido contrario), procede DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por Adriana Rico Contreras en su carácter de defensora de Edith Santillán Arias, Sandra Gálvez Monroy y Luis Enrique Casañas Islas. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y en términos restringidos del artículo 12 de la misma Ley a Adriana Rico Contreras y Wendy Fernanda Bravo Rosales, en virtud de que no se encontró registro de sus células profesionales en el Módulo de Consulta del Consejo de la Judicatura, tal como se aprecia de la certificación de cuenta. De igual manera, téngasele proporcionando una cuenta de correo electrónico y número telefónico que se tiene como forma especial y expeditas de contacto, a través de las cuales se podrán entablar comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto en la fracción II del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 1°, fracción I, último párrafo, del referido Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. SE HABILITAN DIAS Y HORAS Igualmente y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de derechos deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes.

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