Edith Santiago Domínguez

Expediente 621/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
621/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
10/11/2020

Partes del expediente

  • Edith Santiago Domínguez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA "... Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte, que mediante proveído de veintiocho de octubre de dos mil viente, se desechó la demanda de amparo promovida por xxx, el cual se le notificó el veintinueve de octubre del año en curso; como esa determinación no fue recurrida .... se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que este expediente, será conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción correspondiente..."

  2. Principal

    ...Vista la demanda de amparo promovida por Edith Santiago Domínguez, contra actos del Jueza Segundo Civil del Distrito judicial de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca y otra autoridad. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 621/2020. De la lectura de la demanda amparo, se advierte que la quejosa reclama esencialmente de del Juzgado Segundo Civil del Distrito judicial de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca y otra autoridad: El auto de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, por medio del cual se desechó el incidente de nulidad de emplazamiento derivado del juicio ejecutivo mercantil 141/2019, del índice del Juzgado Segundo Civil del Distrito judicial de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. En base a lo anterior, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el normativo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, así como 170, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)". "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. (.)". La interpretación de los preceptos transcritos revela que la improcedencia del juicio de amparo también resulta de alguna disposición tanto Constitucional, como de la propia ley, diversa de las veintidós fracciones del artículo 61 transcrito; que el juicio de amparo biinstancial procede contra actos de imposible reparación, los cuales deben entenderse como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En este punto cabe resaltar que la Ley de Amparo en vigor, en su artículo 107 fracción V, es taxativa al señalar qué debe entenderse por actos de imposible reparación. Lo anterior es trascendente en la medida que bajo la vigencia de la Ley de Amparo anterior (publicada el diez de enero de mil novecientos treinta y seis en el Diario Oficial de la Federación), los actos de imposible reparación comprendían además de afectación a derechos sustantivos, también los actos procesales o formales cuando sus consecuencias afectaran a las partes en grado predominante o superior; así acontecía con el presupuesto de la personalidad, al cobijo de la jurisprudencia P./J. 4/2001, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO". Sin embargo, ya que la Ley de Amparo vigente limita la procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de los actos cuyos efectos sean de imposible reparación, precisando qué debe entenderse por éstos; entonces los actos procesales con las características referidas quedan excluidos de dicha categoría y, por ende, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclame un acto de naturaleza procesal o formal, ya que éste no tiene la característica de ser de "imposible reparación". En efecto, la redacción de la actual Ley de Amparo ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, proporcionando mayor seguridad jurídica para la promoción del juicio biinstancial contra esta clase de actos, pues a través de una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Dicho en otras palabras, hoy día para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, se requiere, primero, que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", esto es, que el acto autoritario impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; segundo, que esos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión totalmente opuesta a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, donde la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese contexto, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", en los juicios de amparo iniciados conforme a la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de aquel criterio, por su incompatibilidad con el nuevo texto legal. Sirve de apoyo a las consideraciones anteriores, la jurisprudencia siguiente: "PERSONALIDAD, EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unido Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- si no que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual, a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme a la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal del Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto ".aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." (Jurisprudencia 37/2014 (10ª), emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, aprobada el veintidós de mayo de dos mil catorce, según certificación del licenciado Rafael Coello Cetina, Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación). En la especie, los actos reclamados por la quejosa no constituyen actos de imposible reparación, dada su propia naturaleza intraprocesal, pues no afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos que en favor del justiciable consagran la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Lo anterior, tomando en consideración que la quejosa reclama el auto de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, por medio del cual se desechó el incidente de nulidad de emplazamiento plantado en el juicio ejecutivo mercantil 141/2019, del índice del Juzgado Segundo Civil del Distrito judicial de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Luego, como el juicio ejecutivo mercantil de donde derivan las violaciones procesales reclamadas se encuentra en trámite; lo cual quiere decir que aun existe la posibilidad de que al final del procedimiento se dicte una resolución favorable a la parte demandada, que haga que las violaciones procesales planteadas contra el emplazamiento resulten intrascendentes. Aunado a lo anterior, de la lectura integral de la demanda se advierte, que la confesión expresa por parte de la quejosa respecto al interés que guarda respecto del juicio de origen, pues bajo protesta de decir verdad, claramente indica que ella únicamente atendió la diligencia de emplazamiento levantada por la ejecutora del Juzgado Segundo Civil del Distrito judicial de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca -en términos distintos a los indicados por la fedataria- pero que no es parte (actora ni demandada) dentro del juicio ejecutivo mercantil 141/2019; pues las partes en discordia lo son: Juan Antonio Costales Morgado, endosatario en procuración de la persona moral denominada, Caja Popular Mexicana, Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capilar Variable (parte actora) y Armando Nocedal Rivera (parte demandada). De ahí que el emplazamiento y la resolución que desecha el incidente de nulidad promovido contra éste, no le causa afectación alguna a su espera jurídica, máxime que no indicó que se hayan embargado bienes de su propiedad. No pasa inadvertido que en los antecedentes manifestó que labora en el negocio denominado la mufa, lugar donde aduce se llevó acabo el emplazamiento reprochado, y que en la parte alta de ese local, tiene su domicilio donde habita con su padre Héctor Santiago Mortera, sin embargo tales circunstancias tampoco permiten corroborar que el acto procesal que pretende se nulifique le cause perjuicio en sus derechos sustantivos. Cabe agregar, quien ahora ocurre en demanda de amparo no queda en estado de indefensión, pues de lo expuesto no se asume que el juicio de amparo sea llanamente improcedente y que la cuestión procesal que combate en relación con el juicio de origen en forma alguna pueda ser materia de análisis en defensa constitucional, sino sólo que no es este el momento propicio en atención a que la vía indirecta del amparo no es la idónea de acuerdo a la pretensión de la parte quejosa de controvertir una cuestión procesal que, a su decir, la dejó sin defensa, por lo cual, debe aguardarse al dictado del fallo para, en caso de haber trascendido la violación a las leyes del procedimiento alegada, entonces y sólo entonces, promueva el amparo haciendo valer tal violación procesal. Ahora, en la hipótesis contraria, en caso de que se dicte resolución en dicho procedimiento y ésta le fuera desfavorable al justiciable, puede reclamarla en el juicio de amparo directo, donde además, podrá hacer valer las violaciones procesales que genere el acto reclamado, del que ahora se duele, en términos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." (Jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, publicada el viernes dos de mayo del presente año, Décima Época). En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, lo procedente es DESECHAR DE PLANO, la demanda de garantías de cuenta, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Domicilio. Ahora, toda vez que la parte quejosa señala los estrados de este juzgado, para oír y recibir notificaciones; el cual no es propiamente un domicilio procesal; por tanto, con fundamento en los artículos 27 fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, las notificaciones personales se le practicará por lista de acuerdos. Por otra parte, vista la certificación de cuenta se advierte que el correo electrónico polgel2009@hotmail.com, no se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, en consecuencia, no ha lugar a ordenar la práctica de las notificaciones a través de este sistema. No obstante lo anterior, tomando en consideración que el espíritu del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, es privilegiar el uso de medios electrónicos dada la contingencia sanitaria que atraviesa el país; se tiene a la parte quejosa señalando el correo electrónico polgel2009@hotmail.com, para oír y recibir notificaciones. Habilitan días inhábiles. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. En el entendido que las actuaciones señaladas en el párrafo precedente, dado que implica contacto personal, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes las practiquen. Trámite de juicio en línea Toda vez que la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"). Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Por otra parte, se faculta a los actuarios 1) Blanca Azucena Osorio Villanueva y 2) Ángel Juan Santos Vásquez, 3) Tatiana Grace Sumohano Verdeja, para que realicen las notificaciones que deriven de este juicio vía electrónica; y a la actuaria 1) Reyna Francisca de la Rosa Fuentes y Secretaria 2) Nelly Zárate Flores en funciones de actuaria, únicamente realizarán las notificaciones personales que así se requieran; en virtud de que dichas servidoras públicas que no se ubica en las hipótesis previstas en las fracciones I y II del artículo 8, del Acuerdo General. Lo anterior, con el fin de garantizar el cumplimiento de las determinaciones de manera pronta y expedita, en acatamiento a la obligación de este órgano judicial prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Transparencia. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del dos de junio de dos mil nueve, en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición; y en los diversos 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y cuyo primer artículo transitorio indica que entrara en vigor al día siguiente de sus publicación, hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.

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