Edith Robles Martinez
Expediente 651/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 25 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 651/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 27/12/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Edith Robles Martinez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por el Jefe de la Unidad Departamental de Mandamientos Judiciales y Administrativos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, mediante el cual informa y acredita el cumplimiento al mandato judicial ordenado en proveído veintisiete de noviembre del año en curso, en el que se ordenó el desahogo de una testimonial, decretando la citación de los atestes por conducto de la fuerza pública. Lo anterior, toda vez por acuerdo de veintiséis del año en curso, se tuvo por cumplido dicho mandamiento y se dejó sin efectos el apercibimiento a que fue conminada dicha autoridad judicial. Notifíquese. MESA*I
- Principal
Autoridad auxiliar informa. Agréguese el oficio signado por el enlace de la Jefatura de Unidad Departamental de Mandamientos Judiciales y Administrativos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, mediante el cual informa y acredita el cumplimiento al mandato judicial ordenado en proveído veintisiete de noviembre del año en curso, en el que se ordenó el desahogo de una testimonial, decretando la citación de los atestes por conducto de la fuerza pública. Luego, y toda vez que los testigos acudieron puntualmente al desahogo de la diligencia ordenada a su cargo, se deja sin efectos el apercibimiento a que fue conminada dicha autoridad judicial. Notifíquese. Mesa I
- Principal
VISTOS, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo 651/2023-I, promovido por ********, contra actos del Titular y Actuario, ambos adscritos al Juzgado Trigésimo Noveno de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. En escrito presentado el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México,********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del Titular y Actuario, ambos adscritos al Juzgado Trigésimo Noveno de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, reclamando, su falta de notificación o emplazamiento al ********************, expediente ********************, y todo lo actuado en él. SEGUNDO. Procedimiento. El conocimiento de la demanda correspondió al Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, quien en resolución de treinta de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el juicio de amparo indirecto, expediente ********************, declinó su competencia para conocer del presente asunto, por conocimiento previo de uno diverso ante este juzgado federal, la que se aceptó en acuerdo de uno de junio pasado, por lo que una vez registrada la compensación de turno ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en la Ciudad de México, fue devuelta a este juzgado federal, previa aclaración se admitió a trámite; a las autoridades responsables se solicitó su informe justificado; al agente del Ministerio Público Federal adscrito se dio la intervención legal que le compete; se tuvo como tercero interesado a ********************, quien se apersonó a juicio por conducto de su apoderado; se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que una vez integrado debidamente el expediente, tuvo verificativo con el resultado asentado en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. La suscrita Jueza Décimo Segunda de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente legalmente para conocer y resolver el presente asunto, por razón de materia y territorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 28/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad del orden civil que reside dentro de los límites territoriales del ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener "(.) La fijación clara y precisa del acto reclamado; (.)", es necesario delimitar el o los actos combatidos que se desprenden de la demanda y escrito aclaratorio. Del análisis integral realizado a los mismos, se advierte que la peticionaria de amparo reclama la afectación del derecho de posesión que defiende del inmueble ubicado en la ******************** como tercera extraña en estricto sentido, promovido por ********************, en contra de ********************y otros, así como su falta de notificación o emplazamiento a ********************, ******************** y todo lo actuado en él. TERCERO. Certeza de los actos combatidos. La autoridad responsable ordenadora al rendir su informe justificado, manifestó que era cierto el acto reclamado, por su parte la autoridad ejecutora, indicó que se adhería al rendido por su titular, por lo que se tienen por ciertos los actos reclamados, lo que se corrobora con las documentales públicas que anexaron, a las cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causas de improcedencia. El análisis sobre las causales de improcedencia, constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, previo al examen de las cuestiones de fondo, conforme al artículo 62 de la propia ley. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Enero de 2006, página 319, de la Novena Época, con número de registro digital 176291, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto." En ese tenor, resulta que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque, la quejosa pretende defender la posesión que dice tener de un inmueble, derivado de un contrato de comodato, celebrado con ********************, empero, con las constancias que obran en autos no se acreditó el interés jurídico que ostenta, como enseguida se precisa. El juicio de amparo es un medio para el control de la regularidad de los actos de las autoridades, conforme a los parámetros de control aplicables, que de conformidad con lo que establece la fracción I del artículo 107 constitucional, se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, y en cuanto a actos de tribunales judiciales la parte quejosa debe demostrar su interés jurídico, tal como a continuación se cita: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;." Por su parte, el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, es del siguiente tenor: "ARTÍCULO 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." En ese orden de ideas, la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa que se encuentra prevista en los artículos citados, se traduce en el interés jurídico que debe acreditar quien acude al juicio de amparo a defender derechos que vio afectados por actos de tribunales judiciales. Es a través del ejercicio de la acción constitucional que el promovente del amparo obtendrá la tutela a los derechos fundamentales que considera infringidos por las autoridades que emitieron el acto que se reclama. Por tanto, quien solicita la protección de los tribunales federales, debe demostrar ser titular del derecho que alega ha sido infringido por las autoridades, y que le causa agravio pues sólo quien resiente ese perjuicio puede acudir al juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción I, constitucional, y 5° de la Ley de Amparo. Porque en caso de no acreditarse dicha titularidad, se actualiza la causa de improcedencia ya mencionada, que se encuentra prevista en el artículo 61, fracción XII, de la multicitada ley, que establece lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." Así, el interés jurídico para promover el juicio de amparo debe derivar directamente de los efectos que produce en la esfera jurídica del gobernado la emisión del acto reclamado, pues sólo la existencia de una afectación directa e inmediata en los derechos del quejoso le faculta a combatir las violaciones que a su criterio genera el mencionado acto así como, en su caso, el proceso que le dio origen; de manera tal que no es suficiente para acreditarlo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa cuestión se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la prerrogativa de exigencia oponible a la autoridad, para que realice determinada conducta o se abstenga de la misma; por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, que por el solo hecho de serlo, pretenda que las leyes se cumplan. Por consiguiente, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación, por parte de la autoridad responsable. Luego, al aplicar los principios de los que se ha dado noticia, es inconcuso que********************, carece de interés jurídico para promover el juicio para la tutela de derechos fundamentales. En el caso, se reclamaron actos jurisdiccionales, cuya ejecución, según lo apunta la promovente del amparo, tendría como efecto privarle de la posesión de un inmueble, esto es, se ostenta como persona extraña al juicio, que son aquellas que no han figurado en el mismo como parte en sentido material, pero que sufren o pueden sufrir una afectación dentro de él o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oídas en su defensa, por desconocer las actuaciones relativas, por lo que se incluye en este concepto, a la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Luego, para que los terceros a la relación jurídica procesal puedan promover eficazmente el juicio de amparo deben demostrar fehacientemente su respectivo interés jurídico; en el caso, acreditar la posesión del inmueble del que se dice se ordenó el lanzamiento, conforme a la causa generadora o derecho que la justifique, así como el poder de hecho en que la misma se traduce. Así es, dado que la quejosa no resiente la calidad de parte procesal y, por ende, adquiere la calidad de tercera extraña natural al contradictorio de origen, que es precisamente, con la que se ostenta en la presente contienda constitucional. Sostiene lo así expuesto, la tesis de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5652, del Tomo LXXIII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, registro 352156, de rubro: "TERCERO EXTRAÑO EN EL PROCEDIMIENTO CIVIL." Sin embargo, tal calidad resulta insuficiente para acreditar el interés jurídico indispensable para instar a la presente controversia constitucional. De los preceptos transcritos en lo que aquí interesa, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando la parte quejosa no acredita fehacientemente que el acto reclamado afecta su interés jurídico. Al respecto, es oportuno señalar que los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a. La existencia del derecho subjetivo debidamente tutelado por el ordenamiento jurídico, que se dice vulnerado; y, b. El acto de la autoridad que afecte ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Sirve de apoyo a lo antes precisado, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Página 1598, Libro 64, Tomo II, Marzo de 2019, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2019456, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." En el caso particular, la peticionaria de la protección federal reclama su falta de emplazamiento al juicio natural, al indicar haber celebrado un contrato de comodato con ********************, documentos que exhibe, respecto del ********************. Por lo que solicita ser llamada al juicio de origen, en atención a que la peticionaria de amparo considera que lo decidido en el procedimiento natural afecta el derecho de posesión que ejerce sobre el referido inmueble desde la firma del contrato de comodato que ostenta fecha de veinticinco de marzo de dos mil siete, sin haber sido oída ni vencida en el mismo; por lo tanto, es necesario acreditar, para justificar esa afectación o perjuicio, el derecho de posesión respecto del inmueble en cuestión. Sin que el pacto de voluntades en cuestión se hayan presentado ante una autoridad en razón de su oficio para que fuera certificado o se tenga noticia que alguno de los signantes haya fallecido, lo que además debe ser acreditado por la solicitante de la protección federal, por lo que dicho documento es de fecha incierta. Luego, si el contrato de comodato, con el que comparece en el presente juicio de amparo bi-instancial, y con el que pretende acreditar su interés jurídico, carecen de fecha cierta, en el mejor de los casos, le otorga el carácter de causahabiente, máxime que en el presente caso no se acreditó la posesión legítima del inmueble del que sostiene detenta su petición y que el contrato de comodato es privado, por lo que surte plenos efectos entre los signantes, más no sobre terceros al carecer de publicidad. Sirve de apoyo en lo conducente, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, página: 2341, Libro 16, tomo III, Marzo de 2015, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2008678, de rubro siguiente: "CAUSAHABIENTE. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CUANDO EL QUEJOSO NO DEFIENDE UN ESTADO JURÍDICO DIVERSO DEL OSTENTADO POR SU CAUSANTE SINO, INCLUSO, UNO DE RANGO MENOR (POSEEDOR POR COMODATO RESPECTO DE UN DERECHO DE PROPIEDAD MATERIA DEL JUICIO NATURAL)." Así como, la tesis, sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1734, Tomo XX, Septiembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 180704, del tenor siguiente: "CAUSAHABIENCIA. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PARA EL CAUSANTE AFECTA EN FORMA IDÉNTICA AL CAUSAHABIENTE." Ahora bien, respecto a las pruebas a portadas por la parte quejosa consistentes en: 2. Copia certificada digitalmente del acta de nacimiento número 2291, a nombre de ********************, que al día del dictado de la presente resolución, cuenta con la edad de dieciocho años cumplidos. 3. Copia certificada digitalmente del acta de nacimiento número 456, a nombre del infante con identidad reservada e iniciales ********************, que al día del dictado de la presente resolución, cuenta con la edad de cuatro años cumplidos. 4. Impresión de un estado de cuenta simplificado, expedido a nombre de la peticionaria de amparo, por la institución bancaria denominada ********************, por el periodo comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre, ambos de dos mil ocho. 5. Dos estados de cuenta individual, expedidos a nombre de la quejosa, por la institución ******************** Afore Bancomer. 6. Estado de cuenta cuatrimestral expedido por ********************, a nombre de la quejosa. 7. Dos estados de cuenta expedidos por la empresa ********************, a nombre de la quejosa. 8. Documento de acreditación de derecho habiente del ******************** expedido a nombre de la peticionaria de amparo. 9. Copia al carbón del aviso de inscripción en seguro facultativo, con sello original expedido por el ********************, a nombre de la quejosa. 10. Cedula de Identificación Fiscal, a nombre de la solicitante de la protección federal. 11. Ficha de depósito, recepción automatizada de pagos directos, expedida por el ******************** a nombre de la amparista, con dos sellos de recibo en original. 12. Copia fotostática simple de una credencial para votar expedida a nombre de la quejosa. 13. Copia certificada digital del proveído de treinta de mayo de dos mil veintitrés, dictado dentro de los autos del juicio de amparo indirecto ******************** del índice del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 14. Seis impresiones fotográficas. Con dichos medios de convicción, solo acredita lo plasmado en ellos, más no la posesión originaria derivada de un contrato que le otorgue la posibilidad de acudir en defensa de ella, como lo pretende en el presente asunto, ya que el derecho que pretende ejercer, es como simple poseedora y ese derecho no es diferente, ni mejor que el de la comodante, lo que la convierte en causahabiente de ella. Finalmente respecto a la prueba testimonial desahogada, no tiene eficacia demostrativa suficiente para acreditar su interés y ser llamada al juicio de origen, al no acreditar con ella la causa generadora de la posesión que indica, debido a que el contrato de comodato que exhibe es de fecha incierta y no acredita que la parte con quien lo signó sea la propietaria del inmueble, por lo que es una causante de ella y no tiene un derecho diverso ni mejor a la de la comodante ********************. En otro aspecto, la parte quejosa manifiesta que pertenece a un grupo vulnerable, al precisar que es madre soltera, no obstante ello, debe decirse que el hecho de que pertenezca a un grupo vulnerable, como lo indica, al sostener que es madre soltera, no la exime de cumplir con las cargas procesales que la ley le impone de acreditar el interés jurídico que dice le asiste, para ser llamada al procedimiento natural, en términos de lo expuesto en la presente resolución. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee el presente juicio, conforme a lo establecido por la fracción V del artículo 63 del referido ordenamiento legal. El sobreseimiento de que se trata, se hace extensivo a los actos de ejecución igualmente reclamados al actuario adscrito al juzgado de origen, toda vez que los mismos no se combaten por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace depender de los reclamados a la autoridad ordenadora. Al respecto resulta aplicable la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 41, Volumen 90, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, registro 238280, de rubro y texto: "EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO." Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Visible a página 49, Volumen 24, Tercera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, registro 239006 de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Sin que en el presente caso, se realice mayor pronunciamiento respecto los medios de convicción a aportados por la tercera interesada, al ser beneficioso a sus intereses el fallo dictado, y con ello no cambiaría el sentido de la sentencia. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75, 119, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por********************, contra actos del Titular y Actuario, ambos adscritos al Juzgado Trigésimo Noveno de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, precisados en el considerando segundo y por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma la licenciada Ruth Haggi Huerta García, Jueza Décimo Segunda de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante el licenciado Axel Hernández Díaz, Secretario de Acuerdos quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Autoridad auxiliar informa. Agréguense los oficios signados por el enlace de la Jefatura de Unidad Departamental de Mandamientos Judiciales y Administrativos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por medio del cual informa y acredita las gestiones tendientes a cumplir el mandamiento judicial ordenado en auto de veintisiete de noviembre del año en curso, en el que se ordenó el desahogo de una testimonial, decretando la citación de los atestes por conducto de la fuerza pública. Integración del expediente. De igual manera, conforme al acuerdo citado, hágase del conocimiento de las partes que únicamente las promociones que se reciban de manera física, serán digitalizadas e integradas al expediente electrónico con firma electrónica del personal que lleve a cabo esa actividad, no así las que se reciban de manera electrónica, las cuales ya se encuentran digitalizadas y firmadas por ese medio, debido a su naturaleza. Notifíquese. MESA I.
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