Edith Peralta Urias

Expediente 715/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 8 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
715/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
21/12/2018

Partes del expediente

  • Edith Peralta Urias

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de los presentes autos y la certificación de cuenta, se aprecia que mediante auto de veintisiete de noviembre del año en curso, se declaró cumplida la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, y trascurrió el término de quince días que tenía la parte quejosa para inconformarse contra esa resolución, según el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que lo haya hecho así; en consecuencia, téngasele por conforme con dicha determinación. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto concluido, en el entendido de que el presente juicio es susceptible de ser depurado, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintinueve de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, debiendo conservarse la demanda y sentencia respectiva; además se precisa que este expediente no es considerado de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el último párrafo del punto Vigésimo Primero de Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su carátula. Notifíquese.

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero, quince de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por El Presidente de la Junta Especial número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la sentencia de amparo anexando la constancia con lo que lo acredita; por tanto, con lo anterior, dese vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término de tres días, a que se refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, con lo informado por dicha autoridad y demás constancias que integren este expediente este juzgado federal resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia. Para efectos de la notificación de este acuerdo, se comisiona a la Actuaria Judicial de la adscripción para que al momento de practicarla, entregue copia simple de este proveído y de la actuación remitida por la autoridad responsable a la parte quejosa; en el entendido, que deberá constar su entrega y recepción en el acta que al efecto se levante. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; a siete de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, sin que se hubiere recurrido la sentencia emitida en este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, se declara que dicha sentencia que ampara a la parte quejosa ha causado ejecutoria. Ahora, tomando en consideración que los efectos del fallo protector consisten en que la Junta Especial número Cuarenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad: ".una vez que cause firmeza esta sentencia, de inmediato proceda a dictar el auto admisorio de pruebas en el expediente laboral 138/2017, lo anterior, para que ello no sea obstáculo para la debida prosecución del citado juicio." Consecuentemente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta responsable, para que dentro del plazo de tres días informe el cumplimiento que haya dado a la sentencia de amparo, sin que en ejercicio de la facultad contenida en el último párrafo del numeral en cita, se estime necesario ampliar dicho término para ese efecto. En la inteligencia que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá al Titular, una multa de cien unidades de medida y actualización vigente en el país, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258 de la Ley de Amparo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

  4. Principal

    VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 715/2018.R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido ese mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Edith Peralta Urias, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisan. AUTORIDAD RESPONSABLE Junta Especial número Cuarenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con domicilio en esta ciudad. ACTO RECLAMADO "De la H. Junta Especial núm. 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, reclamo que en el expediente 138/2017, no se ha dictado el auto admisorio de pruebas correspondiente, es por esto que recurro a esta vía." SEGUNDO. Preceptos Constitucionales vulnerados. La quejosa señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 8 y 17 Constitucionales. TERCERO. Tramite del juicio de amparo. Mediante proveído de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo misma que quedo radicada con el número 715/2018; se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe con justificación; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, luego de diferirse en una ocasión, se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se trata de un acto omisivo suscitado dentro de un juicio laboral que se tramita ante una autoridad con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional, que puede tener sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la quejosa, como actora en el juicio laboral número 138/2017, reclama de la Junta Especial número Cuarenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, la falta de emisión del auto admisorio de pruebas. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto omisivo reclamado a la Junta Especial número Cuarenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, en virtud de que así lo reconoció al rendir informe con justificación por conducto de su Presidente (foja 19). Certeza que además se corrobora con la documental que en copia certificada remitió en apoyo a su informe, la cual hace prueba plena en el juicio, de acuerdo a lo establecido en los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2. CUARTO. Estudio de fondo. Las partes legitimadas en el presente juicio de amparo no alegan causas de improcedencia, ni se advierte que se actualice alguna; por tanto, se procede al análisis del concepto de violación que expresa la quejosa. Así tenemos que la quejosa básicamente reclama la omisión de la autoridad responsable para proveer sobre la admisión de las pruebas ofrecidas en el juicio laboral número 138/2017, lo que considera transgrede en su perjuicio el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (el cual refiere que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial) en relación con los numerales (en suplencia) 686 y 880, de la Ley Federal del Trabajo. Es fundado el motivo de inconformidad que plantea la quejosa, ya que, en efecto, el proceder de la Junta responsable resulta violatorio de garantías, dado que de la documental que remitió en apoyo a su informe con justificación se advierte que el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, dio inició a la audiencia de pruebas y resolución, en la que las partes ofrecieron sus pruebas, asimismo la parte actora objetó de falsa la huella y letra que obran en el escrito de renuncia de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete ofrecido por su contraria, ofreciendo al efecto la prueba pericial en materias de caligrafía, grafoscopía y dactiloscopia a cargo del perito Hugo Alberto Soberanis Sanchéz, por lo que otorgó a la parte demandada un término de tres días hábiles contado a partir de que le surtiera efectos la notificación de dicha actuación, para que manifestara lo que a su interés conviniere respecto a las manifestaciones realizadas por la parte actora, hecho lo cual se acordaría lo que en derecho correspondiera, quedando notificadas en ese mismo acto las partes, sin que hasta la fecha en que se resuelve el presente asunto, hubiere allegado copia certificada de lo que hubiere acordado al respecto, y en su caso del auto a través del cual se hubiere pronunciado sobre la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes, pese a que en la propia audiencia -dieciséis de febrero de dos mil dieciocho- debió proveer sobre la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes, conforme lo dispone el artículo 880, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo y no reservarse, pues esto último contraviene directamente el numeral 686 párrafo primero de la propia ley. Ciertamente, los artículos 17 Constitucional, 686 y 880, fracción IV, de la ley laboral, en su orden y en la parte que interesa, disponen: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." "Artículo 686. El proceso del derecho del trabajo y los procedimientos paraprocesales, se sustanciarán y decidirán en los términos señalados en la presente Ley. (.)." "Artículo 880. La audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas se desarrollará conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 875 de esta Ley y de acuerdo con las normas siguientes: (.) IV. Concluido el ofrecimiento, la Junta resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche. En caso contrario, la Junta se podrá reservar para resolver dentro de los cinco días siguientes." Como podrá apreciarse, el artículo 17 Constitucional es claro cuando señala que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; en tanto que, el diverso numeral 686 de la Ley Federal del Trabajo, en lo conducente, que el proceso del derecho del trabajo y los procedimientos paraprocesales, se sustanciarán y decidirán en los términos señalados en la propia ley. Mientras que su arábigo 880, fracción IV, dispone que una vez concluido el ofrecimiento de pruebas por las partes, la Junta proveerá sobre la admisión y desechamiento de las mismas, o en su caso, se podrá reservar para hacerlo dentro de los cinco días siguientes. Luego, en el caso, la omisión de la Junta responsable violenta en perjuicio de la quejosa el artículo 17 Constitucional, en razón de que no le administra justicia pronta y expedita, en atención a que no ha proveído sobre la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en el expediente laboral 138/2017, dentro del término que para tal efecto establece la ley, pues como se desprende de la documental que acompañó a su informe justificado, desde el día dieciséis de febrero pasado tuvo lugar la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, sin que la Junta hubiere proveído sobre la admisión de las pruebas ofertadas por las partes, reservándose a acordar lo correspondiente. Y es el caso que a la fecha la mencionada autoridad responsable no ha justificado con prueba alguna, el pronunciamiento del aludido auto admisorio de pruebas, lo cual -se reitera- contraviene directamente lo dispuesto por los artículos 686 y 880, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, pues no ajustó su proceder a los plazos y términos que éstos establecen. Por tanto, al resultar fundado el concepto de violación analizado, lo que procede es conceder la protección constitucional que solicita la quejosa, para el efecto de que la Junta Especial número Cuarenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, una vez que cause firmeza esta sentencia, de inmediato proceda a dictar el auto admisorio de pruebas en el expediente laboral 138/2017, lo anterior, para que ello no sea obstáculo para la debida prosecución del citado juicio. Finalmente, no pasa desapercibido que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a) publicada el viernes seis de mayo del año en curso en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.", determino que por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite, por lo que el juicio de amparo interpuesto contra actos de esa naturaleza será, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente, caso de excepción que se actualiza en el caso ya que como se indicó con anterioridad de la documental remitida por la autoridad responsable se obtiene que desde el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, tuvo lugar la audiencia de pruebas y resolución en el juicio de origen, sin que hasta la fecha en que se emite la presente resolución se hubiere emitido el auto admisorio de pruebas correspondiente, por lo que se obtiene que en el caso existe una paralización del procedimiento jurisdiccional respectivo y por tanto el juicio de amparo es procedente, al perjudicar la omisión reclamada irreparablemente a la quejosa. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a Edith Peralta Urias, contra el acto reclamado a la Junta Especial número Cuarenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; en los términos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

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