Edith Peña Torres
Expediente 1083/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1083/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Edith Peña Torres
Actuaciones
- Principal
Por recibido el oficio de cuenta signado por el secretario del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria de once de octubre de dos mil veintitrés, dictada en el expediente Q.C. 381/2023, en la que declaró infundado el recurso de queja interpuesto en contra del auto de once de septiembre de dos mil veintitrés, dictado por este juzgado de distrito, que desechó por improcedente la demanda de amparo; un legajo de constancias; en tal virtud, esta juzgadora queda enterada de lo anterior, acúsese de recibo a la autoridad oficiante. Archívese este expediente como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Ahora bien, se hace la observación que el presente expediente es destruible toda vez que por auto de once de septiembre de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo, mismo que fue confirmado por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la ejecutoria dictada en el expediente Q.C. 381/2023; por tanto en términos de lo dispuesto por el artículo 20, fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, el presente expediente es destruible, al encuadrar en la hipótesis prevista en el citado punto. Por otra parte, hágase del conocimiento de la parte quejosa, que el presente expediente sólo permanecerá en el archivo primario de este juzgado, por el lapso de tres años, contado a partir de su fecha de archivo, y una vez transcurrido este plazo, dentro de los treinta días siguientes, este juzgado procederá a su destrucción en los términos precisados en el penúltimo párrafo del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Por recibido el oficio de cuenta remitido por el actuario adscrito al Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual hace del conocimiento de este juzgado el auto de veinticinco de septiembre del año en curso, dictado por el tribunal colegiado de su adscripción, por el que tuvo por recibido el diverso oficio por el cual se remitió el original del escrito de agravios, un legajo de copias certificadas e informe justificado con motivo del recurso de queja interpuesto por los peticionarios de amparo en contra del auto de once de septiembre de dos mil veintitrés; asimismo, se advierte que admitió a trámite el recurso en mención, el cual quedó registrado como Q.C. 381/2023; en consecuencia, este juzgado queda enterado de lo anterior, y se ordena agregar a sus autos el oficio de cuenta para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, como lo solicita la autoridad oficiante, hágase disponible el acceso al expediente electrónico para la consulta vía internet; por lo tanto, se ordena al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, autorizar dicha consulta al tribunal colegiado oficiante, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Visto el escrito de cuenta signado por ********************, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo por la parte quejosa, personalidad que se le reconoce en virtud de tener su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito atento a lo dispuesto en el título Décimo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de once de septiembre de dos mil veintitrés, por el que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto dicho recurso, y dado que en el presente juicio, no hay más partes que la peticionaria de amparo, se ordena remitir de inmediato al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en turno, el original del escrito en que se formula la queja, el informe sobre la materia de dicha queja, copia certificada de la resolución recurrida y demás constancias que se estiman necesarias para el conocimiento del asunto; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ********************e ******************** por su propio derecho, contra actos del Juez Vigésimo Noveno de lo Civil en Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y otra, por violación a las garantías consagradas en los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo ********************. Del estudio íntegro de la demanda de amparo, se advierte que la misma resulta improcedente por actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con las fracciones V y VIII, del artículo 107 del mismo ordenamiento legal, atento a las siguientes consideraciones. En efecto, el precepto legal aludido en primer término, en su fracción invocada, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el artículo 107, fracciones V y VIII, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (..) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto; (...)." Ahora, por actos de imposible reparación debemos entender a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del juicio del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera, esto en razón de los daños y perjuicios que puedan acaecer sobre los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del juicio de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se pueden reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad que las violaciones cometidas en el juicio sean reparadas en la sentencia que llegue a pronunciarse. Es aplicable, por analogía a las consideraciones anteriores, la tesis I.1o. A.E.30 K, página 2317, del tomo III, correspondiente al mes de marzo de 2015, décima época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución." Sobre este tópico, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 37/2014, que más adelante se trascribirá, interpretó la diversa jurisprudencia P./J. 4/2001, en donde estableció, entre otras cuestiones, que la Ley de Amparo, específicamente en su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así, con dicha aclaración puede afirmarse que el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia obligatoria P./J.37/2014, sustentada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, décima época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2006589, libro 7, junio de 2014, tomo I, visible en la página 39, cuyo rubro dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Acotado lo anterior, tenemos que las cuestiones de competencia se producen de manera negativa o positiva, esto es, cuando la resolución que se pronuncia para decidirla, conduce a que el órgano jurisdiccional que conoce de un conflicto, siga conociendo del mismo, por haberse desestimado la excepción respectiva (negativa), o bien, que la resolución que dirime la cuestión competencial, declare fundada la excepción relativa, caso en el que el órgano jurisdiccional debe dejar de ejercer jurisdicción sobre el asunto (positiva). Tal diferencia fue advertida por el legislador de manera intencional en la norma, porque únicamente previó como hipótesis para que proceda el juicio de amparo indirecto, el caso en que la cuestión de competencia se refleja en su aspecto positivo, es decir, cuando se declara fundada la excepción de incompetencia, y por ello, se suspende la jurisdicción del órgano que conoce del asunto, ello al establecer el artículo 107, fracción VIII, de la ley de la materia, que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aspecto que no debe ampliarse a una hipótesis distinta y contraria, pues ello trastocaría el sistema defensivo diseñado por el legislador, respecto del tema de las competencias. Sin embargo, aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al texto supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas. Así lo sostuvo el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), que resolvió la contradicción de tesis 239/2014, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2009721, décima época, libro 21, agosto de 2015, tomo I, página 5, cuyo rubro y texto dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." Criterio de interpretación que resulta relevante en el estudio de la presente demanda de amparo, en virtud que el acto que reclama la parte quejosa consiste en el auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el juicio especial hipotecario ********************, por el cual se ordenó la remisión de los autos al Juez competente en el municipio de Emiliano Zapata, Estado de Veracruz. Al respecto, de la lectura de la demanda de garantías se advierte que la parte quejosa, es demandada en el juicio natural; que al dar contestación a la demanda instaurada en su contra opuso la excepción de incompetencia por territorio; que en resolución de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, la Séptima Sala Civil de la Ciudad de México, declaró fundada dicha excepción; que por auto de treinta y uno de agosto del año en curso, en cumplimiento a la ejecutoria dictada por la sala responsable, ordenó su remisión al Juez competente en el municipio de Emiliano Zapata, Estado de Veracruz; lo que constituye el acto reclamado. En ese sentido, esta juzgadora estima que el acto reclamado consistente en el auto de treinta y uno de agosto del año en curso, en cumplimiento a la ejecutoria dictada por la sala, en la que se declaró fundada la excepción de incompetencia por territorio, no trae aparejado en sí un daño que sea de imposible reparación para la parte quejosa, ni lesiona de alguna forma sus derechos sustantivos o interés jurídico, pues no es una resolución que determine en forma definitiva quien es el juez competente para conocer del asunto, ya que conforme a la jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se invocó con antelación, esa resolución lo será aquella mediante la cual el órgano jurisdiccional declinado, acepte la competencia para conocer de la tramitación del juicio, porque será en ese momento y no antes, cuando se produzca la afectación personal y directa a la esfera de derechos de los quejosos, en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. Por tanto, resulta claro que la resolución reclamada, por sí misma, no lesiona los intereses de los peticionarios de amparo de forma directa e inmediata, y en virtud de que no se encuentra en alguno de los supuestos de aquellos considerados de ejecución imposible de reparar, conlleva a que la demanda de amparo resulte improcedente en términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con las fracciones V y VIII, del artículo 107 del mismo ordenamiento legal. Razón por la cual en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la presente demanda de amparo. Pues se insiste, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra la resolución que declara fundada la excepción de incompetencia, cuando ésta aun no es definitiva por encontrarse pendiente el pronunciamiento del juez declinado en el que determine si acepta o no la competencia planteada, ya que será en ese momento cuando se produzca la afectación personal y directa a su esfera de derechos de los impetrantes de amparo. Sin que sea óbice para esta juzgadora que la impetrante cita la tesis de jurisprudencia de rubro "COMPETENCIA. LA FACULTAD DE LOS TRIBUNALES PARA INHIBIRSE DEL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO EN EL PRIMER PROVEÍDO, SIGNIFICA DESECHAR LA DEMANDA Y PONERLA A DISPOSICIÓN DEL ACTOR CON SUS ANEXOS, MAS NO ENVIARLA A OTRO TRIBUNAL", para sostener su argumento en el sentido de que el tribunal de alzada debió desechar la demanda y devolver a la parte actora los documentos base de la acción, dejando a salvo sus derechos para que los hiciera valer ante la autoridad competente; ya que ello solo aplica cuando en el primer auto, el juez por sí, se inhibe de conocer del asunto sometido a su conocimiento por considerarse incompetente; pero en virtud que en el caso que nos ocupa, la demanda ya había sido admitida y fue la codemandada, hoy quejosa, la que al producir su contestación opuso la excepción de incompetencia por declinatoria, es evidente que nos encontramos en un supuesto diverso. Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican en la demanda de amparo, y por autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que mencionan y que a la fecha del dictado del presente acuerdo, tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; asimismo, como autorizadas solo para oír y recibir notificaciones, documentos e imponerse de los autos en términos del segundo supuesto del párrafo segundo del artículo antes citado, a las diversas personas que precisan para tales efectos. Por otra parte, se autoriza el acceso y promoción en el expediente electrónico al usuario "********************", así como para notificarse vía electrónica en los presentes autos, de aquellas resoluciones donde se ordene la notificación personal a dicha parte procesal, de conformidad a lo establecido en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Asimismo, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, primer párrafo, se designa representante común de los quejosos al primero de ellos, siendo ésta ********************sin perjuicio de que las partes respectivas lo sustituyan por otro. Con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles al actuario adscrito a este juzgado para que practique la notificación de este acuerdo o cualquier otra diligencia relacionada con el presente asunto que así lo requiera. Notifíquese vía electrónica a la quejosa.
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