Edith Olivo Gámez
Expediente 418/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 418/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 21/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Edith Olivo Gámez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO: Se tiene por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio. SEGUNDO: Se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y por lista al quejoso.
- Principal
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otro lado, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a la sentencia dictada dentro del presente juicio, anexa copia certificada del auto de once de mayo de dos mil veintidós, en el expediente laboral 118/E08/2018. Por tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta y su anexo; dese vista a las partes por el término de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo, resolverá sobre el cumplimiento del fallo proteccionista, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Sin que obste que aún no se cuenta con el acuse de notificación de la sentencia a la autoridad responsable, en virtud que no se encuentra facultada para impugnar la presente determinación. No obstante ello, se ordena remitir copia de tal determinación, para los efectos legales respectivos. Notifíquese; y personalmente a las partes, corriéndoles traslado con copia del oficio que se provee y anexos. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa con el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otro lado, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a la sentencia dictada dentro del presente juicio, anexa copia certificada del auto de once de mayo de dos mil veintidós, en el expediente laboral 118/E08/2018. Por tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta y su anexo; dese vista a las partes por el término de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo, resolverá sobre el cumplimiento del fallo proteccionista, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Sin que obste que aún no se cuenta con el acuse de notificación de la sentencia a la autoridad responsable, en virtud que no se encuentra facultada para impugnar la presente determinación. No obstante ello, se ordena remitir copia de tal determinación, para los efectos legales respectivos. Notifíquese; y personalmente a las partes, corriéndoles traslado con copia del oficio que se provee y anexos. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa con el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS, SIENDO LAS ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL seis de abril de dos mil veintidós, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 418/2022, promovido por Edith Olivo Gámez, encontrándose en audiencia pública el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, asistido por el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario de Juzgado, con quien actúa, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta, sin la comparecencia personal de las partes ni de sus autorizados. Enseguida el Secretario hace una relación de las constancias de autos, y certifica: que obran las de emplazamiento de las partes, con excepción del terceros interesado, ya que por auto de nueve de marzo de dos mil veintidós se ordenó postergar su emplazamiento hasta en tanto obrara en autos el informe justificado de la autoridad responsable, el cual ya se encuentra agregado al presente cuaderno. Que las partes no manifestaron su intención de comparecer a la presente audiencia, mediante el método de videoconferencia. Enseguida el Juez acuerda: téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, toda vez que obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable, sobre ordenar el emplazamiento del tercero interesado, no ha lugar a ello, pues lo único que traería sería el retardo del fallo y lo que se busca consagrar con la presente celebración es el principio contenido en el artículo 17 Constitucional; aunado a ello el sentido de la resolución no variaría. En ese orden, toda vez que ninguna de las partes manifestó su intención de comparecer a la audiencia de ley, a través del sistema de video conferencia, se procede a realizar la presente audiencia vía tradicional (física). A continuación se abre el período probatorio: El Secretario da cuenta con las constancias allegadas por la parte quejosa con su escrito de demanda. El Juez acuerda: Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales de referencia, y como no se ofrecieron más elementos de convicción se cierra dicha etapa. Enseguida se abre el periodo de alegatos: El Secretario hace constar que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. El Juez acuerda: Al no haber alegatos que relacionar, se declara el cierre de dicha etapa. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia, y se procede a dictar la siguiente: SENTENCIA Vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 418/2022, promovido por Edith Olivo Gámez; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el siete de marzo de dos mil veintidós, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, recibido en este juzgado el mismo día, compareció Edith Olivo Gámez, a demandar el amparo y protección de la justicia federal contra la omisión del Presidente de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por considerarla violatoria de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hizo consistir literalmente en: "ACTO RECLAMADO: 1.- La omisión de la Autoridad responsable al dejar de acordar escritos de fechas 6 de Diciembre del 2021, recibido por la responsable en fecha 7 de Diciembre del 2021, en el cual *se solicita se acuerde Auto de Requerimiento de Pago y Embargo, así como su notificación y turnar el mismo con el Actuario correspondiente para llevar acabo el requerimiento, *así como también se solicita la elaboración y girar los oficios correspondientes al ISSSTE Y FOVISSSTE a fin de que inscriba a las actoras en el periodo señalado en el Laudo, así como se solicita anexar copia de laudo de fecha 14 de Diciembre del 2020 a dichos oficios con el fin que puedan cuantificar los montos, *así como también se solicita se requiera al demandado a fin de que les reconozca su antigüedad hasta la fecha y se les incluya en nómina con el salió correcto tal y como lo ordena el Laudo que quedo firme de fecha 14 de Diciembre del 2020. 2.- La omisión de la Autoridad responsable al dejar de señalar hora y fecha para la Audiencia de Liquidación, así como su notificación a las partes, solicitada mediante escrito de fecha 6 de Diciembre del 2021 y recibida por la Autoridad Responsable en fecha 7 de Diciembre del 2021, en el que se presenta planilla de liquidación de acuerdo a lo ordenado en el Laudo que se encuentra firme de fecha 14 de Diciembre del 2020, dentro del expediente laboral número: 118/E08/2015." Sin embargo, el acto reclamado antes transcrito, se precisará para su estudio en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO Trámite. Por auto de nueve de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda y se registró con el número 418/2022; se pidió a la autoridad responsable su informe justificado, se postergó el emplazamiento del tercero interesado, se dio vista al Fiscal de la Federación adscrito, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque se reclaman actos omisivos de autoridad con residencia en esta ciudad, la cual se ubica en el territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción, y tocó conocer del asunto a prevención. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto reclamado.". Lo que además se contiene en la tesis de jurisprudencia P/J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, Novena Época, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así, considerada la demanda de amparo como un todo, se obtiene que a la autoridad responsable se le reclama: La omisión de acordar los escritos de seis de diciembre de dos mil veintiuno, presentados ante la responsable el siete siguiente, dentro del expediente 118/E08/2015. Sin que haya lugar a tener como actos reclamados los que enuncia el impetrante de amparo en su escrito de demanda, pues del estudio integral de la misma, así como de las constancias relacionadas con el juicio laboral de origen, se advierte que lo que el quejoso reclama es la omisión precisada. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado, el Presidente de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, residente en esta ciudad, aceptó la existencia del acto que se le atribuye, y refirió que se está en vías de dar cumplimiento a lo requerido, lo que adquiere pleno valor probatorio al tratarse de documentos públicos, atento a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del Pleno del Alto Tribunal, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como, la jurisprudencia número 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Conceptos de violación. Los motivos de disenso formulados por la parte quejosa, son los que se contienen en la demanda, mismos que se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". QUINTO. Estudio. Analizadas la totalidad de las constancias que integran el presente juicio de amparo, los conceptos de violación externados por la parte quejosa resultan fundados, respecto a la omisión de acordar los escritos de seis de diciembre de dos mil veintiuno, presentados ante la responsable el siete siguiente, dentro del expediente 118/E08/2015, puesto que con lo anterior, la responsable viola el derecho fundamental de administración de justicia pronta; y en vía de consecuencia el derecho fundamental contenido en el artículo 17 de la Constitución. En relación a ese derecho fundamental, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el alcance de lo dispuesto por dicha norma superior en la jurisprudencia P./J. 113/2001, de rubro siguiente: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da." En otras palabras, el derecho fundamental en estudio, se traduce en la existencia de instancias, recursos o medios de defensa que permitan al gobernado una eficaz defensa mediante el ofrecimiento de pruebas y la posibilidad de expresar los argumentos necesarios para obtener una decisión favorable a sus intereses, lo que se agota con la precisión en la norma de las formas procesales: cómo, cuándo y dónde deben ejecutarse los actos procesales, pues dichos plazos y términos tienen como fin generar seguridad jurídica para las partes en la contienda judicial y permiten la emisión de resoluciones prontas y expeditas. Ahora bien, una vez establecido que el Alto Tribunal ya definió con precisión el alcance del derecho fundamental garantizado por el artículo 17 constitucional, cabe señalar que la correspondiente obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de impartir justicia dentro de los plazos y términos fijados por el legislador, debe realizarse dentro de la necesidad de que los procedimientos jurisdiccionales, dependiendo de su naturaleza y carga de trabajo de los órganos, se efectúen en el tiempo fijado por la ley, suficiente para que las partes y las autoridades encargadas de impartir justicia realicen las diversas etapas procesales en el plazo establecido, sin que estos lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende. En el caso concreto, la parte quejosa reclama la omisión de acordar los escritos de seis de diciembre de dos mil veintiuno, presentados ante la responsable el siete siguiente, dentro del expediente 118/E08/2015. Por su parte, la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 838 dispone: "Artículo 838.- La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquéllas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley." El artículo en comento señala la obligación de la responsable de dictar el acuerdo correspondiente a las promociones por escrito que reciba dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes. En esa tesitura, la parte quejosa allegó a su escrito inicial de demanda, dos escritos de seis de diciembre de dos mil veintiuno, presentados ante la responsable el siete siguiente, dentro del expediente laboral número 118/E08/2015; sin que a la fecha obre constancia alguna dentro del sumario de garantías que ponga de manifiesto que la responsable ha acordado la petición presentada por la aquí parte quejosa. Lo anterior evidencia el lapso excesivo en el que incurre la autoridad laboral para pronunciarse sobre la promoción en comento de acuerdo al término contemplado en el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo, lo que pone de manifiesto la dilación en la que incide la responsable. Lo anterior, así como la manifestación de certeza de la responsable al rendir su informe justificado, crea convicción plena a este juzgador para resolver en el sentido que se hace, pues se advierte una dilación procesal que debe ser subsanada por esta vía. De ahí que las razones expuestas por la autoridad laboral no resultan suficientes para acreditar su dicho, pues se advierte su indulgencia al permitir el retardo desmedido en la decisión de los asuntos sometidos ante su potestad, pues con ello se hace nugatorio el derecho de la parte quejosa a una pronta expedición de justicia, en términos del artículo 17 de la Carta Magna, que señala que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En mérito de las reflexiones apuntadas, se concede el amparo y protección de la justicia federal a Edith Olivo Gámez. EFECTOS DEL FALLO: El Presidente de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, deberá: Pronunciarse de inmediato sobre los escritos de seis de diciembre de dos mil veintiuno, presentados ante la responsable el siete de diciembre del mismo año, dentro del expediente laboral número 118/E08/2015. Lo cual deberá hacer del conocimiento de este Juzgado; ello en estricto acatamiento al derecho fundamental contenido en el artículo 17 constitucional. En el entendido que los efectos de la concesión de amparo no implica que la autoridad responsable acuerde favorablemente la solicitud de la parte quejosa, sino únicamente que de contestación coherente, fundada y motivada en la ley correspondiente. Los criterios que se citan son aplicables aun cuando se hayan conformado a la luz de la Ley de Amparo abrogada, porque en términos del artículo Sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, no se advierte se opongan a ésta. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Edith Olivo Gámez, contra el acto reclamado del Presidente de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, que fuera precisado en el considerando segundo por las razones y para el efecto expuesto en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente el licenciado Fernando Ureña Moreno, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa con el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. L´EICL/jjaf
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