Edith Ochoa Arbizu

Expediente 1125/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1125/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
15/08/2016

Partes del expediente

  • Edith Ochoa Arbizu
  • Juez Tercero Mercantil de Villa de Álvarez, Colima.

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, el suscrito juzgador advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja, dentro del término legal contra el auto de veintinueve de julio de dos mil dieciséis, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de garantías; en consecuencia, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído, El presente expediente, a consideración del suscrito, no se considera de relevancia documental, dicho expediente es susceptible de destrucción.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de once de julio de dos mil dieciséis, se requirió a la parte quejosa, para que aclarara la demanda de garantías. Ahora bien, toda vez que el (la) promovente no cumplió con dicho requerimiento, dentro del término que se le concedió para tal efecto, con fundamento en el citado artículo 114 de la Ley de Amparo, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho auto y por ende se tiene por no presentada su demanda de garantías.

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE FECHA 13 DE JULIO DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Este Juzgado Federal tiene cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio constitucional, sin que se advierta que la autoridad responsable haya incurrido en excesos ni defectos en su acatamiento. Finalmente, se ordena hacer del conocimiento de las partes el presente proveído, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Téngase por recibido el oficio remitido vía electrónica por el Agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Mesa XIII, de la Dirección General de Delitos Cometidos por los Servidores Públicos de la Institución, de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República, mediante el cual hace del conocimiento a este órgano jurisdiccional la imposibilidad para remitir las actuaciones que comprenden la Averiguación Previa 310/AP/DGDCSPI/15. Atento a lo anterior, fundamento en los artículos 80 y 87 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en el ordinal 121 de la Ley Reglamentaria de los ordinales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, requiérase al Fiscal Ejecutivo Asistente Titular de la Mesa I de la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución, para que en el término de tres días contados a partir de aquel en que se le notifique este acuerdo, remita copia certificada de la totalidad de actuaciones que integran la averiguación previa 310/AP/DGDCSPI/2015. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo indicado, se le impondrá como medida de apremio una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Cabe mencionar que la eventual circunstancia de que la normatividad califique a la información de que se trata como reservada, constituye una limitante al derecho de los gobernados a solicitar información; empero no restringe la facultad de una autoridad jurisdiccional para requerirla. En apoyo a lo anterior, enseguida se transcribirán los criterios que los órganos del Poder Judicial Federal han emitido en relación a la información reservada y la facultada de recabar pruebas por parte de los jueces, tesis que se insertan enseguida: "TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA. LA LIMITANTE PARA ACCEDER A LA INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA EN TÉRMINOS DE LA LEY RELATIVA ES INAPLICABLE RESPECTO DE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN QUE CONOCEN DEL JUICIO DE AMPARO. De los artículos 1, fracción I, 2, fracciones IV y V, 6, 11 y 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, se advierte que el derecho de las personas para acceder a la información pública se encuentra limitado, excepcionalmente, respecto de aquella que en términos de la citada ley esté clasificada como reservada o confidencial; sin embargo, cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación que conocen del juicio de garantías requieran la documentación necesaria para resolver la controversia sometida a su potestad, las autoridades que con motivo de su función la tengan en su poder están obligadas a proporcionarla en términos de los artículos 78 y 149 de la Ley de Amparo, toda vez que la función jurisdiccional no se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la señalada legislación estatal y, por ende, resulta irrelevante que la información de que se trate se encuentre clasificada como reservada, pues ello constituye una limitante al derecho de los gobernados a solicitar información, mas no a la facultad de una autoridad jurisdiccional para requerirla.". "DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL. LA ASÍ CALIFICADA POR LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA EN VIRTUD DE UN MANDATO LEGAL, DEBE PERMANECER EN EL SECRETO DEL JUZGADO DURANTE EL PROCEDIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. Cuando la Comisión Federal de Competencia niegue el acceso a una información por considerarla confidencial en virtud de un mandato legal, y a solicitud del quejoso se requiera su exhibición en el juicio constitucional, el Juez de Distrito debe mantenerla en el secreto del juzgado, por lo menos en la etapa procesal, sin acceso a las partes; de no ser así, se haría nugatorio el carácter de confidencial que le otorga la ley a la multicitada documentación, ocasionando incluso que quede sin materia el juicio de garantías si tal negativa de acceso a la información es el acto reclamado. Por ello, la presunción de confidencialidad que en principio pesa sobre la documentación en cuestión debe prevalecer en tanto no se considere la posibilidad jurídica de que su contenido pueda ser hecho del conocimiento de las partes en el juicio o, incluso, invocado por el propio juzgador para fundar y motivar el fallo definitivo, o cualquier otra resolución que esté obligado a pronunciar en él.". Ello es así, pues es necesario estudiar la documentación requerida para juzgar respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, de otro modo, se haría nugatorio el acceso a la impartición de justicia al solicitante del amparo. Al respecto, este Juzgado de Distrito estima necesario precisar que se tomarán en cuenta las circunstancias del caso, como son: la naturaleza de los actos reclamados, las manifestaciones que realizó la autoridad responsable en el sentido de que la averiguación previa contiene información confidencial y en uso del arbitrio judicial, se concluirá si efectivamente esas documentales tienen o no el carácter de privilegiadas y, de ser así, ponderar sobre su confidencialidad, de manera que se resuelva sobre la constitucionalidad de los actos reclamados tomando en consideración su contenido, pero sin ponerlas, en su caso, a disposición de las partes o accedan a información reservada o confidencial, ni que obtengan esa información a través de la expedición de copias o por conducto de un medio electrónico (escaneo o toma de impresiones fotográficas).

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