Edith Nohemi Luna González

Expediente 1209/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 15 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1209/2018
Año
2018
Actuaciones
15
Última actuación
13/03/2019

Partes del expediente

  • Edith Nohemi Luna González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Agréguese a sus antecedentes el escrito signado por la quejosa... y en cuanto a su petición, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad, toda vez que en proveído de once de marzo del actual, se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Visto el estado de autos, del cual se advierte que transcurrió el plazo de tres días, concedido a la parte quejosa mediante proveídos de veintiuno y veinticinco de febrero del actual, para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por la autoridad responsable Administración Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, sin que lo hiciera; por tanto, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en autos. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo en comento fueron los siguientes: "Efectos de la concesión de amparo. En términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la protección constitucional es para que el Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistentes los pagos contenidos en los recibos de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, expedidos por la Administración Fiscal General a nombre de la quejosa con números de referencia 760065572 y 760065512. 2. En congruencia con lo anteriormente determinado, devuelva a la quejosa las cantidades que enteró en los referidos recibos, dado que como se vio con antelación, uno de los elementos esenciales de la contribución es inconstitucional, amén de que la Ley de Hacienda del Estado de Coahuila, revisada prevé una cantidad mínima a pagar por los conceptos de trato, ésta es considerada desproporcional. Los efectos señalados se justifican, dado que como se vio con antelación, uno de los elementos esenciales de la contribución es inconstitucional, amén de que la Ley de Hacienda del Estado de Coahuila de Zaragoza, si bien prevé de manera expresa la cantidad mínima a pagar los conceptos de trato, esta es considerada desproporcional atento a las razones anotadas en esta sentencia. Sirve de apoyo a lo anterior por similitud de razones, la jurisprudencia PC.VIII. J/7 A (10a.), del Pleno del Octavo Circuito, materia común, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima época, con número de registro 2015171, que a la letra dice: "DERECHOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO PÚBLICO RELATIVOS A LA PROPIEDAD Y AL COMERCIO. EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO POR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 79, FRACCIÓN II Y 82, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, VIGENTE EN 2015, DERIVADA DE DIVERSOS CRITERIOS JURISPRUDENCIALES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. De la jurisprudencia P./J. 62/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, noviembre de 1998, página 11, con el rubro: "CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA.", se advierte que si el vicio de inconstitucionalidad de la norma recae en uno de los elementos esenciales del tributo y no en alguna variable, todo el sistema impositivo queda afectado, de manera que el efecto del amparo será desincorporar de la esfera jurídica del quejoso la obligación tributaria. Ahora bien, los artículos 79, fracción II, y 82, fracción IV, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza vigente en 2015, prevén, respectivamente, distintas bases para el cálculo de los derechos por concepto de inscripción o registro de documentos relativos a la propiedad o posesión de bienes inmuebles, así como de créditos en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, atendiendo al valor del inmueble o monto de la operación, lo que de acuerdo con diversos criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación viola los principios tributarios de proporcionalidad y equidad. Consecuentemente, si la inconstitucionalidad de dichos preceptos reside en sus elementos esenciales, al calcular los derechos conforme a uno ajeno, los efectos del fallo protector consisten en que se desincorpore de la esfera jurídica del quejoso la obligación tributaria y le sean devueltas las cantidades pagadas por concepto de derechos de registro, sin que con ello se contraríe la jurisprudencia 2a./J. 29/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VIII, Tomo 2, mayo de 2012, página 1244, con el rubro: "DERECHOS POR SERVICIOS. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE PREVÉ EL MECANISMO DE CÁLCULO DE LA TASA QUE FIJA EL PAGO DE AQUÉLLOS.", al ser inaplicable por no prever las disposiciones reclamadas una tarifa mínima. PLENO DEL OCTAVO CIRCUITO". Sin que deba devolverse el importe que aparece en los citados recibos como "CEPROFI" (certificado de promoción fiscal), ya que no fue pagado por la quejosa por tratarse de estímulos fiscales, en términos del numeral 38, fracción III, del Código Fiscal para el Estado de Coahuila. Cabe aclarar que con independencia de que en este juicio se hubiese sobreseído respecto de la autoridad denominada Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, esta determinación obliga a todas las autoridades involucradas en su observancia, entre ellas a la autoridad antes citada; y, por tanto, a realizar los trámites necesarios para darle cabal cumplimiento, aun cuando ésta no estuvieran señalada como responsable en el presente juicio de amparo; ello en acatamiento a la jurisprudencia 236 emitida por la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 159, tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyos rubro y texto son los siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. A ELLA ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. Las ejecutorias de amparo deben ser inmediatamente cumplidas por toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución, pues atenta la parte final del primer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, no solamente la autoridad que haya figurado con el carácter de responsable en el juicio de garantías está obligada a cumplir la sentencia de amparo, sino cualquiera otra autoridad que, por sus funciones, tenga que intervenir en la ejecución de este fallo". Por su parte, el normativo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla". De lo anterior se desprende, que a fin de determinar si en el presente caso la autoridad responsable cumplió o no con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hayan sido correctamente cumplidas, pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Este juzgado estima que, en el caso, se cumplió con la ejecutoria de amparo, porque del contenido de las constancias remitidas por la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, se advierte que dejó insubsistentes los pagos contenidos en los recibos de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, expedidos por la Administración Fiscal General a nombre de la quejosa con números de referencia 760065572 y 760065512; asimismo, expidió a favor de la parte quejosa un cheque por la cantidad de $12,948.00 (doce mil novecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), el cual fue recibido por la quejosa el dieciocho de febrero del actual, tal y como se advierte de las constancias que anexó la responsable a su oficio de cuenta; con lo cual cumplió con la obligación a que se le constriñó en la ejecutoria en comento; por tanto, es inconcuso que llevó a cabo los deberes que le fueron impuestos. Como quedó precisado, las constancias relatadas en líneas anteriores gozan de valor probatorio pleno, al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en el ejercicio de funciones. Apoya lo anterior, en cuanto a la valoración de los medios de prueba, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Y por analogía, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, CONSTANCIAS SUFICIENTES PARA APOYARLO. La autoridad responsable no tiene porqué remitir necesariamente con su informe justificado el expediente original del juicio generador del acto reclamado, pues en términos del párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, al rendir su informe las autoridades deben acompañar copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo, lo que sucede cuando, de las remitidas se desprende la existencia de los actos reclamados así como la justificación de los mismos". Ahora bien, en relación a las manifestaciones de la parte quejosa, en torno al cumplimiento emitido por la autoridad responsable, indíquese que en el fallo constitucional en el considerando séptimo se precisó lo siguiente: ".Sin que deba devolverse el importe que aparece en los citados recibos como "CEPROFI" (certificado de promoción fiscal), ya que no fue pagado por la quejosa por tratarse de estímulos fiscales, en términos del numeral 38, fracción III, del Código Fiscal para el Estado de Coahuila". En tal virtud, cabe mencionar que los pagos que efectuó el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, fueron por la cantidad de $8,178.00 (ocho mil ciento setenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional) y $4,770.00 (cuatro mil setecientos setenta pesos 00/100 moneda nacional), misma que fue devuelta mediante cheque por la suma de $12,948.00 (doce mil novecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), toda vez que el total del importe referido en los recibos 760065572 y 760065512, le fue restada la cantidad correspondiente al certificado de promoción fiscal (CEPROFI); de ahí que, como se precisó en la sentencia constitucional al corresponder dicha suma a un estímulo fiscal, misma que no fue cobrada a la quejosa por la naturaleza de la contribución, no procede su devolución. Por tanto, como se apuntó, la autoridad responsable llevó a cabo cabalmente las obligaciones que le fueron impuestas en la ejecutoria de amparo. En tal virtud, en el presente juicio se estima que la ejecutoria de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA. Sin que se advierta que la autoridad señalada como responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó cumplió con las obligaciones a que se le constriñó, sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector, o haber omitido alguna de ellas. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones correspondientes que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión y debido a ello es susceptible de depuración; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales, toda vez que no se exhibieron en el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y mediante oficio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y autoridades responsables.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Visto el estado que guardan los presentes autos y advirtiéndose de los mismos, que se han desahogado en su cabalidad las pruebas ofrecidas en el incidente de objeción de falsedad de firma, relativa al escrito de cuatro de octubre de dos mil diecisiete, presentado por... en su carácter de albacea de los terceros interesados. En tal virtud, a fin de estar en condiciones de resolver la incidencia de referencia, de conformidad con el artículo 67, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, a efecto de que tenga verificativo en el local de este juzgado la audiencia a que se refiere el último párrafo del artículo antes mencionado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Agréguese a los presentes autos para los efectos legales correspondientes, el oficio signado por el Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo pronunciada en este juicio; al efecto, con el oficio precisado, dése vista a la parte quejosa por el término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su interés convenga, apercibido que en caso de no hacerlo, este juzgado, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, proveerá lo correspondiente en torno al cumplimiento de la sentencia constitucional, atendiendo al contenido de las constancias de autos y al oficio de cumplimiento a que se refiere el presente proveído. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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