Edith Navarro Padilla
Expediente 62/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 24 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 62/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 02/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Edith Navarro Padilla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dos de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el término de quince días, previsto en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, concedido a las partes quejosa y tercero interesada en acuerdo de veintisiete de junio de este año, en que se tuvo por cumplida la sentencia de amparo, ha transcurrido, sin que se haya recibido en la oficialía de partes de este juzgado en el período antes extinto, promoción alguna de las partes; en consecuencia, se tiene consentido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto es conservable, toda vez que se trata de un expediente en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; por lo que se ordena que una vez que transcurran tres años a esta fecha, se proceda su transferencia previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente transferido; por lo que, se establece como fecha probable el dos de agosto de dos mil veintiséis. Por otro lado, se establece que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, puesto que en definitiva la medida cautelar solicitada se negó, acorde con lo dispuesto en el artículo 20, fracción III del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se ordena que una vez que transcurran tres años a esta fecha, se proceda a la destrucción previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido; por lo que, se establece como fecha probable el dos de agosto de dos mil veintiséis. Ahora, en términos de lo dispuesto en el artículo 19, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo General, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, por lo que se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido; por lo que, se establece como fecha probable el dos de febrero de dos mil veinticuatro. Insértese copia de este proveído en los cuadernos incidentales para los efectos legales a que haya lugar, sin que sea necesario que se hagan las notificaciones correspondientes en aquéllos. En cumplimiento al artículo 34 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADA LA DETERMINACION DE 27/06/2023, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO C... Boca del Río, Veracruz, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, téngasele remitiendo en alcance al oficio ******************** de siete de junio de este año, la determinación dictada el veintiuno del presente mes y año en los autos del juicio ordinario civil ********************, mediante la cual precisa la resolución emitida el seis de junio de este año, para dejar sin efectos tanto la resolución de diez de diciembre de dos mil veintiuno y doce de mayo de este año, dejando vigente únicamente la dictada el seis de junio de dos mil veintitrés. Por otra parte, visto el estado de autos para resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria pronunciada por este Juzgado de Distrito en el juicio de amparo ********************, promovido por ********************. RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiséis de enero de dos mil veintidós en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, en el Estado de Veracruz, con residencia en la ciudad de Boca del Río, turnado el veintisiete siguiente, ******************** demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la autoridad responsable Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz. Autoridad a la que atribuyó el acto que refirió de la manera siguiente: La resolución de diez de diciembre de dos mil veintiuno, emitida en el juicio ordinario civil ********************, en la cual el juez responsable, al resolver el recurso de reclamación que interpuso la aquí quejosa, lo declaró improcedente y confirmó la pensión alimenticia provisional decretada a su cargo, consistente en un salario mínimo que perciba como trabajadora de cualquier actividad lícita a la que se dedique. En proveído de veintiocho de enero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo. SEGUNDO. Una vez tramitado el juicio de amparo, el dieciséis de junio de este año, se dictó sentencia en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************. TERCERO. Inconforme con dicha resolución la autorizada de la parte quejosa interpuso recurso de revisión; que por razón de turnó correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, quien al resolver en sesión ordinaria virtual el trece de abril de esta anualidad, revocó la sentencia dictada y concedió el amparo y protección de la justicia a ********************. CUARTO. Por auto de tres de mayo del año en curso se tuvo por recibido la resolución emitida por el tribunal de conocimiento, por lo que se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento al fallo protector. QUINTO. Mediante oficio 4350/2023, el Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz remitió copia certificada de la determinación emitida el doce de mayo de esta anualidad en el expediente ********************, por la cual refirió dar cumplimiento a la sentencia emitida en autos; por lo que se dejó a vista de las partes por el término de tres días, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo. SEXTO. Mediante acuerdo de treinta y uno de mayo de este año, se tuvo por no cumplida la ejecutoria de amparo, por lo que se requirió nuevamente el cumplimiento del fallo protector. SÉPTIMO. Por auto de ocho de junio de mayo de los corrientes, en términos de lo que señala el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesada por el término de tres días con el cumplimiento dado por la autoridad responsable; vista que no fue desahogada por las partes. CONSIDERANDO: PRIMERO. Este juzgado es competente para resolver respecto del cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo; dado que, el estado de autos lo permite, al obrar la determinar emitida por el juez responsable respecto del cumplimiento requerido y haberse otorgado vista a las partes por el plazo legal previsto para tal efecto; vista que no fue desahogada por las partes. SEGUNDO. Efectos de la concesión del amparo. En la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, se concedió el amparo solicitado, para efecto de que la autoridad responsable: "I. Deje insubsistente el acto reclamado consistente en la resolución de diez de diciembre de dos mil veintiuno pronunciada por el Juez Décimo Primero (sic) de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz, en la que declaró improcedente el recurso de reclamación. II. En su lugar, emita otra determinación en la cual en aras de juzgar con perspectiva de género en el caso justiciable, pondere las pruebas y presunciones aquí reseñadas, a efecto de determinar con libertad de jurisdicción una pensión alimenticia para el menor de edad de identidad reservada.". TERCERO. Cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Sentado lo anterior, se confiere pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles a la determinación dictada el seis de junio de este año en el expediente ********************, así como la aclaración recibida en este acuerdo, concerniente al acuerdo emitido el veintiuno del presente mes y año. Así, se advierte que la autoridad responsable dejó sin efectos la resolución emitida el diez de diciembre de dos mil veintiuno, así como la de doce de mayo de dos mil veintitrés y resolvió el recurso de reclamación interpuesto en el sumario de origen. Ahora, la autoridad responsable en la resolución dictada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, indicó que la parte demandada expresó los siguientes agravios: Que la medida decretada en su contra por concepto de alimentos para su menor hijo era injusta y desproporcionada, toda vez que se había acreditado en autos que ésta carecía de posibilidades económicas al no contar con ingresos, empleo, oficio, arte o profesión y no haber desarrollado fuera del hogar conyugal labor alguna ni profesional ni laboral y haberse dedicado al hogar, cuidado y atenciones de su menor hijo y del propio actor, de quien incluso era dependiente económica al encontrarse decretada una pensión alimenticia en su favor en el diverso juicio ******************** del índice del Juzgado Décimo Segundo Especializado en Materia Familiar de este distrito judicial. Que en el caso en concreto, el actor contaba con ingresos suficientes derivados de su fuente de empleo al ser empresario de la empresa de transportes de carga denominada "********************" de donde percibía ingresos aproximados entre los $50,000.00 y $55,000.00 semanales, como se justificaba con las facturas electrónicas impresas expedidas a favor del actor, esto es, sus ingresos aproximados eran de $200,000.00 mensuales. Asimismo, que éste fue quien siempre cubrió los alimentos del hogar, de la quejosa y de su menor hijo, mientras que ésta se dedicó al hogar. Que actualmente se encuentra fuera del hogar conyugal derivado de la violencia física y psicológica que el demandado ejerció sobre su persona, lo que la imposibilitaba para cumplir con la carga impuesta por el juez responsable. En ese sentido, la responsable reseñó que la demandada acompañó las siguientes documentales: 1) Fotografías a color. 2) Impresiones de comprobantes fiscales digitales por internet, del que se observa datos del emisor ******************** y datos del receptor ********************. 3) Un legajo de copias fotostáticas simples de la resolución de dieciocho de octubre del dos mil veintiuno, deducida del expediente número ******************** del índice del Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia de este Distrito Judicial. De igual forma detalló las pruebas ofrecidas por el actor, para luego indicar que los derechos alimentarios que venía solicitando el actor, en representación de su menor hijo de apellidos ********************, eran procedentes, pues se encontraba justificado en forma provisional con el acta de nacimiento número ******************** de fecha de registro de ocho de junio de dos mil quince, expedida por el Registro Civil de la ciudad de Veracruz, Veracruz; misma que acreditó el vínculo paterno filial entre el menor y la demandada; constancia que le otorgó valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 235 fracción Il, 261 fracción IV, 337 del código Procesal Civil, en relación con el 671 del Código Sustantivo Civil, ambos del Estado. Ahora bien, por lo que respecta a la capacidad económica de la deudora, la responsable señaló que se encontraba acreditada con lo manifestado en sus escritos de contestación de demanda y reclamación, lo que era indicativo que obtenía ingresos. Asimismo, precisó que justificadas los lazos existentes entre el acreedor alimentario en representación del menor de edad involucrado, era procedente entrar al análisis de la proporcionalidad conforme al artículo 242 del Código Civil del Estado, en relación con los diversos 234 y 239 del mismo ordenamiento, de donde devenía el reclamo de ********************. Resultando parcialmente procedentes los agravios de la deudora alimenticia por las siguientes consideraciones: "En relación al agravio descrito en el inciso a) descrito en la parte considerativa, dicho agravio que es analizado y el mismo resulta parcialmente fundado y procedente, toda vez que en su único agravio que la medida decretada en su contra es injusta y desproporcionada, ya que carece de posibilidades económicas al no contar con ingresos, empleo, oficio, arte o profesión, y haberse dedicado al hogar, cuidado y atenciones de su menor hijo y del propio actor, y que además es dependiente económico del actor al encontrarse decretada una pensión alimenticia en mi favor en el diverso juicio ******************** del índice del Juzgado Décimo Segundo Especializado en materia familiar de este distrito judicial, y confirmada por resolución de dieciocho de octubre del año en curso, y que de acuerdo con el articulo 243 y 244 refiere que la carga alimentaria quedará a cargo de quien si cuenta con posibilidades económicas para cubrir por si solo los alimentos de los acreedores, mencionando que el actor cuenta con ingresos suficientes al ser propietario empresario de la empresa de transportes de carga denominada "********************" percibiendo ingresos aproximados entre los $50,000.00 y $55,000.00 semanales, y para ello exhibe diversas impresiones de facturas electrónicas impresas cuyos datos del emisor es del actor ********************, visible a fojas ochenta y siete a la ciento tres, y con ello pretende justificar que el actor del juicio percibe cantidades de dinero por concepto de la actividad a que se dedica, asimismo pretende acreditar que es acreedora alimentaria del actor del juicio, al exhibir un legajo de copias simples de la resolución de fecha dieciocho de octubre del dos mil veintiuno, deducida del expediente número ******************** del Índice del Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia de este Distrito Judicial, de la que se advierte que se confirmó la pensión alimenticia decretada por auto de fecha siete de abril del año dos mil veintiuno, consistente en un salario diario a cubrir el demandado, en favor de la hoy demandada. Se aprecia del sumario, que con las pruebas ofertadas por la parte reo procesal, logra justificar parcialmente que la medida provisional es desproporcionada, lo anterior se estima así, en virtud de que el hecho de que el actor obtenga ingresos, como así lo justifica con las impresiones de los comprobantes que ofrece como prueba y citados con antelación, los cuales adquieren valor pleno en términos de los artículos 327, 329 y 337 del código adjetivo civil, en donde se acredita que el actor tiene una empresa de nombre ********************, donde derivado de su actividad percibía altos ingresos por prestar sus servicios. Lo anterior, se robustece con la narrativa del actor, en donde manifiesta que tiene el depósito judicial de su menor hijo y que él solventa todas las necesidades alimentarias y de asistencia médica, educativa, recreativa de su menor hijo; atestes valorados en términos de los artículos 316 y 320 del código procesal civil del Estado, para acreditarse que el menor se encuentra bajo su custodia, y que él se hace cargo de las necesidades de éste, al tener los ingresos suficientes para poder satisfacer todas y cada una de las parquedades del referido infante, muy probablemente con los ingresos que percibe de su empresa de transportes." Empero, precisó dicha circunstancia no exentaba a la demandada de cumplir con lo dispuesto en el numeral 234 que sostiene que los padres están obligados a dar alimentos a sus hijas e hijos, pues el legislador no hace distinción entre uno y otro progenitor, sino que ambos progenitores son sujetos obligados a cumplir. Por lo que destacó la situación especial de la demandada, es decir, que no estuvo en posibilidad de tener un trabajo remunerado por dedicarse a las labores del hogar, ya que el reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, exige que todos los órganos jurisdiccionales del país impartan justicia con perspectiva de género. Resaltando que la mujer que se dedica a las labores domésticas y a la crianza de los hijos durante la relación, debe ser objeto de una protección reforzada por parte del Estado, pues la ruptura de ésta impide su acceso a un nivel de vida adecuado, cuando no estuvo en posibilidad de hacerse de una independencia económica por asumir el cuidado del hogar. En ese sentido, señaló la responsable que le correspondía a la parte actora demostrar que su pareja no se había desempeñado durante el tiempo que duró la relación a dichas actividades domésticas y cuidado de los hijos, así como que se encontraba en condiciones de satisfacer sus necesidades alimentarias, para que procediera su pretensión. Ello es así, pues precisó que la herramienta de perspectiva de género implicaba revertir la carga de la prueba al actor a fin de que desvirtuar lo aseverado por la demandada, cuando su necesidad alimentaria se sustentara en hechos negativos, colocando a las partes en la misma posición para acreditar la procedencia de una pensión, ya que correspondía al demandado probar que ésta no prosperaba, dada la desigualdad estructural que sufre la mujer ama de casa al momento del divorcio. Así, señaló que los roles de género en México, hacían presumir que las mujeres casadas efectuaban un doble rol o doble jornada, esto es, que además de contar con una fuente laboral remunerada, también hacían las veces de ama de casa, o en algunos casos en particular, únicamente las mujeres casadas se dedicaban preponderadamente a las labores del hogar y al cuidado de los hijos procreados; por lo que en esa medida, correspondía al actor desvirtuar las aseveraciones de la demandada de que no estuvo en posibilidad de laborar y se dedicó a las labores del hogar y a los trabajos de la empresa del actor durante catorce años que duró la relación con el demandado. Sentado ello, la responsable indicó que se apreciaba que la demandada no estuvo en posibilidad de desarrollarse profesionalmente, pues durante el tiempo que duró la relación con el actor no obtuvo algún trabajo remunerado que le permitiera allegarse de sus propios bienes, lo que provocaba que la pensión alimenticia combatida fuera excesiva y desproporcionada, argumento que estimó suficiente para regraduar la pensión alimenticia fijada en auto de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, para quedar en la cantidad de $100.00 (cien pesos, con cero centavos moneda nacional) diarios a cargo de la demandada ******************** a favor del menor de apellidos ********************. Monto que el juez responsable estimó justa y equitativa a las particularidades de la deudora alimentaria, considerando sus condiciones particulares específicamente que contaba con la edad de treinta y seis años, sin evidencia de que padeciera alguna enfermedad crónica o presentara una capacidad diferente o alguna condición por la cual requiriera alimentación especial o un medicamento determinado, además de que el menor acreedor alimentario contaba con la edad biológica de siete años, sin que existiera en el sumario evidencia de que padeciera alguna enfermedad o se encontrara en una condición especial. De lo que se evidencia que la autoridad responsable dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues dejó insubsistente el acto reclamado consistente en la resolución de diez de diciembre de dos mil veintiuno pronunciada por el Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz, en la que declaró improcedente el recurso de reclamación, así como también dejó insubsistente la diversa resolución de doce de mayo de este año, por la que pretendió dar cumplimiento a la sentencia de amparo, dejando vigente únicamente la dictada el seis de junio de dos mil veintitrés. Y, en su lugar, emitió otra determinación en la cual valoró lo manifestado por la reclamante en el sentido de que carecía de posibilidades económicas para sufragar la pensión alimenticia impuesta, debido a que se había dedicado preponderantemente a las labores del hogar y cuidados de su menor hijo. Asimismo, valoró las pruebas que derivaban del expediente a efecto de determinar una pensión alimenticia para el menor de edad que resultara acorde al principio de proporcionalidad en materia de alimentos previsto en el artículo 242 del Código Civil para el Estado de Veracruz, esto es, fuera acorde tanto a las necesidades del acreedor como a las posibilidades de la deudora alimentaria. Y, presumió que la demandada se dedicó preponderantemente al trabajo del hogar y al cuidado de su hijo, puesto que ello no fue controvertido por el padre del menor. Aunado a que las actividades que desarrolló ésta fueron en la empresa del actor, siendo estos de limpieza, facturación, monitoreo de vehículos, entre otras actividades, durante los catorce años que duró la relación. Para finalmente determinar con libertad de jurisdicción una pensión alimenticia para el menor de edad de identidad reservada, consistente en otorgar la cantidad de $100.00 (cien pesos, con cero centavos moneda nacional) diarios a cargo de ********************. De lo que se evidencia que el juzgador de origen siguió los lineamientos de la ejecutoria de amparo en términos de lo establecido en el amparo en revisión ******************** del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, sin que se advierta exceso ni defecto en su cumplimiento. Por lo antes expuesto y con apoyo en el artículo 196, párrafos primero y segundo, y 214 de la Ley de Amparo, se, RESUELVE: ÚNICO. Se declara que la sentencia ejecutoria dictada en los autos del juicio de amparo ********************, promovido por ********************, SE ENCUENTRA CUMPLIDA. Una vez que transcurra el término de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, contado a partir de la legal notificación del presente auto, provéase sobre el archivo del presente juicio. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; y captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y tercero interesada, por oficio a la autoridad responsable, y vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, téngasele remitiendo en alcance al oficio ******************** de siete de junio de este año, la determinación dictada el veintiuno del presente mes y año en los autos del juicio ordinario civil ********************, mediante la cual precisa la resolución emitida el seis de junio de este año, para dejar sin efectos tanto la resolución de diez de diciembre de dos mil veintiuno y doce de mayo de este año, dejando vigente únicamente la dictada el seis de junio de dos mil veintitrés. Por otra parte, visto el estado de autos para resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria pronunciada por este Juzgado de Distrito en el juicio de amparo ********************, promovido por ********************. RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiséis de enero de dos mil veintidós en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, en el Estado de Veracruz, con residencia en la ciudad de Boca del Río, turnado el veintisiete siguiente, ******************** demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la autoridad responsable Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz. Autoridad a la que atribuyó el acto que refirió de la manera siguiente: La resolución de diez de diciembre de dos mil veintiuno, emitida en el juicio ordinario civil ********************, en la cual el juez responsable, al resolver el recurso de reclamación que interpuso la aquí quejosa, lo declaró improcedente y confirmó la pensión alimenticia provisional decretada a su cargo, consistente en un salario mínimo que perciba como trabajadora de cualquier actividad lícita a la que se dedique. En proveído de veintiocho de enero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo. SEGUNDO. Una vez tramitado el juicio de amparo, el dieciséis de junio de este año, se dictó sentencia en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************. TERCERO. Inconforme con dicha resolución la autorizada de la parte quejosa interpuso recurso de revisión; que por razón de turnó correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, quien al resolver en sesión ordinaria virtual el trece de abril de esta anualidad, revocó la sentencia dictada y concedió el amparo y protección de la justicia a ********************. CUARTO. Por auto de tres de mayo del año en curso se tuvo por recibido la resolución emitida por el tribunal de conocimiento, por lo que se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento al fallo protector. QUINTO. Mediante oficio 4350/2023, el Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz remitió copia certificada de la determinación emitida el doce de mayo de esta anualidad en el expediente ********************, por la cual refirió dar cumplimiento a la sentencia emitida en autos; por lo que se dejó a vista de las partes por el término de tres días, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo. SEXTO. Mediante acuerdo de treinta y uno de mayo de este año, se tuvo por no cumplida la ejecutoria de amparo, por lo que se requirió nuevamente el cumplimiento del fallo protector. SÉPTIMO. Por auto de ocho de junio de mayo de los corrientes, en términos de lo que señala el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesada por el término de tres días con el cumplimiento dado por la autoridad responsable; vista que no fue desahogada por las partes. CONSIDERANDO: PRIMERO. Este juzgado es competente para resolver respecto del cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo; dado que, el estado de autos lo permite, al obrar la determinar emitida por el juez responsable respecto del cumplimiento requerido y haberse otorgado vista a las partes por el plazo legal previsto para tal efecto; vista que no fue desahogada por las partes. SEGUNDO. Efectos de la concesión del amparo. En la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, se concedió el amparo solicitado, para efecto de que la autoridad responsable: "I. Deje insubsistente el acto reclamado consistente en la resolución de diez de diciembre de dos mil veintiuno pronunciada por el Juez Décimo Primero (sic) de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz, en la que declaró improcedente el recurso de reclamación. II. En su lugar, emita otra determinación en la cual en aras de juzgar con perspectiva de género en el caso justiciable, pondere las pruebas y presunciones aquí reseñadas, a efecto de determinar con libertad de jurisdicción una pensión alimenticia para el menor de edad de identidad reservada.". TERCERO. Cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Sentado lo anterior, se confiere pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles a la determinación dictada el seis de junio de este año en el expediente ********************, así como la aclaración recibida en este acuerdo, concerniente al acuerdo emitido el veintiuno del presente mes y año. Así, se advierte que la autoridad responsable dejó sin efectos la resolución emitida el diez de diciembre de dos mil veintiuno, así como la de doce de mayo de dos mil veintitrés y resolvió el recurso de reclamación interpuesto en el sumario de origen. Ahora, la autoridad responsable en la resolución dictada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, indicó que la parte demandada expresó los siguientes agravios: Que la medida decretada en su contra por concepto de alimentos para su menor hijo era injusta y desproporcionada, toda vez que se había acreditado en autos que ésta carecía de posibilidades económicas al no contar con ingresos, empleo, oficio, arte o profesión y no haber desarrollado fuera del hogar conyugal labor alguna ni profesional ni laboral y haberse dedicado al hogar, cuidado y atenciones de su menor hijo y del propio actor, de quien incluso era dependiente económica al encontrarse decretada una pensión alimenticia en su favor en el diverso juicio ******************** del índice del Juzgado Décimo Segundo Especializado en Materia Familiar de este distrito judicial. Que en el caso en concreto, el actor contaba con ingresos suficientes derivados de su fuente de empleo al ser empresario de la empresa de transportes de carga denominada "********************" de donde percibía ingresos aproximados entre los $50,000.00 y $55,000.00 semanales, como se justificaba con las facturas electrónicas impresas expedidas a favor del actor, esto es, sus ingresos aproximados eran de $200,000.00 mensuales. Asimismo, que éste fue quien siempre cubrió los alimentos del hogar, de la quejosa y de su menor hijo, mientras que ésta se dedicó al hogar. Que actualmente se encuentra fuera del hogar conyugal derivado de la violencia física y psicológica que el demandado ejerció sobre su persona, lo que la imposibilitaba para cumplir con la carga impuesta por el juez responsable. En ese sentido, la responsable reseñó que la demandada acompañó las siguientes documentales: 1) Fotografías a color. 2) Impresiones de comprobantes fiscales digitales por internet, del que se observa datos del emisor ******************** y datos del receptor ********************. 3) Un legajo de copias fotostáticas simples de la resolución de dieciocho de octubre del dos mil veintiuno, deducida del expediente número ******************** del índice del Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia de este Distrito Judicial. De igual forma detalló las pruebas ofrecidas por el actor, para luego indicar que los derechos alimentarios que venía solicitando el actor, en representación de su menor hijo de apellidos ********************, eran procedentes, pues se encontraba justificado en forma provisional con el acta de nacimiento número ******************** de fecha de registro de ocho de junio de dos mil quince, expedida por el Registro Civil de la ciudad de Veracruz, Veracruz; misma que acreditó el vínculo paterno filial entre el menor y la demandada; constancia que le otorgó valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 235 fracción Il, 261 fracción IV, 337 del código Procesal Civil, en relación con el 671 del Código Sustantivo Civil, ambos del Estado. Ahora bien, por lo que respecta a la capacidad económica de la deudora, la responsable señaló que se encontraba acreditada con lo manifestado en sus escritos de contestación de demanda y reclamación, lo que era indicativo que obtenía ingresos. Asimismo, precisó que justificadas los lazos existentes entre el acreedor alimentario en representación del menor de edad involucrado, era procedente entrar al análisis de la proporcionalidad conforme al artículo 242 del Código Civil del Estado, en relación con los diversos 234 y 239 del mismo ordenamiento, de donde devenía el reclamo de ********************. Resultando parcialmente procedentes los agravios de la deudora alimenticia por las siguientes consideraciones: "En relación al agravio descrito en el inciso a) descrito en la parte considerativa, dicho agravio que es analizado y el mismo resulta parcialmente fundado y procedente, toda vez que en su único agravio que la medida decretada en su contra es injusta y desproporcionada, ya que carece de posibilidades económicas al no contar con ingresos, empleo, oficio, arte o profesión, y haberse dedicado al hogar, cuidado y atenciones de su menor hijo y del propio actor, y que además es dependiente económico del actor al encontrarse decretada una pensión alimenticia en mi favor en el diverso juicio ******************** del índice del Juzgado Décimo Segundo Especializado en materia familiar de este distrito judicial, y confirmada por resolución de dieciocho de octubre del año en curso, y que de acuerdo con el articulo 243 y 244 refiere que la carga alimentaria quedará a cargo de quien si cuenta con posibilidades económicas para cubrir por si solo los alimentos de los acreedores, mencionando que el actor cuenta con ingresos suficientes al ser propietario empresario de la empresa de transportes de carga denominada "********************" percibiendo ingresos aproximados entre los $50,000.00 y $55,000.00 semanales, y para ello exhibe diversas impresiones de facturas electrónicas impresas cuyos datos del emisor es del actor ********************, visible a fojas ochenta y siete a la ciento tres, y con ello pretende justificar que el actor del juicio percibe cantidades de dinero por concepto de la actividad a que se dedica, asimismo pretende acreditar que es acreedora alimentaria del actor del juicio, al exhibir un legajo de copias simples de la resolución de fecha dieciocho de octubre del dos mil veintiuno, deducida del expediente número ******************** del Índice del Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia de este Distrito Judicial, de la que se advierte que se confirmó la pensión alimenticia decretada por auto de fecha siete de abril del año dos mil veintiuno, consistente en un salario diario a cubrir el demandado, en favor de la hoy demandada. Se aprecia del sumario, que con las pruebas ofertadas por la parte reo procesal, logra justificar parcialmente que la medida provisional es desproporcionada, lo anterior se estima así, en virtud de que el hecho de que el actor obtenga ingresos, como así lo justifica con las impresiones de los comprobantes que ofrece como prueba y citados con antelación, los cuales adquieren valor pleno en términos de los artículos 327, 329 y 337 del código adjetivo civil, en donde se acredita que el actor tiene una empresa de nombre ********************, donde derivado de su actividad percibía altos ingresos por prestar sus servicios. Lo anterior, se robustece con la narrativa del actor, en donde manifiesta que tiene el depósito judicial de su menor hijo y que él solventa todas las necesidades alimentarias y de asistencia médica, educativa, recreativa de su menor hijo; atestes valorados en términos de los artículos 316 y 320 del código procesal civil del Estado, para acreditarse que el menor se encuentra bajo su custodia, y que él se hace cargo de las necesidades de éste, al tener los ingresos suficientes para poder satisfacer todas y cada una de las parquedades del referido infante, muy probablemente con los ingresos que percibe de su empresa de transportes." Empero, precisó dicha circunstancia no exentaba a la demandada de cumplir con lo dispuesto en el numeral 234 que sostiene que los padres están obligados a dar alimentos a sus hijas e hijos, pues el legislador no hace distinción entre uno y otro progenitor, sino que ambos progenitores son sujetos obligados a cumplir. Por lo que destacó la situación especial de la demandada, es decir, que no estuvo en posibilidad de tener un trabajo remunerado por dedicarse a las labores del hogar, ya que el reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, exige que todos los órganos jurisdiccionales del país impartan justicia con perspectiva de género. Resaltando que la mujer que se dedica a las labores domésticas y a la crianza de los hijos durante la relación, debe ser objeto de una protección reforzada por parte del Estado, pues la ruptura de ésta impide su acceso a un nivel de vida adecuado, cuando no estuvo en posibilidad de hacerse de una independencia económica por asumir el cuidado del hogar. En ese sentido, señaló la responsable que le correspondía a la parte actora demostrar que su pareja no se había desempeñado durante el tiempo que duró la relación a dichas actividades domésticas y cuidado de los hijos, así como que se encontraba en condiciones de satisfacer sus necesidades alimentarias, para que procediera su pretensión. Ello es así, pues precisó que la herramienta de perspectiva de género implicaba revertir la carga de la prueba al actor a fin de que desvirtuar lo aseverado por la demandada, cuando su necesidad alimentaria se sustentara en hechos negativos, colocando a las partes en la misma posición para acreditar la procedencia de una pensión, ya que correspondía al demandado probar que ésta no prosperaba, dada la desigualdad estructural que sufre la mujer ama de casa al momento del divorcio. Así, señaló que los roles de género en México, hacían presumir que las mujeres casadas efectuaban un doble rol o doble jornada, esto es, que además de contar con una fuente laboral remunerada, también hacían las veces de ama de casa, o en algunos casos en particular, únicamente las mujeres casadas se dedicaban preponderadamente a las labores del hogar y al cuidado de los hijos procreados; por lo que en esa medida, correspondía al actor desvirtuar las aseveraciones de la demandada de que no estuvo en posibilidad de laborar y se dedicó a las labores del hogar y a los trabajos de la empresa del actor durante catorce años que duró la relación con el demandado. Sentado ello, la responsable indicó que se apreciaba que la demandada no estuvo en posibilidad de desarrollarse profesionalmente, pues durante el tiempo que duró la relación con el actor no obtuvo algún trabajo remunerado que le permitiera allegarse de sus propios bienes, lo que provocaba que la pensión alimenticia combatida fuera excesiva y desproporcionada, argumento que estimó suficiente para regraduar la pensión alimenticia fijada en auto de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, para quedar en la cantidad de $100.00 (cien pesos, con cero centavos moneda nacional) diarios a cargo de la demandada ******************** a favor del menor de apellidos ********************. Monto que el juez responsable estimó justa y equitativa a las particularidades de la deudora alimentaria, considerando sus condiciones particulares específicamente que contaba con la edad de treinta y seis años, sin evidencia de que padeciera alguna enfermedad crónica o presentara una capacidad diferente o alguna condición por la cual requiriera alimentación especial o un medicamento determinado, además de que el menor acreedor alimentario contaba con la edad biológica de siete años, sin que existiera en el sumario evidencia de que padeciera alguna enfermedad o se encontrara en una condición especial. De lo que se evidencia que la autoridad responsable dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues dejó insubsistente el acto reclamado consistente en la resolución de diez de diciembre de dos mil veintiuno pronunciada por el Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz, en la que declaró improcedente el recurso de reclamación, así como también dejó insubsistente la diversa resolución de doce de mayo de este año, por la que pretendió dar cumplimiento a la sentencia de amparo, dejando vigente únicamente la dictada el seis de junio de dos mil veintitrés. Y, en su lugar, emitió otra determinación en la cual valoró lo manifestado por la reclamante en el sentido de que carecía de posibilidades económicas para sufragar la pensión alimenticia impuesta, debido a que se había dedicado preponderantemente a las labores del hogar y cuidados de su menor hijo. Asimismo, valoró las pruebas que derivaban del expediente a efecto de determinar una pensión alimenticia para el menor de edad que resultara acorde al principio de proporcionalidad en materia de alimentos previsto en el artículo 242 del Código Civil para el Estado de Veracruz, esto es, fuera acorde tanto a las necesidades del acreedor como a las posibilidades de la deudora alimentaria. Y, presumió que la demandada se dedicó preponderantemente al trabajo del hogar y al cuidado de su hijo, puesto que ello no fue controvertido por el padre del menor. Aunado a que las actividades que desarrolló ésta fueron en la empresa del actor, siendo estos de limpieza, facturación, monitoreo de vehículos, entre otras actividades, durante los catorce años que duró la relación. Para finalmente determinar con libertad de jurisdicción una pensión alimenticia para el menor de edad de identidad reservada, consistente en otorgar la cantidad de $100.00 (cien pesos, con cero centavos moneda nacional) diarios a cargo de ********************. De lo que se evidencia que el juzgador de origen siguió los lineamientos de la ejecutoria de amparo en términos de lo establecido en el amparo en revisión ******************** del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, sin que se advierta exceso ni defecto en su cumplimiento. Por lo antes expuesto y con apoyo en el artículo 196, párrafos primero y segundo, y 214 de la Ley de Amparo, se, RESUELVE: ÚNICO. Se declara que la sentencia ejecutoria dictada en los autos del juicio de amparo ********************, promovido por ********************, SE ENCUENTRA CUMPLIDA. Una vez que transcurra el término de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, contado a partir de la legal notificación del presente auto, provéase sobre el archivo del presente juicio. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; y captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y tercero interesada, por oficio a la autoridad responsable, y vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, ocho de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, el oficio y un anexo, signado por el Juez Décimo de Primera Instancia Especializada en Materia Familia, con sede en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, téngasele dando cumplimiento a lo ordenado en el proveído de treinta y uno de mayo del año en curso, al informar sobre el cumplimiento dado a la sentencia que concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal. Por lo anterior, dese vista a las partes quejosa y tercero interesado, con el oficio y anexo de cuenta, y córraseles traslado con los mismos, por el término de tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, lo anterior con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo; apercibidas que de no desahogar la vista ordenada, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con los elementos que obren en autos. Por consiguiente, una vez que transcurra el término otorgado a las partes quejosa y tercero interesado para desahogar la vista indicada en el párrafo anterior, déseme cuenta de nuevo, a fin de determinar si la sentencia se encuentra o no cumplida, o bien, dictar las medidas necesarias para conseguirlo. Notifíquese personalmente a las partes quejosa y tercero interesado.
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