Edith Martínez Aguilar

Expediente 798/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
798/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
11/07/2019

Partes del expediente

  • Edith Martínez Aguilar

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo en vigor, el proveído de veinticinco de junio dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. Además, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis de asuntos destruibles, contenido en dicho acuerdo, ya que se desechó la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto de referencia, pues se trata de un asunto en el que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y a juicio del suscrito por la naturaleza de lo resuelto no es de relevancia documental.

  2. Principal

    III.- DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27 ,FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, SE NOTIFICA AL QUEJOSO EL AUTO DE VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMDO. Ahora bien, de la lectura integra de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa se duele del siguiente acto: La omisión de dictar y notificar el laudo respectivo al juicio número ********************, instaurado por ******************** en contra de ********************, dentro del término que para ello señala la Ley Federal del Trabajo en su artículo 885. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora, la lectura integral de la demanda, revela que se actualiza la hipótesis normativa prevista por el numeral 113, de la Ley de Amparo, toda vez que en el caso existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que da lugar a su desechamiento de plano, al encuadrarse la hipótesis normativa contenida en el ordinal 61, fracción XXIII de la Ley de amparo, en relación con el 107, fracción V, de la Carta Magna, interpretado a contrario sensu, porque el acto combatido no es de los considerados de imposible reparación que deba ser analizado de manera inmediata a través del juicio de amparo indirecto, porque para calificarlo de tal forma, sería necesario que produjera una afectación material a derechos sustantivos; esto es, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho; y no, únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la resolución correspondiente. Es aplicable, la jurisprudencia VI. 1o.A. J/10, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 1570 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo III, Mayo de 2014, materia común, con número de registro 2006339, criterio que se encuentra aún vigente, del siguiente rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SON AQUELLOS QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS, ASÍ COMO VIOLACIONES PROCESALES RELEVANTES, DE CONFORMIDAD CON UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIONES III, INCISO B), Y V, Y 170, FRACCIÓN I, CUARTO PÁRRAFO, ÉSTE A CONTRARIO SENSU, DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE)." Destaca, que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, el numeral 107, fracción V -apenas transcrito-, precisa claramente el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación; respecto de los cuales se dice son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; esto es, a partir de la actual redacción el legislador secundario proporcionó mayor seguridad en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto, contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal tuvo la intención de que en los procedimientos judiciales, se entendiera cuáles son los actos que pueden ser así considerados. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, sustentada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, analizó los aspectos que el legislador secundario ponderó para definir los actos de imposible reparación en la actual redacción de la Ley de Amparo, y destacó que las dos condiciones que se dispusieron para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento fueron las siguientes: "la primera consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión en la que reside la idea de repeler cualquier lesión solo de naturaleza formal, la cual se actualiza en los casos en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva". Bajo ese panorama, el juicio de amparo indirecto procede sólo contra actos de autoridad que produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado; y no una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la resolución que resuelva al procedimiento. En ese sentido, se estima la actualización de la causa de improcedencia invocada, en virtud de que el acto reclamado -La omisión de dictar y notificar el laudo respectivo al juicio número ********************-, no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo: falta de prosecución del trámite. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Bajo ese contexto, la omisión por parte de la autoridad responsable de dictar laudo correspondiente en el expediente laboral ********************, no constituye un acto de imposible reparación, pues no se advierte la existencia de una abierta demora del procedimiento o paralización total del mismo, pues si el veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, turnó los autos al auxiliar dictaminador a efecto de emitir el proyecto de laudo y el veintiuno de los cursantes la quejosa interpuso demanda de amparo, es inconcuso que no ha transcurrido un término prudente para que ello se configure, atendiendo a la carga de trabajo que impera en los Tribunales de Trabajo, es decir, un plazo de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente la autoridad señalada como responsable debió pronunciarse o realizar los actos procesales respectivos; esto, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando se necesaria alguna promoción del trabajador. Máxime porque en los preceptos de la Ley Federal del Trabajo que contienen los términos que deben respetar los tribunales obreros para tomar las medidas necesarias a fin de lograr la mayor economía procesal, concentración y sencillez del proceso, establecen: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes." Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos. Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. Artículo 888. La discusión y votación del proyecto de laudo se llevarán a cabo en sesión de la Junta, certificando el secretario la presencia de los participantes que concurran a la votación, de conformidad con las normas siguientes: I. Se dará lectura al proyecto de resolución y a los alegatos y a las observaciones formulados por las partes; II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas; y III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado. Artículo 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta. Artículo 890. Engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes." Así, de un análisis de los antes citados se obtiene, que una vez que se haya declarado cerrada la instrucción, dentro de los diez días siguientes, formulara por escrito el proyecto de laudo, del cual se entregara una copia a cada uno de los integrantes de la junta, para que en los cinco días subsecuentes soliciten se practiquen las diligencias que juzguen convenientes, las que tendrán desahogo en los ocho días posteriores, transcurridos estos el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes. En suma, se concluye que el acto aquí reclamado -la omisión por parte de la autoridad responsable de dictar laudo correspondiente en el expediente laboral ********************, de ninguna manera transgrede derechos sustantivos de los quejosos, porque no se advierte una abierta dilación, en tanto que desde que transcurrieron los treinta y tres días que establecen los preceptos citados, a la data en la que se promovió la demanda que nos ocupa (veintiuno de junio de dos mil diecinueve), sólo han transcurrido treinta y dos días naturales, lo que es insuficiente para sostener que la violación aducida por los promoventes de la demanda, se ubique en el caso de excepción a la regla general de procedencia del amparo indirecto. Por ende, atendiendo a la naturaleza del acto se evidencia que a esta data no existe un tiempo prudente en que se concluya que la responsable ha incumplido con lo establecido en el artículo 17 constitucional, en consecuencia, se pone de manifiesto que al día de la fecha no existe violación a las garantías reclamadas.

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