Edith Linares Meléndez y Otros.

Expediente 1632/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 20 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1632/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
20/12/2019

Partes del expediente

  • Edith Linares Meléndez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    tiene por recibido el ocurso de demanda suscrito por ****, por propio derecho. ANOTACIONES En consecuencia, se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el número 1632/2019-I-B, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); asimismo, de conformidad con el artículo 21 del Acuerdo General Conjunto Número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, intégrese tanto el expediente impreso como el electrónico. PROCEDENCIA En términos del artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado debe estudiar integralmente la demanda a fin de resolver lo que proceda. En ese sentido, debe observarse el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con ello, el artículo 62 de la legislación de la materia, determina que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. El precepto transcrito faculta al órgano constitucional a desechar la demanda de amparo cuando advierta oficiosamente una causa manifiesta e indudable de improcedencia; lo que sucede en el particular, toda vez que en el caso se considera que se actualiza la causa de improcedencia referente a que la demanda de amparo fue presentada en forma extemporánea en atención a los motivos que se exponen: En ese orden de ideas, el juicio de amparo indirecto que se intenta resulta improcedente, en atención a que se surte la causa prevista en el artículo 61, fracción XXIII, 62, en concordancia con el 107 fracción V, interpretados en sentido contrario, 171 y 172 fracción V, de la ley de la materia, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley;" PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: "IV.-ACTOS RECLAMADOS DE LA MISMA AUTORIDAD: PRIMERO.- Se hace consistir en la resolución interlocutoria de fecha tres (3) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), que resuelve el Recurso de Revocación en contra del auto de fecha diecinueve (19) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), dentro de la Controversia de Violencia Familiar, con número de expediente 808/2019, promovido por la suscrita Edith Linares Meléndez, y en contra de Saúl Leonel Galván Rodríguez, ante el índice del Juzgado Quinto de lo Familiar de Cuautitlán, Estado de México, que concluyo en los siguientes puntos resolutivos: ".PR/MERO. Fue inoperante el agravio esgrimido, para modificar o revocar el auto combatido. . SEGUNDO. Se confirma el auto de fecha diecinueve (19) de noviembre de dos mil diecinueve (2019).". Luego, de lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. Ahora bien, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es importante en este apartado hacer hincapié, que en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada, se establecía que el amparo se pediría ante el Juez de Distrito, "contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación". De antaño el legislador no definía lo que debía entenderse por imposible reparación, de ahí que en la praxis judicial se desarrollaron criterios que interpretaban esa ley, específicamente, tratándose de actos de imposible reparación se situaba como tales tanto los que afectaran derechos sustantivos como a los adjetivos o procesales que ocasionaran una afectación exorbitante o en grado superior. Es el caso de la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Octubre de 2004, página 9, cuyo texto y rubro es como sigue: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Ahora bien, lo reseñado con antelación pone de manifiesto que si en la nueva ley de la materia quedaron incorporados diversos criterios jurisprudenciales que se habían venido utilizando en la práctica y permitían interpretar a la Ley de Amparo abrogada, dentro de los cuales, se encontraban los relativos a lo que debía entenderse por imposible reparación, como ha quedado referido con antelación, pero no obstante ello, el actual precepto 107, fracción V, de la ley de la materia, quedó redactado que el amparo indirecto procede contra actos en juicio que sean de imposible reparación, dándole esta connotación únicamente a los que afecten derechos sustantivos, no obstante la existencia de los dos criterios orientadores que interpretaban lo que debía entenderse por ese tipo de actos (afectación a derechos sustantivos o a derechos adjetivos o procesales que causaran afectación exorbitante o en grado superior), todo indica que se limitó el sentido que debía dársele, en donde ya no se pueden comprender los de naturaleza adjetiva o procesal que causen afectación exorbitante o en grado superior. Por tanto, ese tipo de violaciones procesales ya no son factibles combatirlas a través de amparo indirecto. No es óbice el hecho de que el artículo 170, fracción I, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, establezca que cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos, ni constituir violaciones procesales relevantes, solo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva, en tanto ese numeral contiene una regla específica en amparo directo y en especial tratándose de normas generales, por lo que su contenido no puede dar margen a estimar que en amparo biinstancial se aplique para estimar procedente el estudio de violaciones procesales relevantes. Luego, si tratándose de actos emitidos dentro de juicio, la Ley de Amparo prevé en diversos artículos las reglas que deban observarse en el caso de amparo indirecto como en el directo, entonces debe estarse a las establecidas en cada uno de ellos; consecuentemente, no es dable aplicar al primero de los amparos citados, lo que regula en relación al segundo de ellos, específicamente en cuanto a las cuestiones que surjan dentro de juicio sobre constitucionalidad de normas generales. En consecuencia, como lo establece la Ley de Amparo, para la procedencia del amparo indirecto considera que los actos emitidos dentro de juicio que resultan ser de imposible reparación sólo son aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, entonces no queda comprendida en esa connotación, la resolución interlocutoria de fecha tres de diciembre de dos mil diecinueve, en la que resuelve el recurso de revocación en contra del auto de fecha diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en el expediente de controversia de violencia familiar 808/2019, del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar de Cuautitlán, Estado de México. Lo anterior es así, pues dicha determinación únicamente produce efectos procesales en el juicio de origen, los cuales pueden ser reparados si se obtiene sentencia favorable. Por tanto, ese tipo de decisiones no son susceptibles de ser sujetas a análisis constitucional mediante la vía indirecta, sino hacerla valer hasta el amparo directo para el caso de que sea adversa la sentencia y en el supuesto de que sea favorable a los afectados, lo pueden plantear en el amparo adhesivo conforme al numeral 107, fracción III, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 182 de la Ley de Amparo. Luego, debe decirse que conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional biinstancial es improcedente contra el acto que en esta vía se reclama, pues tiene el carácter de intraprocesal y no acarrea como consecuencia una ejecución irreparable hacia la parte quejosa, en virtud que los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, son aquéllos que sus consecuencias afectan directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado (la libertad, la propiedad, el estado civil, entre otras) y que tutela la Constitución General de la República por medio de las garantías individuales. Circunstancia que no ocurre en el caso en estudio, ya que tratándose del auto aludido, en su caso, constituiría una violación procesal que podría trascender al fondo del asunto, por lo que, deberá reclamarse mediante el juicio de amparo que se interponga contra la sentencia correspondiente, por supuesto, si éste es contrario a los intereses de los hoy quejosos, argumentando desde luego la parte agraviada, las transgresiones en las que considere haya incurrido la autoridad y que hayan sido motivo de la determinación que considera violatorio de sus derechos humanos. Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso a, de la Constitución Federal, 171 y 172 fracción V, de la ley de la materia. Lo anterior es así, si partimos de la base que el acto reclamado, consistente en la resolución interlocutoria de fecha tres de diciembre de dos mil diecinueve, en la que resuelve el recurso de revocación en contra del auto de fecha diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en el expediente de controversia de violencia familiar 808/2019, del índice de la autoridad responsable, por la que no se justificó la inasistencia a la audiencia principal para el desahogo de las pruebas confesional y testimonial de las partes para la continuación de la audiencia inicial, encuadra en el artículo 172, fracción V, de la Ley de Amparo, en el cual se consideran violadas las leyes del procedimiento. Por tanto, no sólo es legalmente posible, sino correcto que la autoridad continúe con el procedimiento y será hasta que se dicte la resolución correspondiente y se impugne a través del juicio constitucional uniinstancial, en que podrá alegarse y demostrarse la existencia de tal violación al procedimiento que hubiera afectado a los promoventes en sus defensas y que la aludida violación hubiese trascendido al resultado del fallo. Es aplicable al caso la tesis IV.2º.C. J/2 (10ª), emitida por Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Tomo III, mayo de dos mil catorce, página mil quinientos treinta y nueve, del rubro y texto siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, 2006338. IV.2o.C. J/2 (10a.). Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, Mayo de 2014, Pág. 1539. -1- la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." También apoya por similitud jurídica la jurisprudencia, P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Junio de 2014, de la Décima Época, materia común, registro 2006589, que establece: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En efecto, los artículos 171 y 172 fracción V, de la Ley de Amparo, se apoyan en el principio de economía procesal, pues con ello se pretende evitar la proliferación o una cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones procesales; es decir, el legislador de amparo ha pretendido evitar que las partes contendientes en un procedimiento seguido ante tribunales judiciales, laborales o administrativos puedan agotar el juicio de amparo tantas veces como violaciones se cometan en el procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la resolución del conflicto. Con lo anterior, se pretende así que continúe el curso del procedimiento, sin mayores trabas y que el afectado con el fallo correspondiente, al impugnarlo, pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento como estimara le hubieran sido cometidos. De lo expuesto, se advierte que la causa de improcedencia antes mencionada, es manifiesta e indudable, entendiéndose por lo primero lo que se da a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se apoya para que de forma contundente se determine la causa de improcedencia, que se actualiza y por lo segundo, aquello que es evidente, lo que no se puede poner en duda. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, 62, en concordancia con el 107 fracciones V, interpretados en sentido contrario, 171 y 172 fracción V, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO de que se trata. Todo lo anterior, es con el objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio, del resultado de la demanda de amparo, y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas, lo anterior por así haberlo solicitado el promovente del amparo en su escrito inicial de demanda. Asimismo, por autorizados en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Luis Guillermo Morales Guerrero, por tener debidamente registrada su cédula profesional en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito"; y al resto de las personas que menciona únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, conforme a lo establecido en el numeral 12, segundo párrafo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LOS ACTUARIOS Y SECRETARIOS En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que los actuarios o secretarios adscritos a este Juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto. SOLICITUD DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, en virtud de que la parte quejosa no lo solicitó.

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