Edith García Atilano
Expediente 284/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 284/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 20/06/2019
Partes del expediente
- Edith García Atilano
- Edith García Atilano y Otros.
- Susana Hernández González y Otros.
- Susana Hernández González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinte de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción, ya que se sobreseyó el juicio y carece de relevancia documental.
- Principal
Toluca, Estado de México, tres de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal de autos de los cuales se advierte que el treinta y uno de mayo del presente año, se dictó sentencia en el presente sumario y por el que sobreseyó el mismo por las consideraciones vertidas en la misma; sin embargo, se omitió realizar su publicación en la lista que se fija en los estrados de este juzgado, así como en el Sistema Integral para el Seguimiento de Expedientes (SISE); por tanto, a efecto de evitar mayores dilaciones procesales, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, realícese su publicación y notificación a las partes en los términos de dicha determinación.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 284/2019-II-D; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, turnado el mismo día a este juzgado; Susana Hernández González, Edith García Atilano Tomasa Atilano Díaz y Eleuteria Victoria Peña, solicitaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Admitida la demanda y seguido el juicio conforme a las formalidades de ley, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; pues se reclaman actos con ejecución dentro de la jurisdicción en que este Juzgado ejerce competencia. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe tenerse como autoridad responsable a la siguiente: Presidente Municipal de Toluca, Estado de México. De quien se reclama: Negativa de dar contestación al escrito de fecha quince de enero de dos mil dieciocho, recibido en dicha dependencia el dieciséis de enero de esa misma anualidad. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Dicha autoridad responsable, al rendir su informe justificado negó el acto reclamado, empero del aludido informe se advierte que la responsable refiere que instruyó al Director General de Seguridad Pública y Tránsito de Toluca, para dar seguimiento a la petición de los quejosos (oficio 200110/650/2019 de veintidós de marzo de dos mil diecinueve), de ahí que se desvirtúe dicha negativa y se tenga por existente el acto reclamado. La consideración anterior encuentra apoyo por similitud jurídica en la tesis visible en la página 391 del Tomo XIV, julio de 1994 del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido son: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe.". Lo cual se corrobora con las constancias que remitió la responsable, consistente en copias certificadas de diversas constancias entre las cuales se advierte el oficio 200110/650/2019 de veintidós de marzo de dos mil diecinueve; oficio STP/00087/2019 y el diverso 213001000/304/2019, a las cuales se otorga valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por tratarse de documentos públicos expedidos por una autoridad en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. CUARTO. Antecedentes. De las constancias remitidas, se advierten los antecedentes siguientes: El dieciséis de enero de dos mil diecinueve, los aquí quejosos presentaron escrito ante la responsable Ayuntamiento Constitucional de Toluca (secretaría) f. 7-9 Así, la responsable mediante oficio 200110/650/2019 de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, se observa que en contestación al escrito antes referido informa que instruyó al Secretario Técnico de Presidencia y al Director General de Seguridad Pública y Tránsito a fin de dar seguimiento correspondiente a dicha petición (foja 25). Por oficio STP/00087/2019, el Secretario Técnico de la Presidencia en contestación a lo solicitado, negó la participación en lo tocante a los hechos ocurridos el once de diciembre de dos mil dieciocho (foja 22); por lo que remitió el oficio al Director General de Seguridad Pública y Tránsito, ello, al advertirse la participación de elementos a su cargo de los acontecimientos ocurridos. QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia que propongan las partes o que este juzgador advierta de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente. Al respecto, En consecuencia se advierte que se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Lo anterior, ya que el acto que la parte quejosa tilda inconstitucional es la abstención de la autoridad responsable en emitir contestación al escrito presentado por los quejosos el dieciséis de enero del año en curso, el cual cesó el veintidós de marzo del año en curso, lo que evidencia que los efectos de la transgresión aducida por la parte quejosa quedaron sin efectos. De lo que se sigue, se encuentra plenamente demostrada la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado; por tanto, toda vez que el artículo 63, fracción V, de la ley citada es categórico en disponer que procede el sobreseimiento del amparo cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere aquél, y a su vez, este Juzgado Federal ha advertido se actualizó la relativa a la fracción XXI, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causales de improcedencia por ser las mismas de orden público. Apoya la anterior consideración, por contener la misma razón jurídica la jurisprudencia 2ª./J. 205/2008 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto.". Así las cosas, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con orden preferente las causales de improcedencia por ser éstas de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.9/98, visible en la página 210, del Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y tenor literal es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Sin que sea óbice lo anterior, de autos se observa que por oficio 200110/650/2019 de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, el Presidente Municipal de Toluca, instruyó al Secretario Técnico de Presidencia y al Director General de Seguridad Pública y Tránsito a fin de dar seguimiento correspondiente a dicha petición Por lo que por oficio STP/00087/2019, el Secretario Técnico de la Presidencia, negó la participación en lo tocante a los hechos ocurridos el once de diciembre de dos mil dieciocho (foja 22); por lo que remitió el oficio al Director General de Seguridad Pública y Tránsito, ello, al advertirse la participación de elementos a su cargo, de los acontecimientos ocurridos. En ese sentido, se observa que quien tuvo participación y que en su caso tiene que dar respuesta respecto de los acontecimientos de once de diciembre de dos mil dieciocho lo es el Director General de Seguridad Pública y Tránsito, Toluca Estado de México. Ante tal circunstancia, en proveído de veintinueve de marzo del año en curso (f. 26 de los presentes autos), se dio vista a la quejosa para que en el término de quince días, manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Director General de Seguridad Pública y Tránsito, Toluca Estado de México; sin que al respecto se hiciera manifestación alguna. Por tanto, al no ser designada como autoridad responsable al Director General de Seguridad Pública y Tránsito, Toluca Estado de México; (quien tiene que dar seguimiento al escrito de dieciséis de enero de dos mil diecinueve) que constituye el acto reclamado en el presente sumario constitucional y por ende, no ser llamada a juicio, es evidente que éste no estuvo en posibilidad de exponer las razones y fundamentos para sostener la constitucionalidad de sus actos; de tal manera, que no es jurídicamente factible analizarlos. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 108, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 69, del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época, con número de registro 394064, del siguiente rubro y texto: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída." Así como la jurisprudencia VII.A.T. J/6, del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, consultable en la página 738, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta , Tomo III, Junio de 1996, Novena Época, con número de registro 202332, que versa: "SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTIAS CUANDO SE RECLAMA EL EMPLAZAMIENTO Y NO SE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL ACTUARIO QUE LO PRACTICO. Dado que el actuario es autoridad responsable en el amparo promovido contra el emplazamiento, si no se señala a éste como autoridad, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oído, motivo por el que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, relacionada con las jurisprudencias de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que bajo los números 22 y 108 y epígrafes: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO" y "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS", son visibles en las páginas quince y sesenta y nueve del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos noventa y cinco, lo que obliga a sobreseer el juicio con apoyo en la fracción III del numeral 74 del mismo ordenamiento legal." En consecuencia, atendiendo a que la quejosa no señaló a aquella autoridad como responsable, ésta no fue emplazada a juicio, y se erige como autoridad inaudita, por lo que se impone SOBRESEER en el juicio con fundamento en lo dispuesto en la fracción XXI del artículo 61, 63 fracción V, en relación con los diversos numerales 5, fracción II y 108 fracción III, de la Ley de Amparo. Encuentra apoyo a lo anterior, la tesis 2a. CLXIV/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Enero 1999, visible en la página ciento trece, con número de registro 194684, la cual establece: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." Sin que sea óbice lo anterior, que por escrito presentado el veinticinco de abril del año en curso, la parte quejosa por conducto de su autorizado, trató de cumplir con la vista de veintinueve de marzo del año en curso; es decir, señalar como responsable al Director General de Seguridad Pública y Tránsito, Toluca Estado de México; empero, como se dijo, por auto de veintiséis de abril del año que transcurre, el autorizado carece de facultades para cumplir dicha vista, aun con el carácter de autorizado en términos amplios. También es dable aseverar que, el término de quince días concedido por auto de veinticinco de abril del año en curso, transcurrió en su totalidad, toda vez que de autos se advierte que el proveído de veintinueve de marzo del año en curso, por el que se le da vista al quejoso para que manifieste su deseo de señalar como responsable al Director General de Seguridad Pública y Tránsito, Toluca Estado de México, fue notificado a la parte quejosa por medio de la lista que se fija en los estrados de este juzgado por lo que su termino de quince días, empezó a contar a partir del tres al veintiséis de abril del año en curso. Ahora, por escrito presentado el veinticinco de ese mes y año, el autorizado de la parte quejosa intentó cumplir con la vista, sin embargo, por auto de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, no se acordó favorable su petición; por tanto, a esa fecha le quedaba un día más para cumplir con requerimiento de vista; este acuerdo se notificó por lista el día veintinueve de abril del año en curso, siendo entonces su último día para desahogar el dos de mayo de dos mil diecinueve, por lo que el día tres de este mes y año la parte quejosa no estaba en aptitud de desahogar el mismo. Finalmente, de autos se advierte que en proveído de veintinueve de abril del año en curso, se ordenó la notificación al quejoso a fin de que estuviera en aptitud de cumplir con el requerimiento de esa data, que a su vez éste derivo del diverso de veintiséis de abril del año en curso; ello, en cumplimiento al proveído de veintinueve de marzo del año que transcurre, en el que se le requirió para el efecto de que manifestara su deseo en señalar como responsable al Director General de Seguridad Pública y Tránsito de Toluca, Estado de México; ahora, de las constancias de autos (demanda), se advierte que los impetrantes del amparo manifestaron: "(.) solicitando que las notificaciones se realicen en términos del artículo 29 de la Ley de la materia; (.) En atención a lo anterior, el artículo antes citado dice: Artículo 29. Las notificaciones por lista se harán en una que se fijará y publicará en el local del órgano jurisdiccional, en lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. La fijación y publicación de esta lista se realizará a primera hora hábil del día siguiente al de la fecha de la resolución que la ordena y contendrá: (.) Por lo anterior, se concluye que los autos de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve y veintiséis de abril del año en curso, le fueron notificados por lista a los quejosos los días uno y veintinueve de abril ambos del año en curso; sin que éstos por sí o por conducto de su representante común Eleuteria Victoria Peña hayan desahogado los requerimientos realizados en autos. Sin que pase desapercibido que en proveído de veintinueve de abril del presente año, se ordenó notificar a la parte quejosa el auto de veintiséis de abril anterior, por única ocasión en cualquiera de los dos domicilios particulares que los quejosos señalaron en autos, levantando el actuario judicial adscrito razón de imposibilidad de uno de los domicilios en que se encomendó se constituyera, por lo que a la misma recayó actuación judicial de siete de los cursantes reservándose a proveer de conformidad, hasta en tanto se tuviera la notificación en diverso domicilio, lo que no constituye se violen los derechos de los impetrantes, en virtud de que, como se dijo en párrafos que anteceden, los mismos expresamente señalaron domicilio procesal para efectos del presente asunto, las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, ello, con fundamento en el artículo 29 de la ley de amparo citado con antelación. Apoya lo anterior, la Tesis aislada II 2o.C.148 C, sustentada por Segundo Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Segundo Circuito, de texto y rubro siguiente: NOTIFICACIÓN POR LISTA. SURTE EFECTOS DEFINITIVOS, AUNQUE POSTERIORMENTE SE HAGA OTRA DE CARÁCTER PERSONAL NO ORDENADA EN EL JUICIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 188 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, las notificaciones se harán en forma personal sólo cuando lo contemple expresamente la ley y cuando se ordene en algún proveído o resolución por el Juez o Sala respectiva. De consiguiente, si al admitir el recurso de apelación interpuesto contra sentencia definitiva, provee y ordena el Juez emplazar al apelante para que acuda al tribunal de alzada a continuar el recurso interpuesto, notificándose ello por medio de lista, habida cuenta que el recurrente señaló tal domicilio para oír y recibir notificaciones, o sea, los estrados del Juzgado; y, posteriormente, el secretario del juzgado motu proprio, sin mediar orden alguna, realiza una diversa notificación en forma personal, al tener en cuenta que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite, debe estimarse que la última notificación no puede ser válida, en razón de que el secretario actuó al margen de sus atribuciones. Consecuentemente, solamente prevalece la primera notificación hecha por lista, y no así la última, máxime que aquélla surtió sus efectos jurídicos por no haberse planteado su nulidad. (Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX enero de 1999, página 875) Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 124, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Susana Hernández González, Edith García Atilano Tomasa Atilano Díaz y Eleuteria Victoria Peña, respecto del acto reclamado y autoridad que quedaron precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el último considerativo de la presente resolución. Notifíquese como legalmente corresponda. Así lo resolvió Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa asistido de Aldo Alejandro Santana Jiménez, secretario que da fe. AASJ/crv.´. 15692 El Juez El SecretarioVISTOS para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 284/2019-II-D; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, turnado el mismo día a este juzgado; Susana Hernández González, Edith García Atilano Tomasa Atilano Díaz y Eleuteria Victoria Peña, solicitaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Admitida la demanda y seguido el juicio conforme a las formalidades de ley, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; pues se reclaman actos con ejecución dentro de la jurisdicción en que este Juzgado ejerce competencia. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe tenerse como autoridad responsable a la siguiente: Presidente Municipal de Toluca, Estado de México. De quien se reclama: Negativa de dar contestación al escrito de fecha quince de enero de dos mil dieciocho, recibido en dicha dependencia el dieciséis de enero de esa misma anualidad. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Dicha autoridad responsable, al rendir su informe justificado negó el acto reclamado, empero del aludido informe se advierte que la responsable refiere que instruyó al Director General de Seguridad Pública y Tránsito de Toluca, para dar seguimiento a la petición de los quejosos (oficio 200110/650/2019 de veintidós de marzo de dos mil diecinueve), de ahí que se desvirtúe dicha negativa y se tenga por existente el acto reclamado. La consideración anterior encuentra apoyo por similitud jurídica en la tesis visible en la página 391 del Tomo XIV, julio de 1994 del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido son: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe.". Lo cual se corrobora con las constancias que remitió la responsable, consistente en copias certificadas de diversas constancias entre las cuales se advierte el oficio 200110/650/2019 de veintidós de marzo de dos mil diecinueve; oficio STP/00087/2019 y el diverso 213001000/304/2019, a las cuales se otorga valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por tratarse de documentos públicos expedidos por una autoridad en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. CUARTO. Antecedentes. De las constancias remitidas, se advierten los antecedentes siguientes: El dieciséis de enero de dos mil diecinueve, los aquí quejosos presentaron escrito ante la responsable Ayuntamiento Constitucional de Toluca (secretaría) f. 7-9 Así, la responsable mediante oficio 200110/650/2019 de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, se observa que en contestación al escrito antes referido informa que instruyó al Secretario Técnico de Presidencia y al Director General de Seguridad Pública y Tránsito a fin de dar seguimiento correspondiente a dicha petición (foja 25). Por oficio STP/00087/2019, el Secretario Técnico de la Presidencia en contestación a lo solicitado, negó la participación en lo tocante a los hechos ocurridos el once de diciembre de dos mil dieciocho (foja 22); por lo que remitió el oficio al Director General de Seguridad Pública y Tránsito, ello, al advertirse la participación de elementos a su cargo de los acontecimientos ocurridos. QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia que propongan las partes o que este juzgador advierta de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente. Al respecto, En consecuencia se advierte que se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Lo anterior, ya que el acto que la parte quejosa tilda inconstitucional es la abstención de la autoridad responsable en emitir contestación al escrito presentado por los quejosos el dieciséis de enero del año en curso, el cual cesó el veintidós de marzo del año en curso, lo que evidencia que los efectos de la transgresión aducida por la parte quejosa quedaron sin efectos. De lo que se sigue, se encuentra plenamente demostrada la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado; por tanto, toda vez que el artículo 63, fracción V, de la ley citada es categórico en disponer que procede el sobreseimiento del amparo cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere aquél, y a su vez, este Juzgado Federal ha advertido se actualizó la relativa a la fracción XXI, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causales de improcedencia por ser las mismas de orden público. Apoya la anterior consideración, por contener la misma razón jurídica la jurisprudencia 2ª./J. 205/2008 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto.". Así las cosas, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con orden preferente las causales de improcedencia por ser éstas de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.9/98, visible en la página 210, del Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y tenor literal es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Sin que sea óbice lo anterior, de autos se observa que por oficio 200110/650/2019 de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, el Presidente Municipal de Toluca, instruyó al Secretario Técnico de Presidencia y al Director General de Seguridad Pública y Tránsito a fin de dar seguimiento correspondiente a dicha petición Por lo que por oficio STP/00087/2019, el Secretario Técnico de la Presidencia, negó la participación en lo tocante a los hechos ocurridos el once de diciembre de dos mil dieciocho (foja 22); por lo que remitió el oficio al Director General de Seguridad Pública y Tránsito, ello, al advertirse la participación de elementos a su cargo, de los acontecimientos ocurridos. En ese sentido, se observa que quien tuvo participación y que en su caso tiene que dar respuesta respecto de los acontecimientos de once de diciembre de dos mil dieciocho lo es el Director General de Seguridad Pública y Tránsito, Toluca Estado de México. Ante tal circunstancia, en proveído de veintinueve de marzo del año en curso (f. 26 de los presentes autos), se dio vista a la quejosa para que en el término de quince días, manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Director General de Seguridad Pública y Tránsito, Toluca Estado de México; sin que al respecto se hiciera manifestación alguna. Por tanto, al no ser designada como autoridad responsable al Director General de Seguridad Pública y Tránsito, Toluca Estado de México; (quien tiene que dar seguimiento al escrito de dieciséis de enero de dos mil diecinueve) que constituye el acto reclamado en el presente sumario constitucional y por ende, no ser llamada a juicio, es evidente que éste no estuvo en posibilidad de exponer las razones y fundamentos para sostener la constitucionalidad de sus actos; de tal manera, que no es jurídicamente factible analizarlos. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 108, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 69, del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época, con número de registro 394064, del siguiente rubro y texto: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída." Así como la jurisprudencia VII.A.T. J/6, del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, consultable en la página 738, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta , Tomo III, Junio de 1996, Novena Época, con número de registro 202332, que versa: "SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTIAS CUANDO SE RECLAMA EL EMPLAZAMIENTO Y NO SE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL ACTUARIO QUE LO PRACTICO. Dado que el actuario es autoridad responsable en el amparo promovido contra el emplazamiento, si no se señala a éste como autoridad, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oído, motivo por el que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, relacionada con las jurisprudencias de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que bajo los números 22 y 108 y epígrafes: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO" y "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS", son visibles en las páginas quince y sesenta y nueve del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos noventa y cinco, lo que obliga a sobreseer el juicio con apoyo en la fracción III del numeral 74 del mismo ordenamiento legal." En consecuencia, atendiendo a que la quejosa no señaló a aquella autoridad como responsable, ésta no fue emplazada a juicio, y se erige como autoridad inaudita, por lo que se impone SOBRESEER en el juicio con fundamento en lo dispuesto en la fracción XXI del artículo 61, 63 fracción V, en relación con los diversos numerales 5, fracción II y 108 fracción III, de la Ley de Amparo. Encuentra apoyo a lo anterior, la tesis 2a. CLXIV/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Enero 1999, visible en la página ciento trece, con número de registro 194684, la cual establece: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." Sin que sea óbice lo anterior, que por escrito presentado el veinticinco de abril del año en curso, la parte quejosa por conducto de su autorizado, trató de cumplir con la vista de veintinueve de marzo del año en curso; es decir, señalar como responsable al Director General de Seguridad Pública y Tránsito, Toluca Estado de México; empero, como se dijo, por auto de veintiséis de abril del año que transcurre, el autorizado carece de facultades para cumplir dicha vista, aun con el carácter de autorizado en términos amplios. También es dable aseverar que, el término de quince días concedido por auto de veinticinco de abril del año en curso, transcurrió en su totalidad, toda vez que de autos se advierte que el proveído de veintinueve de marzo del año en curso, por el que se le da vista al quejoso para que manifieste su deseo de señalar como responsable al Director General de Seguridad Pública y Tránsito, Toluca Estado de México, fue notificado a la parte quejosa por medio de la lista que se fija en los estrados de este juzgado por lo que su termino de quince días, empezó a contar a partir del tres al veintiséis de abril del año en curso. Ahora, por escrito presentado el veinticinco de ese mes y año, el autorizado de la parte quejosa intentó cumplir con la vista, sin embargo, por auto de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, no se acordó favorable su petición; por tanto, a esa fecha le quedaba un día más para cumplir con requerimiento de vista; este acuerdo se notificó por lista el día veintinueve de abril del año en curso, siendo entonces su último día para desahogar el dos de mayo de dos mil diecinueve, por lo que el día tres de este mes y año la parte quejosa no estaba en aptitud de desahogar el mismo. Finalmente, de autos se advierte que en proveído de veintinueve de abril del año en curso, se ordenó la notificación al quejoso a fin de que estuviera en aptitud de cumplir con el requerimiento de esa data, que a su vez éste derivo del diverso de veintiséis de abril del año en curso; ello, en cumplimiento al proveído de veintinueve de marzo del año que transcurre, en el que se le requirió para el efecto de que manifestara su deseo en señalar como responsable al Director General de Seguridad Pública y Tránsito de Toluca, Estado de México; ahora, de las constancias de autos (demanda), se advierte que los impetrantes del amparo manifestaron: "(.) solicitando que las notificaciones se realicen en términos del artículo 29 de la Ley de la materia; (.) En atención a lo anterior, el artículo antes citado dice: Artículo 29. Las notificaciones por lista se harán en una que se fijará y publicará en el local del órgano jurisdiccional, en lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. La fijación y publicación de esta lista se realizará a primera hora hábil del día siguiente al de la fecha de la resolución que la ordena y contendrá: (.) Por lo anterior, se concluye que los autos de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve y veintiséis de abril del año en curso, le fueron notificados por lista a los quejosos los días uno y veintinueve de abril ambos del año en curso; sin que éstos por sí o por conducto de su representante común Eleuteria Victoria Peña hayan desahogado los requerimientos realizados en autos. Sin que pase desapercibido que en proveído de veintinueve de abril del presente año, se ordenó notificar a la parte quejosa el auto de veintiséis de abril anterior, por única ocasión en cualquiera de los dos domicilios particulares que los quejosos señalaron en autos, levantando el actuario judicial adscrito razón de imposibilidad de uno de los domicilios en que se encomendó se constituyera, por lo que a la misma recayó actuación judicial de siete de los cursantes reservándose a proveer de conformidad, hasta en tanto se tuviera la notificación en diverso domicilio, lo que no constituye se violen los derechos de los impetrantes, en virtud de que, como se dijo en párrafos que anteceden, los mismos expresamente señalaron domicilio procesal para efectos del presente asunto, las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, ello, con fundamento en el artículo 29 de la ley de amparo citado con antelación. Apoya lo anterior, la Tesis aislada II 2o.C.148 C, sustentada por Segundo Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Segundo Circuito, de texto y rubro siguiente: NOTIFICACIÓN POR LISTA. SURTE EFECTOS DEFINITIVOS, AUNQUE POSTERIORMENTE SE HAGA OTRA DE CARÁCTER PERSONAL NO ORDENADA EN EL JUICIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 188 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, las notificaciones se harán en forma personal sólo cuando lo contemple expresamente la ley y cuando se ordene en algún proveído o resolución por el Juez o Sala respectiva. De consiguiente, si al admitir el recurso de apelación interpuesto contra sentencia definitiva, provee y ordena el Juez emplazar al apelante para que acuda al tribunal de alzada a continuar el recurso interpuesto, notificándose ello por medio de lista, habida cuenta que el recurrente señaló tal domicilio para oír y recibir notificaciones, o sea, los estrados del Juzgado; y, posteriormente, el secretario del juzgado motu proprio, sin mediar orden alguna, realiza una diversa notificación en forma personal, al tener en cuenta que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite, debe estimarse que la última notificación no puede ser válida, en razón de que el secretario actuó al margen de sus atribuciones. Consecuentemente, solamente prevalece la primera notificación hecha por lista, y no así la última, máxime que aquélla surtió sus efectos jurídicos por no haberse planteado su nulidad. (Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX enero de 1999, página 875) Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 124, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Susana Hernández González, Edith García Atilano Tomasa Atilano Díaz y Eleuteria Victoria Peña, respecto del acto reclamado y autoridad que quedaron precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el último considerativo de la presente resolución. Notifíquese como legalmente corresponda. Así lo resolvió Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa asistido de Aldo Alejandro Santana Jiménez, secretario que da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México, siete de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese la razón actuarial suscrita por el actuario adscrito a este juzgado, por la cual manifiesta la imposibilidad de notificar a la parte quejosa del auto de veintinueve de los cursantes por las razones que expone en la misma; por tanto, se reserva a acordar lo conducente hasta en tanto se tenga resultado de dicha diligencia ordenada en diverso domicilio.
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