Edith Francisca Pacheco Aguilar
Expediente 321/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 321/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Edith Francisca Pacheco Aguilar
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interponga recurso de revisión contra el auto de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, en el que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que se haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su ordinal 2o, se declara que ha causado estado dicha determinación. No es obstáculo a lo anteriormente expuesto, el hecho de que no se practique el cómputo respectivo a las autoridades responsables, pues éstas sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ellas se reclamó. Lo anterior se considera así, en razón de que al haberse decretado el sobreseimiento, quedó intocado el acto reclamado, por lo cual se dejaron las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; de manera que, dicha determinación a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al accionante de garantías, más no a las autoridades que se señalaron como responsables. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número XI.3º. 4 k, consultable en la página setecientos seis, Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Apéndice 1917-1995 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO." En ese orden de ideas, toda vez que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; sin embargo, el auto inicial y las resoluciones intermedias, previa supresión de esos datos, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y para el caso de que se trate de la versión pública de la sentencia ejecutoria, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de las partes, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Por otra parte, tomando en consideración que en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el numeral 21, fracción a), del citado Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de destrucción; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo de mérito; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Una vez que transcurran tres años, contados a partir de la fecha en que se ordenó el archivo del presente, y dentro de los siguientes treinta días, procédase a la destrucción del presente expediente de amparo y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, en términos del penúltimo párrafo del referido precepto 21 del Acuerdo General de mérito. Para los efectos a que alude el citado Acuerdo General, se instruye al Secretario judicial encargado del presente expediente, a verificar que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, sea incorporada cada promoción y actuación a fin de que coincidan en su totalidad. Se exhorta al personal encargado de este expediente, a fin que en lo sucesivo sea cuidadoso y diligente en la integración de los asuntos que tienen a cargo, a efecto de evitar el retraso de los asuntos tramitados ante este Juzgado Federal. Finalmente, se autoriza al Secretario y/o Actuario de la adscripción a firmar los oficios que deriven del presente asunto. Notifíquese; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio 2236/2021, suscrito por la Presidenta de la Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de once de mayo de este año, remite copia certificada del laudo emitido el cuatro de mayo de este año, dentro del juicio laboral 1534/2019(4), así como sus correspondientes notificaciones. Sin que en el caso, sea necesario dar vista a las partes con el contenido de las constancias adjuntadas al oficio que se recibe, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, en razón a las consideraciones que a continuación se exponen. Ahora bien, visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se desprende: - Mediante auto de ocho de abril de este año, entre otras cosas, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Marisol Corona Morales, apoderada legal de Edith Francisca Pacheco Aguilar, contra actos de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca; se pidió el informe justificado respectivo; y, se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. - El acto reclamado en esencia consiste en la omisión de la responsable en dictar laudo en el expediente laboral antes señalado, así como su correspondiente notificación. - Por proveído de once de mayo del actual, se tuvo por recibido el informe justificado de la citada responsable, al que anexó copia certificada de la demanda laboral de once de diciembre de dos mil diecinueve; audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución de veintisiete de febrero de dos mil veinte; y, laudo emitido el cuatro de mayo del actual en el aludido juicio primario. En ese contexto, se estima que no es necesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional para resolver el presente juicio de amparo, toda vez que se estima actualizada, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, de la Ley de Amparo, de manera que con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. Así, el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (...)" El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que, es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 210, del Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO". Así como, la diversa tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, Materia Común, Novena Época, cuyo rubro es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". Lo anterior es así, en consideración a que -como ya se dijo- la parte quejosa reclama de la autoridad responsable la omisión en dictar laudo en el juicio laboral 1534/2019(4), así como su correspondiente notificación. Luego, de las constancias que la Junta responsable remitió en apoyo a su informe justificado y en cumplimiento a lo requerido por este órgano jurisdiccional, las cuales merecen plena eficacia probatoria al tratarse de documentos públicos, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte lo siguiente: El cuatro de mayo de este año, fue dictado el laudo dentro del juicio laboral 1534/2019(4). El dieciocho de mayo del actual, Ángel Francisco Martínez Vázquez, con el carácter de actuario de la Secretaría General dependiente de la Junta responsable, notificó a la aquí parte quejosa Edith Francisca Pacheco Aguilar, por conducto de Susana Isela Chávez, en razón que en ese momento no se encontraba presente la citada impetrante en el domicilio. En esas circunstancias, queda de manifiesto que al haberse satisfecho la pretensión de la parte quejosa, esto es, haberse emitido el laudo (cuatro de mayo de este año) dentro del juicio laboral 1534/2019(4) del índice de la Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, y haberse notificado dicho pronunciamiento a la parte quejosa, por conducto de Susana Isela Chávez, en razón que en ese momento no se encontraba presente la citada impetrante en el domicilio. Cuestiones de hecho que ocurrieron de forma posterior a la presentación de la demanda -siete de abril del corriente, conforme al sello de recepción y boleta de turno-; de ahí, que se considere evidente que han cesado los efectos de los actos reclamados al ser destruidos por completo de forma total e incondicional; además de que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si los actos no hubieren invadido la esfera jurídica de la parte quejosa, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 103, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, Novena Época, Tomo VI, Materia Común, página 81, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En tales circunstancias, al encontrarse acreditada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley. En el caso, se estima que la presente determinación no transgrede el derecho de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 constitucional, de acuerdo al cual toda persona tiene derecho a un juicio para determinar sus derechos y obligaciones ante un Juez o Tribunal competente, porque la naturaleza y alcances de dicho principio no implican eludir los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, ya que tal proceder equivaldría a que los tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional. Además, que las causas de improcedencia contenidas en la Ley de Amparo son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, con relación al diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo en vigor, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, y por ende, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la misma, esto es, las DOCE HORAS CON ONCE MINUTOS DEL OCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. En consecuencia, se ordena se realicen las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Al caso, cobra vigencia por las razones que la sustentan, la jurisprudencia número 10/2003, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, entre las emitidas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Finalmente, se autoriza al Secretario y/o Actuario a firmar los oficios que dimanen de este acuerdo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de mayo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes el oficio 2213/2021 suscrito de la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, mediante el cual rinde su informe justificado. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes con su contenido para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Dese cuenta con el mismo al momento de celebrar la audiencia constitucional. De igual forma, con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas las pruebas documentales que ofrece, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. En este panorama, debe decirse que las constancias que anexa la autoridad responsable a su informe justificado, son: Demanda laboral de once de diciembre de dos mil diecinueve. Audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución de veintisiete de febrero de dos mil veinte. Laudo emitido el cuatro de mayo del actual. Todas las anteriores fueron emitidas en el expediente laboral 1534/2019 (4). Sin embargo, no se aprecia la relativa a la notificación realizada a las partes de dicha resolución laboral; por tanto, con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, en relación al diverso 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase a la Junta responsable para que en el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, remita copia certificada de la notificación practicada a la aquí quejosa Edith Francisca Pacheco Aguilar, respecto al laudo emitido en el aludido juicio laboral. Con el apercibimiento que de no cumplir o informar el impedimento legal o material para ello, con fundamento en el artículo 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien días, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según decreto en el cual se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al siguiente de su publicación, equivalente a cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos ($4,481.00) moneda nacional; atendiendo al valor de ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos ($89.62), moneda nacional, conforme a la publicación de ocho de enero de dos mil veintiuno, en el Diario Oficial de la Federación, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Finalmente, por cuanto hace al correo electrónico y número telefónico que pone a disposición de este juzgado; dígasele que en atención a lo que dispone el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se toma nota de éstos únicamente para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará, en su caso, y, de ser necesario, se incorporará. Notifíquese; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.Así lo proveyó y firma Pedro Gerardo Álvarez Álvarez del Castillo, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec; quien actúa ante Leonardo Morales Castillo, Secretario Judicial que autoriza y da fe de lo actuado. DOY FE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial que antecede, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la autoridad responsable: Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, rinda su informe justificado. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para este día y, se señalan las DOCE HORAS CON ONCE MINUTOS DEL OCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. Sin que haya lugar a notificar personalmente a las autoridades señaladas como responsables el diferimiento de la audiencia constitucional, ello es así, en virtud que no existe disposición alguna en la Ley de Amparo que imponga tal obligación. Notifíquese; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.Así lo proveyó y firma Pedro Gerardo Álvarez Álvarez del Castillo, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec; quien actúa ante Leonardo Morales Castillo, Secretario Judicial que autoriza y da fe de lo actuado. DOY FE.
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