Edith Flores Hernández
Expediente 281/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 19 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 281/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 15/07/2016
Partes del expediente
- Brhander Ramos Flores
- Brhander Ramos Flores y Otros.
- Edith Flores Hernández
- Edith Flores Hernández y Otros.
- Cristian Axel Ramos Flores
- Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Incidental
Toluca, Estado de México; quince de julio de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal del juicio de amparo del que deriva este incidente, se evidencia que por auto de esta misma fecha se ordenó remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito. De igual forma, se declaró que el cuaderno original es depurable al haberse concedido la medida cautelar definitiva, respecto de algunos actos (punto vigésimo primero, inciso III); asimismo, el duplicado de destrucción, (punto vigésimo, inciso III). Y al igual que el juicio principal, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, los cuadernos incidentales, permanecerán en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, y se procederá a su destrucción. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con María Isabel López Mondragón, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; quince de julio de dos mil dieciséis. La certificación precedente, evidencia que la parte quejosa, a quien se considera podría perjudicar la sentencia dictada el veintisiete de junio de dos mil dieciséis, mediante la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo; no la recurrió dentro del plazo de diez días señalado en el artículo 86, párrafo primero de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, se declara que esa sentencia ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Asimismo, devuélvanse a la responsable Juez Civil de Primera Instancia de Ixtlahuaca, Estado de México, las copias certificadas del expediente 437/2015, remitidos como complemento a su informe justificado. Ahora, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso II). 2. El original del incidente de suspensión es depurable al haberse concedido la medida cautelar definitiva, respecto de algunos actos (punto vigésimo primero, inciso III). 3. El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, pues existe el original (punto vigésimo, inciso III). En el entendido que en ambos cuadernos (principal e incidentales) no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A la parte quejosa se le comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con María Isabel López Mondragón, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
APERTURA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Toluca, Estado de México, a las diez horas con treinta minutos del veintisiete de junio de dos mil dieciséis, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia constitucional, relativa al juicio de amparo indirecto 281/2016-I, promovido por Edith Flores Hernández por propio derecho y en representación de sus menores hijos Brhander, Cristian Axel y Denisse Astrid de apellidos Ramos Flores contra actos del Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, en audiencia pública Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Nicolás de Luna González, que autoriza, firma y da fe, con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo vigente procedió a celebrarla, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia por el Juez, el Secretario da lectura de las constancias que obran en autos, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas, en atención a las consideraciones contenidas en la tesis de la Octava Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su anterior integración, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, visible en la página 185, cuyo rubro es: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL". El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias, para los efectos legales conducentes. PERIODO PROBATORIO. Enseguida, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se abre el período probatorio y el Secretario hace constar: que el Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México remitió las constancias consistentes en: Las copias certificadas del expediente derivado de la controversia familiar -reducción de pensión alimenticia- 437/2015. Asimismo, este órgano de control constitucional se allegó de: 1. Toca de apelación 843/2015 del índice de la Primera Sala Familiar de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. 2. Amparo directo 950/2016 del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con sede en esta ciudad. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidos, admitidos y desahogados los medios de convicción relatados, sin necesidad de diligencia previa dada su propia y especial naturaleza, debiendo tomarse en consideración al momento de resolver el presente asunto, según el valor probatorio que merezcan. Sin más que actuar, se cierra el período probatorio en que se actúa. PERIODO DE ALEGATOS. Enseguida, de conformidad con el ordinal 124 de la ley de la materia, se da apertura al periodo de alegatos, y el Secretario hace constar: Que el tercero interesado formuló alegatos mediante escrito de dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, identificado con número de correspondencia interna 6655. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tienen por hechas sus manifestaciones. Sin más por actuar, se cierra el período de alegatos en que se actúa. CIERRE DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No habiendo escrito pendiente de acordar, se da por concluida esta audiencia y el Juez procede a dictar la resolución siguiente: SENTENCIA VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 281/2016-I; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN Y DATOS DE LA DEMANDA. Edith Flores Hernández por propio derecho y en representación de sus menores hijos Brhander, Cristian Axel y Denisse Astrid de apellidos Ramos Flores mediante escrito presentado el uno de marzo de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos que a continuación se mencionan: "III. La autoridad responsable: a) Como ordenadora: C. Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca. b)Como ejecutora: al responsable del Departamento de Control de Pagos del Gobierno del Estado de México. IV. ACTOS RECLAMADOS: A la autoridad señalada como responsable ORDENADORA, le reclamo los ilegales e inconstitucionales autos de fecha veintitrés y veinticinco de febrero de dos mil dieciséis. A la autoridad responsable señalada como EJECUTORA, le reclamo la ejecución del auto de fecha veintitrés de febrero de dos mil dieciséis". SEGUNDO. DERECHOS HUMANOS VULNERADOS. La accionante constitucional señaló como derechos humanos vulnerados, los establecidos en los artículos 1, 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. ADMISIÓN Y TRÁMITE DEL JUICIO. Recibida que fue la demanda de amparo ante este órgano de control constitucional el dos de marzo siguiente, previa prevención, se radicó bajo el expediente 281/2016-I; así por auto de diez de marzo de dos mil dieciséis, se admitió a trámite; se requirió a las autoridades responsables su informe con justificación; se ordenó el emplazamiento del tercero interesado; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. Acontecido lo anterior, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclama un acto dictado por una autoridad civil con residencia dentro de la jurisdicción donde este órgano de control ejerce su competencia. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, es pertinente establecer que los actos que por esta vía se combaten se hacen consistir en: - El proveído de veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, dictado por el Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, en los autos del expediente 437/2015, en la cual se ordenó al Departamento de Control de Pagos del Gobierno del Estado de México realizar el descuento del 50% al 30% de las percepciones ordinarias y extraordinarias de Brander Ramos Garduño, y el auto de veinticinco de febrero siguiente, mediante el cual se inadmitió el recurso de revocación contra el primero de los emitidos. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México y el Subdirector de Control de Pagos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México al rendir sus informes justificados aceptaron la existencia de los actos reclamados. Lo cual se corrobora con las constancias que remitió el juez responsable al rendir dicho informe, consistentes en las copias certificadas del expediente 437/2015, documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2 de la Ley de Amparo por tratarse de documentos públicos expedidos por una autoridad en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. CUARTO. ANTECEDENTES. A fin de tener una mejor comprensión del asunto y de la revisión efectuada a las constancias de autos del expediente 437/2015 destacan los siguientes antecedentes: 1. En treinta y uno de febrero de dos mil quince (sic), Brander Ramos Garduño, demandó a Edith Flores Hernández, la reducción de la pensión alimenticia de los menores de edad Brhander, Cristian Axel y Denisse Astrid de apellidos Ramos Flores; el cual se radicó bajo el expediente 437/2015 y se admitió ante el Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México. 2. Seguido en sus etapas procesales, el veintiuno de agosto de dos mil quince, se dictó sentencia definitiva en la que se determinó: "PRIMERO. Ha sido procedente el juicio de controversias sobre el estado civil de las personas y del Derecho Familiar (reducción de pensión alimenticia), promovido por BRHANDER RAMOS GARDUÑO, en contra de EDITH FLORES HERNÁNDEZ, en que el accionante sí acreditó la procedencia de su pretensión, por ende, se reduce la obligación de pago de pensión alimenticia, de un cincuenta por cuento al treinta por ciento de los ingresos ordinarios y extraordinarios que percibe el deudor alimentario a favor de sus tres acreedores alimentarios. (.)" 3. Inconforme con tal determinación la quejosa interpuso recurso de apelación, en el cual la Primera Sala Regional Familiar de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México en sentencia de veintidós de octubre de dos mil quince, determinó: "PRIMERO. Han sido por una parte infundados y por otra fundados pero insuficientes, los agravios expresados por EDITH FLORES HERNÁNDEZ, dentro del recurso de apelación que hizo valer. SEGUNDO. Se confirma la sentencia definitiva del veintiuno 21 de agosto de dos mil quince 2015, dictada por el Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, en el expediente 437/2015, relativo a la controversia del estado civil de las personas y del derecho familiar, sobre reducción de pensión alimenticia, promovida por BRHANDER RAMOS GARDUÑO, en contra de EDITH FLORES HERNÁNDEZ. (.)". 4. Asimismo, disconforme con el fallo antes mencionado, la impetrante de amparo, promovió juicio de amparo directo, del cual correspondió del conocimiento al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, quien en veintinueve de enero de dos mil dieciséis, dictó: "ÚNICO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Edith Flores Hernández y en representación de sus menores hijos Brhander, Cristian Axel y Denisse Astrid de apellidos Ramos Flores, en contra de la sentencia reclamada dictada el veintidós de octubre de dos mil quince, por la Primera Sala Regional Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México en el toca de apelación 843/2015" 5. Mediante escrito de veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, el tercero interesado Brander Ramos Garduño solicitó se diera cumplimento a la sentencia dictada en el expediente de origen; y por auto de esa misma data la autoridad responsable proveyó: "Ixtlahuaca, México, veintitrés de febrero de dos mil dieciséis. Visto el contenido del escrito que se acuerda y anexos que acompaña, con fundamento en los artículos 1.134, 1.138, 2.157 y 2.158 del Código de Procedimientos Civiles, como lo solicita, gírese atento oficio al DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PAGOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO con domicilio en la CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ NÚMERO 205 CASI ESQUINA CON MORELOS EN LA COLONIA SAN SEBASTÍAN, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, a fin de que ordene a quien corresponda proceda a cancelar la orden de descuento del 50% al 30% de las percepciones ordinarias y extraordinarias que obtiene el señor BRANDER RAMOS GARDUÑO, a favor de sus menores hijos, determinación que deberá llevar a cabo de inmediato y una vez que obre el oficio en dicho departamento.". 6. Por ocurso de veinticuatro siguiente, la justiciable interpuso recurso de revocación en contra de la determinación anterior, la cual se inadmitió en virtud de que las resoluciones que ordenan la ejecución no son recurribles. Las últimas dos determinaciones son los actos reclamados combatidos en esta instancia constitucional. QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia que propongan las partes o que este juzgador advierta de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta esta determinación, la jurisprudencia número 158, de una anterior conformación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos sesenta y dos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1985, VIII Parte, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, deben examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En el caso, se estima que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 107, fracción IV, segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." En ese contexto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en virtud de que se advierte que los actos reclamados no constituyen la última resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución, en virtud de que de la interpretación armónica del precepto legal que ha quedado transcrito, se desprende que éste exige como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, para la impugnación de actos dictados en ejecución de una sentencia, que se trate de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo de ejecución, de manera que no cualquier auto o resolución pronunciados en esa etapa, son reclamables en juicio constitucional y en el caso que nos ocupa, la determinación de veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, así como al diversa de veinticinco siguiente, emitidas por el juez responsable, no constituyen la última, pues en ellas únicamente se ordenó a la dependencia correspondiente que diera cumplimiento a la sentencia por la que se declaró procedente la reducción de la pensión alimenticia del cincuenta por ciento al treinta por ciento de las percepciones ordinarias y extraordinarias de Brander Ramos Garduño, y la diversa de veinticinco de febrero siguiente, fue la que la inadmitió el recurso de revocación contra la determinación anterior, en virtud de que las resoluciones que ordenan la ejecución no son recurribles; lo cual no constituyen el último acto de ejecución del procedimiento pues aún no se ha materializado dicha ejecución, ni tampoco se ha establecido su imposibilidad para dar cumplimiento a la misma. En efecto, es evidente que el acto reclamado, no contiene la declaración en el sentido de que dicha sentencia se ha materializado o bien que existe imposibilidad, sino únicamente se se ordenó a la dependencia correspondiente que diera cumplimiento a la sentencia por la que se declaró procedente la reducción de la pensión alimenticia del cincuenta por ciento al treinta por ciento de las percepciones ordinarias y extraordinarias de Brander Ramos Garduño, y la diversa de veinticinco de febrero siguiente, fue la que la inadmitió el recurso de revocación contra la determinación anterior, en virtud de que las resoluciones que ordenan la ejecución no son recurribles; por tanto, al no actualizarse la hipótesis transcrita en el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, es por lo que debe sobreseerse en el juicio en los términos establecidos en el cuerpo de este fallo. Tiene aplicación, la tesis Jurisprudencial Número P/J 32/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 31, Tomo XIII, abril de 2001, Noveno Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN ÚLTIMA RESOLUCIÓN, A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los autos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Este requisito persigue, de conformidad con la exposición de motivos de la ley citada, evitar abusos del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la última resolución que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquélla en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 114 de la legislación invocada, el que se acude en forma analógica, ante la existencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." En consecuencia, este órgano de control constitucional determina declarar la improcedencia de la acción constitucional, ya que la intención del legislador, contenida en la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, es que las sentencias definitivas sean cumplidas sin que la promoción, de múltiples amparos, obstaculicen su ejecución, siendo hasta que se dicte la última resolución en la fase ejecutiva, cuando se apruebe el remate de bienes, una sentencia que fije cantidad liquida o el auto que ordene el archivo, cuando la parte quejosa estará en aptitud de ejercer la acción constitucional. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2o. J/27, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 435, tomo II, Septiembre de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo." No se desconoce que tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, existan los denominados de imposible reparación ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, contra las cuales es factible promover en forma inmediata el juicio de amparo indirecto, empero, se estima que no se está en ese supuesto, porque a través de la determinación que ordenó a la dependencia correspondiente que diera cumplimiento a la sentencia por la que se declaró procedente la reducción de la pensión alimenticia del cincuenta por ciento al treinta por ciento de las percepciones ordinarias y extraordinarias de Brander Ramos Garduño, y la diversa de veinticinco de febrero siguiente, fue la que la inadmitió el recurso de revocación contra la determinación anterior, en virtud de que las resoluciones que ordenan la ejecución no son recurribles, la cual no afecta los derechos humanos de la quejosa, conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, entendidos como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De la misma forma, no se desatiende el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 19/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Mayo de 2011, página 5, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De lo dispuesto en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se desprenden dos hipótesis de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, a saber: a) actos que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución y, b) actos en ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, debe precisarse que son aquellos que cuentan con autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, por tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. Respecto de la segunda clase, el amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que prueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento), en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución. Por otro lado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, el día cuatro de mayo de dos mil diez, emitió la tesis jurisprudencial de rubro siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.". Como punto toral del criterio antes señalado, el Tribunal Pleno estableció que la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo debe interpretarse a la luz de la fracción IV del mismo numeral dado que este último contempla un supuesto de aplicación más amplio y más protector y, por lo tanto, los supuestos normativos de la primera fracción referida se subsumen dentro de la segunda fracción citada, entendiéndose la procedencia excepcional del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, sea éste el ejecutante o el ejecutado. Ahora bien, en atención al criterio antes señalado, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la interlocutoria que desestima de manera firme una excepción sustancial y perentoria, alguna defensa u otro acto que tienda a detener o interrumpir la ejecución de la sentencia, como puede ser la excepción de pago o la de prescripción del derecho de pedir la ejecución, o bien, otro acto como un convenio de ejecución entre las partes, es impugnable de forma inmediata a través del juicio de amparo indirecto sin que tenga que hacerse valer como una violación procesal en la demanda de garantías que se intente contra la última resolución del procedimiento respectivo, ya que éstos resultan actos de imposible reparación." Sin embargo, tal criterio no es aplicable al caso concreto, debido a que considera la procedencia del amparo indirecto, cuando se desestime una excepción sustancial o perentoria que tienda a detener o interrumpir la ejecución de la sentencia, como puede ser la excepción de pago, la de prescripción del derecho de pedir la ejecución, o bien, otro acto como un convenio de ejecución entre las partes, pero el caso a estudio, no se encuentra en alguno de dichos supuestos, pues el acto reclamado se ordenó a la dependencia correspondiente que diera cumplimiento a la sentencia por la que se declaró procedente la reducción de la pensión alimenticia del cincuenta por ciento al treinta por ciento de las percepciones ordinarias y extraordinarias de Brander Ramos Garduño, y la diversa de veinticinco de febrero siguiente, fue la que la inadmitió el recurso de revocación contra la determinación anterior, en virtud de que las resoluciones que ordenan la ejecución no son recurribles, es decir, deriva de cuestiones propias de la demandada de dar cumplimiento a la sentencia de reducción de pensión, que tiene la categoría de cosa juzgada, pero el acto reclamado no se consiste en que se hubiera realizado el descuento respectivo o en su caso la imposibilidad de dar cumplimiento a la sentencia de reducción de pensión, para que fuera aplicable la jurisprudencia en comento. En tal virtud, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, al actualizarse la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al ordinal 107, fracción IV, ambos del compendio de leyes recién citado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 61, 63, 74, 75, 79, 123, 124, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por a Edith Flores Hernández por propio derecho y en representación de sus menores hijos Brhander, Cristian Axel y Denisse Astrid de apellidos Ramos Flores, contra el acto y autoridades que quedaron precisados en los considerandos segundo y tercero, por los motivos asentados en el último considerando. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparos y Juicios Federales en el Estado de México, asistido del Secretario Nicolás de Luna González, que autoriza y da fe. Karen Userralde
- Principal
Toluca, Estado de México; seis de junio de dos mil dieciséis. Visto el oficio de cuenta, mediante el cual la Actuaria adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Segundo Circuito, remite copia certificada del cuaderno de antecedentes del juicio de amparo directo 950/2015, de su índice estadístico; asimismo, informa que el original de dicho amparo, fue remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la substanciación del recurso de revisión interpuesto por la ahora quejosa Edith Flores Hernández, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguense a los autos para los efectos conducentes, y con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, dése cuenta con dicha constancia en la audiencia constitucional, sin perjuicio de tomarla en consideración al resolver el presente asunto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma José Antonio Ruiz Rosales, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Encargado del Despacho por licencia otorgada al titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el oficio CCJ/ST/1486/2016 de tres de mayo de dos mil dieciséis, con Mario Jorge Melo Cardoso, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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