Edith Damian Ligonio

Expediente 1161/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1161/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
31/10/2023

Partes del expediente

  • Edith Damian Ligonio

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos los oficios del Secretario del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual, acusa recibo de los informes remitidos relativos a la suspensión de plano concedida, por tanto la que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, téngase por recibido el oficio suscrito por el Subsecretario de Asuntos Jurídicos en representación Legal del Gobierno Constitucional del Estado de Nayarit por el que rinden informe respecto a la suspensión de plano. Asimismo, se advierte que la autoridad ahora competente, en proveído de veintiocho de abril de este mismo año, determinó que no era el caso que subsistiera la suspensión de plano decretada por este órgano jurisdiccional, por considerar que los actos reclamados no eran susceptibles de suspenderse conforme al artículo 15 de la Ley de Amparo y, en su lugar, decretó el desechamiento de la demanda de amparo por lo que hace precisamente a aquellos actos por los que inicialmente se había concedido la suspensión de plano. En tal virtud, se estima innecesario reenviar el informe de suspensión de plano recibido, al Juzgado de Distrito que ahora conoce del asunto, pues a ningún fin práctico llevaría su remisión, al haber dejado de surtir efectos la suspensión de plano con la que se encuentra relacionad dicho comunicado. 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.d4.cc Carlos Eder Juarez Solis Finalmente, agréguese a los autos el sobre devuelto por la empresa de mensajería "Estafeta", del que se advierte la imposibilidad de entregar el oficio 7056/2023, dirigido a la autoridad responsable la Gobernador del Estado de Querétaro, con la leyenda: "Tiempo transcurrido en PVD". Lo anterior, sin mayor pronunciamiento, en razón de lo acordado en párrafos precedentes. Cúmplase.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por *********, contra actos de la Sala Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen y de otra autoridad, radíquese con el expediente *********, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema. Por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, en primer lugar, se analizará si se actualiza alguna de las causales de improcedencia del juicio de amparo, previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto transcrito se advierte que si examinada la demanda de amparo, se encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Ahora, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquel del que no se tiene duda ni incertidumbre de su existencia, es decir, el juzgador tiene la plena certeza y convicción de que no podrá ser desvirtuado con algún otro medio probatorio, porque se encuentra debidamente probada y no a base a presunciones. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, julio de 2002, página 448, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Así las cosas, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, a saber: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos cuyos efectos sean de "imposible reparación en juicio", entendiéndose por tales, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De los preceptos transcritos, se colige que el legislador dispuso que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos realizados fuera de juicio o después de concluido éste, en tanto reconoció la posibilidad del control constitucional de los actos emitidos fuera del procedimiento judicial que también pueden vulnerar derechos fundamentales. Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 377/2013 y 14/2015, determinó que por "actos de imposible reparación" deben entenderse aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y precisó que sus consecuencias, al ser de tal gravedad, impiden en forma actual el ejercicio del derecho involucrado, por lo que con su dictado no sólo producen lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva. Asimismo, para delimitar esa irreparabilidad, se establecieron dos condiciones: 1. Que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y, 2. Que esos derechos revistan la categoría de "sustantivos", expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. Así, conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los "actos de imposible reparación" al establecer que por dichos actos se entienden: ". los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Bajo ese contexto, en el caso que nos ocupa, el acto reclamado Sala Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, es la resolución de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, que declaró fundado el recurso de apelación, interpuesto por la parte actora -tercero interesada- por el que revocó el auto que ordenó la caducidad de la instancia dentro del juicio ordinario civil real reivindicatorio de posesión 259/19-2020/2C-II y ordenó continuar con el juicio de origen. Ahora, atendiendo a la doctrina jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la resolución de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, que declaró fundado el recurso de apelación, interpuesto por la parte actora -tercero interesada- por el que revocó el auto que ordenó la caducidad de la instancia dentro del juicio ordinario civil real reivindicatorio de posesión 259/19-2020/2C-II y ordenó continuar con el juicio de origen, no constituye un acto de imposible reparación, entendiéndose por ello, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de conformidad con el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece. Lo anterior, en razón de que la resolución reclamada no impide el libre ejercicio de algún derecho sustantivo de la parte quejosa en forma actual o presente, sino que se trata de una resolución que sólo podría producir una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva al tratarse de una resolución que declaró fundado el recurso de apelación, interpuesto por la parte actora -tercero interesada- por el que revocó el auto que ordenó la caducidad de la instancia dentro del juicio ordinario civil real reivindicatorio de posesión 259/19-2020/2C-II, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, pues los efectos y consecuencias que llegare a producir la resolución reclamada, no son materializables inmediatamente, sino que dependerá de que lo ahí resuelto llegue a trascender al sentido de la sentencia que dicte el juez responsable, lo que no puede presuponerse, pues aún puede obtener un resultado favorable. Por el contrario, de dictarse sentencia contraria a los intereses de la parte quejosa, hasta ese momento podrá determinarse si la resolución reclamada transcendió o no al sentido de la sentencia. Momento en que la parte quejosa podrá instar el juicio de amparo directo en contra de la sentencia y hacer valer todas las violaciones procesales que estime se cometieron durante la tramitación del juicio de origen 259/19-2020/2C-II, y precisar la forma en que trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo, de conformidad con el artículo 174 de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior, la Tesis del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Abril de 2016, Página 15, Décima Epoca, de rubro y texto siguientes: CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 113 y 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Edith Damián Ligonio, respecto al acto reclamado a la Sala Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche con sede en Ciudad del Carmen, consistente en la resolución de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, que declaró fundado el recurso de apelación, interpuesto por la parte actora -tercero interesada- por el que revocó el auto que ordenó la caducidad de la instancia dentro del juicio ordinario civil real reivindicatorio de posesión 259/19-2020/2C-II y ordenó continuar con el juicio de origen. No ha lugar a tener como domicilio del quejoso para recibir notificaciones los estrados de este juzgado, por no satisfacer los requisitos del artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el numeral 26 de ordenamiento citado en último término, toda vez que las listas de publicación de acuerdos de este juzgado no constituye propiamente una "casa" para que se le hagan las notificaciones personales, como lo requieren los dispositivos citados, porque por tal debe entenderse un inmueble diverso al que ocupan las instalaciones físicas del órgano jurisdiccional, que bien pudiera ser un anexo, como sucede en el caso de algunos órganos en los que anexas a sus instalaciones se encuentran las oficinas de la Defensoría Pública Federal, que por ser instalaciones que no ocupa el órgano jurisdiccional, sí pueden ser señaladas como "casas" o "domicilios" para oír y recibir notificaciones personales por parte de los representados por los Defensores o Asesores Público Federales. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción I y III de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se ordena notificar el presente y los subsecuentes por lista que se fije en el local de este Juzgado, aun las de carácter personal que se ordenen en este asunto. Es aplicable al caso, por analogía la tesis aislada XXII.1o.22 K, del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 1067, tomo VIII, diciembre de 1998, novena Época que dice: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público." AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. Se tiene por autorizados con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Gilda Angélica García Argaez, pues de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que se realizó consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, de la que se desprende que el autorizado de la parte quejosa cuenta con cédula profesional de licenciados en derecho. AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE AMPARO. Como lo solicita la parte quejosa, se tienen por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a Leydi Virginia Mayo Solis y Luis Avelino Luna Morales, quienes no gozarán de las demás facultades previstas en el artículo 12 de dicho ordenamiento legal, esto debido a que la parte quejosa no proporciona datos que acrediten que dicha persona es licenciado en derecho.. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. VIII/2020 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, página 4456, Décima Época, de la voz: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, sólo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública." AUTORIZACIÓN DE USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Desde este momento, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias de autos (salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales), en la inteligencia que toda reproducción se llevará a cabo ante el secretario que tiene a cargo el expediente en que se actúa, quien levantará la certificación correspondiente del medio electrónico utilizado y de la constancia reproducida. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 263 fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto, mediante el esquema de "juicio en línea"; para lo cual, deberán proporcionar su nombre de usuario, solicitar que las notificaciones subsecuentes se les realicen de manera electrónica y que tengan firma electrónica vigente. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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