Edith Corzo Sosa

Expediente 562/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco. 10 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2015.

Datos del expediente

Expediente
562/2015
Año
2015
Actuaciones
10
Última actuación
14/08/2015

Partes del expediente

  • Edith Corzo Sosa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    MESA II. SE AGREGA COMO CORRESPONDA EL OFICIO DE LA AUTORIDAD RESPOSANBLE, TODA VEZ QUE EN VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, CAUSÓ ESTADO LA SENTENCIA Y SE ORDENÓ EL ARCHIVO DEL PRESENTE JUICIO...

  2. Principal

    MESA II.- CAUSA ESTADO PROVEÍDO DE UNO DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE QUE SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA

  3. Principal

    MESA II. SE NOTIFICA POR LISTA Y EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE UNO DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, TODA VEZ QUE NO COMPARECIÓ A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL DEL ACUERDO MENCIONADO QUE DICE: LO PROCEDENTE ES SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO...

  4. Principal

    MESA II.- Villahermosa, Tabasco, veintidós de mayo de dos mil quince. Visto, con fundamento en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar el oficio signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, a través del cual en cumplimiento al proveído de dieciocho de mayo pasado, en el cual se le requirió para que allegara el acuerdo recaído a la petición de la parte quejosa de que se dictara auto con efecto de requerimiento de pago y embargo en ejecución del laudo, informa que por el momento no es posible dictar mandamiento de ejecución, en virtud de que no ha transcurrido el término que exige la ley para el mismo, atendiendo a que la notificación a las partes de la resolución interlocutoria de diez de marzo de dos mil diez fue realizada el siete de mayo pasado. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, para que dentro del término de TRES DÍAS contado a partir de la notificación del presente proveído, remita copia certificada del acuerdo en el que haya asentado las razones y fundamento que dice tiene para no dictar el auto con efecto de requerimiento de pago y embargo en ejecución del laudo, así como de las constancias de notificación a las partes, a través de las cuales les hubiera hecho de su conocimiento tales argumentaciones; para estar en aptitud de acordar lo procedente. Se apercibe a la responsable que de no dar cumplimiento al requerimiento antes señalado o no informar el impedimento que tenga para ello, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, con fundamento en los numerales 238 y 260 fracción II en relación con el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor. Tiene sustento por símil jurídico en la Jurisprudencia P./J. 17/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a foja 108, del tomo V, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto.

Quedan 6 actuaciones en este expediente

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