Edith Cortés Santivañez
Expediente 485/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 485/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Edith Cortés Santivañez
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de cinco días previsto por el ordinal 98 de la Ley de Amparo para que la inconforme interpusiera el recurso de queja en contra del acuerdo de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que la disidente haya impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo previsto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto en donde se desechó de plano la demanda de amparo ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado por los normativos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como en el proveído de cuatro de mayo pasado se desechó de plano el escrito inicial, por lo que con esa resolución se puso fin al juicio sin decirlo en cuanto al fondo, de acuerdo con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido Acuerdo General, este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso d) del numeral 21 del propio acuerdo; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de mayo de dos mil veintiuno. Ténganse por recibido el ocurso inicial y los anexos señalados en la nota de cuenta. Expediente impreso y electrónico. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el ordinal 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 485/2021. Aspectos preliminares. Como cuestión previa es necesario establecer que del contenido integral de la demanda de amparo se advierte que. .., reclama el acto siguiente: Del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca: "La falta de contestación a mi escrito presentado el diez de marzo de dos mil veintiuno, ante el INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE OAXACA, a través del cual le solicite copia certificada del registro del inmueble inscrito en la sección 8°, del tomo XXI, partida 46, de fecha de registro 23 de Junio de 2014; y la falta de notificación de dicha petición". Ahora, es necesario establecer que conforme a lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo una vez presentada la demanda debe estudiarse para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. En lo que interesa esas normas prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda, así como de sus anexos y, por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y la plena convicción; en ese contexto, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio constitucional éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria porque no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Al respecto es ilustrativa la tesis aislada 2a. LXXI/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En esa línea, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que desde su promoción se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar de plano la demanda siempre que se materialice de manera manifiesta e indudable alguna de las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el normativo 61 de la ley de la materia, el cual enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio de protección de los derechos fundamentales, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Es preciso destacar que esa actuación procesal no está limitada a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente sea factible su desechamiento de plano, esto es, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá dado que finalmente no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. Con base en los elementos anteriores y la información que se desprende del ocurso inicial y sus anexos se dicta la determinación siguiente: Desechamiento de la demanda. En cuanto al acto que se reclama consistente en la omisión de dar respuesta al escrito que presentó el veintiuno de octubre del año en curso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracciones IV y V del propio ordenamiento. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido de las disposiciones jurídicas invocadas, las cuales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". El segmento normativo transcrito en primer orden establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano o de la Ley de Amparo. Por otro lado, el arábigo inserto en último orden dispone que en un juicio de amparo se decretará el sobreseimiento cuando se advierta que se actualice una causal de improcedencia y cuando de las constancias de autos aparece claramente demostrado que no existe el acto reclamado. Enseguida es necesario establecer que el derecho de petición consagrado por el artículo 8 de la Constitución Federal encierra la facultad que tiene todo gobernado para hacer peticiones a los funcionarios públicos siempre y cuando éstas se formulen por escrito, de manera pacífica y respetuosa, acotando que tratándose de la materia política solo podrán hacerlo los ciudadanos de la república. A la solicitud realizada en los términos referidos, la autoridad se encontrará obligada a emitir un acuerdo por escrito que deberá hacerlo del conocimiento del peticionario en breve término. Bajo esa línea de pensamiento tenemos que para que exista la obligación por parte de los funcionarios públicos de dar contestación a las peticiones formuladas por los gobernados debe de existir una solicitud hecha por escrito de forma pacífica y respetuosa, tal como lo establece la jurisprudencia XXI.1o.P.A. J/27 del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito (9ª), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, página 2167, Marzo de 2011, materia Constitucional, con el rubro siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS". Del criterio jurisprudencial anterior se advierte que los elementos del derecho de petición son los siguientes: I. La petición: que debe de formularse de forma pacífica a una autoridad y recabarse la constancia de su entrega. II. La respuesta: que la autoridad deberá de emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; asimismo, la contestación deberá ser congruente con la petición planteada y notificarla de forma personal al promovente. Ahora, es necesario traer a contexto lo previsto por los artículos 23 y 26 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, que señalan: "ARTÍCULO 23.- El administrado deberá promover lo que a sus derechos convenga ante las autoridades responsables a las que se refiere el ámbito de aplicación de la presente Ley, y la autoridad deberá respetar el derecho de petición a la que se constriñen los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, pero si no lo hicieren, operará de inmediato la negativa ficta. [.] ARTÍCULO 26.- Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo para algún supuesto en particular, la dependencia, entidad u organismo descentralizado, desconcentrado, paraestatal o paramunicipal deberá resolver lo conducente en un plazo no mayor a noventa días naturales. Transcurrido el plazo aplicable, sin que se haya dictado resolución, ésta se entenderá en sentido positivo o negativo al promovente, en términos de lo que disponga la Ley. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver. Igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido negativo". De los preceptos transcritos se desprende que la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca estatuye que la dependencia, entidad u organismo descentralizado, desconcentrado, paraestatal o paramunicipal deberá resolver lo conducente en cuanto al ejercicio del derecho de petición en un plazo no mayor a noventa días naturales. En el caso, Edith Cortez Santivañez, reclama del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca (autoridad descentralizada), la omisión de dar respuesta al escrito que presentó el diez de marzo de dos mil veintiuno. Tal situación se destaca porque el artículo 26 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, estatuye que no podrá exceder de noventa días el tiempo para que la dependencia u organismo descentralizado resuelva lo que corresponda, lapso que se entiende como el que racionalmente se requiere para estudiar la petición y acordarla. En ese contexto, se tiene en cuenta que a la fecha de la promoción del presente juicio de amparo indirecto -el tres de mayo de dos mil veintiuno- sólo han transcurrido cincuenta y tres días naturales, respectivamente, desde que el promovente presentó el ocurso que contiene su petición-, por lo que la responsable aún se encuentra dentro del plazo legal de los noventa días para emitir la contestación correspondiente; de ahí que la omisión atacada sea inexistente, lo que conduce a estimar que en cuanto a los actos reclamados señalados se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracciones IV y V del propio ordenamiento. Por consiguiente, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable las causales de improcedencia analizadas, porque con ningún medio de prueba podrían desvirtuarse, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de amparo se desecha de plano la demanda de amparo. Apoya lo anterior, por sus argumentos, la jurisprudencia número 749, publicada en la página 505, del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de voz y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." Es necesario precisar que la determinación adoptada no deja en estado de indefensión a Edith Cortez Santivañez, porque en el supuesto de que la autoridad responsable no haya dado respuesta al escrito que presentó el diez de marzo de la presente anualidad, y hubiese transcurrido el plazo previsto por el arábigo 26 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa del estado de Oaxaca puede volver a promover el juicio constitucional en el caso de que lo estime conveniente. Domicilio y autorizados del quejoso. Dado que la disidente señaló los estrados para recibir notificaciones, sin que esa vía de comunicación procesal esté prevista legalmente, con fundamento en lo previsto por el arábigo 27, fracción III, inciso a), de la ley de materia notifíquese por lista esta resolución judicial, así como las ulteriores determinaciones, incluidas las de carácter personal, hasta en tanto el justiciable señale un domicilio procesal. Por otro lado, ténganse como autorizados del promovente en términos restringidos de los normativos 12 y 24 de la Ley de Amparo, esto es, para recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas que designa, porque no se encuentran registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ni acreditó con documento idóneo que ejerzan la profesión de licenciados en derecho. Exhortación para el señalamiento de correo electrónico y de teléfono celular. Con fundamento en el artículo 2°, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, requiérase a las partes para que proporcionen un número de teléfono celular y un correo electrónico, para mantener contacto con este órgano jurisdiccional. En la inteligencia que dichos datos serán únicamente para contacto y no un medio para practicar notificaciones. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previa coordinación con la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a las reglas de la consulta física, a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran este expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia o resolución que se llegue a dictar, se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. NOTIFÍQUESE.
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