Edith Berenice Pérez del Razo

Expediente 626/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
626/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
27/06/2022

Partes del expediente

  • Edith Berenice Pérez del Razo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda, en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Así, en observancia al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible, ya que se desechó la demanda. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de junio de dos mil veintidós. DESAHOGO DE LA PREVENCIÓN Agréguese a los autos el escrito de Edith Berenice Pérez del Razo, por medio del cual desahoga la prevención formulada en auto de uno de junio del año en curso; por tanto, se procede a proveer lo conducente. ACTOS RECLAMADOS: Del análisis integral de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, se advierte que los actos reclamados por la parte quejosa son: 1La negativa de permitirle tener acceso a la carpeta de investigación FED/MEX/NAU/687/2022. 2El haber decretado un posible arraigo domiciliario en su contra, dentro de la carpeta de investigación FED/MEX/NAU/687/2022. DESECHAMIENTO. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el juzgador de amparo debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia manifiesta y notoria, con el propósito de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resultan improcedentes. De acuerdo con la jurisprudencia I.13o.A. J/61, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. En el presente asunto el suscrito considera que, por lo que respecta al acto reclamado consistente en la negativa de permitirle a la parte quejosa tener acceso a la carpeta de investigación FED/MEX/NAU/687/2022, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, y 6°, todos de la Ley de Amparo, que disponen que el juicio de amparo será improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso, dichos numerales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I.El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley.". Para demostrar ese aserto, es necesario tener en cuenta el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 21.- La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial." En relación con el tema que nos ocupa, el precepto transcrito impone al Ministerio Público la investigación y persecución de los delitos, auxiliándose de una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. Resulta importante tener presente que la carpeta de investigación constituye medularmente una indagación a través de la cual la fiscalía trata de hacerse del material probatorio necesario para sustentar un caso, que presentará ante el juez con el fin de que éste tenga buenas posibilidades de éxito. Es decir, dicho procedimiento administrativo-penal constituye el instrumento con el que cuenta en exclusiva el órgano acusador para construir casos penales. Se insiste que el precepto constitucional transcrito hace referencia a las facultades de investigación que constitucionalmente se otorgan al Ministerio Público en la fase de investigación desformalizada; en esencia, este dispositivo constitucional delimita las obligaciones y prerrogativas que durante esta etapa del proceso penal le confiere la Constitución a esta institución pública. Así, en cualquier caso, dentro del proceso penal y en la etapa de investigación desformalizada, el representante social debe acreditar que se ha acontecido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. De ahí que, como ya quedó expuesto, al Ministerio Público, por mandato constitucional del artículo 21 de la Ley Fundamental, se le impone la obligación de aportar los elementos demostrativos que acrediten que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, en contraposición a ello, el inculpado goza del derecho de defensa que se le otorga, desvirtuando datos de prueba aportados por el representante social. Ahora bien, en estricta vinculación con lo antes señalado, los artículos 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen, respectivamente: "Artículo 218. Reserva de los actos de investigación Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables. La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código. En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales. Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme". "Artículo 219. Acceso a los registros y la audiencia inicial Una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su Defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a obtener copia, con la oportunidad debida para preparar la defensa. En caso que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias, podrán acudir ante el Juez de control para que resuelva lo conducente". De los preceptos legales transcritos se advierte el derecho del imputado a lo siguiente: 1.A tener acceso a los registros de la investigación. Este derecho puede ejercerse: a)Cuando el imputado se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. b)Antes de su primera comparecencia ante juez, está facultado para consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de ese momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa. 2.A obtener copia gratuita de los registros de la investigación. Este derecho sólo puede ejercerse una vez que el imputado haya sido convocado a la audiencia inicial. Ahora bien, de la interpretación armónica de los preceptos legales antes indicados se advierte que tanto el imputado como su defensor tendrán derecho a tener acceso y obtener copia gratuita de los registros de investigación y que ese derecho solamente puede ejercerse una vez que el imputado haya sido convocado a la audiencia inicial. Así, ciertamente aquellos actos que de manera irreparable e inmediata trascienden a la esfera jurídica del inculpado son susceptibles de ser combatidos mediante el juicio constitucional. Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa pretende controvertir mediante el presente juicio constitucional la omisión por parte de Pedro Sarmiento García, Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, de permitirle el acceso a la carpeta de investigación FED/MEX/NAU/687/2022; sin embargo, la parte quejosa carece de interés para reclamar vía amparo dicha omisión, pues de las propias manifestaciones que bajo protesta de decir verdad narra la parte quejosa en el capítulo de antecedentes de su demanda, resulta evidente que no existen datos reales, precisos y concretos en el sentido de que efectivamente la autoridad ministerial responsable haya iniciado la citada carpeta de investigación en su contra, en la cual le haya reconocido el carácter de imputada por la posible comisión de algún hecho delictuoso y que por lo tanto, la autoridad responsable tenga la obligación de permitirle el acceso a dicha carpeta. Bajo esa óptica, dicho acto reclamado no le irroga ningún perjuicio de imposible reparación en su esfera de derechos, sino que aquello se materializará, en su caso, hasta que la autoridad judicial conozca de la causa penal y determine si resulta procedente o no alguna medida restrictiva de libertad en contra de la parte quejosa. Al respecto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, mediante jurisprudencia que, en la etapa de investigación en el proceso penal acusatorio, el derecho de acceder a los registros contenidos en la carpeta de investigación corresponde únicamente a las partes involucradas; de manera que, para que la persona interesada pueda reclamar mediante juicio de amparo la omisión o negativa del Ministerio Público para permitirle el acceso a ésta, es necesario que se encuentre detenida, sea citada para comparecer o sea sujeta de un acto de molestia como imputada dentro de la etapa de la investigación inicial. Asimismo, el Alto Tribunal consideró que la simple sospecha de ser investigado no deriva en ningún derecho subjetivo para acceder a la carpeta de investigación, de manera que es indispensable que la autoridad ministerial lleve a cabo alguna diligencia de investigación en perjuicio del investigado. Lo que en el presente caso acontece, pues no se tiene certeza de que la quejosa tenga la calidad de imputada o haya sido citada por el Agente del Ministerio Público investigador, en la citada carpeta de investigación. Al respecto, se cita la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelta en sesión de uno de junio del año en curso, pendiente de integración y publicación, cuyo rubro establece: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA INDUDABLE Y MANIFIESTA PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDACUANDO SE RECLAME LA NEGATIVA Y/U OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PERMITIRLE EL ACCESO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN A UN QUEJOSO QUE NO HA SIDO DETENIDO, CITADO A COMPARECER O AFECTADO POR OTRO ACTO DE MOLESTIA REALIZADO EN SU CONTRA CON EL CARÁCTER DE IMPUTADO DENTRO DE LA ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN INICIAL". Incluso, constituye un hecho notorio para el suscrito, el comunicado 207/2022, de dos de junio de dos mil veintidós, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, mediante jurisprudencia que, en la etapa de investigación en el proceso penal acusatorio, el derecho de acceder a los registros contenidos en la carpeta de investigación corresponde únicamente a las partes involucradas; de manera que, para que la persona interesada pueda reclamar mediante juicio de amparo la omisión o negativa del Ministerio Público para permitirle el acceso a ésta, es necesario que se encuentre detenida, sea citada para comparecer o sea sujeta de un acto de molestia como imputada dentro de la etapa de la investigación inicial. Este criterio emana de la resolución de una contradicción de criterios, en la que dos Plenos de Circuito sostuvieron posturas opuestas para determinar si fue correcto o no el desechamiento de plano de una demanda de amparo promovida por una persona que sospechaba tener el carácter de imputado en una investigación, ello sin que previamente se le hubiera detenido o citado a comparecer. En su fallo, el Alto Tribunal consideró que la simple sospecha de ser investigado no deriva en ningún derecho subjetivo para acceder a la carpeta de investigación, de manera que es indispensable que la autoridad ministerial lleve a cabo alguna diligencia de investigación en perjuicio del investigado, como las referidas previamente, para que la persona pueda reclamar el acceso a los registros de la investigación. De esta forma, cuando una persona promueve una demanda de amparo indirecto contra la negativa u omisión del Ministerio Público de permitirle el acceso a la carpeta de investigación, pero del escrito de demanda y sus anexos solo se advierte la mención de tener una sospecha o temor de ser investigada y, además, no se observa la existencia de un acto de molestia concreto (detención u orden de comparecencia), será procedente desechar de plano la demanda de amparo. Finalmente, la Primera Sala destacó la importancia de que no se pierda el sigilo dentro de la investigación, por lo que la persona juzgadora de amparo debe tener el cuidado de revisar la demanda para advertir la existencia, o no, de un derecho subjetivo en favor de quien solicite la protección constitucional". Por otra parte, el diverso acto reclamado por la parte quejosa consistente en la posible orden de arraigo girada en su contra por parte de Pedro Sarmiento García, Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, en concepto de este Juzgador, se encuentra estrechamente vinculado con el diverso acto reclamado consistente en la omisión de permitir el acceso a la carpeta de investigación FED/MEX/NAU/687/2022, puesto que atendiendo a las consideraciones expuestas concatenadas con las manifestaciones que realiza la aquí agraviada, no es dable considerar la existencia de dicho acto en perjuicio de la quejosa, pues como se ha visto, de la demanda de amparo no logra advertirse una posibilidad real, objetiva y material, que otorgue certeza en cuanto a que se ha emitido un acto de molestia en su contra, derivado de la carpeta de investigación FED/MEX/NAU/687/2022, pues incluso expresamente refiere que "desconozco si realmente existe un arraigo domiciliario en mi contra", lo que abona en afirmar que los actos reclamados por la quejosa representan meras expectativas y posibilidades de que en su momento puedan llegar a existir. Por tanto, al haberse actualizado la causa de improcedencia antes señalada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Edith Berenice Pérez del Razo. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa, a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    se ingresa al SISE la notificación por lista a la parte quejosa de auto de ocho de junio de dos mil veintidós, dictado por el juzgado de mi adscripción, al no haberse presentado al local del juzgado la parte citada dentro del término indicado a recibir la notificación correspondiente, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c, de la Ley de Amparo Vigente. Doy fe. Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de junio de dos mil veintidós. DESAHOGO DE LA PREVENCIÓN Agréguese a los autos el escrito de Edith Berenice Pérez del Razo, por medio del cual desahoga la prevención formulada en auto de uno de junio del año en curso; por tanto, se procede a proveer lo conducente. ACTOS RECLAMADOS: Del análisis integral de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, se advierte que los actos reclamados por la parte quejosa son: 1La negativa de permitirle tener acceso a la carpeta de investigación FED/MEX/NAU/687/2022. 2El haber decretado un posible arraigo domiciliario en su contra, dentro de la carpeta de investigación FED/MEX/NAU/687/2022. DESECHAMIENTO. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el juzgador de amparo debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia manifiesta y notoria, con el propósito de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resultan improcedentes. De acuerdo con la jurisprudencia I.13o.A. J/61, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. En el presente asunto el suscrito considera que, por lo que respecta al acto reclamado consistente en la negativa de permitirle a la parte quejosa tener acceso a la carpeta de investigación FED/MEX/NAU/687/2022, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, y 6°, todos de la Ley de Amparo, que disponen que el juicio de amparo será improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso, dichos numerales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I.El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley.". Para demostrar ese aserto, es necesario tener en cuenta el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 21.- La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial." En relación con el tema que nos ocupa, el precepto transcrito impone al Ministerio Público la investigación y persecución de los delitos, auxiliándose de una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. Resulta importante tener presente que la carpeta de investigación constituye medularmente una indagación a través de la cual la fiscalía trata de hacerse del material probatorio necesario para sustentar un caso, que presentará ante el juez con el fin de que éste tenga buenas posibilidades de éxito. Es decir, dicho procedimiento administrativo-penal constituye el instrumento con el que cuenta en exclusiva el órgano acusador para construir casos penales. Se insiste que el precepto constitucional transcrito hace referencia a las facultades de investigación que constitucionalmente se otorgan al Ministerio Público en la fase de investigación desformalizada; en esencia, este dispositivo constitucional delimita las obligaciones y prerrogativas que durante esta etapa del proceso penal le confiere la Constitución a esta institución pública. Así, en cualquier caso, dentro del proceso penal y en la etapa de investigación desformalizada, el representante social debe acreditar que se ha acontecido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. De ahí que, como ya quedó expuesto, al Ministerio Público, por mandato constitucional del artículo 21 de la Ley Fundamental, se le impone la obligación de aportar los elementos demostrativos que acrediten que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, en contraposición a ello, el inculpado goza del derecho de defensa que se le otorga, desvirtuando datos de prueba aportados por el representante social. Ahora bien, en estricta vinculación con lo antes señalado, los artículos 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen, respectivamente: "Artículo 218. Reserva de los actos de investigación Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables. La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código. En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales. Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme". "Artículo 219. Acceso a los registros y la audiencia inicial Una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su Defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a obtener copia, con la oportunidad debida para preparar la defensa. En caso que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias, podrán acudir ante el Juez de control para que resuelva lo conducente". De los preceptos legales transcritos se advierte el derecho del imputado a lo siguiente: 1.A tener acceso a los registros de la investigación. Este derecho puede ejercerse: a)Cuando el imputado se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. b)Antes de su primera comparecencia ante juez, está facultado para consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de ese momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa. 2.A obtener copia gratuita de los registros de la investigación. Este derecho sólo puede ejercerse una vez que el imputado haya sido convocado a la audiencia inicial. Ahora bien, de la interpretación armónica de los preceptos legales antes indicados se advierte que tanto el imputado como su defensor tendrán derecho a tener acceso y obtener copia gratuita de los registros de investigación y que ese derecho solamente puede ejercerse una vez que el imputado haya sido convocado a la audiencia inicial. Así, ciertamente aquellos actos que de manera irreparable e inmediata trascienden a la esfera jurídica del inculpado son susceptibles de ser combatidos mediante el juicio constitucional. Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa pretende controvertir mediante el presente juicio constitucional la omisión por parte de Pedro Sarmiento García, Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, de permitirle el acceso a la carpeta de investigación FED/MEX/NAU/687/2022; sin embargo, la parte quejosa carece de interés para reclamar vía amparo dicha omisión, pues de las propias manifestaciones que bajo protesta de decir verdad narra la parte quejosa en el capítulo de antecedentes de su demanda, resulta evidente que no existen datos reales, precisos y concretos en el sentido de que efectivamente la autoridad ministerial responsable haya iniciado la citada carpeta de investigación en su contra, en la cual le haya reconocido el carácter de imputada por la posible comisión de algún hecho delictuoso y que por lo tanto, la autoridad responsable tenga la obligación de permitirle el acceso a dicha carpeta. Bajo esa óptica, dicho acto reclamado no le irroga ningún perjuicio de imposible reparación en su esfera de derechos, sino que aquello se materializará, en su caso, hasta que la autoridad judicial conozca de la causa penal y determine si resulta procedente o no alguna medida restrictiva de libertad en contra de la parte quejosa. Al respecto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, mediante jurisprudencia que, en la etapa de investigación en el proceso penal acusatorio, el derecho de acceder a los registros contenidos en la carpeta de investigación corresponde únicamente a las partes involucradas; de manera que, para que la persona interesada pueda reclamar mediante juicio de amparo la omisión o negativa del Ministerio Público para permitirle el acceso a ésta, es necesario que se encuentre detenida, sea citada para comparecer o sea sujeta de un acto de molestia como imputada dentro de la etapa de la investigación inicial. Asimismo, el Alto Tribunal consideró que la simple sospecha de ser investigado no deriva en ningún derecho subjetivo para acceder a la carpeta de investigación, de manera que es indispensable que la autoridad ministerial lleve a cabo alguna diligencia de investigación en perjuicio del investigado. Lo que en el presente caso acontece, pues no se tiene certeza de que la quejosa tenga la calidad de imputada o haya sido citada por el Agente del Ministerio Público investigador, en la citada carpeta de investigación. Al respecto, se cita la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelta en sesión de uno de junio del año en curso, pendiente de integración y publicación, cuyo rubro establece: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA INDUDABLE Y MANIFIESTA PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDACUANDO SE RECLAME LA NEGATIVA Y/U OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PERMITIRLE EL ACCESO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN A UN QUEJOSO QUE NO HA SIDO DETENIDO, CITADO A COMPARECER O AFECTADO POR OTRO ACTO DE MOLESTIA REALIZADO EN SU CONTRA CON EL CARÁCTER DE IMPUTADO DENTRO DE LA ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN INICIAL". Incluso, constituye un hecho notorio para el suscrito, el comunicado 207/2022, de dos de junio de dos mil veintidós, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, mediante jurisprudencia que, en la etapa de investigación en el proceso penal acusatorio, el derecho de acceder a los registros contenidos en la carpeta de investigación corresponde únicamente a las partes involucradas; de manera que, para que la persona interesada pueda reclamar mediante juicio de amparo la omisión o negativa del Ministerio Público para permitirle el acceso a ésta, es necesario que se encuentre detenida, sea citada para comparecer o sea sujeta de un acto de molestia como imputada dentro de la etapa de la investigación inicial. Este criterio emana de la resolución de una contradicción de criterios, en la que dos Plenos de Circuito sostuvieron posturas opuestas para determinar si fue correcto o no el desechamiento de plano de una demanda de amparo promovida por una persona que sospechaba tener el carácter de imputado en una investigación, ello sin que previamente se le hubiera detenido o citado a comparecer. En su fallo, el Alto Tribunal consideró que la simple sospecha de ser investigado no deriva en ningún derecho subjetivo para acceder a la carpeta de investigación, de manera que es indispensable que la autoridad ministerial lleve a cabo alguna diligencia de investigación en perjuicio del investigado, como las referidas previamente, para que la persona pueda reclamar el acceso a los registros de la investigación. De esta forma, cuando una persona promueve una demanda de amparo indirecto contra la negativa u omisión del Ministerio Público de permitirle el acceso a la carpeta de investigación, pero del escrito de demanda y sus anexos solo se advierte la mención de tener una sospecha o temor de ser investigada y, además, no se observa la existencia de un acto de molestia concreto (detención u orden de comparecencia), será procedente desechar de plano la demanda de amparo. Finalmente, la Primera Sala destacó la importancia de que no se pierda el sigilo dentro de la investigación, por lo que la persona juzgadora de amparo debe tener el cuidado de revisar la demanda para advertir la existencia, o no, de un derecho subjetivo en favor de quien solicite la protección constitucional". Por otra parte, el diverso acto reclamado por la parte quejosa consistente en la posible orden de arraigo girada en su contra por parte de Pedro Sarmiento García, Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, en concepto de este Juzgador, se encuentra estrechamente vinculado con el diverso acto reclamado consistente en la omisión de permitir el acceso a la carpeta de investigación FED/MEX/NAU/687/2022, puesto que atendiendo a las consideraciones expuestas concatenadas con las manifestaciones que realiza la aquí agraviada, no es dable considerar la existencia de dicho acto en perjuicio de la quejosa, pues como se ha visto, de la demanda de amparo no logra advertirse una posibilidad real, objetiva y material, que otorgue certeza en cuanto a que se ha emitido un acto de molestia en su contra, derivado de la carpeta de investigación .. pues incluso expresamente refiere que "desconozco si realmente existe un arraigo domiciliario en mi contra", lo que abona en afirmar que los actos reclamados por la quejosa representan meras expectativas y posibilidades de que en su momento puedan llegar a existir. Por tanto, al haberse actualizado la causa de improcedencia antes señalada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Edith Berenice Pérez del Razo. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa, a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a la autoridad responsable.

  4. Principal

    "...Naucalpan de Juárez, Estado de México, uno de junio de dos mil veintidós. ANOTACIÓN Téngase por recibida la demanda de amparo suscrita por...por propio derecho; fórmese expediente con el número 626/2022-IV que le correspondió en el libro de gobierno que se lleva en este órgano jurisdiccional. PREVENCIÓN Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierten inconsistencias en su forma, que impiden a este órgano federal resolver lo que en derecho corresponde. Por tanto, lo conducente es prevenir a la parte quejosa, a fin de que en términos del artículo 108, fracción IV, en relación con el numeral 114, fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, dentro del término de cinco días legalmente computados, realice lo siguiente: 1. Del análisis conjunto de la demanda de amparo, se advierte que en el capítulo correspondiente la parte quejosa señala como acto reclamado la orden de arraigo domiciliario decretado en su contra; sin embargo, de los antecedentes del acto reclamado refiere que con la finalidad de conocer la razón por la que se decretó esa medida en su contra, presentó un escrito ante el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, para imponerse de las actuaciones que integran la carpeta de investigación NUC: FED/MEX/NAU/687/2022, pero la citada autoridad se negó a recibírsela, así como a proporcionarle todo tipo de información, lo cual refiere la deja en completo estado de indefensión. Por tanto, deberá manifestar si también desea señalar como actos reclamados los antes señalados. Lo anterior, toda vez que deviene indispensable en el presente asunto; esto, para un mejor proveer; por lo que, en caso de que este órgano jurisdiccional se pronunciara al respecto, estaría realizando suplencia en tal señalamiento, mediante la interpretación de lo esgrimido en el escrito, lo que no está contemplado en la Ley de Amparo, además que resulta imperativo para fijar la Litis constitucional en términos de la carga procesal de la parte quejosa señalada en el artículo 108 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis publicada en la octava época del Semanario Judicial de la Federación a página cincuenta y cuatro, tomo III, segunda parte-1, de enero a junio de mil novecientos noventa y ocho, la cual establece: "ACTO RECLAMADO, FALTA DE PRECISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DEL. PROCEDE LA ACLARACIÓN DE LA DEMANDA Y NO EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO. Si el quejoso en su demanda de garantías, omite precisar el acto reclamado de las autoridades responsables, el juez a quo, previamente a su admisión, debe dictar el acuerdo correspondiente a efecto de subsanar la irregularidad destacada para resolver conforme a derecho, esto es, desechándola por falta de aclaración, o bien admitiéndola con base al escrito aclaratorio que permita conocer los actos reclamados a la totalidad de las autoridades señaladas como responsables, si esto no sucede y en su lugar el juez de Distrito sobresee en el juicio, lo procedente es, en la revisión, revocar la sentencia y ordenar la reposición del procedimiento con base en la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo." 2. Con fundamento en el artículo 110 de la Ley de Amparo, se le hace saber a la parte quejosa que del escrito en que dé cumplimiento a la presente determinación deberá exhibir sendos juegos de copias del mismo para cada una de las partes; lo que no será necesario si el escrito aclaratorio se remite vía electrónica. Al caso se cita la jurisprudencia número 21, publicada en la página 30, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-200, Actualización 2001, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." APERCIBIMIENTO Apercibida que, de no cumplir con el desahogo de la prevención formulada, en el lapso indicado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, párrafo penúltimo de la legislación de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Ahora bien, tiene como domicilio para oír citas y notificaciones únicamente de carácter personal, el señalado en su escrito de cuenta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo; y las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, para el resto de las determinaciones. Asimismo, por autorizadas a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Con relación al correo electrónico que proporciona, se tiene por señalado únicamente como un medio alternativo de comunicación no procesal a fin de que este juzgado establezca contacto en los casos en que se estime necesario. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS EN LÍNEA En términos del artículo 22 fracción I del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Notifíquese personalmente a la parte quejosa..."

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · 8,346 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano