Edith Ávila González
Expediente 536/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 536/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 07/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Edith Ávila González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Glósese a los autos el oficio de cuenta enviado por la Jueza Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de los Bravo, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la sentencia interlocutoria de cinco de septiembre de dos mil dieciséis, dictada en el expediente ************, relativo al Juicio ejecutivo mercantil, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercero interesado, por el término de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado de amparo se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinticinco de agosto de dos mil dieciséis. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, misma que concede a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, en términos del diverso 2 de la ley en mención, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 y 193 de la actual Ley de Amparo, requiérase al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de los Bravo, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de CINCO DÍAS HÁBILES contados a partir de la legal notificación del presente proveído, cumpla con la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, que lo obliga a: Dejar insubsistente le resolución interlocutoria de dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, dictada en el expediente ejecutivo mercantil número 182/2012-3, promovido por Jesús Valenzo Damián, en contra de Edith Ávila González. Y dictar otra resolución debidamente fundada y motivada, tomando en consideración las manifestaciones vertidas por la quejosa en el escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil dieciséis. Conforme a lo anterior, se apercibe al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de los Bravo, que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238 y 192, de la Ley de Amparo, que asciende a la cantidad de $7,304.00 (siete mil trescientos cuatro pesos 00/100 moneda nacional), tomando en consideración que dicha Unidad de Medida y Actualización es de $73.04 (setenta y tres pesos 04/100 moneda nacional). Además, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con la finalidad que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional. Es de precisarse que el término otorgado a la autoridad responsable y al superior jerárquico, para el cumplimiento del fallo protector, es el que este órgano jurisdiccional estima prudente para lograr tal fin, mismo que se concede atendiendo la naturaleza de la violación transgredida y de la particularidad de la obligación impuesta a la responsable. Ahora bien, el numeral 192 de la Ley de Amparo vigente establece que en el mismo proveído se deberá requerir en términos similares al superior jerárquico, no menos cierto es que, la citada autoridad debe ser atendida como órgano jurisdiccional plenamente autónomo, en concordancia por identidad jurídica con lo dispuesto en la jurisprudencia PC.I.C.J/3K(10.a), consultable en la Décima Época, con número de registro 2007295, sustentada por los Plenos de Circuito, publicada el veintinueve de agosto de dos mil catorce, en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias." Por lo anteriormente expuesto, y en aplicación a la jurisprudencia transcrita se establece que Jueces de Primera Instancia, deben ser clasificados como órganos jurisdiccionales que cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento por ende, no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía, por tanto no cuentan con superior jerárquico alguno. Finalmente, tomando en consideración que no es necesario seguir conservando las copias certificadas de relativas al expediente 182/2012-3, relativo al juicio ejecutivo mercantil, que en vía de informe justificado remitió la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de los Bravo, con sede en esta ciudad, (legajo uno); por tanto, hágase la devolución de las mismas a su lugar de origen, en el entendido que la anotación en la constancia respectiva con el sello fechador de que se recibió el precitado anexo, se tomará como acuse de recibo.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional (foja 7 reverso) misma que no es posible desahogarla, en razón de que la suscrita considera que no ha mediado el tiempo suficiente para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de los Bravo, con sede en esta ciudad, acordado en proveído de primero de junio de dos mil dieciséis (foja 25). En razón de lo anterior, la referida audiencia constitucional se difiere y en su lugar se fijan las TRECE HORAS DEL PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, para su verificativo.
- Principal
Visto el oficio de cuenta signado por la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de los Bravo, con sede en esta ciudad, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado, de la autoridad responsable de trato, dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales. En razón del volumen de las constancias remitidas y para un mejor manejo del expediente, con las mismas fórmese por separado un tomo de pruebas, conservando su número de folio correspondiente, las cuales quedan a disposición de las partes en la secretaría de este juzgado.
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