Edith Asunción Macías Calderón
Expediente 183/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 12 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 183/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 13/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Edith Asunción Macías Calderón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
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Ciudad Juárez, Chihuahua, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde. Así, atento el oficio que remiten en conjunto Tesorera Municipal de Juárez, y Director de Catastro Municipal, en esta ciudad, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso e), 98, 99, párrafo primero y 100 de la Ley de Amparo, se tiene a las autoridades responsables interponiendo recurso de queja contra el proveído de trece de octubre de dos mil veintitrés, dictado por este juzgado en el presente juicio de amparo, mediante el cual se tuvo requiriendo nuevamente a las autoridades de mérito para que dieran cumplimiento a la ejecutoria de amparo; asimismo, se le tiene expresando los agravios que en su concepto le causa el proveído recurrido. En consecuencia, con fundamento en el artículo 101, párrafo primero, de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal de Alzada, el escrito original del recurso de queja, copia certificada de la determinación recurrida, el informe sobre la materia de la queja, así como copia certificada de las constancias que resulten pertinentes para resolver dicho medio de impugnación. Por otra parte, y en atención al oficio que remite el Presidente Municipal de Juárez, en esta ciudad, se le tiene informando que giró oficio a las precitadas autoridades a fin de instruirlos a dar cabal cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio de amparo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y al Agente del Ministerio Público de la adscripción, y por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
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Ciudad Juárez, Chihuahua, trece de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde. Así, en atención al oficio que remite el Presidente Municipal de Juárez, en esta ciudad, se le tiene informando sobre los oficios enviados a las autoridades responsables, es decir, Tesorera Municipal de Juárez, y Director de Catastro Municipal, a fin de instruirlos a dar cabal cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictado en el presente juicio. Por otra parte, y en atención al oficio que remiten en conjunto Tesorera Municipal de Juárez, y Director de Catastro Municipal, en esta ciudad, se les tiene pretendiendo dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, sin embargo, de su contenido se aprecia que en el rubro de la tabla de valores unitarios de suelo y construcción del ejercicio fiscal 2023, ubicó la propiedad en el uso habitacional bueno con valor de construcción de $9,000.00, y debieron aplicar el monto de menor cuantía aun cuando no corresponda a la colonia o fraccionamiento en que se encuentra el inmueble de la quejosa, esto es, en uso habitacional popular. Por tanto, requiérase nuevamente a la Tesorera del Municipio de Juárez y Director de Catastro Municipal, de esta ciudad, para que dentro del término de tres días siguientes al en que reciban este oficio, den cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los términos siguientes: "1) Se deje sin efectos el cobro realizado, de fecha uno de febrero de dos mil veintitrés, correspondiente a la cuenta catastral ********************-********************-********************-********************-********************, a nombre de la quejosa ********************. 2) En su lugar, se realice el cálculo del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintitrés, en el cual se aplique al inmueble de la promovente, el monto de menor cuantía previsto en las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción, de acuerdo a la tipología del inmueble a su nombre, aun cuando no corresponda a la colonia o fraccionamiento en que se encuentra el inmueble mencionado. 3) Se reintegre a la peticionaria la diferencia de la cantidad de dinero que cubrió por concepto del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintitrés, debidamente actualizada, a fin de darle su valor real al momento en que aquél se efectuó y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago." Con el apercibimiento, que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le hará efectiva la multa ordenada en proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, debiendo remitir a este juzgado en copia certificada las constancias con las que acredite tal circunstancia. Ilustra, por analogía, la jurisprudencia 235, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, página 159, registro digital 394191 intitulada: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. A ELLA ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. Las ejecutorias de amparo deben ser inmediatamente cumplidas por toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución, pues atenta la parte final del primer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, no solamente la autoridad que haya figurado con el carácter de responsable en el juicio de garantías está obligada a cumplir la sentencia de amparo, sino cualquiera otra autoridad que, por sus funciones, tenga que intervenir en la ejecución de este fallo." En ese contexto, también con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo, requiérase al Presidente Municipal de Juárez, Chihuahua, con sede en esta ciudad, en su calidad de superior jerárquico de las autoridades responsables, encargadas del cumplimiento al falo protector, para que las conmine a cumplir la sentencia de mérito, en la inteligencia que de no hacerlo, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo, acorde a lo estatuido en el artículo 194 de la Ley de Amparo Sobre el particular, es oportuno citar, la Jurisprudencia 1a./J. 108/2022 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 16, Agosto de 2022, Tomo III, Materia Común, página 1495, Registro Digital 2025145, que a la letra dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. PARA CONSIDERAR COLMADAS SUS OBLIGACIONES, ES INSUFICIENTE QUE LA PERSONA SUPERIOR JERÁRQUICA DE LAS AUTORIDADES OBLIGADAS AL CUMPLIMIENTO SE CONCRETE A INFORMAR QUE ENVIÓ UN OFICIO PARA INSISTIRLES EN EL ACATAMIENTO. Hechos: En un juicio de amparo una autoridad de la Ciudad de México fue requerida en reiteradas ocasiones como superior jerárquica, tanto de la responsable como de la vinculada al cumplimiento; la cual se concretó a informar reiteradamente al Juzgado de Distrito que les envió un oficio a sus subalternos para insistirles en que cumplieran con la ejecutoria de amparo. Criterio jurídico: No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, pues debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer a fin de constreñir al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo. De lo contrario, la persona juzgadora de amparo debe considerar insuficiente la intervención de la superior jerárquica y, por tanto, que es acreedora a las mismas sanciones que corresponden a las obligadas a cumplir que se tilden como renuentes. Justificación: Del régimen de obligaciones y sanciones que se regulan en la Ley de Amparo, destaca lo previsto en el segundo párrafo del artículo 194 de la indicada ley, relativo a que la persona que se desempeña como superior jerárquica de las autoridades a quienes corresponda el cumplimiento de la ejecutoria, es igualmente responsable en obtener el cumplimiento que las que supervisa. En consecuencia, su actuar debe implicar el despliegue de todas las atribuciones que tenga a su alcance para gestionar y obtener el cumplimiento de la sentencia y no solamente como una autoridad recordatoria e insistente, ya que su intervención debe ir más allá, precisamente porque se encuentra sujeta a las mismas obligaciones y sanciones en caso de no demostrarse que realizó todo lo posible para vencer la renuencia de sus subalternos." Cabe señalar, que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las autoridades responsables, o de cualquier otra que intervenga en el trámite relativo; además se les hace de su conocimiento que el cumplimiento de sentencias es de orden público e interés social, por lo que se les instruye a que acaten de inmediato la ejecutoria de la resolución emitida en el presente asunto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
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Ciudad Juárez, Chihuahua, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por lo que, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, se declara que dicha sentencia que, por una parte, sobreseyó en el juicio y por otra, otorgó el amparo y la protección en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En consecuencia, con fundamento en el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad obligada al cumplimiento Tesorería del Municipio de Juárez, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días computado legalmente después de su notificación, informe el cumplimiento dado al fallo protector, esto es: "Se deje sin efectos el cobro realizado, de fecha veintisiete de enero de dos mil veintitrés, correspondiente a la cuenta catastral ********************-********************-********************-********************-********************, a nombre de la quejosa ********************. En su lugar, se realice el cálculo del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintitrés, en el cual se aplique al inmueble de la promovente, el monto de menor cuantía previsto en las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción, de acuerdo a la tipología del inmueble a su nombre, aun cuando no corresponda a la colonia o fraccionamiento en que se encuentra el inmueble mencionado. Se reintegre al peticionario la diferencia de la cantidad de dinero que cubrió por concepto del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintitrés, debidamente actualizada, a fin de darle su valor real al momento en que aquél se efectuó y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago." Asimismo, en el caso resulta necesario precisar la cantidad que, en su caso, se deben devolver a la parte quejosa con motivo del acto de aplicación de la norma reclamada, relativa al cobro del impuesto predial en cumplimiento al fallo protector; por tanto, con fundamento en el cuarto párrafo, del artículo 193, de la Ley de Amparo, requiérase al Director de Catastro Municipal de Juárez, Chihuahua, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su derecho corresponda, respecto a las cantidades que se deben devolver al quejoso con motivo del acto de aplicación de la norma reclamada, relativa al cobro del impuesto predial. Con el apercibimiento que de incumplir con lo ordenado en el plazo otorgado, sin causa justificada, se le impondrá multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización (103.74), de conformidad con los artículos 4º, fracciones I, II y III, y 5º, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, en concordancia con los artículos 236, 237, 238 y 246 de la Ley de Amparo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Debiendo remitir a este juzgado en copia certificada las constancias con las que acrediten tal circunstancia. En ese contexto, también requiérase al Presidente Municipal de Juárez, Chihuahua, con sede en esta ciudad, en su calidad de superior jerárquico de las autoridades responsables encargadas del cumplimiento al fallo protector, para que las conmine a cumplir la sentencia de mérito, en la inteligencia que de no hacerlo, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo, acorde a lo establecido en el artículo 194 de la Ley de Amparo. En ese orden, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que las promociones y comunicaciones que se dirijan al sumario en que se actúa podrán remitirse al correo oficial del juzgado 6jdo17cto@correo.cjf.gob.mx. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Verónica Uranga Luviano, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
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Ciudad Juárez, Chihuahua, a dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Visto para resolver el juicio de amparo 183/2023-VII-B, promovido por ********************, por su propio derecho, contra actos que reclamó al Congreso del Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua, Capital, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, el trece de febrero de dos mil veintitrés, turnado a este Juzgado el catorce de febrero siguiente, ******************** presentó demanda de amparo contra actos que reclamó al Congreso, Gobernadora Constitucional, y Secretario de Gobierno, Director del Periódico Oficial, todos del Gobierno del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre; Ayuntamiento, Tesorero, Director de Catastro y Jefe del Departamento de Valuación del Municipio de Juárez, Chihuahua, con residencia en esta ciudad, a quienes reclamó los actos que indica en el capítulo IV de la demanda de amparo. SEGUNDO. Admisión demanda. Por auto de quince de febrero de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo, quedando registrada como expediente 183/2023-VII-B; se pidió a las autoridades responsables su informe justificado, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se inició al tenor del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para resolver el presente Juicio de Amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, 49, 50 y 57, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con el Acuerdo General 3/2********************3 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que los actos reclamados se hacen consistir en la inconstitucionalidad de una norma general, cuyo acto de aplicación se realizó en esta ciudad, donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, se atiende tanto al examen íntegro de la demanda de amparo con la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman la litis constitucional, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la impetrante exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, es oportuno citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos rubros, son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." "AMPARO CONTRA LEYES. PARA DETERMINAR CUAL ES EL PRECEPTO QUE SE COMBATE, DEBEN TENERSE EN CUENTA LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN." En ese contexto, de la demanda de amparo y constancias que integran el sumario, se tiene que los actos reclamados por la impetrante del amparo son los siguientes: Al Congreso del Estado de Chihuahua, se reclama la discusión, aprobación y expedición de los siguientes ordenamientos legales: La aprobación y expedición del Decreto LXVIWAPLIM/0440/2022 I.P.O., mediante el cual se aprobó la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez, Chihuahua, para el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés, en específico los artículos 12, inciso b), 18, 19, 20 y 21 correspondientes al cobro del impuesto predial, así como los artículos segundo y quinto transitorios. A la Gobernadora Constitucional, Secretario General de Gobierno, y Director del Periódico Oficial, del Estado de Chihuahua, se reclama la promulgación y publicación de los ordenamientos legales impugnados. A las autoridades municipales responsables, se reclama la ejecución de la normatividad reclamada. Luego, al no advertirse algún otro acto impugnado por la parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia de los actos de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es oportuno citar la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, enero-junio de 1990, que es del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables, Ayuntamiento, Tesorero, Director de Catastro y Jefe del Departamento de Valuación del Municipio de Juárez, Chihuahua, con residencia en esta ciudad, consistentes en la aplicación de la normatividad relativa al impuesto predial del ejercicio fiscal 2023. A ese respecto, cabe mencionar que los actos concretos de aplicación de una ley se entienden no sólo aquellos que provienen de la autoridad, sino que tales actos específicos de ejecución pueden provenir del particular que actúa por mandato expreso de la ley, en cuya hipótesis se reputa como tercero auxiliar de la administración pública, o bien, del propio quejoso, cuando en acatamiento a lo establecido en la norma reclamada, la cumple sin que la autoridad, en ejercicio de sus facultades de imperio, la conmine a cumplir con la norma. Al respecto, se estima que debe sobreseerse el asunto en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En el caso, obra en autos del juicio de amparo copia del comprobante de pago, concepto impuesto predial, a nombre de la parte quejosa, documento exhibido como anexo en la demanda de amparo y del que el impetrante del amparo señala como el primer acto de aplicación del impuesto reclamado (ejercicio fiscal 2023). Probanza que a juicio de este juzgador en lugar de tener por demostrada la existencia de los actos de aplicación o ejecución reconocidos por las autoridades antes precisadas, es apta y suficiente para desvirtuar la afirmación que esta autoridad señalada como responsable, realizó en su informe con justificación, respecto a la existencia del acto que le reclama la parte quejosa, dado que demuestra de manera plena, en términos del artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por expresa disposición del numeral 2° de la ley de la materia, que el propio quejoso enteró el pago del tributo reclamado de manera espontánea. En tal tesitura, el hecho de que el impetrante se autoaplicara las normas generales impugnadas en este juicio, no significa que ese cumplimiento debe atribuírsele a la autoridad de que se trata, pues lo que implica, en el mejor de los casos, es que la parte quejosa se colocó, por sí, en las hipótesis previstas en dichas disposiciones jurídicas sin necesidad de un acto específico de autoridad, lo que, sin duda, puede servir para computar el plazo con que cuenta para acudir a esta vía constitucional. Apoya en lo conducente, el criterio jurídico contenido en la Jurisprudencia 2a./J. 153/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 91/2007-SS, XXVI, publicada en la página 367 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, Materia Común, con registro 171860, de rubro y contenido siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZOPARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora." En consecuencia, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, se sobresee en el juicio por los actos reclamados de aplicación y ejecución atribuidos a las autoridades Ayuntamiento, Tesorero, Director de Catastro y Jefe del Departamento de Valuación del Municipio de Juárez, Chihuahua, con residencia en esta ciudad. Sin que ello implique que tales autoridades no puedan considerarse para acatar la ejecutoria de amparo, pues en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, están obligadas a dar cumplimiento a una ejecutoria de amparo, todas aquellas autoridades que tengan intervención en la restitución de los derechos de la parte quejosa. Orienta la tesis de la extinta Tercera Sala del máximo tribunal del país, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXXIV, página 1429, registro digital 348917, del tenor siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO, AUTORIDADES OBLIGADAS A LA. Aunque la autoridad encargada de la ejecución del fallo dictado en cumplimiento de una ejecutoria que concedió el amparo, no haya sido designada como responsable en el juicio de garantías, está obligada, por su carácter de ejecutora, a cumplir con la sentencia de amparo." CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Congreso, Gobernadora, Secretario de Gobierno, Director del Periódico Oficial, todos del Gobierno del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre; toda vez que al rendir sus informes justificados reconocieron la existencia de los mismos. Lo cual, desde luego, es una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener demostrados los actos de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, cabe puntualizar que la certeza de los actos reclamados a las autoridades responsables es implícita a los actos que dentro de sus ámbitos de competencia se les imputan, atendiendo al principio de derecho de que las leyes no son objeto de prueba, reconocido por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, pues basta que sea publicada en el Periódico Oficial respectivo. Es aplicable sobre el particular, la Jurisprudencia número 2a./J. 65/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, inscrita a folio 260, del Tomo XII, agosto de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el epígrafe: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." Luego, si en este juicio no se advierte probanza alguna que desvirtúe o contradiga la certeza de los actos de que se trata, esto basta para tenerlos por ciertos. Por lo anterior, no hay duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente acreditada la existencia de los actos reclamados que nos ocupan, desde luego, en los términos de que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. QUINTO. Causales de improcedencia. De conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo, se impone analizar la procedencia del presente juicio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente. Es aplicable al caso la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Tomo Parte VIII, Materia Común, página 262, que establece: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Se actualizan las siguientes causales de improcedencia: I. Promulgación no se reclama por vicios propios. En principio, respecto de los actos que se reclaman de la Gobernadora Constitucional, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial, del Estado de Chihuahua, se actualiza la causal de improcedencia que deriva de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el numeral 108 de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa no combate la promulgación y publicación de los decretos combatidos de inconstitucionales, por vicios propios. Al respecto, es importante precisar que quien ahora resuelve considera que la promulgación y la publicación de las leyes no son actos distintos, sino que se emplean como sinónimos, acorde a lo expuesto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen ********************-144, Primera Parte, Séptima Época, página 224, con registro 232553, del tenor siguiente: "PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS LEYES. La promulgación no es otra cosa que la publicación formal de la ley y ambas voces se emplean como sinónimas, tanto en el lenguaje común como en el jurídico, sin que sea obstáculo para llegar a esta conclusión, el que en la doctrina, también jurídica, exista una corriente de opinión que pretenda encontrar diferencias entre la promulgación y la publicación de las leyes, pues tales diferencias son meramente teóricas, al resultar que la Ley Fundamental emplea las dos palabras con el mismo significado, según se desprende de la consulta, entre otros, de los artículos 70, 72 inciso a), y 89, fracción I, de la propia Constitución." Dicho lo anterior, conviene tener presente el texto del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "ARTÍCULO 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; [.]". Del precepto transcrito se obtiene que tratándose de amparos contra normas con efectos generales, a las autoridades que hayan intervenido en la publicación del decreto respectivo, solo les asiste el carácter de responsables cuando la parte quejosa impugna por vicios propios dichos actos; lo que en la especie no acontece, porque quien acudió a instar combate la promulgación y publicación de los decretos que tilda de inconstitucionales, únicamente por formar parte del proceso legislativo que les dio origen, no por vicios propios, al no existir en la demanda algún concepto de violación que permita considerarlo de otra forma. Expuesto lo anterior, este resolutor coincide con lo expuesto por la aludida autoridad responsable, pues como se dijo, considera que, respecto de los actos consistentes en la promulgación y publicación de los decretos impugnados, atribuidos a la Gobernadora Constitucional, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial, del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre, se actualiza la causal de improcedencia que deriva de relacionar el numeral 61, fracción XXIII, con el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo. En consecuencia, al no colmarse la exigencia a que se refiere el aludido precepto legal, es inconcuso que no se actualiza el supuesto de procedencia de la acción de amparo, para someter a escrutinio constitucional la promulgación o publicación de los decretos combatidos; lo que impone sobreseer en el juicio por dichos actos, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. II. Causal indicada por la autoridad responsable. La Gobernadora del Estado de Chihuahua, invoca la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, al considerar, de manera sustancial, que la parte quejosa debió agotar el principio de definitividad antes de acudir a este juicio de amparo, promoviendo los recursos ordinarios previstos en los numerales 32 de la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua, 1 y 120 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Chihuahua (recurso revisión). La causa de improcedencia alegada es infundada. Con el propósito de evidenciar lo anterior, conviene precisar que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior.". Dicha norma prevé el principio de definitividad que opera en el juicio de amparo, conforme al cual este medio extraordinario de defensa sólo será procedente, cuando previamente a su promoción, se hayan agotado los recursos o medios de defensa establecidos en las leyes que rigen los actos reclamados, en virtud de los cuales puedan ser modificados, revocados o nulificados. Sin embargo, con relación al principio de definitividad, invocado, la primera parte del párrafo tercero, de la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento.". Esto es, cuando contra el primer acto de aplicación de una norma de carácter general proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar, desde luego, la ley, a través del juicio de amparo. Lo anterior es así, pues a través del juicio de amparo se podrá analizar la constitucionalidad de la disposición de observancia general, para lo cual el juzgador deberá estudiar el acto de aplicación y la trascendencia que éste tenga sobre la esfera jurídica del quejoso, para determinar si el origen del perjuicio causado se encuentra efectivamente en el dispositivo impugnado. Por lo tanto, no se está en el caso de agotar recurso ordinario alguno, dado que a través de este juicio de amparo, se combate la constitucionalidad de disposiciones de observancia general, cuya trascendencia a la esfera jurídica del gobernado y generación de un perjuicio en su esfera jurídica, será materia del estudio de fondo, en el considerando correspondiente. En esas condiciones, la causal de improcedencia invocada por las citadas autoridades responsables, se desestima por infundada. Apoya lo anterior, por identidad de razones, la jurisprudencia trescientos cincuenta y uno, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, séptima época, tomo I, materia constitucional, página cuatrocientos cinco, registro 900351, del tenor siguiente: "LEYES, RECURSOS QUE DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO CONTRA. CUÁNDO OPERA EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEL JUICIO DE AMPARO. De acuerdo con el criterio flexible y equitativo del tercer párrafo de la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, adicionado por el Decreto de 3 de enero de mil novecientos sesenta y ocho, publicado en el Diario Oficial de treinta de abril del mismo año, en vigor a los ciento ochenta días siguientes al de su publicación (28 de octubre de 1968), si contra el primer acto de aplicación de la ley combatida procede algún recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar, desde luego, la ley a través del juicio de amparo. Sin embargo, si el interesado opta por el recurso o medio de defensa legal, y si ese recurso o medio de defensa legal es procedente, opera el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, quedando obligado el interesado a recorrer, previamente a la interposición de la acción constitucional, todas las jurisdicciones y competencias a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar el acto lesivo a sus intereses." Al no existir otra causa de improcedencia hecha valer por las partes, ni advertirse alguna otra que amerite análisis oficioso, lo que sigue es el estudio de los Decretos LVVII/APLIM/0440/2022 I.P.O. y LXVII/APTVV/0404/2022 I.P.O., conforme a los motivos de disenso expuestos por la parte agraviada. SEXTO. Concepto de violación. No es necesario transcribir los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, dado que no existe algún precepto que lo exija, pues basta con se atiendan puntualmente para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad que rigen en las sentencias de amparo. Como apoyo se cita la tesis de jurisprudencia 2a./J 58/2********************0, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, correspondiente a mayo de 2********************0, página 830, del tenor siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEPTIMO. Análisis constitucional del acto reclamado por la parte quejosa. Resultan fundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, respecto al cobro del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintitrés, referente al inmueble con número de cuenta ********************-********************-********************-********************-********************, a nombre de la parte quejosa, en el que aduce, sustancialmente, que las normas combatidas vulneran el derecho de legalidad tributaria establecido en el artículo 31 fracción IV, de la Carta Magna, pues como lo asevera en tales disposiciones legales no se prevé de manera clara y precisa la forma para calcular el predial, con lo cual queda al arbitrio de las autoridades administrativas la determinación de uno de los elementos de dicho tributo, sin justificación al respecto. Motivos de disenso suficientes para otorgar el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, por las razones que a continuación se expondrán. Es necesario acotar, por principio, que el promotor del amparo demuestra la aplicación de las normas impugnadas de inconstitucionales, pues, como se dijo con antelación, con su demanda exhibió comprobante de pago respectivo, documento exhibido por la parte quejosa como anexo en la demanda de amparo y del que queda de manifiesto que la referida quejosa erogó el pago por concepto del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintitrés. Documental que no fue objetada por ninguna de las partes, por lo que merece valor probatorio, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, suficiente para acreditar su interés jurídico del impetrante del amparo. Dicho lo anterior, conviene verificar cuál es el entorno jurídico relacionado con el impuesto predial. El orden sistemático constitucional en el que se encuentra establecido el impuesto predial, se puede enmarcar dentro del contenido de los artículos 27, 31, fracción IV, 36, fracción IV, 115, fracción IV, y 121, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que a continuación se reproduce: "Artículo. 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada." "Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes." "Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República: I. Inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista; así como también inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos, en los términos que determinen las leyes." "Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: a). Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. b). Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados. c). Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley;" "Artículo 121. En cada Estado de la Federación se dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos los otros. El Congreso de la Unión, por medio de leyes generales, prescribirá la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de ellos, sujetándose a las bases siguientes: I. II. Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación." Aunado a dichos preceptos se encuentra el Decreto LVVII/APLIM/0440/2022 I P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, en vigor a partir del uno de enero de dos mil veintitrés, mediante el cual se aprobó la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez, para el ejercicio fiscal 2023, en la cual está inserta la autorización del cobro del impuesto predial -numeral 12, inciso b)-, contemplado en el Código Municipal para el Estado de Chihuahua. Respecto a los elementos del mencionado tributo, encontramos que en el artículo 145 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, se establece cuál es el objeto del impuesto predial en los siguientes términos: "Artículo 145.- Es objeto de este impuesto: La propiedad o posesión de predios urbanos y rústicos;.". En el artículo 146 del mismo código municipal, se relacionan quiénes son los sujetos del impuesto, al tenor siguiente: "Artículo 146.- Son sujetos de este impuesto: I.- Con responsabilidad directa: a).- Los propietarios y poseedores de predios urbanos, suburbanos y rústicos; b).- Los copropietarios y los coposeedores de bienes inmuebles sujetos a régimen de copropiedad o condominio y los titulares de certificados de participación inmobiliaria; [.]". En cuanto a la base del tributo, en el artículo 148 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, se establece que es el valor catastral del inmueble, determinado por lo dispuesto en la Ley de Catastro estatal, el cual debe reflejar el valor de mercado de las propiedades. Por otra parte, acorde al contenido del artículo 149 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, el impuesto se determina anualmente, conforme a las siguientes tarifas: Predios Urbanos. LÍMITES DE RANGO DE LA BASE DEL IMPUESTO (valor catastral en moneda nacional) TASA DE RANGO (Aplicable sobre la porción del valor de la base que exceda del límite inferior de rango de que se trate) CUOTA FIJA EN MONEDA NACIONAL (Suma fija a Pagar) 0 2 al millar 0 183,240 3 al millar 366.48 366,480 4 al millar 916.2 641,340 5 al millar 2,********************5.64 1,282,680 6 al millar 5,222.34 (VALOR CATASTRAL - LÍMITE MENOR MÁS PRÓXIMO EN MONEDA NACIONAL) * TASA DE RANGO + CUOTA FIJA EN MONEDA NACIONAL = IMPUESTO PREDIAL DIRECTO ANUAL. El Impuesto Predial se calculará con el siguiente procedimiento aritmético: Al resultado de la diferencia del valor catastral del predio y el límite de rango menor más próximo en moneda nacional, se le aplicará la tasa correspondiente al excedente de ese límite inferior y se le adicionará la cuota fija del mismo rango, en moneda nacional. II. Para los predios rústicos la tasa de 2 al millar. III. Para los fundos mineros la tasa de 5 al millar. El impuesto neto a pagar nunca será inferior al equivalente a dos Unidades de Medida y Actualización." Por último, el valor catastral del inmueble quedó regulado en el Decreto LXVII/APTVV/0404/2022 I P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado el veinticuatro de diciembre de dos mil veintidós, por el cual se aprobaron las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para el ejercicio fiscal 2023 del Municipio de Juárez. Ahora bien, el catastro, en términos generales, es el censo analítico de la propiedad inmobiliaria, que tiene el propósito de ubicar, describir y registrar las características físicas de cada bien inmueble, con el fin de detectar sus particularidades intrínsecas que lo definen tanto material como especialmente. La administración pública del catastro tiene por objeto detectar las características de los bienes inmuebles ubicados en el territorio del municipio, conocer quiénes son los propietarios de dichos bienes y registrar su situación jurídica-económica para fines tanto legales como impositivos. Para el municipio, el catastro permite censar y conocer los bienes inmuebles asentados en su territorio, registrar los datos exactos relativos a sus características, determinar su valor y conocer la situación jurídica de los mismos respecto a sus propietarios, todo ello encaminado principalmente a la captación de recursos a través del cobro de diferentes impuestos a la propiedad inmobiliaria, como son el predial y el de traslación de dominio, entre otros, pero ello sólo los puede realizar si cuenta con un Catastro Municipal. Así, el trabajo desarrollado por la Oficina de Catastro, acorde al contenido del artículo 10 de la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua, tiene por objeto integrar y mantener el inventario de los predios ubicados en el territorio del Estado, identificando sus características y sus valores; actualizar la información sobre el uso del suelo, su infraestructura, los servicios públicos con que cuenta y el equipamiento urbano existente; así como procesar, clasificar y proporcionar la información geográfica y catastral necesaria para una adecuada planeación del desarrollo urbano. La Oficina de Catastro también cuenta con registros informativos que se relacionan, fundamentalmente (según el artículo 11 de la Ley de Catastro del Estado), con los siguientes aspectos: I. Físico y técnico del terreno: ubicación, linderos, colindancias, superficie, uso y valor catastral. II. Físico y técnico de la construcción: superficie, tipo, estado de conservación, edad, uso, destino y valor catastral; III. Administrativo: Datos de inscripción del predio en el Registro Público de la Propiedad, nombre del propietario o poseedor, nacionalidad, registro federal de contribuyente y domicilio para oír notificaciones y recibir documentos del propietario o poseedor. IV. Geográfico: La información geográfica, geodésica, topográfica, fotográfica, aerofotográfica, fotogramétrica, aerofotogramétrica, de zonificación y regionalización; V. Económico y estadístico: nivel socioeconómico, equipamiento, infraestructura, servicios disponibles y rentabilidad en los predios de la zona; VI. Jurídico: régimen y tenencia de la tierra; y VII. Histórico: Cronología registral y catastral de los predios. En la actualidad, el catastro tiene una finalidad fiscal importante y fundamental, como proceso técnico para generar recursos financieros que apoyen distintos programas de desarrollo. Sin embargo, la finalidad fiscal del catastro se ha ampliado enormemente, convirtiéndose en un instrumento de importancia para apoyar el logro de objetivos diversos, contenidos en el plan de desarrollo municipal y en los programas a ejecutarse; por ello, sus actuaciones no pueden quedar al margen de la constitución y en todo momento, deben cumplir con los principios de legalidad tributaria y seguridad jurídica. Respecto al principio de legalidad tributaria, contemplado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado el contenido y alcance del mismo, entre otras, en las siguientes jurisprudencias: "IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBEN ESTAR CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY. Al disponer el artículo 31 constitucional, en su fracción IV, que son obligaciones de los mexicanos 'contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes', no sólo establece que para la validez constitucional de un tributo es necesario que, primero, esté establecido por ley; segundo, sea proporcional y equitativo y, tercero, sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que también exige que los elementos esenciales del mismo, como pueden ser el sujeto, objeto, base, tasa y época de pago, estén consignados de manera expresa en la ley, para que así no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras, ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que a la autoridad no quede otra cosa que aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante y el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda en todo momento conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos de la Federación, del Estado o Municipio en que resida." (Séptima Época. Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice de 1995. Tomo: I, Parte SCJN. Tesis: 162, página: 165). "IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE EN MATERIA DE, CONSAGRA LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El principio de legalidad se encuentra claramente establecido por el artículo 31 constitucional, al expresar, en su fracción IV, que los mexicanos deben contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y está, además, minuciosamente reglamentado en su aspecto formal, por diversos preceptos que se refieren a la expedición de la Ley General de Ingresos, en la que se determinan los impuestos que se causarán y recaudarán durante el período que la misma abarca. Por otra parte, examinando atentamente este principio de legalidad, a la luz del sistema general que informa nuestras disposiciones constitucionales en materia impositiva y de explicación racional e histórica, se encuentra que la necesidad de que la carga tributaria de los gobernados esté establecida en una ley, no significa tan solo que el acto creador del impuesto deba emanar de aquel poder que, conforme a la Constitución del Estado, está encargado de la función legislativa, ya que así se satisface la exigencia de que sean los propios gobernados, a través de sus representantes, los que determinen las cargas fiscales que deben soportar, sino fundamentalmente que los caracteres esenciales del impuesto y la forma, contenido y alcance de la obligación tributaria, estén consignados de manera expresa en la ley, de tal modo que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda, en todo momento, conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos del Estado, y a la autoridad no queda otra cosa sino aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria, dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante. Esto, por lo demás, es consecuencia del principio general de legalidad, conforme al cual ningún órgano del Estado puede realizar actos individuales que no estén previstos y autorizados por disposición general anterior, y está reconocido por el artículo 14 de nuestra Ley Fundamental. Lo contrario, es decir, la arbitrariedad en la imposición, la imprevisibilidad en las cargas tributarias y los impuestos que no tengan un claro apoyo legal, deben considerarse absolutamente proscritos en el régimen constitucional mexicano, sea cual fuere el pretexto con que pretenda justificárseles." (Séptima Época. Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice de 1995. Tomo: I, Parte SCJN. Tesis: 168, página: 169). De acuerdo con las consideraciones plasmadas en los anteriores criterios, el respeto a la garantía de legalidad tributaria exige que la carga impositiva esté prevista en una ley, por las siguientes razones: - Para evitar que quede al margen de la arbitrariedad de las autoridades exactoras, la fijación del tributo, quienes sólo deberán aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas antes de cada caso concreto. - Para evitar el cobro de impuestos imprevisibles. - Para evitar el cobro de impuestos a título particular. - Para que el particular pueda, en todo momento, conocer la forma cierta de contribuir al gasto público, al ser el legislador y no otro órgano quien precise los elementos del tributo. Por tanto, conforme al principio de legalidad, ningún órgano del Estado puede realizar actos individuales que no estén previstos y autorizados por disposición general anterior, y está reconocido por el artículo 14 de la Carta Magna. Lo contrario, es decir, la arbitrariedad en la imposición de contribuciones, la imprevisibilidad en las cargas tributarias y los impuestos que no tengan un claro apoyo legal, deben considerarse absolutamente proscritos en el régimen constitucional mexicano, sea cual fuere el pretexto con que pretenda justificárseles. En ese orden de ideas, para explicar por qué se considera que la base del impuesto predial correspondiente al año dos mil veintitrés, transgrede el principio de legalidad tributaria, basta analizar el contenido de la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua, particularmente, los artículos 21, 23, 24, 25, fracción IV, 27 y 28, en relación con las tablas de valores unitarios, para determinar el valor catastral del predio materia de la controversia, correspondientes a dicho año, pues de su sola lectura se obtiene que no se encuentran previstos todos los parámetros legales para la determinación de la base del impuesto predial y que, como lo afirma la promovente, se deja a la autoridad municipal la libre determinación del valor catastral de los inmuebles. Los preceptos citados prescriben lo siguiente: "ARTÍCULO 21. Las tablas de valores unitarios de suelo y construcción deberán reflejar el valor de mercado. Para la determinación de las zonas homogéneas de valor y de los valores unitarios de terreno por zona y por vialidad, el territorio de los municipios se dividirá en áreas con características homogéneas. Para la definición de las áreas homogéneas se tomará en consideración lo dispuesto por los planes y programas de desarrollo urbano y rural que tengan efectos sobre el territorio; la existencia, disponibilidad y características del equipamiento y servicios públicos, así como el tipo de construcción y demás factores que incrementen o demeriten el valor de las zonas y predios. Cuando la disponibilidad y calidad de los servicios públicos, el uso de suelo, infraestructura urbana y equipamiento, nivel socioeconómico de la población, tipo y calidad de las construcciones; sean similares dentro de una circunscripción territorial, se constituye en un zona homogénea de valor y se le asignará un valor unitario de suelo. Las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción deberán delimitar con precisión el área que comprenda cada zona homogénea de valor. Dentro de la zona homogénea de valor pueden existir franjas, denominadas corredores de valor que por sus características dan lugar a que los inmuebles colindantes, puedan tener un valor unitario de suelo diferente a la propia zona homogénea. Para determinar un corredor de valor se considerarán: las condiciones y factores que puedan modificar el valor de la franja, respecto del que corresponda a la zona homogénea. Para la determinación de los valores unitarios de suelo y construcción, los predios se clasificarán en urbanos, suburbanos y rústicos. Las construcciones se clasificarán de acuerdo a su vocación o uso predominante en: Habitacionales, comerciales o de servicios, industriales, especiales y mixtos; éstas a su vez se clasificarán de acuerdo a su tipología de construcción y al estado de conservación de la misma, las cuales se establecerán en la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcción. Las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción deberán contener los factores de incremento y demérito que serán aplicables en el procedimiento valuatorio. Los valores unitarios de suelo en la zona urbana y suburbana se fijarán por metro cuadrado y en zona rústica por hectárea. Las bases generales y sistemas para la clasificación y valuación de las zonas, predios, construcciones, así como la aplicación de factores de incremento y demérito para la determinación de valores unitarios, se establecerán de conformidad con lo dispuesto por esta Ley." "ARTÍCULO 23. Para determinar el valor catastral de los predios, se aplicarán los valores unitarios aprobados, de acuerdo con la siguiente formula: VCAT= VT+VC Para efectos de la fórmula anterior, se entenderá: VCAT=Valor Catastral VT= Valor del Terreno VC=Valor de la Construcción El valor del terreno de un inmueble se obtiene de multiplicar su superficie por el valor unitario de suelo, contenido en las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción aprobadas para el Municipio en el cual se encuentra ubicado el predio, de acuerdo con la formula siguiente: VT=STxVUS Para efectos de la fórmula anterior, se entenderá: H. Congreso del Estado Secretaría de Servicios Jurídico Legislativos División de Documentación y Biblioteca Ley de Catastro del Estado de Chihuahua Última Reforma POE 2007.12.26/No.103 10 de 19 VT=Valor de Terreno ST= Superficie del Terreno VUS=Valor Unitario del Suelo correspondiente a la zona homogénea, sector o corredor de valor donde se ubica el inmueble. En su caso, deberá considerarse los factores de incremento y demérito, previstos en las tablas, según las características del suelo, una vez determinado el valor unitario de referencia que le corresponda. El valor de construcción de un inmueble, se obtiene de multiplicar la superficie construida, por el valor unitario de construcción para cada tipo de edificación, contenido en las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción aprobadas para el Municipio en el cual se encuentra ubicado el predio, más el valor de las instalaciones especiales permanentes, de acuerdo con la fórmula siguiente: VC=SCxVUC+VIE Para efectos de la fórmula anterior, se entenderá: VC= Valor de la Construcción SC=Superficie de la Construcción VUC= Valor Unitario de la Construcción VIE= Valor de las Instalaciones Especiales Según las características del predio deberán aplicarse, en su caso, los factores de incremento y demérito, previstos en las tablas, una vez determinado el valor unitario de referencia que le corresponda. Para los inmuebles que estén sujetos al régimen de propiedad en condominio, la valuación deberá hacerse respecto a cada unidad privativa, incluyendo la parte proporcional indivisa de los bienes comunes". "ARTÍCULO 24. El valor catastral será el que resulte de sumar el valor del terreno y el de la construcción, obtenidos conforme lo señala el artículo anterior." "ARTÍCULO 25. La asignación y actualización del valor catastral de inmuebles se efectuará por los Municipios, conforme a las tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción y con apoyo en la Información resultante de los siguientes procedimientos: I. Por declaración del contribuyente, sujeta a la aprobación de la autoridad municipal; II. Por avalúo directo realizado por un perito valuador debidamente registrado o autorizado ante el Departamento Estatal de Profesiones. III. Valuación directa en base a la información recabada por la Autoridad Catastral Municipal, mediante inspección física, estudios técnicos directos o por medios indirectos como la fotogrametría, aerofotogrametría e imagen satelital. IV. Con base en la documentación oficial que emitan las Autoridades Catastrales, tomando en consideración la información proporcionada al catastro por los propietarios o poseedores de predios, o con base en los registros de información con que cuenten las mismas Autoridades". "ARTÍCULO 27. La asignación, modificación y actualización de los valores catastrales por parte de la autoridad municipal, deberá notificarse a los propietarios o poseedores de los predios, en el domicilio señalado por estos para oír y recibir notificaciones o en su defecto mediante publicación de edictos en los estrados de la oficina de catastro municipal. No será necesario hacer la notificación anterior en los casos en que dichos valores sean el resultado de las manifestaciones presentadas por los propietarios o poseedores de los predios, ni con respecto a las revaluaciones que con el carácter de general se hagan a todos los predios en aplicación de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones, que anualmente apruebe el H. Congreso del Estado. En todo caso, el propietario o poseedor inconforme con la modificación, actualización o asignación de valores realizada por la autoridad catastral, podrá ejercitar el medio de defensa previsto por el artículo 32 de esta Ley." "ARTÍCULO 28. Los predios a los cuales ya se hubiese fijado un valor catastral, serán revaluados en los siguientes casos: I. De manera general y anualmente al inicio del ejercicio, aplicando las tablas de valores unitarios de suelo y construcción, que apruebe el Congreso del Estado, para el ejercicio de que se trate.". Los artículos transcritos evidencian que la autoridad legislativa estatal estableció los mecanismos para la determinación de la base gravable del impuesto predial, consistente, según el artículo 148 del Código Municipal, en el valor catastral del inmueble, el cual debe de reflejar, además, el valor de mercado de las propiedades. Asimismo, en el artículo 23 de la Ley de Catastro, se estableció que, para obtener el valor del terreno de un inmueble, deberá multiplicarse su superficie por el valor unitario del suelo que se contiene en las Tablas de Valores de Suelo y Construcción aprobadas para el municipio, en el cual se encuentra ubicado el predio, de acuerdo con la formula siguiente: "[.] VT=STxVUS Para efectos de la fórmula anterior, se entenderá: VT=Valor de Terreno ST= Superficie del Terreno VUS=Valor Unitario del Suelo Correspondiente a la zona homogénea o corredor de valor donde se ubica el inmueble. En su caso, deberá considerarse los factores de incremento y demérito, previstos en las tablas, según las características del suelo, una vez determinado el valor unitario de referencia que le corresponda. [.]." Además, en el artículo 21 del mismo ordenamiento legal, se señala que las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción deben reflejar el valor de mercado, indicándose únicamente que se deben agrupar los predios que tengan características similares; esto es, una agrupación de predios y construcciones en zonas homogéneas, áreas con características homogéneas y en corredores de valor. Lo anterior hace patente que ningún precepto indica cómo o con base a qué, se va a determinar o asignar un valor unitario al suelo y a las construcciones de los predios agrupados, es decir, dichos artículos no permiten que el contribuyente conozca la manera de determinar la base del impuesto, puesto que el valor catastral es establecido conforme a los valores unitarios del suelo y construcción, vulnerando con ello la garantía de legalidad tributaria, porque se faculta a la autoridad administrativa para que establezca impuestos imprevisibles que rebasen la capacidad contributiva de los contribuyentes; cuestión que se agudiza por el hecho de que los valores unitarios cambian año con año, y la forma en que se obtienen para elaborar las "tablas" deviene arbitraria, toda vez que no se encuentra contenida en una ley expedida con antelación al hecho imponible; por lo que, al desconocer el causante del gravamen la certeza respecto de la noción de valor de mercado, su forma de cálculo y monto, genera la trasgresión al principio en materia fiscal, antes asentado. Cabe destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que la facultad otorgada a la autoridad administrativa para obtener un valor que incide en la base del impuesto no implica una violación a la garantía de legalidad tributaria, siempre que se trate de un valor que debe ser obtenido por un órgano técnico con base en los datos observados a lo largo del tiempo y mediante un análisis comparativo. Dicho criterio se encuentra en la Tesis 2a./J. 155/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, noviembre de 2006, Novena Época, página 196, que dice: "LEGALIDAD TRIBUTARIA. SU ALCANCE CUANDO EL LEGISLADOR FACULTA A UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA PARA ESTABLECER EL VALOR DE UN FACTOR DE ACTUALIZACIÓN QUE INCIDE EN EL MONTO DE LA BASE GRAVABLE O EN LA CUANTÍA DE UNA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA ACCESORIA. Para verificar el apego al principio de legalidad tributaria, contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los actos formal y materialmente legislativos en los que se faculta a una autoridad administrativa para establecer el valor de un factor que incide en el monto de la base gravable o tiene algún efecto sobre una obligación tributaria accesoria, pero constituye un parámetro que debe tomarse en cuenta por todos los contribuyentes que se ubiquen en el supuesto normativo, resulta relevante distinguir si la actividad encomendada a quien la aplica, se limita a recabar un dato que deriva del mercado, o bien constituye un valor que por la naturaleza del fenómeno a cuantificar implica, necesariamente, que un órgano técnico con base en los datos observados a lo largo del tiempo, y del análisis comparativo que realice de éstos, obtenga el valor que trasciende al monto de la respectiva obligación tributaria. En el primer supuesto, si la ley únicamente dispone que ese valor o precio debe tomarse en cuenta para efectos tributarios, sin precisar el mecanismo que seguirá para conocerlo, ello no implica dejar al arbitrio de la autoridad la fijación del monto correspondiente, pues al señalar que debe considerarse el valor que las fuerzas del mercado fijan en un momento específico a un determinado bien o a un indicador económico, la actividad técnica de la autoridad administrativa se limita a capturarlo de la realidad económica, lo que no significa comparar datos observados en diversos momentos, sino simplemente acudir a lo que en un momento dado revela el mercado, por lo que no queda al arbitrio de órganos ajenos al Poder Legislativo la determinación de los elementos que trascienden al monto de las cargas tributarias de los gobernados, pues será la realidad económica que se ordena valorar y no la voluntad de las autoridades administrativas la que determine la afectación patrimonial que una contribución o una obligación tributaria accesoria representa para los gobernados, sin desconocer que el órgano técnico competente puede incurrir en una aplicación incorrecta de la ley por una apreciación equivocada de esa realidad. En cambio, en el segundo supuesto, como sucede por ejemplo con el valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor, sí es necesario que el legislador prevea qué procedimiento debe seguir el órgano técnico para obtener dicho valor, pues éste deriva de comparar el movimiento de los precios a lo largo del tiempo y para obtenerlo no basta con levantar datos del mercado relativos a un mismo momento, sino que se comparan diversos valores (precios del mes base y del mes al que se refiere el Índice), y es la necesidad de acotar el arbitrio para realizar tal comparación, en aras de respetar el principio de legalidad tributaria, lo que torna indispensable prever en un acto formal y materialmente legislativo el procedimiento al cual debe sujetarse el órgano técnico que lleve a cabo la cuantificación y comparación de los valores observados en diversos momentos, de manera que se impida su actuación arbitraria y, además, se genere certidumbre a los gobernados sobre los factores que inciden en la cuantía de sus cargas tributarias." Sin embargo, en el caso que nos ocupa, no debe perderse de vista que la estructura normativa que regula la integración de sus elementos no se encuentra exclusivamente en la legislación ordinaria, sino que, además, como se dijo, tiene fundamento en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Conforme a dicho numeral, la integración y libre administración de la hacienda de los municipios, se conforma entre otros ingresos, de las percepciones obtenidas por las contribuciones que los Estados impongan a la propiedad inmobiliaria, entre las cuales destaca el impuesto predial. Además, el precepto dispone que los ayuntamientos en el ámbito de su competencia propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Cabe señalar que las Tablas de Valores Unitarios a las que hace referencia el precepto mencionado, revisten una importancia fundamental en la integración de los elementos que conforman el impuesto predial ya que impactan la base gravable de la contribución, por lo que las normas que contengan dichas tablas deben respetar las prerrogativas constitucionales de justicia tributaria, previstas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución. Al tratarse de una contribución que grava la riqueza manifestada por la adquisición de inmuebles que consistan en el suelo, así como de las construcciones que le son adheridas, el impuesto predial refleja en su base gravable una cuantificación numérica, que es la expresión de la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, la cual se aprecia atendiendo a las características del bien inmueble de que se trate, lo que se concreta por medio del establecimiento de las referidas Tablas de Valores Unitarios. Dicho lo cual, se observa que la facultad para establecer los valores unitarios se encuentra regulada en el reseñado artículo 115 constitucional y deriva de una coordinación entre los Ayuntamientos y las legislaturas estatales, aunado a que según la autoridad, las tablas de valores unitarios de mérito, constituyen los parámetros para la determinación de la base gravable del impuesto, pero aun y cuando se establecen ciertos criterios para su aplicación, no todos fueron definidos, pues no se sabe si se tomaron en cuenta los factores de depreciación por edad y depreciación de mercado, establecidos en las aludidas tablas de valores por metro cuadrado, respecto de la construcción. Aunado a que, según la autoridad, las tablas de valores unitarios de referencia constituyen los parámetros para la determinación de la base gravable del impuesto, pero aun y cuando se establecen ciertos criterios para su aplicación, no todos fueron definidos, pues no se sabe sí se tomaron en cuenta los factores de depreciación por edad y depreciación de mercado, establecidos en las aludidas tablas de valores por metro cuadrado, respecto de la construcción. Por ende, ninguna seguridad existe para el contribuyente, en cuanto al cumplimiento del contenido del artículo 23 de la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua, citado con antelación, el cual señala que "Valor Unitario del Suelo Correspondiente a la zona homogénea, sector o corredor de valor donde se ubica el inmueble". En su caso, deberán considerarse los factores de incremento y demérito, previstos en las tablas, según las características del suelo, una vez determinado el valor unitario de referencia que le corresponda. El valor de construcción de un inmueble se obtiene de multiplicar la superficie construida, por el valor unitario de construcción para cada tipo de edificación, contenido en las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción aprobadas para el municipio, en el cual se encuentra ubicado el predio, más el valor de las instalaciones especiales permanentes, de acuerdo con la fórmula siguiente: "VC=SCxVUC+VIE Para efectos de la fórmula anterior, se entenderá: VC= Valor de la Construcción SC=Superficie de la Construcción VUC= Valor Unitario de la Construcción VIE= Valor de las Instalaciones Especiales". Esto es, será según las características del predio que deberán aplicarse, en su caso, los factores de incremento y demérito, previstos en las tablas, una vez determinado el valor unitario de referencia que le corresponda. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronunció en el sentido de que las Tablas de Valores Unitarios del Impuesto Predial, revisten una importancia fundamental en la integración de los elementos que lo conforman, ya que impactan sobre la base gravable de la contribución y que por ello deben ajustarse al contenido del artículo 31, fracción IV, constitucional. Así se obtiene de la tesis 2a./J. 25/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, marzo de 2007, Novena Época, página 493, que precisa: "PREDIAL. LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DEL SUELO, CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ESPECIALES, CONTENIDAS EN LOS DECRETOS NÚMEROS 292 Y 184, PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD FEDERATIVA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2002 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2********************, RESPECTIVAMENTE, TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. Las tablas de valores unitarios contenidas en los Decretos referidos, establecen en la segunda y tercera columna las características del inmueble objeto del impuesto predial que permiten su clasificación en un tipo determinado de bien, mientras que en la cuarta columna se señala el valor unitario por metro cuadrado de suelo o construcción que le corresponde al bien respectivo, conforme a tres posibles montos aplicables que corresponden a una mínima, media y máxima revelación de capacidad contributiva; sin embargo, los parámetros que la autoridad administrativa debe observar para el efecto de clasificar determinado bien en su categoría no se encuentran establecidos en ley, por lo que queda al arbitrio de la autoridad administrativa establecer los criterios de clasificación respectivos, lo que resulta violatorio de la garantía de legalidad tributaria prevista en la fracción IV del artículo 31 constitucional, pues se permite un margen de arbitrariedad para la determinación de la base gravable del impuesto. Lo anterior no implica que los contribuyentes dejen de pagar el impuesto predial sino que, atendiendo a que la violación constitucional se genera por la falta de certeza en cuanto a la base aplicable a un determinado inmueble, el efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad consistirá en que, en cada rango de la tabla de valores, se aplique el monto de menor cuantía establecido en la cuarta columna, a los inmuebles con las características detalladas en dicho rango." De dicha tesis de jurisprudencia destacan los siguientes aspectos: 1. Las Tablas de Valores Unitarios del impuesto predial, revisten una importancia fundamental en la integración de los elementos que lo conforman, ya que impactan sobre la base gravable de la contribución. 2. Las normas que contengan las Tablas de Valores Unitarios del impuesto predial, deben respetar las garantías constitucionales de justicia tributaria previstas en el artículo 31, fracción IV, constitucional. 3. La base gravable representa una cuantificación numérica, que es expresión de la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, y que se aprecia atendiendo a las características del bien inmueble de que se trate, lo cual se concreta en las denominadas Tablas de Valores Unitarios. 4. Los criterios para clasificar un bien inmueble, deben encontrarse establecidos en la ley, pues en su defecto, quedan al arbitrio de la autoridad, quebrantando la garantía de legalidad tributaria, al permitir un margen de arbitrariedad a favor de la autoridad en lo relativo a la base gravable del impuesto. 5. Cuando no se establecen los parámetros que debe observar la autoridad administrativa, para clasificar determinado bien en su categoría, se genera incertidumbre e inseguridad jurídica al contribuyente, provocando que uno de los elementos de la contribución pueda ser elegido discrecionalmente por la autoridad. 6. Los valores unitarios establecidos en las tablas, fueron fijados por el legislador; sin embargo, los criterios de aplicación a los distintos inmuebles no fueron definidos. Luego, si en la especie las tablas de valores unitarios a que nos hemos referido son genéricas y en ellas no se precisan los criterios que el legislador tuvo para ubicar el inmueble (terreno con construcción) acorde a su valor; ni existe dato para establecer conforme a su construcción en los rubros que se identificaron como habitacional, comercial e industrial, dejando a criterio de la autoridad administrativa la determinación de la base del impuesto que deben pagar los contribuyentes, es inconcuso que se transgrede la garantía de legalidad tributaria, pues para la definición de la base gravable del impuesto predial, el artículo 148 del Código Municipal de esta entidad establece que el valor catastral del inmueble deberá reflejar, además, el valor de mercado de la propiedad; asimismo, la Ley de Catastro, en su artículo 3º, fracción XIX, define al valor de mercado, como la determinación valorativa en unidades monetarias de un predio, atendiendo a sus elementos cualitativos y cuantitativos a una fecha determinada; sin embargo, la propia ley no establece cuáles son esos elementos cualitativos y cuantitativos que habrán de considerarse, ni tampoco se indica qué autoridad debe determinarlos, lo que sin lugar a dudas, da lugar a la aplicación de criterios discrecionales y subjetivos, que a la postre, podrían generar el establecimiento de tributos imprevisibles o a título particular, al ignorar el causante del gravamen la certeza respecto de la noción de valor de mercado, su forma de cálculo y monto, por lo que todo esto genera la trasgresión al principio de legalidad impositiva. Tiene aplicación por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 2a./J.17/2********************2, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Marzo de 2********************2, Materia Constitucional, Decima Época, pagina 581, cuyo rubro y texto son: "PREDIAL. LAS TABLAS DE VALORES CATASTRALES UNITARIOS, BASE DEL IMPUESTO RELATIVO PARA EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2********************0 Y 2********************1, TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. Las tablas de valores catastrales unitarios del referido municipio contenidas en los decretos publicados en el periódico oficial de la entidad el 31 de diciembre de 2009 y 2********************0, respectivamente establecen la descripción del tipo de construcción adherida al suelo objeto del impuesto predial, de cuyo estudio se advierten cinco categorías básicas, a saber, habitacional, comercial, industrial, recreativo y equipamiento urbano; así como dos subclasificaciones, la primera atendiendo su calidad: superior, mediana, económica, corriente y precaria; y la segunda, atendiendo su estado de conservación: excelente, bueno, regular, malo y pésimo. Sin embargo, los parámetros que debe observar la autoridad administrativa para clasificar determinada construcción atendiendo su calidad y estado de conservación no están establecidos en la norma, lo que genera incertidumbre e inseguridad jurídica al contribuyente, provocando que uno de los elementos de la contribución pueda elegirse discrecionalmente por la autoridad administrativa, lo que transgrede el principio de legalidad tributaria contenido en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se permite un margen de arbitrariedad a la autoridad para la determinación de la base gravable del impuesto. Lo anterior no implica que los contribuyentes dejen de pagar el impuesto predial sino que, atendiendo a que la violación constitucional se genera por la falta de certeza en cuanto a la base aplicable a un determinado tipo de construcción, el efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad consistirá en que se aplique el monto de menor cuantía, señalado para la respectiva subclasificación de calidad y estado de conservación." Omisión legislativa que, contrario a lo estimado por las autoridades responsables, no se subsana con el contenido de los artículos 3º, fracción XIX, 23 y 24 de la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua; en tanto que dichos dispositivos legales únicamente prevén, respectivamente, qué debe entenderse por "valor de mercado" y por "valor catastral", así como el método como este último se obtiene. Pues se itera, dichos numerales no establecen qué elementos habrán de considerarse para determinar el valor de construcción de los inmuebles, ni qué autoridad debe hacerlo; lo que da lugar a la aplicación de criterios discrecionales y subjetivos de la autoridad administrativa que, a la postre, podrían generar el establecimiento de tributos imprevisibles o a título particular, al ignorar el causante del gravamen, la certeza respecto de la noción del valor de mercado, su forma de cálculo y monto. Por ello, aun cuando es cierto que, para cumplir con el principio de legalidad tributaria, no es necesario que el legislador defina todos los términos y palabra usados en la ley, tal como lo estableció nuestro máximo tribunal, en la tesis P. XI/96, de rubro: "LEGALIDAD TRIBUTARIA. DICHA GARANTÍA NO EXIGE QUE EL LEGISLADOR ESTE OBLIGADO A DEFINIR TODOS LOS TÉRMINOS Y PALABRAS USADAS EN LA LEY."; también lo es que, al no determinarse claramente los mecanismos para la determinación de la base del impuesto predial, se deja a la autoridad municipal la libre determinación del valor catastral de los inmuebles. Ello, al no estar definido en la ley cómo habrá de obtenerse el valor catastral que constituye la base del impuesto predial. En suma, las Tablas de Valores Unitarios reclamadas transgreden derechos fundamentales de la quejosa, porque no establecen los parámetros que debe observar la autoridad administrativa para clasificar determinado bien en su categoría, lo que genera incertidumbre e inseguridad jurídica al contribuyente, provocando que uno de los elementos de la contribución pueda ser elegido discrecionalmente por la autoridad administrativa y no por la legislativa. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 2a./J. 65/2********************1, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Mayo de 2********************1, Materia Constitucional, página 376; con registro 162126, en la obra digital, del tenor siguiente: "IMPUESTO PREDIAL. LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE CONSTRUCCIÓN PARA LOS MUNICIPIOS DE CORREGIDORA, QUERÉTARO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2********************0 Y EL MARQUÉS, QUERÉTARO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2009, CONTENIDAS EN LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 17 DE DICIEMBRE DE 2009 Y EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008, RESPECTIVAMENTE, TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. Las tablas de valores unitarios contenidas en los decretos referidos establecen en la segunda columna la descripción del tipo de construcción adherida al suelo objeto del impuesto predial, de cuyo estudio se advierte que se trata de cuatro categorías básicas, a saber: rudimentario, industrial, antiguo y moderno; así como una subclasificación respecto de las tres clases mencionadas en último lugar, que corresponde a condiciones que van entre un mínimo y un máximo, y a revelación de capacidad contributiva; mientras que en la tercera columna se señala el valor unitario por metro cuadrado de construcción que corresponde al bien respectivo. Sin embargo, los parámetros que debe observar la autoridad administrativa para clasificar determinado bien en los cuatro tipos básicos de construcción no están establecidos en la norma, lo que genera incertidumbre e inseguridad jurídica al contribuyente, circunstancia que se agrava, pues los tipos de construcción industrial, antiguo y moderno a su vez son subclasificados, sin que se hubieran establecido en la ley los factores necesarios para determinar a qué categoría corresponde la edificación de que se trate, provocando que uno de los elementos de la contribución pueda elegirse discrecionalmente por la autoridad administrativa, lo que transgrede el principio de legalidad tributaria contenido en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se permite un margen de arbitrariedad a la autoridad para la determinación de la base gravable del impuesto. Lo anterior no implica que los contribuyentes dejen de pagar el impuesto predial sino que, atendiendo a que la violación constitucional se genera por la falta de certeza en cuanto a la base aplicable a un determinado tipo de construcción, el efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad consistirá en que se aplique el monto de menor cuantía de la tercera columna, es decir, el que corresponde al tipo ********************, descrito como rudimentario provisional." Por todo lo expuesto, debe concluirse que los artículos impugnados son inconstitucionales por transgredir el principio de legalidad en materia tributaria, al no estar definidos en la Ley de Catastro ni en las Tablas de Valores Unitarios la totalidad de los parámetros que debe observar la autoridad administrativa para clasificar determinado bien en su categoría, atendiendo a su clase o estado de conservación, ni cuáles fueron los elementos que se tomaron en cuenta para establecer tales categorías y los valores que se les asignaron; lo que genera incertidumbre e inseguridad jurídica al destinatario de la norma, pues provoca que uno de los elementos (base) de la contribución pueda ser elegido discrecionalmente por la autoridad administrativa. Por lo que, con base en las consideraciones precisadas, lo procedente es conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. Ahora bien, toda vez que el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que cuando el acto reclamado sea de carácter positivo la sentencia de amparo debe restituir a la quejosa en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; en el caso, debe eliminarse la inseguridad jurídica causada por la violación al principio de legalidad tributaria, en virtud de la imprecisión destacada. Por ello, con la finalidad de precisar los efectos de la concesión decretada, es importante decir que aun cuando no existe un procedimiento o parámetros suficientes establecidos en ley, para determinar cuál de las distintas bases gravables refleja la verdadera capacidad contributiva del propietario o poseedor del inmueble, sí existe certeza de que todo inmueble con las características expresadas en determinado rango, revelan la capacidad contributiva mínima establecida para cada una de ellas. Por ende, la inconstitucionalidad declarada no implica que la parte quejosa deje de pagar el impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintitrés, sino que, atendiendo a que la violación constitucional se genera por virtud de la falta de certeza en cuanto a la base aplicable a un determinado inmueble, el efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad consiste en que se le aplique a la parte quejosa el rubro que le corresponda de la tabla de valores, es decir, conforme al destino del inmueble previamente definido como habitacional, comercial e industrial, atendiendo al uso, tipología y sector, claro está, aplicando el monto de menor cuantía, aun cuando no corresponda a la colonia o fraccionamiento en que se encuentra el inmueble mencionado, es decir, con independencia de que no se encuentre en la zona respectiva, sin contemplar alguna otra subclasificación adicional, pues sólo así se puede lograr la restitución en el goce de la garantía constitucional quebrantada, según se establece en el artículo 77 de la Ley de Amparo. En este sentido, debe eliminarse la inseguridad jurídica causada por la violación a la garantía de legalidad tributaria, debido a que la falta de precisión en cuanto a los criterios aplicables para determinar el valor del terreno y el valor de construcción, para llevar a cabo el cálculo del valor catastral del inmueble, lesiona la garantía de legalidad tributaria de la contribuyente. Ahora, si se toma en consideración que con la declaratoria de inconstitucionalidad que prevé el pago de una contribución, se afecta el mecanismo impositivo esencial y, como consecuencia, se obliga a la parte quejosa al pago de menor cuantía establecido en la categoría de que se trate, resulta inconcuso que en cumplimiento a la ejecutoria, las autoridades responsables deberán restituirle la diferencia que exista entre el total de las cantidades que haya pagado por tal concepto y el que resulte como de menor cuantía. Es necesario precisar que a las cantidades que deban devolverse a la parte agraviada, se deben adicionar las diferencias que resulten por los rubros accesorios al cobro del impuesto predial que se realizaron, ya que la cantidad que pagó por ese tributo representó la base para el cobro de dichos conceptos accesorios. Sin embargo, a fin de que la quejosa sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental transgredido, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las responsables deberán reintegrarle la diferencia de la cantidad que cubrió por concepto del Impuesto Predial para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, debidamente actualizadas, relativos a los bimestres uno al seis de dicho ejercicio fiscal, a fin de darle su valor real al momento en que aquéllas se efectuaron, y para que los contribuyentes reciban una suma equivalente a la que hubieran tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago. Es así, porque sólo a través de la actualización se devolverán a la parte quejosa las cantidades que pagó a la autoridad bajo un poder adquisitivo razonablemente análogo al que tenía al momento en que se erogaron. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J.188/2********************, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2********************1, Tomo II, Procesal Constitucional, Volumen 5, Amparo contra Leyes, Sexta Sección Sentencias en amparo contra leyes y sus efectos, bajo el número 315, página 3987, que dice: "AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS. Conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo y a la tesis de jurisprudencia 2********************, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo I, Materia Constitucional, página 195, con el rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.", el efecto de la sentencia que otorga la protección constitucional es restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese sentido, cuando se otorga el amparo contra una norma fiscal, el efecto de la sentencia será que dicha disposición no se aplique al particular y que las autoridades que recaudaron las contribuciones restituyan no sólo las cantidades que como primer acto de aplicación de esa norma se hayan enterado, sino también las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido". Así como la jurisprudencia 2a./J.13/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2********************1, Tomo II, Procesal Constitucional, Volumen 5, Amparo contra Leyes, Sexta Sección, Sentencias en amparo contra leyes y sus efectos, número 357, página 4043, que dice: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL). El efecto de la sentencia que concede el amparo y declara la inconstitucionalidad de la norma tributaria en que se funda el pago de una contribución, es la desincorporación de la esfera jurídica del contribuyente de la respectiva obligación tributaria, que conlleva a la devolución del saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria. Por tanto, aun cuando la norma declarada inconstitucional no establezca la actualización del monto a devolver, a fin de cumplir con el artículo 80 de la Ley de Amparo, la autoridad fiscal queda obligada a devolver el monto debidamente actualizado, toda vez que sólo así se restituye al gobernado en el pleno goce de la garantía individual violada." Y la tesis 1a. LXXI/2********************2 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VII, abril de 2********************2, Tomo 1, Décima época, página 871, bajo el rubro: "DEVOLUCIÓN DE CONTRIBUCIONES. LA AUTORIDAD FISCAL DEBE DEVOLVER AL CONTRIBUYENTE LAS CANTIDADES ACTUALIZADAS, AUN CUANDO ÉSTE NO LO SOLICITE (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 17-A, 22, PÁRRAFO OCTAVO, Y 22-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTES EN 2005)". En consecuencia, con base en las consideraciones precisadas, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por la accionante del amparo ********************, en contra de los actos que reclamó del Congreso del Estado de Chihuahua, para los siguientes efectos: - Se deje sin efectos el cobro realizado, de fecha veintisiete de enero de dos mil veintitrés, correspondiente a la cuenta catastral ********************-********************-********************-********************-********************, a nombre de la quejosa ********************. - En su lugar, se realice el cálculo del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintitrés, en el cual se aplique al inmueble de la promovente, el monto de menor cuantía previsto en las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción, de acuerdo a la tipología del inmueble a su nombre, aun cuando no corresponda a la colonia o fraccionamiento en que se encuentra el inmueble mencionado. - Se reintegre al peticionario la diferencia de la cantidad de dinero que cubrió por concepto del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintitrés, debidamente actualizada, a fin de darle su valor real al momento en que aquél se efectuó y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago. Lo anterior, tomando en cuenta que es a la autoridad exactora a quien corresponde dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo en su carácter de ente municipal encargado de la recaudación, tan pronto como el presente fallo cause ejecutoria, deberá requerirse a la Tesorería del Municipio de Juárez, con sede en esta ciudad, para que proceda a dar cumplimiento a la presente ejecutoria en los términos precisados. Lo anterior, porque sólo a través de la actualización se devolverá a la parte peticionaria de amparo la cantidad que pagó a la autoridad bajo un poder adquisitivo razonablemente análogo al que tenía al momento en que se erogó. Es aplicable al caso la jurisprudencia 188/2********************, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS. Conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo y a la tesis de jurisprudencia 2********************, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo I, Materia Constitucional, página 195, con el rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.", el efecto de la sentencia que otorga la protección constitucional es restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese sentido, cuando se otorga el amparo contra una norma fiscal, el efecto de la sentencia será que dicha disposición no se aplique al particular y que las autoridades que recaudaron las contribuciones restituyan no sólo las cantidades que como primer acto de aplicación de esa norma se hayan enterado, sino también las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido." Así como la jurisprudencia 13/2008 de la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal, que dice: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL). El efecto de la sentencia que concede el amparo y declara la inconstitucionalidad de la norma tributaria en que se funda el pago de una contribución, es la desincorporación de la esfera jurídica del contribuyente de la respectiva obligación tributaria, que conlleva a la devolución del saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria." Por tanto, aun cuando la norma declarada inconstitucional no establezca la actualización del monto a devolver, a fin de cumplir con el artículo 80 de la Ley de Amparo, la autoridad fiscal queda obligada a devolver el monto debidamente actualizado, toda vez que sólo así se restituye al gobernado en el pleno goce de la garantía individual vulnerada. También orienta lo considerado, la tesis LXXI/2********************2 (10a.) de la Primera Sala del máximo Tribunal del País, de rubro: "DEVOLUCIÓN DE CONTRIBUCIONES. LA AUTORIDAD FISCAL DEBE DEVOLVER AL CONTRIBUYENTE LAS CANTIDADES ACTUALIZADAS, AUN CUANDO ÉSTE NO LO SOLICITE (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 17-A, 22, PÁRRAFO OCTAVO, Y 22-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTES EN 2005). Del mismo modo, sirve de apoyo la Jurisprudencia 17/2********************2 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PREDIAL. LAS TABLAS DE VALORES CATASTRALES UNITARIOS, BASE DEL IMPUESTO RELATIVO PARA EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2********************0 Y 2********************1, TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. Las tablas de valores catastrales unitarios del referido municipio contenidas en los decretos publicados en el periódico oficial de la entidad el 31 de diciembre de 2009 y 2********************0, respectivamente establecen la descripción del tipo de construcción adherida al suelo objeto del impuesto predial, de cuyo estudio se advierten cinco categorías básicas, a saber, habitacional, comercial, industrial, recreativo y equipamiento urbano; así como dos subclasificaciones, la primera atendiendo su calidad: superior, mediana, económica, corriente y precaria; y la segunda, atendiendo su estado de conservación: excelente, bueno, regular, malo y pésimo. Sin embargo, los parámetros que debe observar la autoridad administrativa para clasificar determinada construcción atendiendo su calidad y estado de conservación no están establecidos en la norma, lo que genera incertidumbre e inseguridad jurídica al contribuyente, provocando que uno de los elementos de la contribución pueda elegirse discrecionalmente por la autoridad administrativa, lo que transgrede el principio de legalidad tributaria contenido en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se permite un margen de arbitrariedad a la autoridad para la determinación de la base gravable del impuesto. Lo anterior no implica que los contribuyentes dejen de pagar el impuesto predial sino que, atendiendo a que la violación constitucional se genera por la falta de certeza en cuanto a la base aplicable a un determinado tipo de construcción, el efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad consistirá en que se aplique el monto de menor cuantía, señalado para la respectiva subclasificación de calidad y estado de conservación." Así mismo es aplicable, la jurisprudencia 112/99, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76, de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro." Además, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "LEYES FISCALES, AMPARO CONTRA. LA SENTENCIA QUE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS COMO ACTOS DE APLICACIÓN DE LAS MISMAS. De conformidad con lo ordenado por el artículo 80 de la Ley de Amparo y lo establecido en la tesis de jurisprudencia número 2********************, Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, página 195, que lleva por rubro: "LEYES AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.", el efecto de la sentencia que otorga la protección constitucional es restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; de esta forma, cuando se estima por el juzgador de amparo que una norma general viola la Constitución, el efecto de su sentencia debe ser que dicha disposición nunca se le aplicará al quejoso, de lo que se sigue que las autoridades exactoras que recaudaron contribuciones con base en estas normas están obligadas a restituirle a la quejosa las cantidades que, como primer acto de aplicación de las mismas se hayan enterado, pero también de las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido, y la restitución de las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional implica que las cantidades erogadas por mandato de la norma inconstitucional le sean restituidas al quejoso." Se destaca que el cumplimiento de la presente resolución, no implica anular las normas tildadas de inconstitucionales, por lo cual las autoridades responsables Congreso y Gobernadora del Estado de Chihuahua, quedan exentas de cumplimiento de este fallo, atento al contenido de la tesis CXXXVII/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 2******************** del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN" y "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN", se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, algunas de las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente fallo, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por ******************** contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a la quejosa ******************** contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua, por las razones expuestas en el considerando último de esta sentencia y para los efectos ahí precisados. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, mediante oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe hasta el día de hoy, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, fecha en la que las labores del juzgado permitieron su engrose. Doy fe.
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