Edith Alejandra Theurel Cotero

Expediente 789/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
789/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
18/09/2019

Partes del expediente

  • Edith Alejandra Theurel Cotero

Actuaciones

  1. Principal

    ...Del estado que guardan los autos, así como de la certificación secretarial que antecede, hecha por el Secretario de este Juzgado, se advierte que al haber transcurrido el término previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, la promovente no interpuso recurso de queja contra el proveído de treinta de agosto del año en curso, por medio del cual se desechó la demanda de garantías a que este juicio se refiere; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto referencia. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y, archívese este juicio como concluido...

  2. Principal

    .... notifíquese personalmente a la parte quejosa...

  3. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE TREINTA DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL AVISO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa-Enríquez, Veracruz, treinta de agosto de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el escrito de demanda de amparo presentado por Edith Alejandra Theurel Cotero, por propio derecho, contra actos del la Segunda Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, por violación a sus derechos fundamentales. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 789/2019/V-A. DESECHAMIENTO. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda que se intenta, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo , se analiza la procedencia de ésta, puesto que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar ese presupuesto procesal, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la promovente señala como actos reclamados:  El acuerdo de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, dictado por la Magistrada Titular de la Segunda Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, con sede en esta ciudad, en el cual declara improcedente el recurso de reclamación interpuesto por la aquí quejosa, contra el auto de dos de mayo de la presente anualidad, emitido en el procedimiento administrativo 002/2019/2ª-IV del índice de la responsable.  El acuerdo de dos de mayo de dos mil diecinueve, en el cual la Segunda Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, con sede en esta ciudad, declaró carecer de competencia legal para conocer del citado procedimiento de responsabilidad administrativa 002/2019/2ª-IV por considerar que la falta administrativa que lo originó es de índole federal. En este orden de ideas, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, se estima que el juicio de amparo que se intenta es improcedente, en atención a que se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 61 , fracción XXIII y 107 , fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales prevén que cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento por regla general, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación; entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora, los actos procesales son reclamables en el juicio de amparo indirecto si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, de libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga resolución favorable a sus pretensiones. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento. De acuerdo con lo expuesto, el acuerdo de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, dictado en el procedimiento de responsabilidad administrativa 002/2019/2ª-IV por la Segunda Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, con sede en esta ciudad, que declaró improcedente el recurso de reclamación interpuesto por la aquí quejosa, contra el diverso de dos de mayo de la presente anualidad, emitido en el mencionado expediente, por el que dicha Sala determinó carecer de competencia legal para conocer del asunto por considerarlo competencia del orden federal, no constituyen actos de imposible reparación, que afecte de manera directa e inmediata derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, en términos del artículo 107, fracción V de la ley de la materia, sino que se trata de una violación a las leyes del procedimiento, que tiene efectos meramente procesales. Ello, en virtud de que la afectación que produce incurre únicamente sobre los denominados derechos adjetivos o procesales, que en la especie pueden ser modificados cuando el órgano a quien se le declinó la competencia, emita resolución o acuerdo en el que determine si la acepta o la rechaza, pues lo cierto es que la Litis, se ciñe a la cuestión de competencia, máxime que como se vio, incide únicamente en la esfera jurídica de las partes, cuando el órgano jurisdiccional a favor de quien se emite, la acepta o rechaza, y en el caso, no se observa haya sido así, aunado a que de la lectura íntegra de la demanda de garantías no se advierte que alguna diversa autoridad haya emitido el auto correspondiente. En otras palabras, el auto en el que se declara incompetente la Sala responsable y declara competente a una diversa de orden federal (como ocurre en el presente asunto) no reviste el carácter de un acto de imposible reparación, sino que sólo lo será cuando la autoridad a la que se declaró competente, acepte o no el conocimiento de la misma, por lo que será su resolución, en caso de que proceda, la que pudiera causarle perjuicio irreparable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a) de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." Asimismo, es aplicable por similitud jurídica la jurisprudencia 4a. 16 de rubro y texto siguientes: "INCOMPETENCIA, DECLARACION DE. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. La declaración de incompetencia de la autoridad de trabajo que inicialmente conoce de un juicio laboral y que remite los autos a la autoridad que estima competente, no constituye un acto de ejecución irreparable, pues no se sabe si aceptará o no la competencia la segunda autoridad, ni cómo se resolverá, en su caso, el conflicto competencial, razón por la que en ese estado, no es procedente el amparo indirecto." En consecuencia, dado que en la especie se actualiza la causa de improcedencia del juicio, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción V, del artículo 107, de la propia ley; lo procedente es desechar la demanda de amparo origen de este asunto, con fundamento en el diverso 113 del propio ordenamiento. Lo anterior debe ser así, ya que de la copia certificada que se adjunta del auto de dos de mayo e interlocutoria de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, que se reclama, y que se tienen como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, mismas que obran agregadas a los autos del juicio de amparo indirecto 724/2019 del índice de este Juzgado, en los que diversos quejosos reclamaron exactamente los mismos actos reclamados que ahora impugna Edith Alejandra Theurel Cotero, se obtiene que no le fueron devueltos los autos del expediente P.R.A.002/2019/2ª-IV y se estimó competente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a quien se ordenó remitir los autos. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en la demanda y como sus autorizados en los amplios términos que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Benito Arguelles Calzada, María Liliam Hidalgo Ceballos, Abel Numas Toache Becerra y Carmen Rasgado Cabrera, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que sí tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado que para tal efecto se lleva en este Juzgado Federal. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no realiza petición expresa para que se supriman sus datos personales de las mismas. Notifíquese personalmente a la promovente. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el Secretario de Juzgado Alberto Arbea Pérez, que autoriza y da fe...

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