Edith Aguilar de la Luz

Expediente 461/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 21 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
461/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
21/04/2023

Partes del expediente

  • Edith Aguilar de la Luz

Actuaciones

  1. Principal

    Nezahualcóyotl, Estado de México, veintiuno de abril********************. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo, promovida por ****, por propio derecho, contra actos del Director de la CMF Pantitlán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos constitucionales que refiere. Creación de expediente. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos con el número 461/2023-V-A; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente S.I.S.E-. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en la secretaría de este juzgado. El cuaderno impreso que se forme en este asunto contendrá las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que se reciban y generen tanto en forma física como electrónica. Determinación que se adopta sin que pase inadvertido que el artículo 3, fracción III y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, establece que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente tiene validez legal suficiente y constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso, el cual contendrá únicamente las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación que se generen de la misma manera. Sin embargo, la anterior determinación se adopta con el objeto de garantizar en forma efectiva a las partes el acceso a las constancias que integran este expediente, tomando en consideración que del séptimo transitorio del citado Acuerdo General se advierte que se estableció un plazo de cuatro meses para la instalación de dispositivos electrónicos que permitan la consulta de expedientes y la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, y dado que a la fecha no se cuenta con ellos, las partes aún no están en posibilidad de consultar por los medios previstos en dicho Acuerdo las constancias de autos. En el entendido que los documentos presentados en formato físico con los que se formen cuadernos auxiliares y que no se agreguen al expediente principal físico, tampoco deberán integrarse al expediente electrónico. Los cuadernos auxiliares estarán a disposición de las partes y podrán ser consultados físicamente con las salvaguardas respectivas si se trata de información reservada o confidencial. Precisión. Del contenido de la demanda, se desprende que la promovente señala como acto reclamado destacado: El oficio **** emitido por la autoridad responsable, en el que se dio contestación a su petición formulada mediante escrito presentado el tres de marzo******************** ante dicha autoridad. Decisión sobre la instancia constitucional. Del examen de la demanda de amparo, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Estos preceptos autorizan a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa, por analogía, la Tesis Aislada emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Página198, Tomo VIII, Noviembre de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y con número de registro 221353, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional." Luego, debe decirse que del análisis del acto reclamado y sus antecedentes, obtenemos que la demanda de garantías que nos ocupa deviene notoriamente improcedente, conforme a lo dispuesto en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, como se demostrará enseguida. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, textualmente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." El primero de esos artículos enuncia algunos supuestos en los que el juzgador se encuentra imposibilitado a analizar cuestiones de constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, al actualizarse alguna causal de improcedencia. El primero de esos artículos enuncia algunos supuestos en los que el juzgador se encuentra imposibilitado a analizar cuestiones de constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, al actualizarse alguna causal de improcedencia. Así, el artículo 217 de la Ley de Amparo obliga a los juzgados de distrito a acatar las jurisprudencias que emita la Suprema Corte, en sus Salas o Pleno, así como la publicada por los Tribunales Colegiados de Circuito y los Plenos. Es aplicable la jurisprudencia 139/2015, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 391, Libro 25, diciembre de 2015, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. LA OBLIGATORIEDAD DE SU APLICACIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 217 DE LA LEY DE AMPARO, SURGE A PARTIR DE SU PUBLICACIÓN EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. El análisis sistemático e integrador de los artículos 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 215 a 230 de la Ley de Amparo, 178 y 179 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General 19/2013 (*) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, permite establecer que la jurisprudencia es de aplicación obligatoria a partir del lunes hábil siguiente al día en que la tesis respectiva sea ingresada al Semanario Judicial de la Federación, en la inteligencia de que si el lunes respectivo es inhábil, será de aplicación obligatoria a partir del día hábil siguiente. Tal conclusión atiende a un principio de certeza y seguridad jurídica en tanto reconoce que es hasta la publicación de la jurisprudencia en dicho medio, cuando se tiene un grado de certeza aceptable respecto a su existencia. Lo anterior, sin menoscabo de que las partes puedan invocarla tomando en cuenta lo previsto en la parte final del artículo 221 de la Ley de Amparo, hipótesis ante la cual el tribunal de amparo deberá verificar su existencia y a partir de ello, bajo los principios de buena fe y confianza legítima, ponderar su aplicación, caso por caso, atendiendo a las características particulares del asunto y tomando en cuenta que la fuerza normativa de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación proviene de la autoridad otorgada por el Constituyente al máximo y último intérprete de la Constitución." Como se dijo, el peticionario del amparo sustancialmente se duele del oficio CMFP/D/MGT/150900/0424/2023 emitido por la autoridad responsable, en el que se dio contestación a su petición formulada mediante escrito presentado el tres de marzo******************** ante dicha autoridad. Por lo que, debe instar el procedimiento contencioso administrativo en términos del artículo 3o, fracciones VII y XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia en Materia Administrativa, ante la Sala correspondiente: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; (.)" Ello, porque la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que esa codificación no preveía mayores requisitos que la Ley de Amparo En efecto, la jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.), consultable a página 1194, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, dispone lo siguiente: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria". Resulta aplicable la tesis: Registro digital: 2023722 Instancia: Segunda Sala Undécima Época Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 8/2021 (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.Libro 6, Octubre de 2021, Tomo II, página 2126 Tipo: Jurisprudencia "INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE. EL CERTIFICADO MÉDICO EN EL QUE EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO LA HACE CONSTAR (FORMATO RT-09) ES UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, SIEMPRE QUE OSTENTE LA APROBACIÓN DEL SUBCOMITÉ DE MEDICINA DEL TRABAJO DE DICHO INSTITUTO [SUSTITUCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 123/2018 (10a.)]. De la interpretación integral de los artículos 2, 17, 18, 23 a 25, 27, 28, 42 y 72 del Reglamento para la Dictaminación en Materia de Riesgos del Trabajo e Invalidez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el 24 de febrero de 2017, tratándose de accidentes acaecidos en el centro de labores o en el trayecto a éste, e inclusive cuando el trabajador se encuentre en el desempeño de una comisión, el instituto citado está obligado a examinar la profesionalidad del riesgo de trabajo, y una vez dictaminada su procedencia, debe declarar en qué situación médico laboral se colocó el trabajador a través de valoraciones médicas trimestrales, las cuales no habrán de rebasar el plazo de un año contado a partir de que ese organismo de seguridad social tenga conocimiento del riesgo o a partir de que emita la primera licencia médica. Ahora bien, una vez agotado el periodo anual, el instituto debe otorgar una incapacidad parcial o total permanente, o bien, determinar la ausencia de secuelas que permitan la reincorporación del trabajador a su centro de trabajo, pero en cualquier caso fijará el estatus médico laboral del trabajador en forma definitiva en el formato RT-09, que llenan tanto el personal médico especializado, como las autoridades a quienes compete validarlo, en el caso de una incapacidad parcial permanente al Subcomité de Medicina del Trabajo, quienes en un plazo no mayor a 60 días naturales deberán decidir en definitiva sobre la negativa de la incapacidad o del grado de disminución órgano-funcional del trabajador, conforme a la tabla de valuación del artículo 514 de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior, sin perjuicio de que en los supuestos en que el médico tratante, al practicar la primera valoración médica, encuentre que se produjo una patología clínicamente irreversible o que no ofrezca alternativa de mejoría, por ejemplo, cuando hubo amputación o pérdida total o parcial de algún órgano, emitirá inmediatamente el certificado médico RT-09, hipótesis en la que no habrá que esperar el plazo anual para que el Subcomité mencionado pueda emitir la decisión que valide ese diagnóstico y determine el grado de disminución órgano-funcional que porcentualmente proceda en el caso de una incapacidad parcial. En consecuencia, para los efectos de la promoción del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuando se demande la invalidez de la determinación conclusiva del instituto, sea porque el actor esté inconforme con el grado porcentual de incapacidad determinado o por cualquier otra causa, sólo procede el juicio cuando en dicho formato RT-09 conste que ya transcurrió el año, así como la aprobación o negativa del Subcomité de Medicina del Trabajo de la declaración de incapacidad parcial del asegurado, exceptuando el supuesto en el que antes de que transcurra tal plazo el daño se considere como irreversible o no ofrezca posibilidad alguna de recuperación, pero siempre a condición de que se haya validado definitivamente ese diagnóstico". Por tales razones, los actos reclamados en este juicio de amparo pueden previamente impugnarse ante la Sala correspondiente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Aunado a lo anterior el artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo señala lo siguiente: "Artículo 2. El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativa o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la Ley." En esta tesitura la quejosa debió promover previo a este juicio de amparo el juicio contencioso administrativo, en los términos apuntados, para poder impugnar el acto reclamado. Cobra aplicación, la jurisprudencia I.6º.CJ/37, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, página 902, con registro 187016, que establece: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Ahora bien, el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión, por las siguientes razones: Los artículos 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo, establecen que la suspensión se decretará cuando ocurra lo siguiente: a) La solicite el agraviado (fracción I); b) Con su concesión no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público (fracción II); c) Se acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento; cuando se aduzca un interés legítimo (artículo 131); y, d) Del análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, conlleve a concluir que se deba conceder la suspensión solicitada (artículo 138). Al respecto, el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece los supuestos en que resulta procedente el otorgamiento de la suspensión en el juicio contencioso, así como los requisitos para su otorgamiento De su contenido se advierte que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no establece mayores requisitos a los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión, pues en ambas leyes, ante la solicitud de la medida cautelar, se establecen condiciones esencialmente iguales para otorgar esa medida, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio. De igual manera, el artículo 139 de la Ley de Amparo, prevé que cuando la concesión de la suspensión de los actos, pueda ocasionar un daño o perjuicio se deberá otorgar garantía para reparar el daño e indemnizar los perjuicios si no se obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo, lo cual, es previsto de la misma forma en el párrafo primero del artículo 28, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Cabe mencionar, que en ambas leyes se establece la figura de la contragarantía, en el caso de la Ley de Amparo, se encuentra regulada en el artículo 125 al 158, en tanto que en la Ley procesal, se regula en igualdad de circunstancias, en el artículo 28 bis. La comparación de las disposiciones legales que rigen la suspensión del acto acorde con la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo permiten concluir que no se exigen mayores requisitos que en el juicio de amparo para conceder la suspensión. Aunado a ello, precisa destacar que tampoco se advierte que se esté en presencia de algún acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni esta autoridad federal advierte algún otro elemento del que se pueda inferir que se surte algún caso de excepción al principio de definitividad. En las relatadas consideraciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 217, ambos de la Ley de Amparo, la demanda de amparo respecto de los actos reclamados por esta vía, resulta notoriamente improcedente y, por tanto, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, SE DESECHA la demanda. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Instancia: Tribunal Colegiado de Circuito, tomo: XIV, agosto de 2001, tesis: I.13o.A.4 K, página: 1318, la cual es del texto y rubro siguiente "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó, en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, a la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Parte quejosa. Domicilio y autorizados. Toda vez que la parte quejosa no señaló un domicilio para oír y recibir notificaciones, dentro de la residencia de este juzgado, se tiene como tal la lista que se publica en los estrados de este juzgado, de conformidad con el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo. Autorizados. Se tienen por autorizados en términos amplios del numeral 12 de la normativa aplicable, a los profesionistas que menciona siempre y cuando tengan registrada la cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, la cual en su momento será localizada, esto es, cuando lleguen a ejercer su mandato y únicamente para oír y recibir notificaciones, documentos e imponerse de autos a las restantes personas que cita. Correo electrónico. Se tiene por señalado el correo electrónico que indica, únicamente como una forma especial y expedita de contacto no procesal, para la lograr la práctica de notificaciones y desahogo de las diligencias que se ordenen en este asunto; cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Lo anterior, en aras de agilizar el trámite de este asunto, acorde a lo establecido en el artículo 17 constitucional, sin que dicha dirección de correo electrónico pueda considerarse como un medio para oír y recibir notificaciones. Se exhorta para tramitación de juicio en línea. Atendiendo al contenido del artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en cuanto a que los órganos jurisdiccionales deben de adoptar como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que: - Opten por documentos, servicios y procesos digitales de forma preferente a aquéllos realizados en papel, salvo en casos cuya excepción sea debidamente justificada. - Soliciten la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual, habrán de tramitar su firma electrónica. O bien, podrán solicitar, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico; y, - Soliciten la práctica de notificaciones electrónicas, proporcionando para ello el usuario previamente registrado en dicho portal. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente. Copias y reproducción de constancias. a) Solicitudes de expedición de copias. Hágase del conocimiento a las partes que no será necesario que soliciten la expedición copias de las constancias que integren el expediente electrónico y/o físico. Para el caso de las constancias que integren el expediente electrónico, podrán obtener por sí, copias simples de las que no incluyan la evidencia criptográfica y copias certificadas de las que cuenten con dicha evidencia. Lo anterior, de conformidad al artículo 22 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, que establece que las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyen la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables. Sólo en casos excepcionales que se requieran certificaciones de documentos electrónicos impresos, aplicará el proceso de certificación para documentos físicos, es decir, se deberá incorporar el texto de certificación y firma autógrafa correspondiente. Por lo que, a efecto de agilizar el trámite de este asunto, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia, se ordena la expedición a las partes, hasta en un tanto, de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin que sea necesario que medie promoción por escrito, previa petición verbal al secretario y toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal: ellos por conducto de las personas que cuenten con facultades para ello, pues solo a éstas les serán entregadas. b) Reproducción electrónica de constancias. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la reproducción electrónica del presente asunto a través de medios electrónicos, es decir, cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares o similares, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, debiendo asentar la razón respectiva en el expediente. Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el licenciado RODOLFO MEZA ESPARZA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl ante Brianda Ivette Pacheco Flores, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. esm

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