Edith Acoltzi Ramírez
Expediente 1024/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 9 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1024/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 10/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Edith Acoltzi Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a diez de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio signado por la Actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja 298/2022, interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, por el cual se desechó la demanda de amparo, radicada en este juzgado con el número 1024/2022; y devuelve la copia certificada del presente juicio de amparo; queda enterado este Juzgado del único punto resolutivo de dicha ejecutoria y que es del tenor literal siguiente: [.] ÚNICO. Es infundado el recurso de queja. [.] En atención a ello, acúsese el recibo de estilo acostumbrado a la Superioridad. Sin que sea necesario glosar las copias certificadas devueltas deducidas del presente asunto, lo anterior a fin de evitar duplicidad de actuaciones, por lo que en su oportunidad procédase a la destrucción de dichas constancias. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En esas condiciones, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años posteriores a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Se precisa que en el presente juicio de amparo no obran documentos exhibidos por la parte quejosa. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio 9715/2022 signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, por el que hace del conocimiento de este juzgado, que el veinte de diciembre del presente año, admitió el recurso de queja interpuesto por ********************, por conducto de su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, ********************, en contra del proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, dando origen al recurso de queja ********************; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. De la misma manera, infórmesele a la Superioridad que quedan disponibles los autos del expediente para su consulta, toda vez que la remisión de los autos que integran el presente juicio será físicamente tal como se advierte en la siguiente imagen: Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a quince de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el escrito signado por Noel Morales Anastacio, autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por el que interpone recurso de queja en contra del auto de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo. Por lo anterior, se tiene a la parte quejosa interponiendo recurso de queja en contra del auto de veintidós de noviembre del año en curso, dictado en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, remítase al Presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en turno, el escrito original por medio del cual se interpone el recurso de queja, copia simple del mismo para el Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio de amparo, para la substanciación del referido medio de impugnación. Asimismo, en vía de informe, hágase del conocimiento de la superioridad que mediante proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ********************; no obstante, se sostiene la legalidad de dicha determinación al tenor de los fundamentos y razonamientos que en ésta se exponen. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Apizaco, Tlaxcala, a veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el oficio suscrito por la Actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual remite el original del juicio de amparo 1024/2022 y copia certificada de la ejecutoria de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, terminada de engrosar el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el recurso de queja 237/2022 de su índice, por la cual se declaró fundado el recurso de queja, ordenando dejar insubsistente el auto recurrido y reponer el procedimiento en el presente juicio de amparo, única y exclusivamente para el efecto de que se dicte el auto respectivo que deberá firmarse en el mismo día hábil de su emisión. Acúsese recibo y glósese el expedientillo que se formó con motivo de su remisión. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales procedentes. En consecuencia, y en cumplimiento a lo ordenado por la superioridad, se deja insubsistente el proveído de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Edith Acoltzi Ramírez, por su propio derecho; y se ordena reponer el procedimiento en el presente asunto, única y exclusivamente para el efecto de que se dicte el auto respectivo que deberá firmarse en el mismo día hábil de su emisión, el cual se provee en los siguientes términos: Agréguese a sus autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, por el cual remite copia certificada del juicio de amparo 937/2022 de su índice, promovido por Edith Acoltzi Ramírez; lo anterior, con motivo de la separación de juicios efectuada mediante proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintidós. En tales condiciones, el presente juicio de amparo deberá ser tramitado por cuanto hace al acto reclamado al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral del Estado de Tlaxcala, consistente en: - Acuerdo de veintiséis de julio del año en curso, dictado en el procedimiento de conciliación prejudicial radicado en el expedientillo CFCRL/CGT/OE/TLAX/RE/EXP0039/2022, a efecto de iniciar la solicitud al procedimiento de conciliación entre las partes del juicio de origen. RADICACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Edith Acoltzi Ramírez, por su propio derecho, contra actos del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral del Estado de Tlaxcala. De conformidad con el artículo 3o de la Ley de Amparo, se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 1024/2022. En el entendido de que las constancias inherentes a los cuadernillos auxiliares, o bien que, por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan, ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso. Por otra parte, no ha lugar a proveer respecto a su petición de reconocerle la personalidad como representante común de la parte quejosa, esto es, de la promovente y de Carlos Alberto Morales Acoltzi, ya que la demanda de amparo fue promovida únicamente por Edith Acoltzi Ramírez, aunado a que no acreditó su personalidad ante la autoridad responsable Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral del Estado de Tlaxcala, para promover en representación de Carlos Alberto Morales Acoltzi. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. Ahora bien, de acuerdo al artículo 13 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto el numeral en comento estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto el articulo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento el libelo de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente, o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia, e impone corno taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Establecido lo anterior, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa se duele esencialmente del acuerdo de veintiséis de julio del año en curso, dictado en el procedimiento de conciliación prejudicial radicado en el expedientillo CFCRL/CGT/OE/TLAX/RE/EXP0039/2022, a efecto de iniciar la solicitud al procedimiento de conciliación entre las partes del juicio de origen, del índice del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, con sede en esta ciudad. Ahora, respecto de dicho acto reclamado este juzgado considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia, prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.". De los preceptos transcritos se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no afecte la esfera jurídica del quejoso; es decir, para que sea procedente el juicio de amparo, la ley o el acto que reclame le deberá producir un agravio; siendo que el interés jurídico para efectos del juicio de amparo, radica esencialmente en la existencia de un derecho subjetivo o de un interés legítimo como puede ser para el primero, la libertad, la propiedad o la posesión, entre otros, o bien en el segundo por su situación jurídica inmediata a esos derechos. Cuando son transgredidos por un acto de autoridad, faculta a la persona afectada a demandar que esa violación cese, y se le restituya en el goce del derecho que fue infringido; así, la parte quejosa debe acreditar en forma plena que los actos de autoridad reclamados causan un perjuicio en sus derechos subjetivos, o situación jurídica cercana, de tal forma que si esta circunstancia no se encuentra fehacientemente acreditada, el juicio de amparo resulta improcedente. Ilustra lo asentado, por identidad jurídica, la Jurisprudencia 1a./J. 168/20071 , sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." De tal afirmación se desprende que son dos los supuestos que generan el interés jurídico, siendo el primero la existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado y, el segundo, el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho, proveniente de un acto de autoridad. Esto es, el interés jurídico para impugnar mediante el juicio de amparo un acto de autoridad resulta del perjuicio que ocasione en uno o varios derechos legalmente reconocidos, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio. Apoya lo expuesto la tesis que es del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SUPUESTOS QUE LO GENERAN. Son dos los supuestos que generan el interés jurídico: el primero de ellos es la existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado y, el segundo, el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho proveniente de un acto de autoridad." Con base en lo anterior es posible concluir que el acto tildado de inconstitucional consistente en el acuerdo de veintiséis de julio del año en curso, dictado en el procedimiento de conciliación prejudicial radicado en el expedientillo CFCRL/CGT/OE/TLAX/RE/EXP0039/2022, a efecto de iniciar la solicitud al procedimiento de conciliación entre las partes del juicio de origen, del índice del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, con sede en esta ciudad, no puede ser analizado en el juicio de derechos humanos, en atención a que la parte quejosa no cuenta con interés jurídico ni legítimo para combatirlo ante esta instancia constitucional, pues de existir, dicho acto por sí mismo no causa alguna afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico. Para arribar a esta determinación, debe tenerse presente que en el capítulo I de la Ley Federal del Trabajo, denominado "Del Procedimiento de Conciliación Prejudicial", se estableció una instancia conciliatoria previa a la de los conflictos ante los Tribunales. En ese sentido, los artículos 684-B, 684-C y 684-E de la Ley Federal del Trabajo, señalan los lineamientos para tramitar dicho procedimiento de conciliación, mismos preceptos legales que refieren lo siguiente: "Artículo 684-B. Antes de acudir a los Tribunales, los trabajadores y patrones deberán asistir al Centro de Conciliación correspondiente para solicitar el inicio del procedimiento de conciliación, con excepción de aquellos supuestos que están eximidos de agotarla, conforme a lo previsto en esta Ley". "Artículo 684-C. La solicitud de conciliación deberá contener los siguientes datos: I. Nombre, CURP, identificación oficial del solicitante y domicilio dentro del lugar de residencia del Centro de Conciliación al que acuda, para recibir notificaciones en el procedimiento de conciliación prejudicial; el Centro facilitará los elementos y el personal capacitado a fin de asignarle un buzón electrónico al solicitante. En caso de que el solicitante no cuente con identificación oficial, podrá ser identificado por otros medios de que disponga el Centro; II. Nombre de la persona, sindicato o empresa a quien se citará para la conciliación prejudicial; III. Domicilio para notificar a la persona, sindicato o empresa a quien se citará, y VI. Objeto de la cita a la contraparte. Si el solicitante es el trabajador e ignora el nombre de su patrón o empresa de la cual se solicita la conciliación, bastará con señalar el domicilio donde prestó sus servicios. Los elementos aportados por las partes no podrán constituir prueba o indicio en ningún procedimiento administrativo o judicial. La información aportada por las partes en el procedimiento de conciliación, no podrá comunicarse a persona o autoridad alguna, a excepción de la constancia de no conciliación y, en su caso, el convenio de conciliación que se celebre, en cuyo supuesto el Centro de Conciliación deberá remitir en forma electrónica al Tribunal que corresponda los documentos referidos, mismos que deberán contener los nombres y domicilios aportados por las partes, acompañando las constancias relativas a la notificación de la parte citada que haya realizado la Autoridad Conciliadora y los buzones electrónicos asignados. El tratamiento de los datos proporcionados por los interesados estará sujeto a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El solicitante será notificado de la fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación o del acuerdo de incompetencia, al momento de presentar su solicitud. Para agilizar el procedimiento de conciliación, el solicitante podrá auxiliar al Centro de Conciliación para llevar a cabo la notificación de la audiencia de conciliación a la persona, sindicato o empresa que se citará. (.)". "Artículo 684-E. El procedimiento de conciliación se tramitará conforme a las reglas siguientes: I. Se iniciará con la presentación de la solicitud de conciliación ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o al Centro de Conciliación local que corresponda, firmada por el solicitante, a la que se le agregará copia de la identificación oficial a que hace referencia en la fracción I del artículo 684-C; tratándose de empresas o sindicatos será suscrito por su representante legal; II. Los Centros de Conciliación podrán recibir las solicitudes de conciliación por comparecencia personal de los interesados, por escrito debidamente firmado, o en su caso, por vía electrónica mediante el sistema informático que para tal efecto se implemente; III. Los Centros de Conciliación auxiliarán a los interesados que así lo soliciten para elaborar su petición. Deberán proporcionar asesoría jurídica de manera gratuita sobre sus derechos y los plazos de prescripción de los mismos, así como respecto de los procedimientos de conciliación y jurisdiccionales para solucionar los conflictos laborales; IV. Al momento en que reciba la solicitud, la autoridad conciliatoria señalará día y hora para la celebración de una Audiencia de Conciliación que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes. El citatorio se notificará personalmente al patrón cuando menos con cinco días de anticipación a la audiencia, apercibiéndole que de no comparecer por sí o por conducto de su representante legal, o bien por medio de apoderado con facultades suficientes, se le impondrá una multa entre 50 y 100 veces la Unidad de Medida y Actualización, y se le tendrá por inconforme con todo arreglo conciliatorio; V. Al recibir la solicitud de conciliación, la autoridad conciliadora le asignará un número de identificación único y un buzón electrónico al interesado, que será creado para comunicaciones en lo que hace al procedimiento de conciliación prejudicial. Finalmente, designará por turno una sala de conciliación. En caso de no ser competente, la Autoridad Conciliadora deberá remitir la solicitud al Centro de Conciliación competente vía electrónica, dentro de las veinticuatro horas siguientes de recibida la solicitud, lo cual deberá notificar al solicitante para que acuda ante ella a continuar el procedimiento. La Autoridad Conciliadora se pronunciará respecto de la personalidad cuando se trate de solicitudes de personas morales; VI. Si la solicitud de conciliación se presenta personalmente por ambas partes, la autoridad conciliadora les notificará de inmediato, fecha y hora de la audiencia de conciliación, misma que deberá celebrarse dentro de plazo máximo de cinco días a partir de la fecha de presentación de la solicitud, sin menoscabo de que ésta pueda celebrarse en ese momento; VII. El trabajador solicitante de la instancia conciliatoria deberá acudir personalmente a la audiencia. Podrá asistir acompañado por una persona de su confianza, pero no se reconocerá a ésta como apoderado, por tratarse de un procedimiento de conciliación y no de un juicio; no obstante, el trabajador también podrá ser asistido por un licenciado en derecho, abogado o un Procurador de la Defensa del Trabajo. El patrón deberá asistir personalmente o por conducto de representante con facultades suficientes para obligarse en su nombre; VIII. Si las partes acuden a la audiencia, la Autoridad Conciliadora deberá requerirles para que se identifiquen con cualquier documento oficial y, en su caso, verificar que la persona que comparezca en representación de la persona moral acredite su personalidad. También se le asignará a la parte citada, un buzón electrónico para recibir notificaciones en el procedimiento de conciliación prejudicial; hecho lo anterior formulará una propuesta de contenido y alcances de un arreglo conciliatorio, planteando opciones de solución justas y equitativas que a su juicio sean adecuadas para dar por terminada la controversia; de estar de acuerdo las partes, celebrarán convenio por escrito, que deberá ratificarse en ese acto, entregándose copia autorizada de éste. De no llegar a un acuerdo, la Autoridad Conciliadora emitirá la constancia de haber agotado la etapa de conciliación prejudicial obligatoria. No obstante, las partes de común acuerdo, podrán solicitar se fije nueva audiencia de conciliación, que deberá celebrarse dentro de los cinco días siguientes; IX. Cuando alguna de las partes o ambas no comparezcan a la audiencia de conciliación por causa justificada, no obstante estar debidamente notificados, se señalará nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia, misma que deberá realizarse dentro de los cinco días siguientes. La parte que acuda será notificada en ese acto, la contraparte que no acuda lo será por el boletín del Centro y, en su caso, por buzón electrónico; X. Si a la audiencia de conciliación sólo comparece el solicitante, la autoridad conciliadora emitirá la constancia de haber agotado la etapa de conciliación prejudicial obligatoria. Si sólo comparece el citado, se archivará el expediente por falta de interés del solicitante. En ambos casos se reanudarán los plazos de prescripción a partir del día siguiente a la fecha de la audiencia, dejando a salvo los derechos del trabajador para solicitar nuevamente la conciliación; XI. En el caso de que el notificador no haya logrado notificar a la persona, empresa o sindicato a citar, no obstante haberlo intentado, la Autoridad Conciliadora dará por terminada la instancia y emitirá constancia dejando a salvo los derechos del solicitante de la conciliación para promover juicio ante el Tribunal competente; XII. Cuando en la solicitud de conciliación se manifieste la existencia de acoso sexual, discriminación u otros actos de violencia contemplados por la ley, en los que exista el riesgo inminente de revictimización, la autoridad conciliadora tomará las medidas conducentes para que en ningún momento se reúna o encare a la persona citada a la que se le atribuyen tales actos. En estos casos el procedimiento de conciliación se llevará con el representante o apoderado del citado, evitando que la presunta víctima y la persona o personas a quienes se atribuyen los actos de violencia se reúnan o encuentren en un mismo espacio; XIII. Una vez que se celebre el convenio ante los Centros de Conciliación, adquirirá la condición de cosa juzgada, teniendo la calidad de un título para iniciar acciones ejecutivas sin necesidad de ratificación. Cualquiera de las partes podrá promover su cumplimiento mediante el procedimiento de ejecución de sentencia que establece esta Ley, ante el Tribunal competente, y XIV. Al celebrar convenio, las Autoridades Conciliadoras entregarán copia certificada del mismo para cada una de las partes, asimismo también se les entregará copia certificada de las actas donde conste el cumplimiento del convenio. Sin perjuicio de lo anterior, cuando así lo requiera el solicitante, el Centro de Conciliación podrá fijar la Audiencia de Conciliación dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, para lo cual le proporcionará el citatorio a la audiencia con el fin de que el solicitante se haga cargo de entregarlo directamente a la persona o personas citadas. En este caso, de presentarse ambas partes a la audiencia de conciliación, se procederá a su celebración. Si el solicitante no se presenta a la audiencia, se archivará el asunto por falta de interés, sin emisión de la constancia de haber agotado la conciliación, salvo que justifique su inasistencia, a juicio del conciliador. Si se presenta solamente el solicitante de la conciliación, se señalará nueva fecha y hora para la audiencia de conciliación dentro de los siguientes quince días, ajustándose a las reglas del procedimiento previstas en las fracciones IV y de la VI a la XIV del presente artículo; en dicha audiencia de conciliación, el Centro de Conciliación procederá a geolocalizar el domicilio de la parte citada con auxilio del solicitante; en caso de no poderlo geolocalizar, el Centro de Conciliación fijará una cita para que, acompañado del interesado, se proceda a realizar la citación correspondiente. La Autoridad Conciliadora es responsable de que el convenio que se celebre cumpla con los requisitos y prestaciones que esta Ley establece, aplicables al caso concreto. Si las partes dan cumplimiento voluntario al convenio celebrado, certificará dicha circunstancia, dando fe de que el trabajador recibe completo y personalmente el pago pactado en el convenio. En caso de que las partes establezcan pagos diferidos, en una o más parcialidades a cubrir en fecha diversa a la celebración del convenio, deberá fijarse una pena convencional para el caso de incumplimiento, ésta consistirá en una cantidad no menor al salario diario del trabajador por cada día que transcurra sin que se dé cumplimiento cabal al convenio." De lo anterior se advierte que antes de acudir a los Tribunales, los trabajadores y patrones deberán asistir al Centro de Conciliación correspondiente para solicitar el inicio del procedimiento de conciliación. Además, que la información aportada por las partes en el procedimiento de conciliación, no podrá comunicarse a persona o autoridad alguna, a excepción de la constancia de no conciliación y, en su caso, el convenio de conciliación que se celebre, en cuyo supuesto el Centro de Conciliación deberá remitir en forma electrónica al Tribunal que corresponda los documentos referidos, mismos que deberán contener los nombres y domicilios aportados por las partes, acompañando las constancias relativas a la notificación de la parte citada que haya realizado la autoridad conciliadora y los buzones electrónicos asignados. Por otro lado, al momento en que reciba la solicitud, la autoridad conciliatoria señalará día y hora para la celebración de una audiencia de conciliación que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes. El citatorio se notificará personalmente al patrón cuando menos con cinco días de anticipación a la audiencia, apercibiéndole que de no comparecer por sí o por conducto de su representante legal, o bien por medio de apoderado con facultades suficientes, se le impondrá una multa entre 50 y 100 veces la Unidad de Medida y Actualización, y se le tendrá por inconforme con todo arreglo conciliatorio. Asimismo, se observa que de estar de acuerdo las partes que acudan a la etapa de conciliación prejudicial, celebrarán convenio por escrito, que deberá ratificarse en ese acto, entregándose copia autorizada de éste. De no llegar a un acuerdo, la autoridad conciliadora emitirá la constancia de haber agotado la etapa de conciliación prejudicial obligatoria. No obstante, las partes de común acuerdo, podrán solicitar se fije nueva audiencia de conciliación, que deberá celebrarse dentro de los cinco días siguientes. Por otra parte, una vez que se celebre el convenio ante los Centros de Conciliación, adquirirá la condición de cosa juzgada, teniendo la calidad de un título para iniciar acciones ejecutivas sin necesidad de ratificación. Cualquiera de las partes podrá promover su cumplimiento mediante el procedimiento de ejecución de sentencia que establece la ley, ante el Tribunal competente. Así también, si a la audiencia de conciliación sólo comparece el solicitante, la autoridad conciliadora emitirá la constancia de haber agotado la etapa de conciliación prejudicial obligatoria. Si sólo comparece el citado, se archivará el expediente por falta de interés del solicitante. En ambos casos se reanudarán los plazos de prescripción a partir del día siguiente a la fecha de la audiencia, dejando a salvo los derechos del trabajador para solicitar nuevamente la conciliación. De igual manera, en caso de que el notificador no haya logrado notificar a la persona, empresa o sindicato a citar, no obstante haberlo intentado, la Autoridad Conciliadora dará por terminada la instancia y emitirá constancia dejando a salvo los derechos del solicitante de la conciliación para promover juicio ante el Tribunal competente. Por otra parte, el artículo 872, apartado B, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, dispone lo siguiente: "Artículo 872. La demanda se formulará por escrito, acompañando tantas copias de la misma, como demandados haya. En caso que el demandante sea el trabajador y faltaren copias, ello no será causa para prevención, archivo, o desechamiento. El Tribunal deberá subsanar de oficio dicha falta." A. La demanda deberá estar firmada y señalar lo siguiente: (.) B. A la demanda deberá anexarse lo siguiente: I. La constancia expedida por el Organismo de Conciliación que acredite la conclusión del procedimiento de conciliación prejudicial sin acuerdo entre las partes, a excepción de los casos en los que no se requiera dicha constancia, según lo establezca expresamente esta Ley;.". De lo transcrito se desprende que la constancia expedida por el organismo de conciliación que acredite la conclusión del procedimiento de conciliación prejudicial sin acuerdo entre las partes, es un requisito que la parte actora debe anexar a la demanda correspondiente para dar inicio al procedimiento judicial laboral. Ahora bien, de lo anterior se advierte que no se reúnen los supuestos de conformación del presupuesto procesal del interés jurídico o legítimo, debido a que la parte quejosa no acredita que el acto reclamado produzca en su contra una afectación real cualificada y actual, de manera directa o bien, derivada de una situación particular en el orden jurídico. Esto es así, dado que de acuerdo a la etapa del procedimiento en la que se encuentra el acto reclamado y toda vez que, acorde a lo precisado por la parte quejosa en su escrito aclaratorio, únicamente se duele de la radicación del procedimiento de conciliación de origen, por tanto, se desprende que por un lado, si ya se efectuó la citación a la aquí parte quejosa, es posible que sólo comparezca el solicitante, en ese caso, la autoridad conciliadora emitirá la constancia de haber agotado la etapa de conciliación prejudicial obligatoria o bien, puede ser que sólo comparezca el citado, y que se archive el expediente por falta de interés del solicitante. De igual forma, puede suceder que las partes no lleguen a un acuerdo y la autoridad conciliadora emita la constancia de haber agotado la etapa de conciliación prejudicial obligatoria, en ese caso, el solicitante podría presentar una demanda ante el Tribunal laboral competente en contra de la aquí parte quejosa o bien, que se celebre el convenio ante el centro de conciliación, el cual adquirirá la condición de cosa juzgada, teniendo la calidad de un título para iniciar acciones ejecutivas sin necesidad de ratificación. De ahí que, la radicación del procedimiento de conciliación no es una resolución que ocasione por sí misma algún perjuicio en la esfera de derechos de la parte quejosa, ya que, de cualquier manera, ello será objeto de un pronunciamiento posterior dependiendo de que las partes se presenten o no a la audiencia de conciliación o bien, de que decidan o no llegar a un convenio y, de que, en su caso, el centro de conciliación emita una determinación al respecto. Sin embargo, en todo caso, cualquiera de los supuestos mencionados son actos futuros de realización incierta pues dependen de la actitud de las partes en el procedimiento conciliatorio de origen y de la determinación que emita en consecuencia el centro de conciliación. En ese sentido, el acto reclamado por sí mismo no le afecta en su esfera jurídica, pues lo que le afectaría sería un acto posterior en caso de que el centro de conciliación emita la constancia correspondiente de acuerdo a lo que las partes decidan realizar en el procedimiento de conciliación o bien, de que determine sancionar a la parte quejosa por su inasistencia, pero ello de cualquier manera, como se dijo, es una cuestión futura de realización incierta. Tiene aplicación por las razones que expone la tesis X.1o.T.9 L (11a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Undécima Época, registro 2024268, de rubro y texto siguientes: "CONCILIACIÓN PREJUDICIAL. EL MOMENTO PROCESAL OPORTUNO PARA RECLAMAR EN AMPARO INDIRECTO LA CITACIÓN CON APERCIBIMIENTO DE MULTA A LA AUDIENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 684-E, FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y SU NOTIFICACIÓN, SE ACTUALIZA HASTA QUE SE IMPONGA LA SANCIÓN. Hechos: Una empresa que fue multada por no asistir a la audiencia celebrada en el procedimiento de conciliación prejudicial promovió juicio de amparo indirecto contra el citatorio, la notificación y la imposición de la sanción pecuniaria. En su demanda alegó que el apercibimiento y la notificación fueron dirigidos a una diversa persona jurídica y a un domicilio que no era el suyo. El Juez de Distrito desechó la demanda respecto del citatorio y su notificación, por considerar que se trataba de actos intraprocesales reclamables en amparo directo, y la admitió por lo que hace a la imposición de la multa. Contra ese desechamiento parcial, la quejosa interpuso recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el momento procesal oportuno para reclamar en amparo indirecto la citación con apercibimiento de multa a la audiencia prevista en el artículo 684-E, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo y su notificación, se actualiza hasta que se imponga la sanción. Justificación: Lo anterior es así, pues uno de los principales objetivos de la reforma laboral publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019, que materializa la diversa constitucional del 24 de febrero de 2017, fue ofrecer una auténtica posibilidad de solución de los conflictos laborales y disminuir los plazos de resolución de los juicios, a partir del diseño de un procedimiento obligatorio de conciliación prejudicial llevado a cabo ante funcionarios conciliadores especialistas en solución de conflictos y mediación, permitiendo que lleguen a los tribunales laborales únicamente aquellos casos en los que realmente sea imposible un arreglo conciliatorio; sin embargo, pese a la importancia superlativa de la conciliación prejudicial para la impartición de justicia en materia de trabajo, el cierre de dicha etapa que se marca con la emisión de la constancia de no conciliación, no representa un agotamiento de las oportunidades de autocomposición para las partes en disputa; por el contrario, el legislador secundario, en los artículos 873-K -en los procedimientos ordinarios- y 901 - en los procedimientos colectivos de naturaleza económica-, ambos de la Ley Federal del Trabajo, estableció el mandato para que los Jueces tomen una actitud proactiva en la etapa en la que son rectores del proceso, con la intención de impulsar a las partes a conciliar en cualquier etapa del juicio, de manera que si esa fase prejudicial tiene la finalidad de dotar a las partes del acompañamiento necesario de personal especializado en soluciones alternas al conflicto para hacer más asequible la avenencia de los participantes, en caso de no alcanzar un arreglo, bien pueden hacerlo en etapas posteriores, aun cuando el asunto se haya judicializado. Bajo esa perspectiva, si alguna de las partes fue irregularmente citada a la conciliación prejudicial, situación por la cual no pudo acudir a ella, pero por cualquier motivo no se le impuso la multa por su incomparecencia, ello no le genera perjuicio alguno en su esfera jurídica, reclamable en amparo indirecto, ya que no existe impedimento legal para que las partes concilien en la fase intrajudicial. En sentido opuesto, si la parte que no compareció a la audiencia de conciliación prejudicial es multada debido a su inasistencia, esa actuación sí representa una incidencia directa y actual en un derecho sustantivo que le dota de acción para acudir al juicio de amparo indirecto, en donde podrá reclamar el auto donde se le imponga la sanción pecuniaria, así como todos los actos que condujeron a la autoridad responsable a la imposición de la multa, como puede ser el acuerdo donde se le apercibió y todas las irregularidades que puedan presentarse en las diligencias de notificación correspondientes, pues será hasta ese momento en que surja un acto que afecte derechos sustantivos, que no tienen que ver con que no se haya podido conciliar." De ahí que no se advierte acto privativo o de molestia en su contra o sobre los bienes que tengan en propiedad, pues como se dijo la sola radicación del procedimiento de conciliación, no le causa perjuicio en su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico para que pueda instar el juicio de amparo en su contra, de manera que aun de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, sería imposible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; pues dicha afirmación no se basa en la posibilidad o no de que la parte quejosa pudiera acreditar algún derecho reconocido a su favor durante la tramitación del juicio de amparo (lo que haría admisible la demanda constitucional), sino en la naturaleza propia del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 55, del Tomo 66 Tercera Parte, en Materia Administrativa, de la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto establece: "MULTAS DE QUE SE APERCIBE AL POSIBLE INFRACTOR, QUE DEPENDE LA ACTIVIDAD DE ÉSTE. SON ACTOS FUTUROS E INCIERTOS QUE NO TIENEN CARÁCTER DE INMINENTES. El acto reclamado que se hace consistir en el apercibimiento de que se impondrán multas diarias al quejoso de seguir realizando una promoción de ventas, es un acto futuro e incierto, porque para su realización sería necesario que la persona apercibida continuara realizando la promoción de ventas sancionada y, además, que las autoridades constataran tal hecho y determinaran hacer efectivo el apercibimiento decretado, lo cual bien podría no acontecer. Como no hay certeza de que el acto se produzca y su posible existencia dependería, en todo caso, del modo de actuar del quejoso, por ello debe considerársele como futuro y de realización incierta; por lo tanto, respecto de dicho acto procede el sobreseimiento del juicio de amparo". En consecuencia, al actualizarse la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio al Tribunal de Alzada.***
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