Edit Membrila Alfaro

Expediente 88/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 26 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
88/2019
Año
2019
Actuaciones
26
Última actuación
07/10/2019

Partes del expediente

  • Edit Membrila Alfaro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    EJ. Uruapan, Michoacán, siete de octubre de dos mil diecinueve. ACUSA RECIBO. Agréguese el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Apatzingán, Michoacán; en atención a su contenido, téngasele acusando recibo del comunicado 818/2019-ME-Ir, al que se anexó el diverso 33, de cuatro de septiembre pasado y testimonio autorizado del expediente 62/2019; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    EJ. Uruapan, Michoacán, a doce de septiembre de dos mil diecinueve. SE RECIBE SOBRE. Visto el sobre devuelto por el servicio de paquetería acelerada "Estafeta", que contiene el oficio 33, dirigido al Juez Tercero de lo Civil en funciones de juez de instrucción de Apatzingán, Michoacán, derivado del proveído de cuatro de septiembre pasado, al que se adjuntó un tomo de pruebas. Ahora bien, toda vez que de dicho sobre no se advierte el motivo por el cual no fue recepcionado, no obstante que con la mencionada denominación se han recibido diversos oficios ; por tanto, de autos se desprende que la responsable en cuestión rindió su informe de ley como "Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil"; en tales condiciones, con esa denominación, mediante diverso oficio, remítase copia certificada del acuerdo de que se trata, a efecto de que se encuentre notificada de su contenido, anexando además el aludido tomo de pruebas, para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE y por oficio a la autoridad de que se trata.

  3. Principal

    EJ. Uruapan, Michoacán, a cuatro de septiembre de dos mil diecinueve. CAUSA ESTADO. Del estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, así como de la certificación secretarial con que se ha dado cuenta, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión contra el proveído que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo ; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el mismo ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. ARCHIVO. En consecuencia, una vez hechas las notificaciones respectivas, archívese el expediente como asunto concluido. DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES. En atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y decimo, fracción I, del General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales vigente a partir del año dos mil trece, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. VALOR DOCUMENTAL. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se sobreseyó en el presente asunto, de conformidad con lo supuesto en la fracción II, del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido, y por cuanto hace al original del incidente de suspensión, toda vez que se negó la suspensión provisional como la definitiva del acto reclamado, en atención a lo ordenado en el punto vigésimo, fracción III, del capítulo quinto y normativa invocada, procede su destrucción. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el presente asunto, así como el original del incidente de suspensión, a la Dirección General del Centro de Documentos y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda, una vez que haya trascurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha. Por otra parte, respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado trascurridos seis meses a partir de esta data, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agréguese copia autógrafa del presente acuerdo y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por características amerite ser devuelto. RECURSO PENDIENTE EN CUADERNO DE SUSPENSIÓN. De igual manera se hace la aclaración que en el juicio de amparo en que se actúa, no se exhibió billete o alguna otra garantía que amerite su devolución, o proveer sobre su destino; como tampoco recurso pendiente de resolver. CONSTANCIAS POR DEVOLVER. Por otra parte, del estado procesal de autos se advierte que se ordenó formar un tomo de pruebas con el testimonio autorizado del expediente 62/2019, enviado por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Apatzingán, Michoacán, documentales que resulta innecesaria su conservación para este órgano jurisdiccional; por tanto, devuélvase a dicha autoridad, solicitando ordene a quien corresponda acuse recibo de estilo. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    III. Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, de los que se advierte que el término de veinte días hábiles concedido a la parte quejosa en comparecencia de ocho de julio del año en curso (foja 246), para que acreditara ante este juzgado con documental idónea haber realizado las gestiones tendientes a la publicación de los edictos correspondientes a efecto de emplazar al presente juicio de amparo a las terceras interesadas Magdalena Vargas Huerta, Lizbeth Membrila Vargas y Magdalena Membrila Vargas, ha transcurrido sin que lo hubiera hecho. Asimismo, el peticionario de garantías no realizó manifestación alguna, en el sentido de que se encontrara materialmente imposibilitado para su publicación, y en su caso, acreditarlo con indicios suficientes que demostrarán que, en realidad, no tiene capacidad económica para sufragar un pago semejante, a efecto de que este juzgado estuviera en condiciones de proveer lo conducente, como le fue indicado. Por tanto, hágase efectivo el apercibimiento realizado en proveído de cuatro de julio del año en curso (fojas 240 y 242), donde se ordenó el emplazamiento de las mencionadas terceras interesadas al presente juicio por medio de edictos a costa del promovente del amparo, y con fundamento en el artículo 63, fracción II, en relación con el diverso 27, fracción III, inciso b), parte infine, ambos de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Lo anterior es así, pues para la prosecución del juicio de garantías, es requisito fundamental el emplazamiento de todas las partes que en él intervienen, de lo contrario, se incumple con un presupuesto procesal que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; además, la prosecución del juicio de amparo, no puede quedar al arbitrio de la parte quejosa, entorpeciendo con su actuar la celeridad del asunto, y en vía de consecuencia contravenir lo establecido en el artículo 17 Constitucional, pues no debe perderse de vista que el interés particular no debe estar por encima del interés público, protegido por dicho precepto constitucional. Tesis: 2a./J. 64/2002 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 186587 1 de 1 Segunda Sala Tomo XVI, Julio de 2002 Pag. 211 Jurisprudencia (Común) EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso. Por tanto, déjese sin efectos la fecha y hora fijadas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las diez horas con diez minutos del cinco de septiembre de dos mil diecinueve. NOTIFÍQUESE; personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables.

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