Edison Alberto León Ramírez
Expediente 1077/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1077/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Edison Alberto León Ramírez
Actuaciones
- Principal
Villahermosa, Tabasco, veinte de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que precede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la misma ley de la materia, contra el auto de treinta de junio del presente año, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por los quejosos **********, contra actos del Superintendente de la Zona de la Comisión Federal de Electricidad, División Sureste, Zona Villahermosa, y otras autoridades; sin que la parte interesada hubiese ejercido ese derecho. En consecuencia, se declara que el citado auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Anotaciones y archivo del expediente Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como de los mismos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado.
- Principal
Villahermosa, Tabasco; treinta de junio de dos mil veintidós. Agréguese la demanda de amparo promovida por **********, contra actos de la Superintendente de la Zona de la Comisión Federal de Electricidad, División Sureste, Zona Villahermosa y otras autoridades. Aspectos Generales ? Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 1077/2022-II-1. ? Genérese el expediente electrónico e impreso. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; ello, pues en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Precisión del acto reclamado. Al analizar la demanda de amparo presentada por los quejosos **********, en términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se aprecia que destacan como actos reclamados: 1. La orden de corte o suspensión del suministro de energía eléctrica, en el domicilio ubicado en calle 2 de abril, sin número, esquina Melchor Ocampo, de la colonia Centro, Paraíso Tabasco, con número de servicio 733210700843. 2. La orden de desmantelamiento de las instalaciones que sirven para transportar el energía eléctrica en el domicilio ubicado en calle 2 de abril, sin número, esquina Melchor Ocampo, de la colonia Centro, Paraíso Tabasco. 3. La negativa de otorgar un contrato y servicio de energía eléctrica en el domicilio ubicado en calle 2 de abril, sin número, esquina Melchor Ocampo, de la colonia Centro, Paraíso Tabasco, con número de servicio 733210700843. Desechamiento de demanda. En el caso, respecto de los actos reclamados se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ?? Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]" Esto es así, ya que en el tópico que se planeta en la demanda de amparo, las autoridades señaladas como responsables, no tienen el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. En efecto, se considera "autoridad" a la persona que, con fundamento en una norma legal, puede emitir actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. Así, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Este último tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por ello la Carta Magna establece una serie de derechos fundamentales y garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, siendo entonces las que se vinculan con el entendimiento de los actos de autoridad. En el particular, cabe afirmar que la relación jurídica entablada con motivo de los actos reclamados consistentes en orden de corte o suspensión del suministro de energía eléctrica, en el domicilio ubicado en calle en calle 2 de abril, sin número, esquina Melchor Ocampo, de la colonia Centro, Paraíso Tabasco, con número de servicio ??? 733210700843, derivada del contrato celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad y los quejosos **********. Por ende, dichos actos atribuidos al servicio de suministro de energía eléctrica no pueden ser considerados como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que no existe una relación de supra a subordinación entre la Comisión Federal de Electricidad con los usuarios de tal servicio, sino una relación de coordinación entre la empresa suministradora y los particulares, pues el señalado organismo no obra con imperio, característica intrínseca de los actos de autoridad. Lo anterior es así, pues los actos combatidos, como ya se adelantó, derivan del contrato privado celebrado entre el ente público Comisión Federal de Electricidad (CFE), con número de servicio 733210700843, como sujetos del derecho privado y los aquí promoventes **********en el que éstos últimos solicitaron a la Comisión Federal de Electricidad, el servicio de suministro de energía eléctrica en el domicilio ubicado en calle 2 de abril, sin número, esquina Melchor Ocampo, de la colonia Centro, Paraíso Tabasco. De ahí que, lo cierto es que ello implica una relación de coordinación entre los citados promoventes y la Comisión Federal de Electricidad, por tanto, queda de manifiesto el vínculo contractual que existe entre los citados solicitantes de amparo y las autoridades que señalan como responsables. En consecuencia, la controversia que plantean los aquí ********** promoventes, en todo caso, se debe ventilar en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los Tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses de particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquellas los jueces y Tribunales del orden común. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.30/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 532, del Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital 2016656, cuyo rubro y texto son: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo."-Lo subrayado es propio-. **********De acuerdo a la interpretación armónica de lo previsto en el artículo 1049, en relación con el 75, fracciones V y XXV, ambos del Código de Comercio, en el caso del suministro de energía eléctrica que proporciona Comisión Federal de Electricidad a los particulares debe entenderse que es de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste (como lo es la suspensión del de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa la parte quejosa), cuestiones que deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil. Al caso, cobra relevancia por las razones que contiene, la tesis 2a. CVI/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, página 1093, cuyo contenido es: **********coordinación, originada por un acuerdo de voluntades donde ambas partes adquieren derechos y obligaciones recíprocos dentro de un ámbito privado. Lo anterior en razón de que, en términos del artículo 1o. del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, esta última es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, es decir, constituye un ente del Estado que tiene como objeto fundamental y principal, conforme a los numerales 25, párrafo cuarto, 27, párrafo sexto y 28, párrafos cuarto y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la planeación del Sistema Eléctrico Nacional, así como la generación, conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica para la prestación del servicio público, lo que constituye un área estratégica que el Estado realiza en exclusiva y que se encuentra regulada por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica abrogada. En ese tenor, todos los actos efectuados por la Comisión Federal de Electricidad relacionados con su obligación constitucional de prestar el servicio público de energía eléctrica son de orden público y se entienden desplegados por el Estado, debido a que éste presta en exclusiva ese servicio, a través del indicado organismo descentralizado, por lo que contra tales actos procede el recurso de revisión, en términos de los artículos 1 y 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al haberlos emitido un organismo descentralizado, o el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme al numeral 14, fracción XI, de su Ley Orgánica, que prevé su procedencia contra actos o resoluciones que emitan autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; sin perjuicio de la procedencia del juicio de amparo cuando se reclamen normas generales." Razón por la cual es indudable y manifiesto que se actualiza la causa de improcedencia antes analizada, dado que los actos reclamados no son susceptibles de ser impugnados en la vía constitucional, al no emanar de una autoridad con carácter de responsable para efectos del juicio de amparo indirecto; es decir, no se trata de actos que hubieran sido emitidos en ejercicio de su imperio o sus atribuciones de mando, que por ley le resultare ineludible su aplicación; ni mucho menos se trata de un acto que implique que en ejercicio de las facultades, de forma unilateral, hubiere creado, modificado o extinguido situación jurídica alguna que afecte la esfera legal del solicitante de amparo; sino que se trata de actos relacionados con los derechos y obligaciones derivados de la relación de coordinación en el suministro de energía eléctrica entre los quejosos **********y la Comisión Federal de Electricidad (por motivo del contrato privado celebrado entre éstos), por lo que resulta evidente que se trata de cuestiones formal y materialmente mercantiles, ya que las entidades señaladas como responsables actúan en carácter de proveedor de un servicio y no como ente gubernamental y se insiste, en todo caso, tales cuestiones deben ser atendidas y resueltas por la autoridad judicial que corresponda. Por tanto, se sostiene que se actualiza de modo manifiesto e indudable la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de dicho ordenamiento, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO presentada por **********.
- Principal
EN ESTA FECHA, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL AUTO DE TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO.
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