Edilso Francisco Reguera Ruiz
Expediente 2015/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2015/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Edilso Francisco Reguera Ruiz
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cuatro de enero de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Toda vez que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Finalmente, en cumplimiento a lo ordenado por auto de catorce de diciembre pasado, devuélvase las constancias originales del expediente civil formado en virtud del folio 353/2018, al juzgado responsable, solicitando acuse de estilo correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, catorce de diciembre de dos mil dieciocho. Acepta competencia Se tiene por recibido el oficio 9580 relativo al juicio de amparo directo 674/2018 y el original del expediente formado en virtud del folio 353/2018 del índice Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, del que se advierte que el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, con sede en esta ciudad, a través de ejecutoria emitida en sesión de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, se declaró legalmente incompetente para conocer la demanda interpuesta por EDILSO FRANCISCO REGUERA RUIZ, contra actos del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos; por lo que ordenó turnar los autos del citado juicio por razón de vía. Atento a lo anterior, acúsese recibo de estilo correspondiente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, e infórmese que este Juzgado de Distrito asume el conocimiento del presente juicio de amparo; por tanto fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno respectivo bajo el número 2015/2018-IV. Desechamiento De acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Este lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que de su estudio integral se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: Acto reclamado. El quejoso reclama "el auto de fecha 13 de agosto de 2018 dictado por la autoridad responsable". A mayor abundamiento de lo narrado por el impetrante así como de las constancias del expediente de origen se advierte lo siguiente: Bajo el índice del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, se radicó el expediente formado en virtud del folio 353/2018, recaído al escrito por el cual el hoy quejoso promovió juicio ordinario civil en contra de SILVIA OFELIA RAMÍREZ LABORDE, y del cual se originó el acto reclamado. El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, la autoridad responsable se declaró legalmente incompetente en razón de territorio, por lo que ordenó la devolución de los documentos exhibidos y previo recibo, el archivo del asunto. Inconforme con dicha resolución el quejoso interpuso conflicto competencial entre dos jueces del orden común (sic), en términos de los artículos 34 y 35 del Código Adjetivo Civil del Estado de Morelos. El trece de agosto de dos mil dieciocho, el juez responsable determinó no acordar favorablemente, ya que no dio trámite al conflicto competencial intentado, dicho proveído constituye el acto combatido. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo..." Excepciones que no se actualizan en el caso concreto, pues no se está ante actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni actos que afecten la libertad personal del quejoso, y el impetrante no se ostenta como tercero extraño al juicio de origen, al ser parte actora en el expediente civil formado en virtud del folio 353/2018, como lo manifestó en el escrito de demanda bajo protesta de decir verdad. Por lo expuesto, tenemos que la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo tiene como origen el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En ese orden de ideas, el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. En lo conducente sirve de apoyo la tesis jurisprudencial 1a./J. 44/2012 (10a.) de la Primera Sala, de la Décima Época, Julio de 2012, Tomo 1, Pag. 729, registro 2001155, cuyo rubro es el siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL." Como lo manifestó en la demanda, el quejoso es parte actora en el expediente civil formado en virtud del folio 353/2018, del que emana el acto reclamado. La causa de improcedencia se surte en razón de que, procede el recurso de revocación, esto es, el acto que reclama el promovente tiene forma de reparación, ya que el acto reclamado puede ser revocado, modificado o confirmado, a través del recurso de revocación previsto por los artículos 525 y 526 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, que a la letra dice: "ARTICULO 525.- Procedencia de la Revocación y de la Reposición. Las sentencias no pueden ser revocadas por el Juez que las dicta. Los autos que no fueren apelables y los proveídos, pueden ser revocados por el Juez que los dictó o por el funcionario que lo sustituya en el conocimiento del negocio. Procede la interposición del recurso de reposición en contra de los proveídos y autos del Tribunal Superior, cuando son dictados en el toca respectivo. Son aplicables a ambos recursos las mismas reglas de substanciación. ARTICULO 526.- Trámite de la revocación y de la reposición. La revocación y la reposición se interpondrán en el acto de la notificación por escrito o verbalmente o, a más tardar dentro de los dos días siguientes de haber quedado notificado el recurrente. Deberá contener la expresión de los hechos, los fundamentos legales procedentes y los agravios que le cause la resolución impugnada." Lo anterior es así ya que el promovente señala como acto reclamado el proveído de trece de agosto de dos mil dieciocho, por medio del cual, la responsable no acordó de conformidad su petición formulada en el escrito con registro 8595 dentro del expediente civil formado en virtud del folio 353/2018, el cual fue notificado mediante boletín judicial el quince de agosto de dos mil dieciocho, como se aprecia de las actuaciones originales del expediente natural. Ahora bien, para que el acuerdo reclamado encuadre en el supuesto de la procedencia del recurso de revocación es menester que no se apelable, de conformidad en el artículo 532 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos. En ese tenor, los autos apelables están expresamente dispuestos en los numerales 172, 202, 270, 276, 376, 390, 399, 426, 583, 606, 619, 633, 644-H, 652, 705, 712, 773 y 1020 del Código Adjetivo Civil de la Entidad, de los cuales ninguno comprende el caso particular del quejoso; en consecuencia, por exclusión el acuerdo combatido puede ser revocado. En consecuencia, dado que el recurso de revocación constituye un medio de defensa respecto del cual el impetrante tiene obligación de agotar en su calidad de parte, ello en estricta observancia al principio de definitividad que impera en el juicio de amparo, medio de defensa susceptible de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Sirve de sustento a la anterior consideración la jurisprudencia VI.1o. J/85, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 51, tomo 67, Julio de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro dice: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO." De igual forma, cobra aplicación la Jurisprudencia I.6o.C. J/37, dictada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Novena Época, página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, del rubro siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Por lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA. Domicilio procesal y autorizados Tomando en consideración que el promovente de amparo señala un domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la residencia oficial de este Juzgado; en tales condiciones, con apoyo en lo establecido en el artículo 27, fracción III de la Ley de Amparo, se ordena practicar las notificaciones a la parte quejosa por medio de lista, incluso las que sean de carácter personal; asimismo, se tiene por autorizados a las personas propuestas para los efectos precisados en la demanda. Ahora bien, con independencia de lo anterior, toda vez que el presente acuerdo constituye un desechamiento, siendo la naturaleza de este auto de gran trascendencia. En ese tenor, toda vez que el domicilio del impetrante, se encuentra ubicado fuera de la jurisdicción de este juzgado federal; en consecuencia con apoyo en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en aras de procurar una pronta impartición de justicia y dar celeridad al procedimiento, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 28 de la Ley de Amparo y 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese vía electrónica atento exhorto al Juez de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en turno, a fin de que gire sus amables instrucciones y por conducto del Fedatario de su adscripción, notifique el presente acuerdo y le corra traslado con éste al quejoso EDILSO FRANCISCO REGUERA RUIZ, en el domicilio ubicado en calle Carolina número 132, piso 7, despacho 701, colonia Noche Buena, Delegación Benito Juárez, código postal 03720, Ciudad de México. Con fundamento en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente al artículo 2 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito del juzgado exhortado, lleve a cabo el emplazamiento de la parte tercera interesada. Devolución de expediente original a la autoridad responsable Finalmente, una vez que quede firme la presente determinación devuélvase el expediente original del expediente civil formado en virtud del folio 353/2018 al juzgado responsable, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Paulo Yair García Meza, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/5083/2018 de fecha dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, ante el Secretario Cliserio Vargas Suárez que autoriza y da fe.
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