Edilsar Cantoral Samayoa y Otros.
Expediente 935/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 935/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 20/07/2023
Partes del expediente
- Edilsar Cantoral Samayoa
- Edilsar Cantoral Samayoa y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra dicha determinación. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes; ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 20, fracción I, del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto, hecho que deberá realizarse una vez que se cumplan tres años de haber dictado el presente acuerdo, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que este asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; tres de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo agréguese a los autos el oficio signado por la autoridad responsable 1. Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, por conducto del Presidente y Secretaria Auxiliar de Amparos, con sede en esta ciudad, con el cual, remite cédulas de notificación de veintitrés y veintiséis de junio del año en curso, relativas al juicio laboral **** de su índice. Lo anterior, sin realizarse mayor pronunciamiento en cuanto a su contenido, toda vez que, en auto de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Cúmplase.
- Principal
CON APOYO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable 1. Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, por conducto de sus integrantes, con sede en esta ciudad. Con apoyo en los preceptos 119 y 123 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza la documental que remite la autoridad responsable. Ahora, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado: la dilación de la autoridad responsable de proveer respecto de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral ***, de su índice. En ese contexto, se tiene que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. La citada causal de improcedencia requiere para su actualización que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal manera que destruya todos los efectos del mismo, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales que alega le fueron violadas. Esto es, que la propia autoridad a quien se le atribuye la emisión del acto impugnado, no solamente deje insubsistente dicha actuación, sino que lo haga en forma total e incondicional, y con ello produzca que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación de los derechos fundamentales de la parte quejosa. De lo que se sigue que, en la cesación de efectos del acto reclamado, el posterior actuar de la responsable debe equiparse a la concesión de amparo, en cuanto a que desaparecen los efectos del acto tachado de inconstitucional, como si éste nunca hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja ahí ninguna huella. ***
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable 1. Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, por conducto de sus integrantes, con sede en esta ciudad. Con apoyo en los preceptos 119 y 123 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza la documental que remite la autoridad responsable. Ahora, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado: la dilación de la autoridad responsable de proveer respecto de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral ***, de su índice. En ese contexto, se tiene que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. La citada causal de improcedencia requiere para su actualización que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal manera que destruya todos los efectos del mismo, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales que alega le fueron violadas. Esto es, que la propia autoridad a quien se le atribuye la emisión del acto impugnado, no solamente deje insubsistente dicha actuación, sino que lo haga en forma total e incondicional, y con ello produzca que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación de los derechos fundamentales de la parte quejosa. De lo que se sigue que, en la cesación de efectos del acto reclamado, el posterior actuar de la responsable debe equiparse a la concesión de amparo, en cuanto a que desaparecen los efectos del acto tachado de inconstitucional, como si éste nunca hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja ahí ninguna huella. ***
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