Edilio Solano Gutiérrez
Expediente 253/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 253/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Edilio Solano Gutiérrez
- MIriam Contreras Arellano
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, cinco de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refieren los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por [1] ********************, [2] ******************, y [3] *****************, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento del juicio en que se actúa, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso a), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se desechó la demanda de derechos. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jaime González García, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Se tiene por recibida la demanda de amparo y anexos promovida por [1] Edilio *****, [2] ********, y [3] *********, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, y de otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno bajo el número 253/2022, y fórmese expediente. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común a los quejosos a [2] *******. Ahora bien, antes de proveer sobre la admisión de la demanda en estudio, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Es pertinente establecer que, los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. Al respecto, cobra aplicación la tesis II.1o.C.T.11 K, con registro digital: 203580, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo II, Diciembre de 1995, Materia Común, página: 509, de texto y rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 145 de la ley de la materia, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse. Amén, de que cuando los actos reclamados en la respectiva demanda de amparo están fuertemente ligados entre sí formando una unidad o un todo de la que no es posible desmembrar, es necesario admitir la demanda y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades responsables y las pruebas que se rindan puedan confirmarse o desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables al quejoso." De lo anterior se explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que, se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Del análisis de la demanda de amparo, se desprende que los quejosos destacaron como acto reclamado, textualmente, el siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO: Falta de administración de justicia por omisión de ejecución forzosa que dé continuidad al procedimiento de ejecución de laudo hasta cumplir con el pago, concluya con materializar la cantidad económica obtenida, conducta que viola mis derechos humanos" Acto destacado que para fijarse adecuadamente, debe interpretarse y analizarse de manera conjunta con todos los datos emanados de la demanda de amparo, en atención al pensamiento e intención de su autor, descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, al fijar el acto reclamado, debe atenderse a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así, de la narrativa de los hechos expuestos por los impetrantes se conoce que: "ÚNICO.- Los suscritos presentados demanda laboral, con fecha 13 de octubre del año 2009, ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, fue radicada bajo el número 1051/2006, del índice del H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje de esta Ciudad, demandado a la Secretaría de Educación Guerrero [.] con fecha 30 de noviembre del año 2016, se dictó nuevo laudo en cumplimiento a la ejecutoria de amparo de fecha 26 de enero del año 2016, dictada en el amparo laboral número *****, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y del Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, dejando sin efectos el laudo reclamado, este nuevo laudo quedó firme definitivo, se condenó a la demandada al pago de las prestaciones reclamadas, hasta hoy la autoridad responsable no hace cumplir la condena, no realiza la continuidad de la ejecución del laudo que permita agotar el procedimiento de ejecución, con la actualización de la condena no ordena, ni realiza la ejecución forzosa, menos da continuidad a la misma, es omisión que se reclama por violación a los derechos fundamentales de que administre justicia completa y de manera pronta." Entonces, del análisis integral a la demanda, se advierte que los peticionarios reclamaron de la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo: I. La omisión de hacer cumplir la condena en el juicio laboral *********, sin dar continuidad al procedimiento de ejecución, por no proceder a la ejecución forzosa ni actualizar la condena, y por ello no materializa la cantidad económica obtenida. Respecto del acto reclamado, este Juzgador considera actualizada de manera clara y patente, la causal de improcedencia a que hace alusión el artículo 61 fracción XXIII, con relación al 217, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. De una interpretación conjunta de los preceptos legales invocados, se advierte que el juicio de amparo resultará improcedente cuando, respecto al caso materia de la litis constitucional, exista jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando el Pleno o en Salas, que resulta de observancia obligatoria, entre otros, para los Juzgados de Distrito. En el caso concreto, los quejosos reclamaron de manera genérica que, la potestad laboral responsable ha omitido hacer cumplir la condena en el juicio laboral *****, sin dar continuidad al procedimiento de ejecución, por no proceder a la ejecución forzosa ni actualizar la condena, y por ello no materializa la cantidad económica obtenida. Sin embargo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J.15/2011 (10a), emitió pronunciamiento en el sentido que, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando, genéricamente se reclame al Presidente ejecutor, la omisión de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda de amparo, y además de realización incierta, pues tales actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante. Criterio que se encuentra localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Materia Común-Laboral, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Página 2771 (registro digital 2000011), de rubro y texto: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Si bien es verdad que, el artículo 97 de la Ley Número 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, que rige el procedimiento laboral de origen, establece la obligación del tribunal de promover la eficaz e inmediata ejecución del laudo, así como de dictar las medidas necesarias que al efecto resulten procedentes; no menos cierto es que, dicha obligación es correlativa con la parte interesada, puesto que de conformidad a lo señalado en el numeral 98 de la referida legislación, corresponde a la parte que obtuvo resolución favorable, la solicitud del dictado del auto de ejecución, así como su necesaria intervención en la prosecución de ese procedimiento a fin de lograr el cumplimiento de dicha resolución. Es claro que no sólo corresponde al ejecutante la solicitud de la ejecución del laudo, sino que también se encuentra obligado a intervenir en la prosecución de ese procedimiento hasta su conclusión, por resultar necesaria su asociación con el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, a efecto de requerir el cumplimiento del laudo; estimar lo contrario, también implicaría desconocer la figura de la prescripción contenida en el artículo 74 fracción III, de la Ley Número 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, que dispone que prescriben en dos años las acciones para la ejecución de los laudos, y también conllevaría a que la ejecución del laudo se tornara indefinida. En tales condiciones, ante la actualización de la causal de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia PC.VII.L.J/10L(10a.), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, Página 1469 (registro digital 2019185), de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA E INDUDABLE CUANDO EN LA DEMANDA SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. El Juez de Distrito, al analizar la demanda de amparo, debe examinarla en su integridad para fijar el acto reclamado, y una vez establecido como la omisión genérica de la Junta laboral de proveer la ejecución del laudo, debe atender al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), de rubro: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA.", en el que definió la naturaleza jurídica de dicho acto como inexistente, porque se requiere de una participación individualizada del quejoso para vincular a la autoridad responsable a que lleve a cabo la ejecución del laudo, lo cual resulta aplicable a los procedimientos de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz que regulan la ejecución del laudo a petición de parte; de ahí que se actualice la causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII y 217 de la Ley de Amparo que autoriza, por ende, su desechamiento de plano en términos del diverso numeral 113 de dicha legislación, pues no se requiere la sustanciación del juicio para constatar o desvirtuar la causa de improcedencia en cita, al no poder ser desvirtuado ese acto, en tanto que nada de lo que se arguya o pruebe podrá modificar o superar la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión genérica de proveer la ejecución del laudo, pues así queda fijada en el momento de la presentación de la demanda." PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace del conocimiento de las partes, en términos de los artículos 1, 18 y 26 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, los cuales se estiman confidenciales, lo que deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones se dicten sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la prealudida ley; en el entendido que este aviso surtirá efectos para todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio; asimismo, se les informa que de conformidad con los artículos 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información. De igual forma se comunica a las partes que el uso de las reproducciones de las actuaciones y constancias que integran este sumario, será responsabilidad exclusiva de quien las solicite. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda; y dada la materia del acto reclamado como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que indica, aunado a que se aprecia que los peticionarios no son parte patronal. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, para reproducir actuaciones que obren en el presente juicio, debiendo quedar constancia por escrito; en el entendido que la utilidad que se dé a los documentos cuya reproducción se solicite, será responsabilidad de quien la obtenga, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. HABILITACIÓN. Asimismo, con apoyo en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. Por otro lado, en acatamiento al artículo 2º de citado Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que de ser posible y de así considerarlo, continúen con la tramitación del juicio en línea. Asimismo, se tiene a la parte quejosa proporcionando su correo electrónico y número telefónico para los efectos legales conducentes. Se ordena al Actuario Judicial adscrito realice la notificación del presente proveído vía electrónica, con independencia de los medios acostumbrados. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jaime González García, que autoriza y da fe.
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