Edilberto Torres Ureña
Expediente 940/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 11 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 940/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 09/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Edilberto Torres Ureña
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Colima, Colima nueve de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron recurso de inconformidad, dentro del término legal, contra la resolución que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Por otro lado, con base en lo ordenado por ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de la suscrita juzgadora, no se considera de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se concedió el amparo; consecuentemente, dicho expediente es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, párrafos primero y segundo, así como el punto vigésimo primero, fracción II, todos ellos del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula del presente, realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. d) Con el contenido de este acuerdo dese vista en los cuadernos incidentales. Finalmente, se ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido. Notifíquese. Lo proveyó y firma VÍCTOR HUGO VELÁZQUEZ ROSAS, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, asistido del (la) secretario(a) José Antonio Andrade Ahumada, que autoriza y da fe. JAAA/ar*
- Principal
Colima, Colima, catorce de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de tres días que se concedió a las partes para que desahogaran la vista ordenada, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este juzgado federal se pronuncia en lo tocante al cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio de garantías, en los siguientes términos: Por sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: Realizara las diligencias que estimara necesarias para la investigación y persecución del delito que nos ocupa; y En ejercicio de sus atribuciones a que está obligada, de forma inmediata procediera al análisis de la carpeta de investigación 1538/2015 y dentro de un plazo no mayor a treinta días, con libertad de jurisdicción, resolviera el ejercicio o no ejercicio de la acción penal o, en su caso, lo que en derecho correspondiera. El veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis causó ejecutoria la sentencia y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector. Luego de diversos requerimientos, mediante oficio número 3829/2016, recibido el veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, la autoridad responsable informó el cumplimiento del fallo protector y remitió constancias con las que acreditó tal circunstancia. Debe decirse que los documentos descritos, merecen valor probatorio pleno, a la luz de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo ordena el artículo 2o. de este último ordenamiento, al ser copia certificada de una de las actuaciones que conforman el juicio de origen. Corrobora lo expresado, por el espíritu que la informa, el criterio jurisprudencial que aparece publicado en la quinta época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XVIII, página quinientos cincuenta y ocho, que dice: "CERTIFICACIONES JUDICIALES.- Las copias expedidas por las autoridades, tienen el carácter de documentos públicos, y, como tales, hacen prueba plena". Del contenido de estas constancias, se advierte que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público del Fuero Común Titular de la Mesa Tercera de Averiguaciones Previas de Colima, Colima, en cumplimiento al requerimiento formulado, ordenó la presentación del directo quejoso Edilberto Torres Ureña, a fin de que proporcionara datos de prueba para la debida integración de la indagatoria, sin que los Agentes de la Policía de Procuración de Justicia de Colima, pudieran llevar a cabo su localización, por lo tanto, tomando en consideración que no era posible ordenar la práctica de más diligencias, el veinte de octubre de dos mil dieciséis, emitió resolución en autos de la carpeta de investigación NSJP/COL/CI/INV-1538/2015, en la que determinó decretar el archivo temporal, en términos de lo dispuesto por el artículo 254 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así las cosas, la protección de la Justicia Federal tenía por efecto que la autoridad responsable realizara las diligencias que estimara necesarias para la investigación y persecución del delito denunciado; y, en ejercicio de las atribuciones a que está obligada, de forma inmediata procediera al análisis de la carpeta de investigación y con libertad de jurisdicción, resolviera el ejercicio o no ejercicio de la acción penal, o, en su caso lo que en derecho correspondiera, sin embargo, dado que no ha sido posible localizar al quejoso a fin de que aporte información con la cual se pueda ordenar la práctica de más diligencias, lo que redunda en la imposibilidad material y jurídica de la autoridad responsable para cumplir con la sentencia de amparo. Es decir, la imposibilidad de cumplimiento de la sentencia de amparo se actualiza dado que la causa obedece a factores externos, aleatorios o imprevisibles, ajenos al control de la autoridad obligada, y no deriva de omisiones culposas o dolosas de ésta. Si bien la materia del cumplimiento se traduce en este asunto en una obligación de hacer a cargo de la autoridad responsable, lo cierto es que en el caso de que surja la imposibilidad material o jurídica que tenga para cumplir con la ejecutoria de tutela conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado en el sentido de que si los obstáculos que tenga la autoridad para ese efecto resultan insuperables, ésta tiene derecho a que se le dé la oportunidad de demostrarlo en forma fehaciente, pues si ello es así, no se podrán imponer las sanciones a que se refiere el artículo 107, fracción XVI, constitucional, dado que con el convenio realizado por las partes, las autoridades responsables se encuentran imposibilitadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Esto último tiene sustento en la tesis que aparece publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, junio de 1997, página 167, que es del tenor literal siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. LAS AUTORIDADES RESPONSABLES TIENEN DERECHO A DEMOSTRAR LA IMPOSIBILIDAD DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación lógica sistemática de los artículos 104 a 112 de la Ley de Amparo, que consagran el procedimiento mediante el cual la Suprema Corte de Justicia, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Jueces de Distrito, pueden constreñir a las autoridades responsables al cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, se advierte que el legislador estableció dicho procedimiento obedeciendo a un principio unitario, con propósitos definidos, con espíritu de coordinación y enlace, como lo es el que se acaten los fallos protectores y no, primordialmente, la aplicación de las sanciones a las autoridades remisas; lo que se corrobora con la obligación que establece la ley a cargo de los Jueces de Distrito, o Tribunales Colegiados de Circuito, de hacer cumplir, por sí o por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública, si es necesario, la sentencia constitucional, cuando ello sea jurídicamente posible; con el hecho de la intervención de los superiores jerárquicos, quienes también son responsables del cumplimiento aun cuando no hayan sido señalados como tales en la demanda de amparo, cuya injerencia persigue el propósito de facilitar, por la presión que dicha intervención implica, la ejecución del fallo en los plazos determinados por el legislador; así como del deber de las autoridades sustitutas de las destituidas para cumplir con la ejecutoria; y, por último, con el establecimiento del procedimiento incidental de cumplimiento sustituto de la sentencia. Por consiguiente, si una autoridad, responsable del cumplimiento de una sentencia protectora, manifiesta la imposibilidad material o jurídica del mismo, tiene derecho a que se le dé oportunidad de demostrarlo en forma fehaciente, pues si ello es así el Tribunal Pleno no podría imponer las sanciones a que se refiere el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que con la separación y consignación de la autoridad, no podría el Juez del conocimiento hacer cumplir la sentencia, ni tampoco lo podría hacer la autoridad sustituta y el único camino a seguir sería, a petición del quejoso, mientras no se reglamente el artículo 107, fracción XVI, constitucional reformado, el pago de daños y perjuicios, o el que el expediente se fuera a reserva, hasta en tanto cambiaran las condiciones o la situación jurídica en el asunto." Entonces, si bien del artículo 77 de la Ley de Amparo, se desprende que la restitución en el pleno goce de la garantía individual violada, consiste en restablecer las cosas al estado que tenían antes de la violación, cuando el acto sea de carácter positivo, u obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar lo dispuesto por la garantía de que se trate y a cumplir con lo que la misma exija, cuando el acto sea de carácter negativo, esto será siempre y cuando la naturaleza del acto reclamado lo permita. En el caso, se trata de una sentencia que constriñe a la autoridad responsable a un hacer, ya que conforme a la ejecutoria de amparo, tiene la obligación de realizar las diligencias que estime necesarias para la investigación y persecución del delito denunciado y en ejercicio de sus funciones, de forma inmediata procediera al análisis de la carpeta de investigación y resolviera el ejercicio o no ejercicio de la acción penal, o en su caso, lo que en derecho correspondiera, pero su cumplimiento no es posible dado que el quejoso no ha sido localizado a fin de que aporte información que permita ordenar la práctica de diligencias, razón que vuelve imposible la materialización de los efectos restitutorios de la sentencia de amparo. Sirve de apoyo a la anterior consideración la jurisprudencia que aparece publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, octubre de 2002, página 134, que a la letra dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO, SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE REALIZA ACTOS QUE ENTRAÑAN UN PRINCIPIO DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA CONCESORIA DEL AMPARO. Del análisis de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva en definitiva un incidente de inejecución de sentencia, es necesario que exista, previamente, una determinación del Juez de Distrito, de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo o del Tribunal Colegiado de Circuito, en el sentido de que no se ha cumplido con la sentencia de amparo pese a los requerimientos hechos a las responsables, y no obre en autos constancia alguna que demuestre lo contrario. En estas condiciones, se concluye que si encontrándose pendiente de resolver ante este Alto Tribunal un incidente de inejecución de sentencia, la autoridad responsable lleva a cabo algún acto tendiente a acatar la ejecutoria de amparo, que se pudiera considerar como un principio de ejecución del fallo protector, dicho incidente deberá declararse sin materia, porque éste exige, como presupuesto para su procedencia, que la aludida responsable incurra en una abstención total de dar cumplimiento a la ejecutoria protectora, lo que no se actualiza si aquélla efectúa algún acto relacionado con el núcleo esencial de la obligación." Por tanto, este Juzgado de Distrito considera que lo procedente en el caso es declarar LA IMPOSIBILIDAD MATERIAL PARA DAR EL CUMPLIMIENTO AL FALLO CONSTITUCIONAL dado que la autoridad responsable no ha incurrido en una conducta omisiva, sino que por el contrario, quedó demostrada la imposibilidad jurídica y material que existe para el acatamiento a los deberes impuestos, como quedó determinado. Finalmente, se ordena hacer del conocimiento de las partes el presente proveído, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma VÍCTOR HUGO VELÁZQUEZ ROSAS, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, que actúa con el (la) Secretario(a), licenciado(a) Liliana Anguiano Casillas, quien autoriza y da fe. VHVR/LAC
- Principal
Colima, Colima, tres de noviembre de dos mil dieciséis.Vista la constancia levantada por la Actuaria Judicial adscrita, de la que se advierte que no le fue posible notificar el auto de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, al quejoso Edilberto Torres Ureña, por las razones que en la misma expone.En esas condiciones, y dado que de autos se advierte que a fojas sesenta y uno y sesenta y dos, obra la notificación al referido quejoso de la sentencia autorizada el diecinueve de agosto del año en curso, en el domicilio que señalo para ese fin; en consecuencia, se ordena a la actuaria judicial de la adscripción se constituya de nueva cuenta en el domicilio ubicado en calle José G. Alcaraz número 1701, colonia Real Vista Hermosa, en esta ciudad, a efecto de llevar a cabo la notificación del auto de veinticinco de octubre del año en curso.Notifíquese. Lo proveyó y firma Espiry Javier Correa Guízar, Secretario adscrito al Juzgado primero de Distrito en el Estado de Colima, encargado del despacho, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en cumplimiento a lo acordado en la sesión ordinaria de la Comisión de Carrera Judicial, celebrada el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, comunicado mediante oficio número CCJ/ST/5655/2016, de la misma fecha, que actúa con el secretario, licenciado José Antonio Andrade Ahumada, que autoriza y da fe. EL ENCARGADO EL SECRETARIODEL DESPACHO
- Principal
Colima, Colima, veinticinco de octubre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio del Agente del Ministerio Público titular de la mesa tercera de Investigación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la sentencia de autos. Por tanto, a fin de seguir el procedimiento para el cumplimiento de la ejecutoria dictada en este expediente, con fundamento en el artículo 196, se ordena dar vista a las partes con las constancias remitidas por la responsable para que dentro del plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga. En el entendido de que transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal dictará resolución en la que se declare si está cumplida o no, si incurrió en exceso o defecto, o bien, si hay imposibilidad para cumplirla. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, asistido del (la) secretario(a) José Antonio Andrade Ahumada, quien autoriza y da fe. JAAA/ale
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