Edilberto Portillo Mendoza
Expediente 713/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 713/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 04/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Edilberto Portillo Mendoza
- Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Se vincula expediente para su consulta y se comisiona analista SISE. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual se solicita habilitar para su consulta el expediente electrónico del juicio de amparo 713/2021 en que se actúa, a efecto de que sea relacionado con el diverso juicio de amparo ********************/2022 del índice del juzgado oficiante; en atención a su solicitud, hágase del conocimiento de ese órgano jurisdiccional que se comisionó al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) adscrito a este juzgado, a fin de que se haga disponible el expediente electrónico en que se actúa para efectos de su vinculación con el diverso expediente ********************/2022 de su índice; lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Autoridad acusa recibo. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con sede en la Ciudad de México; a través del cual, acusa recibo de las constancias que en un tomo de pruebas, le fue devuelto mediante oficio de fecha cinco de abril del dos mil veintidós, en el que causó ejecutoria la sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; mediante lista que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Vista la certificación que antecede, así como de una consulta al expediente electrónico a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) -herramienta que permite cumplir con el esquema estricto de distanciamiento social y trabajo a distancia como elementos centrales-, se advierte que el once de noviembre del dos mil veintiuno, se dictó sentencia en la que se sobreseyó en el juicio de amparo. Ninguna de las partes interpuso recurso de revisión, en contra de la sentencia. En ese contexto, se tiene que no obra constancia de que las autoridades responsables, hayan sido notificadas de la sentencia que determinó sobreseer en el juicio de amparo. No obstante lo anterior, se está en condiciones de emitir el pronunciamiento que legalmente procede y que es relativo a causar ejecutoria la sentencia dictada dentro del presente juicio de amparo; lo anterior, porque en términos del artículo 87 de la Ley de amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer el recurso de revisión contra sentencias que afecten directamente el acto reclamado de cada una de ellas; y, es el caso, que en el presente asunto, se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Sentencia causa ejecutoria. En ese sentido, y vista la certificación que antecede, se advierte que las partes no impugnaron dentro del plazo legal la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se sobreseyó en el juicio, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente (destrucción, principal). Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. Valoración del incidente de suspensión. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva solicitada, se determina que los autos originales del incidente de suspensión es susceptible de DEPURACIÓN. Destino del expediente y transferencia. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión, su incumplimiento y el proveído que acuerde sobre su archivo como asunto concluido. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante; en conjunto con el expediente principal, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. Destino del duplicado. Ahora, por lo que ve al duplicado del presente cuadernillo, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo su destrucción, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado, ello, siempre y cuando exista el expediente original. Devolución de tomo de pruebas. En atención a que resulta innecesario conservar el tomo de pruebas que se formó con las constancias que remitió la autoridad responsable Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en la Ciudad de México; se ordena su devolución en un tomo; requiriéndole acusar el recibo correspondiente. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese; mediante lista que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 713/2021. RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo indirecto. El dos de agosto de dos mil veintiuno, Edilberto Portillo Mendoza presentó demanda de amparo indirecto en contra de actos de autoridad. En la misma, narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violados en su perjuicio los artículos 5, 14 y 16 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. Por auto de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, al que por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, la admitió a trámite; registrándola con el número 713/2021. Previos los trámites de ley, se celebró la audiencia constitucional en términos el acta que antecede, quedando el juicio en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados. De la demanda se advierte que se reclama: Del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: La emisión del oficio 110/F/B/7825/2021 de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual se incluye al quejoso en la lista de personas bloqueadas y se ordena la suspensión de forma inmediata de todo acto, operación o servicios financieros presentes y futuros. Del Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer: La ejecución del oficio 110/F/B/7825/2021 antes descrito y el consecuente bloqueo de la cuenta bancaria libretón Premium 0455211077 de BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, con residencia en la Ciudad de México, consistente en: La emisión del oficio 110/F/B/7825/2021 de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual se incluye al quejoso en la lista de personas bloqueadas y se ordena la suspensión de forma inmediata de todo acto, operación o servicios financieros presentes y futuros. Las autoridades responsables "VICEPRESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES; y, "REPRESENTANTE LEGAL DE BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, AMBOS CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO", fueron omisas en rendir su informe justificado, no obstante de haber sido debidamente notificados; el primero, por correo electrónico confirmado el dos de septiembre de dos mil veintiuno; y, el segundo, por Estafeta el nueve de agosto de dos mil veintiuno. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos que se les reclama, consistentes en: La ejecución del oficio 110/F/B/7825/2021 antes descrito y el consecuente bloqueo de la cuenta bancaria libretón Premium 0455211077 de BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer. Máxime, la existencia se corrobora con las constancias consistentes en el Acuerdo 168/2021, del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el cual se designan personas para ser incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y oficio 110/F/B/7825/2021, de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, y documentos relacionados, los cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2º. En el entendido de que el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público remitió sus constancias a través del juicio en línea, con eficacia demostrativa, en términos del artículo 22, fracción II, en concordancia con el diverso numeral 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, que prevé el uso de medio electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Es previo añadir que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita manifestó que este juicio de amparo debe sobreseerse porque -en su opinión- las autoridades responsables negaron la existencia de los acto reclamado, lo que trae como consecuencia que deba decretarse su sobreseimiento. Empero, tal argumentación se desestima, en virtud de que en párrafos que anteceden se tuvieron como ciertos. CUARTO. Causales de improcedencia. Procede analizar las causas de improcedencia que pudieran actualizarse en el juicio, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, por lo que hace a la inclusión del quejoso en la Lista de Personas Bloqueadas a que hace referencia el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado". De acuerdo con el precepto transcrito, el juicio de amparo es improcedente cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa, propuesto por la parte quejosa, que pueda tener como efecto modificar, revocar o nulificar los actos reclamados. Lo cual se advierte acontece en el caso concreto, pues de los antecedentes expuestos por la parte quejosa en su demanda, y de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el quejoso fue informado por la institución crediticia BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, que mediante el Acuerdo 168/2021, del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el quejoso fue ingresado a la Lista de Personas Bloqueadas, a que hace referencia el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Motivo por los que el quejoso presentó una promoción dirigida al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el dos de agosto de dos mil veintiuno, en la que en términos del procedimiento de garantía de audiencia previsto en la 73ª Disposición de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, hizo manifestaciones a fin de conocer los fundamentos y motivos de su incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas; asimismo, le solicitó a esa autoridad que en caso de existir duda sobre alguna operación bancaria o movimiento bancario o cualquier operación financiera se le hiciera saber para estar en posibilidad de realizar las aclaraciones o justificaciones necesarias; aunado a que de manera textual solicitó: ".TERCERO. Ordenar se elimine mi nombre de la lista de personas bloqueadas en el sistema financiero del país y en consecuencia ordenar con carácter de urgente a las instituciones financieras el desbloqueo inmediato de mis cuentas bancarias y se me permita realizar operaciones financieras.". A dicha promoción recayó el oficio 110/F/B/8713/2021, de tres de agosto de dos mil veintiuno, firmado por la Directora General Adscrita a la Unidad de Inteligencia Financiera, por el que previo en respuesta a su solicitud y ante la falta de certeza respecto de la fecha en que las instituciones de crédito le dieron a conocer la suspensión de actos, operaciones o servicios, los fundamentos de su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas y el plazo en el que podía acudir ante la autoridad competente para el desahogo de la Garantía de Audiencia, se le informó que para hacer valer sus derechos ante el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conforme a lo dispuesto en la 73ª de las Disposición de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito; se le otorgó un plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del referido oficio, para que remitiera el acuse de recibido del documento mediante el cual se le informó del bloqueo de sus cuentas. En cumplimiento de lo anterior, el quejoso presentó una promoción dirigida a la Directora General Adscrita a la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cinco de agosto de dos mil veintiuno, por medio del cual dio contestación a la prevención, manifestando que el treinta de julio de dos mil veintiuno, le fue notificado en su domicilio por parte de BBVA Bancomer, S.A. el cumplimiento al oficio 110/F/B/7825/2021, emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera donde se le informó de la inclusión en la lista de personas bloqueadas; con lo cual pidió se le tuviera desahogada la prevención. A tal solicitud recayó el oficio 110/F/B/8936/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, firmado por el Director de Área Adscrito a la Dirección General de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera, en representación del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se le informó que se encontraba en condiciones de hacer valer el procedimiento que en su favor le confiere la 73ª Disposición de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito; que contempla la Garantía de Audiencia; y, a efecto de hacerla valer se le señalaron las diez horas del diez de febrero de dos mil veintidós, para que el quejoso se presentara en las instalaciones de la unidad administrativa a su cargo, para imponerse del acuerdo e hiciera valer las manifestaciones que estimara pertinentes. Oficio en el que esencialmente se decreta el inicio del procedimiento previsto en la 73ª Disposición de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, pues se fija fecha para que el quejoso, comparezca a las instalaciones de la responsable, a fin de que se le informe los fundamentos y motivos por los que fue incorporado a la Lista de Personas Bloqueadas, y haga valer las manifestaciones que estimen pertinentes, para desvirtuar lo anterior. La citada 73ª Disposición de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, es del tenor siguiente: "73ª.- Las personas que hayan sido incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas podrán hacer valer sus derechos ante el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría conforme a lo siguiente: I. Se otorgará audiencia al interesado para que dentro del plazo de diez días hábiles, contado a partir de que tenga conocimiento de la suspensión a que se refiere la Disposición 72ª anterior, manifieste por escrito lo que a su interés convenga, aporte elementos de prueba y formule alegatos. El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, a petición de parte, podrá ampliar por una sola ocasión el plazo a que se refiere esta fracción, hasta por el mismo lapso, para lo cual considerará las circunstancias particulares del caso. II. El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dentro de los diez días hábiles siguientes a que se presente el interesado en términos de la fracción I anterior, emitirá resolución por la cual funde y motive su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas y si procede o no su eliminación de la misma, debiendo notificarla por oficio al interesado dentro de un plazo de quince días hábiles siguientes al de su emisión." De su contenido, se advierte que prevé un medio de defensa a favor de las personas que hayan sido incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas a que hace referencia el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, en el que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorga audiencia al interesado, para que manifieste por escrito lo que a su interés convenga, aporte elementos de prueba y formule alegatos. Siendo escuchado el interesado, el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dentro de los diez días hábiles siguientes a que se presente, emitirá resolución por la cual funde y motive su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas y determine si procede o no su eliminación de la misma. Por tanto, si el quejoso se sometió al procedimiento administrativo previsto en las Disposiciones de Carácter General que establece el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito; es decir, accionó ante el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera el medio de defensa previsto en la disposición 73 de Carácter General a que se refiere el citado numeral 115; mismo que se encuentra en trámite, ya que el Director de Área Adscrito a la Dirección General de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera, en representación del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo citó para darle a conocer los motivos y fundamentos del aseguramiento de sus cuentas; con la finalidad de continuar con el procedimiento de su garantía de audiencia, que, de conformidad con la norma que lo rige, puede concluir con la eliminación o no de su nombre de la lista de personas bloqueadas, lo que tiene por efecto la modificación, revocación o confirmación de su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas, y por ende el desbloqueo de sus cuentas bancarias, pretensión que resulta ser la misma que ha expuesto ante este órgano jurisdiccional, en el amparo que nos ocupa. Sin que se advierta que dicho medio de defensa haya sido resuelto por las autoridades que conocen del mismo, al no tenerse noticia al momento de emisión de la presente sentencia de la existencia de alguna resolución que le ponga fin. Máxime, si se considera que en términos de la 73ª Disposición de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito; que contempla la Garantía de Audiencia; y, a efecto de hacerla valer se le señalaron las diez horas del diez de febrero de dos mil veintidós, para que el quejoso se presentara en las instalaciones de la unidad administrativa a su cargo, para imponerse del acuerdo e hiciera valer las manifestaciones que estimara pertinentes. Tal circunstancia actualiza la causa de improcedencia señalada, ya que se está tramitando ante la autoridad competente un medio de defensa propuesto por la parte quejosa, que tiene por objeto modificar o revocar el acto reclamado, en términos de la mencionada disposición 73 de Carácter General. Lo anterior, en términos de la siguiente jurisprudencia: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." Así como el siguiente criterio: "LITISPENDENCIA. PARA CONSIDERAR ACTUALIZADA DICHA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO NO BASTA DEMOSTRAR QUE EL QUEJOSO INTERPUSO UN MEDIO DE DEFENSA IMPUGNANDO EL MISMO ACTO CONTRA EL CUAL PIDE AMPARO, SINO QUE TAMBIEN DEBE ACREDITARSE QUE AQUEL ESTABA EN TRAMITE AL PROMOVER EL JUICIO CONSTITUCIONAL. En el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se establece que el juicio regulado en la misma ley es improcedente: "Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesta por el quejoso, que pueda tener por efecto modificar, revocar, o nulificar el acto reclamado". Según se desprende del texto de la disposición legal en consulta, la causa de improcedencia ahí mismo prevista se actualiza una vez que concurran dos circunstancias, a saber: 1. Que el mismo quejoso ha interpuesto algún medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual demande amparo y que dicho medio de defensa esté tramitándose al momento en que se promueva el juicio de garantías; y 2. Que el recurso o medio de defensa legal intentado antes de acudir al amparo constituye una vía idónea de impugnación contra el acto de autoridad de que se trate, en atención a que es exigencia del precepto en análisis, que ese medio de impugnación pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto que se reclame a través del propio juicio constitucional, resultado que, por regla general, podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa empleado promovido es el adecuado, legalmente hablando. De manera que, para la aplicación del numeral en consulta se requiere, primero, que esté en trámite el medio de defensa intentado y, segundo, que el mismo pueda conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad combatido. De los preindicados elementos, sólo el primero es demostrable a través de los medios de prueba previstos en la ley de la materia, pues su existencia puede acreditarse a través de documentales, en la inteligencia de que, por regla general, en nuestro sistema jurídico positivo los medios legales de defensa deben interponerse por escrito; además, una vez interpuesto aquél de que se trate, la autoridad que de él conozca está obligada a dictar el proveído que corresponda conforme a derecho y éste usualmente se hace constar por escrito. Este aspecto de la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse demostrado cuando la parte interesada en ello justifique, por una parte, la interposición o promoción del medio de defensa de que se trate y, por la otra, que aquél se encontraba en trámite al momento en que se promueva el juicio de garantías a cuyo través esté impugnándose el mismo acto de autoridad que simultáneamente se está combatiendo por medio del diverso instrumento jurídico de defensa. Lo anterior se entenderá con mayor naturalidad si se toma en consideración el propósito que justifica el establecimiento legal de la aludida causa de improcedencia, consistente en evitar que existan dos resoluciones en relación con una misma controversia, que desde luego anula el riesgo de que aquellas sean contradictorias entre sí, el segundo de los elementos en cita no requiere de demostración, en atención a que se trata de una cuestión de derecho y, por ende, el juzgador de amparo podrá determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se demanda amparo, habida cuenta que la idoneidad jurídica de aquel instrumento podrá ser determinada una vez que se analice el marco normativo regulador del acto reclamado, así como el atinente al propio medio de impugnación intentado de manera previa o simultánea al amparo promovido contra el mismo acto de autoridad; por tanto, si en autos únicamente consta que la parte quejosa presente un ocurso mediante el cual impugna el mismo acto contra el que pide amparo, pero no se acredita que aquél se encuentre en trámite, tal circunstancia resulta insuficiente para considerar actualizada la causal de improcedencia en cuestión y, al ser así, resulta innecesario determinar si dicho ocurso constituye o no la vía idónea para conducir a la revocación, modificación o anulación del acto contra el cual se demanda amparo, habida cuenta que, tal como quedó anotado, la aplicación del numeral citado no puede darse sin la concurrencia de los dos elementos o requisitos que al efecto están dispuestos en el mismo." En consecuencia, toda vez que quedó acreditado que el quejoso solicitó garantía de audiencia ante la autoridad responsable Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, medio de impugnación que se encuentra en trámite y por el cual se puede revocar el acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo. Lo anterior sin soslayar que el procedimiento previsto en la disposición 73 de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, no constituye medio de defensa ordinario que deba agotarse obligatoriamente en acatamiento al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo; sin embargo, una vez planteado por el quejoso y demostrado que se encuentra en trámite, así como que sus alcances legales son los mismos que los que se pretenden con este juicio, es que se actualiza la causa de improcedencia invocada. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, respecto del acto reclamado al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, consistente en: La emisión del oficio 110/F/B/7825/2021 de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual se incluye al quejoso en la lista de personas bloqueadas y se ordena la suspensión de forma inmediata de todo acto, operación o servicios financieros presentes y futuros. Sobreseimiento que se hace extensivo, respecto de los actos reclamados al Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, pues su ilegalidad se hace depender del reclamado a la ordenadora y no se combaten por vicios propios; dichos actos a saber son: La ejecución del oficio 110/F/B/7825/2021 antes descrito y el consecuente bloqueo de la cuenta bancaria libretón Premium 0455211077 de BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer. Al actualizarse la causal de improcedencia indicada, no se aborda el estudio de los conceptos de violación, en términos de la jurisprudencia número 1028, del rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". QUINTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. SEXTO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 713/2021, promovido por Edilberto Portillo Mendoza, por los actos, autoridades; y, razones precisados en los considerandos segundo y cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En términos del considerando quinto, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Katia Orozco Alfaro, ante la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García, con quien actúa y da fe.
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