Edilberto Leobijildo Sánchez Estudillo

Expediente 548/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2015.

Datos del expediente

Expediente
548/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
14/05/2015

Partes del expediente

  • Edilberto Leobijildo Sánchez Estudillo

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a catorce de mayo de dos mil quince. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el promovente ***, hubiese recurrido el auto de veintiocho de abril de dos mil quince, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo de que se trata. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, específicamente de la certificación con que se da cuenta, de la que se advierte que, a la fecha ya transcurrió el término de quince días otorgado a la autoridad responsable Notario Público Número Dos de la Primera Demarcación Notarial de Morelos, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es devolver la cantidad **, monto retenido por el referido notario por concepto de derechos de inscripción ante el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado, sin que hubiese realizado lo anterior. Por lo anterior, toda vez que, la autoridad responsable en mención, no ha dado cumplimiento a la sentencia de que se trata, con fundamento en el artículo 192, párrafo tercero , de la Ley de Amparo, otórguesele por única ocasión un plazo de quince días, a efecto de que se encuentre en posibilidad de cumplir. Con el apercibimiento al Notario Público Número Dos de la Primera Demarcación Notarial de Morelos que de no dar cumplimiento sin causa justificada en el término concedido, se le hará efectivo el apercibimiento decretado mediante auto de veintitrés de enero de dos mil quince. Asimismo, requiérase al Secretario de Gobierno del Estado de Morelos , a efecto de que, en su carácter de superior jerárquico, ordene al Notario de que se trata, a dar cumplimiento a la presente ejecutoria, con el apercibimiento de que de no demostrar que dio la orden correspondiente, a se le impondrá como medida de apremio una multa por el equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, esto en observancia a lo establecido por el diverso numeral 258 de la ley de la materia en vigor, además, de que incurrirán en la misma responsabilidad de las autoridades responsables. Asimismo, no se soslaya la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 75/2005, bajo el rubro: "NOTARIOS. NO SON SERVIDORES PÚBLICOS", sin embargo, de acuerdo con una interpretación gramatical y directa de la misma, en el presente caso resulta inaplicable, pues efectivamente, el notario público requerido si bien, no tiene el carácter de servidor público por no haber sido elegido de manera popular, ni se halla dentro de la administración pública estatal o municipal, ni depende del gobierno o de una entidad paraestatal, lo cierto es, que dicha Jurisprudencia data del año dos mil cinco, siendo que a partir de la publicación de la Ley de Amparo el dos de abril de dos mil trece, conforme al artículo 1o, último párrafo, el juicio de amparo también protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley. Es decir, efectivamente el notario no es un servidor público, sin embargo, sus funciones como particular pueden generar actos en agravio de los gobernados, cuando actúa en funciones de orden público que le corresponden al Estado. Para justificar lo anterior, se cuenta con lo previsto en los artículos 1o. y 2o. y 31, de la Ley del Notariado del Estado de Morelos. De las disposiciones transcritas se colige que el ejercicio del notariado en el Estado de Morelos, es una función de orden público, que corresponde al Estado, quien la ejercita por medio de profesionales del derecho, que obtengan la patente de notarios públicos. Que el Ejecutivo del Estado autorizará la creación y funcionamiento de las notarías, con arreglo a lo dispuesto en la misma. Con base en las anteriores disposiciones, es posible concluir que los notarios públicos tienen el carácter de auxiliares en ciertas áreas que le corresponde al Estado, por ejemplo, la recaudación de los derechos por el Registro Público de la Propiedad, previstos en el artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, toda vez que están facultados para presentar la solicitud de inscripción ante el registro correspondiente y realizar el pago de los derechos que cause el acto respectivo, lo que implica que estén facultados para llevar a cabo su retención; hecho lo cual, tienen la obligación de enterarlos ante la Secretaría de Hacienda u oficinas autorizadas. Tan es así, que los notarios públicos son retenedores de los derechos por el Registro Público de la Propiedad que contempla del artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos y en su caso, pueden ser sancionados cuando se omita el pago de una prestación fiscal que corresponda a los actos o contratos que hagan constar en escritura pública. Es decir, la Ley del Notariado, contempla que estos particulares, al actuar en representación del Estado, pueden cometer ciertos actos que generen una suspensión en el ejercicio de sus funciones ; la cual, de conformidad con el artículo 106, fracción II de la citada legislación, puede ser impuesta por la Secretaría General de Gobierno. En consecuencia, es claro que el objetivo de este Juzgado, es primordialmente vigilar el cumplimiento de las ejecutorias de amparo que se pronuncien, las cuales son de orden público; de ahí que se tenga que acudir a los medios legales y adecuados para ello, de tal suerte que bajo un argumento lógico jurídico, si la Secretaría General de Gobierno puede sancionar a un notario público, podrá requerirlo para que éste a su vez de cumplimiento a lo ordenado por esta autoridad. En diferente orden de ideas, téngase por recibido el oficio remitido por la Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal en suplencia por ausencia de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, mediante el cual, remite copia certificada del cheque **. Por tanto, instrúyase a la quejosa para que dentro del término de setenta y dos horas contadas a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, acuda debidamente identificado ante las oficinas que ocupa la citada autoridad responsable, a recoger el referido título de crédito. Asimismo, se requiere a la autoridad oficiante, para que, en cuanto la parte quejosa comparezca a recoger el pago correspondiente, remita copia certificada de las constancias con las que lo acredite; ello, a fin de estar en condiciones de pronunciarse respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Con el apercibimiento a la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedora a una medida de apremio consistente en una multa por la cantidad equivalente a cincuenta días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 259, de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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