Edilberto Carlos Castillo

Expediente 1270/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 31 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1270/2022
Año
2022
Actuaciones
31
Última actuación
08/05/2023

Partes del expediente

  • Dolores del Carmen Almaguer Salazar
  • Edilberto Carlos Castillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Principal

    VISTOS; los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo 1270/2022; promovido por Edilberto Carlos Castillo; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito recibido el doce de julio de dos mil veintidós, en el buzón judicial correspondiente a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en Ciudad Victoria, turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, Edilberto Carlos Castillo, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por el acto siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO DE INFORME FOJAS JUEZ DE CONTROL EN LA SEGUNDA REGIÓN JUDICIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, con residencia en Mante, Tamaulipas. Niega 21257 JUEZ DE CONTROL EN LA SEGUNDA REGIÓN JUDICIAL DEL ESTADO, con residencia en Xicoténcatl, Tamaulipas. Cierto 18415 Agente del Ministerio Público del Procedimiento Penal Acusatorio y Oral, Adscrito a la Unidad General de Investigación No. 1, con residencia en Xicoténcatl, Tamaulipas. Niega INFORME PREVIO 16913 ENCARGADO DE LA PQLRA INVESTIGADORA ADSCRITO A LA REGIÓN V, Xicoténcatl, Ocampo y Gomez Farías. Niega 19311 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA ESTATAL DE XICOTÉNCATL, TAMAULIPAS. Niega 16353 ACTO RECLAMADO: "IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME.- De la Autoridades Considerada Responsables y que lo es La C. Juez de la H. Sala de Audiciencias de la Segunda Región Judicial del Estado, en Ciudad Mante, Tamaulipas, le reclamo La resolución de Control de Garantías de fecha 6 de Julio de 2022, relativa a la medida Provisional sobre restitución de sus bienes objetos". Ello, al considerar que viola en su perjuicio las garantías de libertad, seguridad jurídica y legalidad, previstas en los artículos 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Previo desahogo de requerimiento por auto de dieciocho de julio de dos mil veintitrés, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, admitió a trámite la demanda y la registró con el número de expediente 1270/2022; requirió el informe justificado a las autoridades responsables, se otorgó la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público adscrito, y, fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Con posterioridad, se ordenó emplazar a los terceros interesados. Hecho lo anterior, tuvo verificativo la audiencia constitucional correspondiente al presente asunto, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 de la Ley de Amparo; 48, 49 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII del Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; tomando en consideración que el acto reclamado le es atribuido a autoridades con domicilio en que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación concreta del acto reclamado. Para efecto de mantener congruencia entre lo pretendido y lo que se resolverá en este fallo, en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se fija de manera clara y precisa el acto atribuido. Así, del análisis del escrito de demanda en su integridad, atendiendo a la intencionalidad de la parte quejosa, además de las constancias de autos que contienen los datos y elementos que lo conforman, se pone de manifiesto que reclama de las autoridades responsable lo siguiente: La determinación de seis de julio de dos mil veintidós, dictada por el Juez de Control en la Segunda Región Judicial del Estado de Tamaulipas, de Xicoténcatl, Tamaulipas, dentro de la carpeta preliminar CE/0008/2022, a través de la cual se ordenó la restitución provisional de los inmuebles. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. Como la existencia o inexistencia de los actos reclamados, es una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia, procede analizar el informe justificado rendido por las autoridades responsables. Las autoridades responsables: AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO DE INFORME FOJAS JUEZ DE CONTROL EN LA SEGUNDA REGIÓN JUDICIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, con residencia en Mante, Tamaulipas. Niega 21257 Agente del Ministerio Público del Procedimiento Penal Acusatorio y Oral, Adscrito a la Unidad General de Investigación No. 1, con residencia en Xicoténcatl, Tamaulipas. Niega INFORME PREVIO 16913 ENCARGADO DE LA PQLRA INVESTIGADORA ADSCRITO A LA REGIÓN V, Xicoténcatl, Ocampo y Gomez Farías. Niega 19311 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA ESTATAL DE XICOTÉNCATL, TAMAULIPAS. Niega 16353 Negaron la existencia del acto que el quejoso les atribuye, sin que desvirtuaran dichas negativas. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente asunto. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 310, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya síntesis se publica en la página 209, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". De igual forma, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, registro: 227634, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Segunda Parte-2, Materia Común, Página: 627, que a la letra dispone: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Cuarto. Certeza del acto reclamado. El Juez UEZ DE LA SALA DE AUDIENCIAS DE LA SEGUNDA REGIÓN JUDICIAL DEL ESTADO EN CIUDAD MANTE, TAMAULIPAS Juez de Control en la Segunda Región Judicial del Estado, con sede en Xicoténcatl, Tamaulipas, admite expresamente el acto reclamado. Lo que se corrobora con la documental que adjuntó como su complemento la autoridad jurisdiccional, consistente en diversas actuaciones relativas a la carpeta preliminar CE/0008/2022, un disco versátil digital (DVD) que contiene la videograbación de la audiencia respectiva. El cual tiene valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 43/2013 (10a.) sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que se puede consultar en la foja 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Décima Época, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.". Quinto. Causales de improcedencia. Ahora bien, sentado lo anterior y establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, el que suscribe considera que respecto del acto reclamado al Juez de Control en la Segunda Región Judicial del Estado, con sede en Xicoténcatl, Tamaulipas, consistente en la medida provisional de restitución de inmueble, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, atento a las siguientes consideraciones. Bajo ese contexto es de precisarse que el amparo indirecto es un juicio extraordinario; su procedencia y tramitación está regida por reglas especiales y principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, se encuentra el "principio de definitividad", que establece que dicho juicio únicamente es procedente en contra de actos definitivos, es decir, actos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados. En consecuencia, la definitividad vertical del acto como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a dicho juicio se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. En este sentido, la propia Constitución Federal y su ley reglamentaria en la materia, restringen la procedencia del amparo, atribuyéndole al juicio constitucional el carácter de una instancia extraordinaria, es decir, de un medio de reparación de la violación de garantías al que no se puede acudir sino cuando previamente se han agotado sin éxito las medidas ordinarias de defensa. La regla general que establece este principio consiste en que cuando un acto autoritario viola garantías individuales, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse el o los recursos ordinarios por virtud de los cuales puede ser modificado, revocado o destruido dicho acto. En este sentido, el principio de definitividad (vertical) implica, como condición general, que el acto que se ataque en el juicio de amparo, por considerarlo violatorio de garantías constitucionales, debe ser un acto definitivo, en el sentido de que no pueda ser impugnado por algún medio o recurso ordinario cuya interposición pueda dar lugar a su modificación, revocación o anulación. El principio de definitividad es un requisito para la procedencia del juicio de garantías en términos de la propia Ley de Amparo, en su artículo 61, fracciones XVIII, XIX y XX, en las que establece como sanción por el incumplimiento de dicho principio la improcedencia del juicio, de la siguiente manera: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;." La anterior transcripción confirma la regla general que se deriva del principio de definitividad (vertical), según la cual, para que proceda el juicio de garantías debe de tratarse de "actos definitivos" en la acepción que la propia legislación da de dichos actos, por lo que resulta lógico que la inobservancia del principio trae como consecuencia, también por regla general, la improcedencia de la acción constitucional intentada. En efecto, la fracción XVIII del referido artículo 61 de la Ley de Amparo, establece como causal de improcedencia la derivada del hecho de que existan recursos ordinarios que puedan interponerse contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo reclamadas, que no se agotaron previamente a la promoción del juicio de garantías. Por su parte, la fracción XIX, a la que resulta de la circunstancia de que en el momento de la instauración del juicio se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal contra el acto reclamado que pudiera revocar o nulificar dicho acto. Finalmente, la fracción XX alude a los casos en que tratándose de actos emitidos por autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, deban ser revisados de oficio o sean impugnables mediante algún recurso o medio por el que pudieran ser revocados o modificados. En todos estos supuestos el acto reclamado carece de definitividad y no es, por consiguiente, reclamable en amparo. Ahora, de la demanda de garantías se advierte que la parte quejosa se duele de la medida provisional de restitución de inmueble decretada a favor de la víctima u ofendido, dentro de la carpeta preliminar CE/0008/2022, que se instruye en contra del quejoso y otros, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de despojo de cosas inmuebles. Siendo que, como se adelantó, respecto de dicho acto reclamado se surte la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. A fin de evidenciar lo anterior es necesario precisar que en el título XII, capítulo II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se prevén dos recursos, el de revocación y el de apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de alzada confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en primera instancia, en los puntos relativos a los agravios expresados. Ahora bien, el artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala: "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables. Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: Las que nieguen el anticipo de prueba; Las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o no los ratifiquen; La negativa o cancelación de orden de aprehensión; La negativa de orden de cateo; Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares; Las que pongan término al procedimiento o lo suspendan; El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso; Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso; La negativa de abrir el procedimiento abreviado; La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, o Las que excluyan algún medio de prueba. Por su parte, la revocación con base a lo establecido en el arábigo 465, dispone que dicho recurso procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. Dicho precepto legal dispone: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación. El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. De tal modo que si el quejoso reclama en esta instancia constitucional la medida provisional de restitución de inmueble decretada en favor de la víctima u ofendido en la carpeta preliminar CE/0008/2022, que se les instruye por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de despojo de cosas inmuebles, es indudable que en su contra procede el recurso de apelación. Lo anterior ya que del ordinal 467, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que las resoluciones del juez de control serán apelables -entre otros supuestos- las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares; y, si la víctima a través de su apoderado legal solicitó, conforme al artículo 111 del mismo ordenamiento, la medida para la restitución de sus bienes o el restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes del hecho por el cual se sigue la causa penal, estamos ante el supuesto de la norma, ya que la resolución reclamada se ocupó de la medida provisional de restitución del bien inmueble, en el juicio natural. En ese orden de ideas, si el acto en estudio es impugnable en vía de apelación, es inconcuso que, previo a instar la acción constitucional, la parte quejosa debió agotar el medio ordinario de defensa que establece la codificación de la materia, es decir, a través del cual podía modificarse o revocarse, lo que sería en beneficio de los intereses de la parte quejosa. Además de que no se está en alguno de los casos de excepción previstos en el artículo 61, fracción XVIII, incisos a), b), c) y d), de la Ley de Amparo, previamente transcritos. Toda vez que si bien este asunto es de naturaleza penal, no se trata de alguno de los actos a que se refieren los citados incisos a) y b). Así, tampoco se actualiza la hipótesis marcada con el inciso c), dado que quien comparece al presente juicio les reviste el carácter de imputados dentro de la causa de origen. Por último, como se aprecia del propio acto reclamado, no se trata de un auto de vinculación a proceso, por tanto, no encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del numeral citado. Sin que obste que la resolución reclamada pudiera considerarse un acto de imposible reparación, ya que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que en el caso de actos de esa índole, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 119/2011 (9a.), sustentada por la Primer Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra publicado en la página 2235, tomo 3, libro III, del mes de diciembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo rubro y texto a continuación se transcribe: "MEDIDA PROVISIONAL DE RESTITUCIÓN O EMBARGO PRECAUTORIO CON MOTIVO DE LA COMISIÓN DE UN DELITO. LA DETERMINACIÓN JUDICIAL QUE LA DECRETA DENTRO DE JUICIO NO CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que en su caso procedan. Condición impuesta que deriva de la observancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, el cual opera como regla general y tiene como excepciones legales los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro, así como cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. Por tanto, si la determinación judicial dictada dentro de juicio que decreta la medida provisional de restitución o embargo precautorio de un inmueble relacionado con la comisión del delito, a pesar de tener el carácter de actos de ejecución irreparable, no actualizan alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad; es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." No pasa inadvertido el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, en la tesis con registro 2022369, de rubro: "MEDIDA PROVISIONAL QUE ORDENA RESTITUIR A LA VÍCTIMA U OFENDIDO EL BIEN INMUEBLE OBJETO DEL DELITO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 111 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. AL NO ENCONTRARSE EN NINGUNA DE LAS HIPÓTESIS DE PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS DE REVOCACIÓN Y APELACIÓN EN SU CONTRA, ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 119/2011 (9a.)]." Sin embargo, se trata de una tesis que como tal no es de observancia obligatoria como sí lo es a jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación citada en líneas precedentes. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia señalada, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo en términos del diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por consiguiente, al estar demostrado el motivo de sobreseimiento y causal de improcedencia, en el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV y V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por los quejosos Edilberto Carlos Castillo, contra las autoridades señaladas como responsables, por los actos precisados en el considerando segundo, de conformidad con los fundamentos y motivos expuestos en el considerando tercero y último de este fallo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda, el escrito signado por el Licenciado David Ramos Mayor, apoderado legal de la tercero interesada Dolores del Carmen Almaguer Salazar, personalidad que se advierte de las constancias allegadas por la autoridad responsable Juez De Control en la Segunda Región Judicial del Estado, con residencia en Xicoténcatl, Tamaulipas, a través de su oficio 1332/2022 (promoción 18415), específicamente en el oficio UGI/1798/2022; en atención a su contenido, se le tiene señalando como correo dramos@delagarzavega.comhotmail.com para posteriores notificaciones. Notifíquese.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que el informe justificado rendido por el Juez de Control en la Segunda Región Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en Mante, no fue rendido con los ocho días de anticipación a la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy; por lo que, con fundamento en artículo 117 párrafo segundo de la Ley de Amparo, se difiere la misma y se señalan las DOCE HORAS DEL VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDOS; para el efecto de que las partes se impongan del mismo y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 54/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, Tomo XI, Abril 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noveno Época, Materia Común, cuyo rubro dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Finalmente, de conformidad con los artículos 28, fracciones I y II, y 29 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la autoridad que, con la finalidad de optimizar los recursos materiales, únicamente se le notificará de manera personal, es decir, por medio de oficio, aquellas determinaciones que por la trascendencia del contenido del auto o resolución que deban notificársele lo ameriten; en tanto que los acuerdos de trámite de menor importancia se le notificará de la misma manera que a las demás partes, esto es, por medio de lista. De la misma manera, tomando en consideración que el segundo de los numerales en cita prevé que, en los juicios de amparo, las notificaciones por lista se harán en una que se fijará y publicará en el local del órgano jurisdiccional, en un lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, se informa a las partes que, en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (www.cjf.gob.mx), o bien, mediante el ingreso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx), pueden realizar la consulta de dicha lista, así como de la información que de este expediente se encuentra capturada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, registro 2002576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Notifíquese.

  4. Principal

    agréguese el auto de diez de octubre de dos mil veintidós, derivado del juicio de amparo 2172/2019, por medio del cual remite el escrito signado por el quejoso Marco Antonio Sing Ledezma, mediante el cual solicita copia certificada de un auto dictado dentro del presente juicio de amparo, sin que se advierta a qué auto se refiere. Por lo tanto, a fin de proveer sobre la solicitud, se requiere a la parte quejosa para que en el término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga, realice lo siguiente: Señale cuál es el auto del que solicita copia certificada dentro del presente sumario. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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