Edilberto Calderon Jarquin

Expediente 416/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
416/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
08/05/2023

Partes del expediente

  • Edilberto Calderon Jarquin

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto de veinticinco de abril del año en curso, que desechó la demanda de amparo origen de este expediente; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo previsto en los artículos 18, 20 y 36 del citado Acuerdo General, y conforme a la certificación de cuenta se precisa que el presente expediente no contiene documentos originales; asimismo, con fundamento en el artículo 21 inciso d) del multicitado Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda, este expediente es DESTRUIBLE, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA VII "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. REGISTRO DE EXPEDIENTE De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 416/2023. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se hace del conocimiento de las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea, con el que intervengan las partes en un asunto, se adopta como eje rector la tramitación electrónica en el juicio de amparo. Por lo anterior, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los expedientes físicos deberán contener únicamente aquellos documentos recibidos por esta vía. Instrúyase al Secretario a cargo de este expediente y al personal correspondiente, para que verifiquen, según sus atribuciones, la debida integración del expediente electrónico, así como del expediente físico con las constancias respectivas. PARTE QUEJOSA ******, por propio derecho. AUTORIDAD RESPONSABLE Sala Regional en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves y Segunda Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ACTO RECLAMADO Negativa de admitir a trámite la queja por omisión, conforme al artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS Derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. DESECHAMIENTO En tales condiciones, con fundamento en los artículos 61 y 62 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, se advierte que, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 107, FRACCIONES IV Y V, DE LA LEY DE AMPARO, relativa a que el acto reclamado no es de imposible reparación, aunado a que no constituye la última resolución en la etapa de ejecución; preceptos que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Articulo.107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendiendo al resultado de la resolución. (.). V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.].". De los preceptos transcritos se advierte que en actos de ejecución de sentencia, el amparo solo procede contra la última resolución dictada en el procedimiento o bien declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, pudiendo reclamarse las violaciones que hubieren dejado sin defensa al quejoso, trascendiendo al resultado del fallo. Asimismo, que tratándose de actos emanados de un procedimiento, el juicio de amparo sólo es procedente contra actos que afecten materialmente derechos sustantivos, es decir, cuya ejecución sea de imposible reparación. En ese sentido, los actos procesales tienen ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución, como son en el caso, el derecho a una impartición de justicia pronta consagrado en el artículo 17 Constitucional. En cambio, contra los actos del procedimiento de ejecución reparable, no procede el amparo indirecto, puesto que no trastocan tales derechos, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, pues tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Ahora, en el caso concreto, de un análisis integral del escrito de demanda, se infiere que, la parte quejosa reclama de la Sala Regional en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves y Segunda Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la inadmisión a trámite de la queja por omisión, que promovió con fundamento en el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y que dicha Sala, por acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintitrés, desechó la queja por improcedente, toda vez que se encontraba transcurriendo el plazo de tres días otorgados a la autoridad demandada Subdelegación de Prestaciones del ISSSTE en Oaxaca, para el cumplimiento a la sentencia definitiva. De lo anterior, se advierte que la determinación reclamada por la quejosa que desechó su recurso de queja, no guarda autonomía, sino que se encuentra subordinada al procedimiento de ejecución del juicio de nulidad, en términos de lo dispuesto por el artículo 58, fracción II, inciso a), punto 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dispone: "Artículo 58. A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: I. La Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su Presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, la Sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue: a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó de acuerdo con las reglas siguientes: Procederá en contra de los siguientes actos: 3. Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia.". En ese orden de ideas, se advierte que la Sala responsable, mediante auto de nueve de marzo del año en curso, dictado en el juicio natural, inició el procedimiento de requerimiento contemplado en el artículo 58 de la ley del acto, para lograr el cumplimiento de la sentencia definitiva, por lo que al estar transcurriendo el plazo de tres días otorgado a la autoridad demandada, en diverso auto de la misma fecha desechó la queja del promovente. En ese sentido, la determinación que se reclama, al encontrarse subordinada al procedimiento de ejecución del juicio de nulidad, no contraviene un derecho fundamental de la quejosa pues no existir una dilación en el cumplimiento de la sentencia definitiva -ya que aún transcurre el plazo de tres días otorgado a la autoridad demandada- por lo que no constituye un acto de imposible reparación. Aunado a que al estar el juicio de origen en la etapa de ejecución, no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución reclamado, porque una vez que transcurra el plazo de tres días, previsto en el artículo 58 de la Ley de la materia, la quejosa se encuentra en aptitud de promover lo conducente. Así al resultar que la demanda de amparo presentada por la parte quejosa es improcedente, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones IV y V, y por los diversos numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. AUTORIZADOS En atención a la certificación realizada por la Secretaria de este Juzgado, téngase por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *****, no así a las restantes personas que menciona, toda vez que no se encuentra inscrita cédula a su nombre en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado mediante Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil cinco. MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que el promovente señala la autorización a las personas que menciona para tomar fotos de cada actuación judicial y pruebas documentales que consten en autos; al respecto, no obstante que el uso de dichos medios para obtener la información de las actuaciones practicadas en el juicio, no está regulada en la ley de la materia, en términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa y sus autorizados para utilizar cámara digital o scanner, que le permita copiar constancias y reproducir el contenido de las resoluciones que obren en el expediente; sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción o edición que hagan de ellos los peticionarios, quienes estarán obligados a utilizar los medios correspondientes con la debida lealtad procesal. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a página dos mil ochocientos cuarenta y siete del tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, materia civil, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." En el entendido de que dicha reproducción deberá realizarse en la secretaría correspondiente, dejándose constancia en el expediente de los documentos que se hayan reproducido. COMUNICACIONES NO PROCESALES Se tiene al impetrante del amparo promovente señalando los correos electrónicos que proporciona, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. CONSULTA Y NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Toda vez que conforme a la certificación de cuenta se advierte registrado el usuario "jatoledo" en el apartado respectivo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; con fundamento en el último párrafo del considerando noveno, 35, 36, 39 y 98 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la referida parte procesal la consulta del expediente electrónico de este asunto. Para ello la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, adscrita a este juzgado, deberá vincular el usuario que indica el promovente previa verificación de que los datos coincidan con los registros de la base que arroje el sistema. Asimismo, como lo solicita, se autoriza la notificación electrónica de las resoluciones emitidas en este asunto; por lo que dígase a la parte promovente que para ser notificada de los acuerdos y determinaciones deberá ingresar con el nombre de usuario y contraseña, o bien a través de su firma electrónica, al módulo de consulta de notificaciones de Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Tome nota el área de actuaria para los efectos legales consiguientes. JUICIO EN LÍNEA En otro aspecto, se exhorta a la parte quejosa para que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; a través del cual podrán presentar promociones y realizar la consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. AUTORIZACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA DE DETERMINACIONES Y OFICIOS Se hace del conocimiento de las partes, que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. Por último, se autoriza al Secretario encargado del trámite del presente expediente para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE AL PROMOVENTE.

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