Edilberto Bejar Leon

Expediente 1183/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1183/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
10/02/2023

Partes del expediente

  • Edilberto Bejar Leon

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a diez de febrero de dos mil veintitrés. Como de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término previsto por el artículo 86, de la Ley de la Materia, para que las partes legitimadas recurrieran la sentencia de diez de enero de dos mil veintitrés, en la que se negó el amparo y protección de la justicia de la unión en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto de la autoridad responsable, en virtud de que no está legitimada para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del rubro siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." Por otra parte, como de la constancia secretarial se advierte que no existe acuerdo pendiente de dictar, ni diligencia por practicar, además, no existe certificado de depósito que devolver a las partes; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa es DEPURABLE toda vez que se negó el amparo y protección de la justicia federal solicitada por la parte quejosa; de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14, 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: "Artículo 18.- Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; c) Los expedientes relativos a las causas civiles o administrativas federales. Además, se precisa que no se ordenó la apertura del incidente de suspensión; asimismo, que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Notifíquese.

  2. Principal

    V I S T O S para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número V-1183/2022-2; y Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 35, 37, 75, 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo, se S E R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia federal NO AMPARA NI PROTEGE a ..., en contra de los actos que reclamó de la autoridad responsable precisada en el considerando tercero, por las razones expuestas en el diverso considerando quinto. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, a catorce de diciembre de dos mil veintidós. En términos de los artículos 75 y 117 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable en cita, por rendido su INFORME JUSTIFICADO al que anexa las documentales que lo sustenta; con ello dése vista a las partes por el término de ocho días para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. Notifíquese.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, a siete de diciembre de dos mil veintidós. Como de la constancia secretarial que antecede, se advierte que transcurre el término de quince días que prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo para que la autoridad responsable en cita, rinda su informe justificado; por tanto, a fin de dar margen a lo anterior se DIFIERE la celebración de la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIEZ DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS para que tenga verificativo. Notifíquese.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

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