Edilberto Ayala Villalobos

Expediente 465/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
465/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
26/08/2022

Partes del expediente

  • Edilberto Ayala Villalobos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a veintiséis de agosto de dos mil veintidós. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial de cuenta, se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso Edilberto Ayala Villalobos hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, en el que se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa (que es a la parte a quien pudiera afectarle el sentido de esa determinación); en tal virtud, se acuerda lo siguiente: Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Siguiendo con la vista del estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de que el mismo se SOBRESEYÓ, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se formaron los mismos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, secretario que autoriza. Doy fe.-

  2. Principal

    V I S T O S para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 465/2022-IX, promovido por Edilberto Ayala Villalobos, contra actos del contra actos del Gobernador del Estado y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito depositado el dos de mayo de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, remitido al día siguiente, por razón de turno, a este Juzgado Tercero de Distrito, Edilberto Ayala Villalobos compareció a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra del Gobernador del Estado y otras autoridades, de quienes medularmente reclamó la aprobación, promulgación y publicación de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal 2022, y su acto de aplicación materializado en el cobro de derechos por la prestación de servicios de registro y control vehicular de transporte particular. En ese ocurso, la parte promovente narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Desechamiento, admisión y tramitación del juicio. Mediante auto de cuatro de mayo de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional radicó la demanda bajo el expediente 465/2022, y la desechó de plano contra los actos reclamados al Secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo y al Director del Periódico Oficial, así como respecto del acto de aplicación atribuido al Director de Recaudación. Por el resto de las autoridades -Gobernador y Congreso del Estado- la admitió a trámite; requirió sus informes con justificación y dio la intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Finalmente, el veintiuno de junio de dos mil veintidós, tuvo lugar la audiencia constitucional que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán es legalmente competente por razón de territorio, materia y grado, para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 37 y 107, fracción III, de la Ley de Amparo, y el diverso 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Toda vez que se reclama una norma general-local de naturaleza administrativa (fiscal), cuyos efectos se materializan dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano federal tiene jurisdicción y competencia mixta. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo además en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". De igual forma se invoca la jurisprudencia 40/2000, del contenido y datos que enseguida se anotan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas a este sumario, se advierte que los actos reclamados son los siguientes: Del Congreso y del Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo, en el ámbito de sus respectivas competencias, la inconstitucionalidad material de: La aprobación, promulgación y publicación del Decreto Legislativo por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal 2022, particularmente, el artículo 20, fracciones I y II, ambas en sus incisos A), que prevén la causación de derechos por la prestación de servicios de registro y control vehicular de transporte particular, específicamente, por dotación de placas y por holograma, o refrendo anual de calcomanía de circulación. Ello con motivo del primer acto de aplicación materializado en el recibo de pago con folio 40002392475. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados toda vez que al rendir su informe con justificación, las autoridades señaladas como responsables refirieron manifestaciones de las que se aprecia que aceptaron su existencia dentro de su respectiva competencia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Cabe reiterar que, en el caso, se reclaman dos porciones normativas de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal 2022; entonces, no es necesario que se acredite su existencia con algún tipo de prueba, conforme al principio jurídico de que "la ley no es objeto de prueba". Por ello acorde a lo previsto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, su existencia constituye un hecho notorio para este juzgado constitucional. Apoya la anterior consideración, por identidad jurídica esencial, la jurisprudencia 65/2000 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la literalidad siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." CUARTO. Análisis de causales de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. En la especie, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, al haberse presentado la demanda fuera del término legal concedido para accionar. Los preceptos en mención establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De conformidad con los preceptos trascritos, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro del término de quince días hábiles, contados desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de los actos que se impugnen vía amparo; al en que haya tenido conocimiento del mismo o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Del penúltimo de los numerales reseñados se desprende que el juicio de amparo debe instarse dentro del término de quince días hábiles, lapso que se contabilizará: a). A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame; b). A partir del día siguiente al en que el impetrante haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución; ó, c). A partir del día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Destaca que el legislador hizo especial énfasis en tres formas para computar el plazo de quince días hábiles dentro del cual ha de presentarse la demanda de amparo para tenerla por oportunamente presentada, todas ellas con características propias y excluyentes entre sí. De la primera, debe apuntarse la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se estiman legales y, por ende, válidas para efectos del cómputo de los quince días hábiles para la promoción del juicio de garantías, mientras tanto no se declare su nulidad en la vía correspondiente. Al respecto ilustra el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "NOTIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. SURTE EFECTOS CONFORME A LAS REGLAS IMPUESTAS POR LA LEY DE LA MATERIA, CON INDEPENDENCIA DE QUE ESA FECHA SEA CONSIDERADA COMO INHÁBIL POR LAS NORMAS QUE RIGEN EL JUICIO DE AMPARO. No obstante que los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establecen los días que serán considerados como inhábiles respecto del cómputo de los términos en el procedimiento del juicio de amparo; ello no puede hacerse extensivo a las actuaciones procesales propias del acto reclamado como son aquellas en las que se determine el momento en que deberán surtir efectos las notificaciones, puesto que en sentido estricto, no corresponden al procedimiento de amparo. En consecuencia, con independencia de que el día en que surta efectos la notificación del acto reclamado se considere inhábil para los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, el plazo de los quince días a que hace mención el artículo 21 de la Ley de Amparo se iniciará precisamente al día siguiente al en que surta efectos conforme a la ley del acto la resolución o acuerdo reclamado.". La segunda forma para computar el plazo de quince días hábiles, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que éste último "tuvo conocimiento" en determinada fecha de los actos reclamados; mas tal conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario de garantías conoció en forma directa, plena y completa el acto reclamado, es decir, de manera integral, según lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis que dice: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones.". Por último, en la tercera forma contenida en el artículo 18 de la Ley de Amparo, al establecer que el plazo de quince días hábiles para la promoción de la demanda de amparo se contará desde el día siguiente ".al en que se hubiera ostentado sabedor de los mismos", implica una expresión exclusiva de la quejosa a través de la cual se manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que puede estimarse entraña una confesión expresa por parte de la afectada porque se supone que la fecha en que se ostenta sabedora del acto reclamado con respecto a la presentación de la demanda le perjudica. Así, cuando la parte quejosa se manifiesta sabedora en determinada fecha de los actos reclamados, no es necesario que, además, se exija que conoció en forma plena, directa y completa el acto reclamado, toda vez que ello se encuentra inmerso al ostentarse sabedora del mismo. De tal manera que basta con que, con pleno conocimiento de lo que expresa, se ostente sabedora del acto reclamado en determinada fecha, sin que medie coacción ni violencia de tal hecho y que éste le perjudique, para que el juzgador de amparo contabilice el término de la presentación de la demanda a partir de la fecha en que la quejosa se hizo sabedora del acto reclamado. Ello tal como lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que enseguida se reproduce: "DEMANDA DE AMPARO. TÉMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). ES INAPLICABLE SI EL QUEJOSO CONOCIÓ POR VIA TELEFÓNICA LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO DEL QUE DERIVAN LOS ACTOS RECLAMADOS. El último párrafo del artículo 22 de la Ley de Amparo señala que "no se tendrán por ausentes, para los efectos de este artículo..." a quienes "...en cualquiera forma se hubiesen manifestado sabedores del procedimiento que haya motivado el acto reclamado." La expresión "en cualquiera forma" autoriza a considerar como apto para este fin a cualquier medio de comunicación del que se haya servido el agraviado para tener noticia del procedimiento seguido en su contra, si a través de ese medio el quejoso conoce los datos necesarios que le permitan, por sí o por conducto de un mandatario, comparecer ante el Juez del proceso y ejercer con plenitud la defensa de sus derechos en el juicio respectivo.". Precisadas las características esenciales de las tres hipótesis previstas en el artículo 18 de la Ley de Amparo, debe señalarse que las mismas no guardan un orden de preferencia; sino que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de garantías comenzara a computarse a partir del día siguiente al en que se verificara cualquiera de los tres supuestos establecidos en el invocado numeral. Por otra parte, se toma en cuenta que en la práctica la forma de enterar el tributo a cargo del contribuyente, también se le ha denominado, autodeterminación, que es el procedimiento que el propio contribuyente realiza con la determinación de sus impuestos y para efectuar el entero respectivo. Pues se parte de la buena fe del sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria, quien cumple espontáneamente y en tiempo con sus obligaciones formales y sustantivas en materia fiscal. Para lograr con éxito lo anterior, se requiere una cultura fiscal, leyes tributarias claras y sencillas, así como credibilidad en las instituciones gubernamentales, lo que se logra promoviendo el espíritu de servicio en el personal hacendario y reflejando el monto de las contribuciones en realidades materiales en beneficio de todos los gobernados, de tal forma que el gobierno sirva a los ciudadanos y no éstos al gobierno. Por ello, corresponde a los contribuyentes determinar las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario, es decir, el sistema fiscal mexicano es autodeclarativo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 11/2012 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "OBLIGACIONES FISCALES. LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 6o. DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO CONSTITUYE UN DERECHO, SINO UNA MODALIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE AQUÉLLAS A CARGO DEL CONTRIBUYENTE. El citado precepto dispone que corresponde a los contribuyentes determinar las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario. Consecuentemente, en el causante recae la obligación de determinar, en cantidad líquida, las contribuciones a enterar, mediante operaciones matemáticas encaminadas a fijar su importe exacto a través de la aplicación de las tasas tributarias establecidas en la ley. La autodeterminación de las contribuciones parte de un principio de buena fe, el cual permite al contribuyente declarar voluntariamente el monto de sus obligaciones tributarias. Ahora bien, la interpretación del artículo 6o. del Código Fiscal de la Federación pone de relieve que la referida autodeterminación no constituye un reflejo de algún principio constitucional, esto es, no se trata de un derecho a favor del contribuyente, sino de una modalidad relativa al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, cuya atención supervisa la autoridad fiscal, como lo acredita la existencia de las facultades de comprobación en materia tributaria.". En ese tenor, la autoliquidación de los tributos realizada por los contribuyentes, implica determinar motu proprio en cantidad líquida las contribuciones a su cargo, mediante la realización de las operaciones matemáticas encaminadas a fijar su importe exacto a través de la aplicación de las fórmulas tributarias establecidas en la ley hacendaria, con el correspondiente deber de enterar al fisco las cantidades que resulten. Constituye el producto de la voluntad del gobernado, mediante el cumplimiento espontáneo y en tiempo de sus obligaciones formales y sustantivas en materia fiscal. Se trata, pues, de una forma de colaboración con la administración tributaria que no supone un acto de autoridad de por medio, porque esta modalidad respecto al cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo del contribuyente, está sujeta a ser supervisada por la autoridad fiscal mediante el ejercicio de sus facultades de revisión y comprobación en materia tributaria, de manera que, en el momento de la autoliquidación, la autoridad no externa su voluntad ante el actuar del particular, pues su actuación, en su caso, será posterior. En tal virtud, la autoliquidación no obedece a una orden o requerimiento expreso de la autoridad encargada de recaudar los tributos, sino más bien, atiende al cumplimiento de una obligación establecida en la ley, a la cual el contribuyente sujetará al orden constitucional cuando la impugne con motivo del acto de aplicación, consistente en la realización del pago respectivo. Tampoco es posible señalar que la autodeterminación que realizan los particulares, se deba a los actos realizados por las autoridades exactoras tendientes a lograr u obtener el cobro respectivo, pues en tal caso, ya no se estaría hablando de una autoliquidación en estricto sentido, sino del cumplimiento de una obligación requerida o solicitada. Por otra parte, tampoco es dable considerar que la circunstancia consistente en que la autoridad exactora reciba el importe autoliquidado por el contribuyente, envuelve un actuar positivo de aquélla, pues no constituye una conducta tendiente a querer que se realice el acto en sí, o que desee que se manifiesten sus efectos, pues poco le importa a la unidad receptora del pago si el contribuyente lo realiza o no, pues en tal caso, posteriormente, sólo el contribuyente deberá soportar las consecuencias de su omisión. En su caso, tal situación únicamente implica una actitud de mero trámite, ante la voluntad manifestada externamente por el propio particular que acude espontáneamente a la oficina recaudadora a enterar el impuesto que, por medios propios, se ha autoliquidado, es decir, se trata de una actitud pasiva frente a la recaudación voluntaria que realiza el particular. Lo anterior, porque la tarea de recibir o cobrar el impuesto autoliquidado, no conlleva una declaración de voluntad unilateral por parte del órgano del Estado, tendiente a la obtención de un fin determinado, pues las indicadas acepciones de "recibir" y "cobrar", no demuestran los extremos citados. Así, es posible concluir que cuando el quejoso con motivo de la autoliquidación del tributo, considera que ha sufrido en su perjuicio el primer acto de aplicación de la disposición legal que le impone la carga tributaria reflejada en el pago correspondiente y, por tal motivo, la sujeta al orden constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, los actos consistentes en la determinación, cuantificación, liquidación, recaudación, cobro y recepción del pago del impuesto enterado. Las conclusiones anteriores, no pugnan con el hecho de que la autoliquidación de una contribución constituya un acto de aplicación de la ley, pues como se ha dejado claro, esto no quiere decir que el cumplimiento de la norma deba ser atribuido a la autoridad recaudadora, sino que, a partir de que se formula la autoliquidación y es enterada, empieza a correr el término de quince días hábiles a que se refiere el artículo 17, de la Ley de Amparo, para promover el juicio de amparo en contra del precepto que impone la carga tributaria reflejada en el pago correspondiente, así como respecto de su aplicación, realizada por el propio particular, en su carácter de auxiliar de la administración pública. Sirve de apoyo la jurisprudencia 153/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora.". Precisado lo anterior, se toma en cuenta que la parte quejosa acude a este juicio constitucional a impugnar la inconstitucionalidad material de la Ley de Ingresos del Estado, para el ejercicio fiscal 2022, particularmente, el artículo 20, fracciones I y II, ambas en sus incisos A), que prevén la causación de derechos por la prestación de servicios de registro y control vehicular de transporte particular, específicamente, por dotación de placas y por holograma, o refrendo anual de calcomanía de circulación. Ello con motivo del primer acto de aplicación materializado en el recibo de pago con folio 40002392475. Ahora bien, a fojas 23 y 24 de este sumario obra el mencionado recibo denominado "FORMATO MÚLTIPLE DE PAGO CONTRIBUYENTE ESTATALES Y/O FEDERALES", en el que se observa que el aquí quejoso enteró a favor de la Secretaría de Finanzas y Administración, la cantidad total de cinco mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos, con motivo de contribuciones causadas por un vehículo de su propiedad, de acuerdo a los siguientes conceptos: Concepto Periodo Descripción Importe 240316800 22A0 REFRENDO ANUAL DE CALCOMANIA 992.00 2403037001 22A0 DOTACIÓN DE PLACAS 1,789.00 2401000501 22A0 IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR USADOS 1,705.68 2209060001 22A0 MULTA DE DERECHOS POR DOTACIÓN DE PLACAS EXTEMPORÁNEA 962.20 Además, en el apartado relativo a los datos del comprobante, se observa que su fecha y hora de emisión tuvo lugar el "15/03/2022 14:53:39". Documental que a la que se le concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Asimismo, en la parte superior derecha de ambas fojas del recibo descrito, se observa un código QR (del inglés Quick Response Code o código de respuesta rápida), que después de ser escaneado arroja la siguiente información: Como se observa, de la información anterior válidamente puede inferirse que el pago de las contribuciones consignadas en el recibo con folio 40002392475, tuvo lugar el quince de marzo de dos mil veintidós; por lo cual, se estima que a partir de dicho momento debe computarse el término que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, para que el quejoso accione en su contra. De tal suerte que el valor probatorio del documento fiscal mencionado, queda reforzado al adminicular la información que contiene con el código QR (del inglés Quick Response Code o código de respuesta rápida), y lleva a inferir que se trata de un documento auténtico, al remitirse al portal oficial de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado. Por su principio jurídico y por analogía, son ilustrativos los siguientes criterios aislados: "FACTURAS. LA INFORMACIÓN GENERADA O COMUNICADA QUE CONSTE EN MEDIOS ELECTRÓNICOS, ÓPTICOS O EN CUALQUIER OTRA TECNOLOGÍA, OBTENIDA A TRAVÉS DEL CÓDIGO QR QUE AQUÉLLAS CONTIENEN, SE RECONOCE COMO PRUEBA PLENA. De los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, se advierte la exigencia de expedir las facturas en los formatos autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y que se consigne en ellos el nombre del comerciante o prestador de servicios, la fecha de expedición, un número de folio consecutivo, datos del expedidor y del cliente, incluido el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de ambos, relación de las mercancías o servicios, su importe unitario y total, entre otros. Por tanto, su contenido adquiere una fuerza indiciaria de mayor peso específico que la de otros documentos privados simples, al compartir algunas características con los documentos públicos. En ese orden de ideas, las facturas atribuidas a cierto comerciante se presumen provenientes de él, salvo prueba en contrario, como sería el caso de la falsificación o sustracción indebida. Así, respecto del cliente, partiendo del principio de que el documento proviene del proveedor y que a nadie le es lícito constituirse por sí el título o documento del propio derecho, se exige la aceptación por el comprador, para que haga fe en su contra, de modo que sin esa aceptación sólo constituye un indicio que requiere ser robustecido con otros elementos de prueba, y en esto se puede dar un sinnúmero de situaciones, verbigracia, el reconocimiento expreso de factura ante el Juez, o de los hechos consignados en ella; el reconocimiento tácito por no controvertirse el documento en el juicio la firma de la copia de la factura en señal de recepción del original o de las mercancías o servicios que éste ampara, etcétera. Empero cuando no existe tal aceptación, serán necesarios otros elementos para demostrar la vinculación del cliente con la factura, que pueden estar en el propio texto de la factura o fuera de ella. Así, si la firma de recibido proviene de otra persona, es preciso demostrar la conexión de ésta con el cliente, como dependiente o factor, apoderado, representante o autorizado para recibir la mercancía. Por otra parte, dentro de ciertas facturas aparecen algunos metadatos, que son "datos acerca de los datos" y sirven para suministrar información sobre las referencias producidas, los que consisten en noticias que describen el contenido, calidad, condiciones, historia, disponibilidad y otras características de los datos. Así, por ejemplo, tenemos que el Registro Federal de Contribuyentes, tanto del cliente como de la emisora de la factura, aporta información adicional, esto es, al remitirse a la inscripción del registro aparece la cédula de identificación fiscal a nombre y denominación o razón social de la que se desprende la actividad comercial y si se encuentra activa. De tal suerte que el valor probatorio del documento fiscal se refuerza al adminicular esa información con el código QR (del inglés Quick Response Code o código de respuesta rápida), que es la evolución del código de barras, que consiste en un módulo para almacenar información en una matriz de puntos o en un código de barras bidimensional, lo que lleva a inferir que la factura es un documento auténtico. Esto es así, porque al escanear dicho código (con un aparato de telefonía celular), remite al portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en donde aparecen, precisamente, los datos del emisor. De lo que se colige que el documento fiscal es original, porque aporta más datos de los que se pueden conocer a través de los sentidos humanos como lo es el código QR, que requiere un componente tecnológico para poder descifrarlo, que al escanear dicho código, aporta datos que no son comprensibles en forma directa a través de la percepción de los sentidos; factores que no solamente demuestran la literalidad del documento, sino que dentro de éste aparecen otros elementos que no pueden leerse a simple vista, pero que contienen información fidedigna de los datos que ampara, que puede ser traducida fácilmente con el empleo de los componentes tecnológicos como celulares digitales y páginas de Internet, de tal suerte que el código QR, una vez escaneado, remite al centro de verificación de comprobantes fiscales del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en donde aparecen ciertos datos que concuerdan con la factura, como lo son el folio fiscal, el Registro Federal de Contribuyentes de ambas partes, así como la fecha de expedición. Aunado a que el portal de verificación de los comprobantes fiscales se encuentra bajo el control de la entidad pública mencionada, que es la encargada de vigilar y fiscalizar las operaciones mercantiles, por lo que en la actualidad, con el código QR ya no se puede dudar de la legitimidad de las facturas, pues con los avances tecnológicos, las facturas con cadena original y su respectivo código, son documentos con matriz. En esa tesitura, en el mundo de la cibernética existen todo tipo de herramientas, entre las que se encuentra aquella que representa un esquema simplificado para la visualización de la secuencia de un conjunto de transacciones denominado Matriz de Documentación de Datos (MDD), cuya finalidad es el análisis comparativo, integrado y secuencial de cada uno de los datos que se componen de las transacciones. Así, la MDD analiza el contenido de cada una de esas transacciones desde una perspectiva global, integrada y sistematizada, para asegurar una mayor consistencia y correspondencia de las futuras bases de datos a los fines de optimizar los indicadores de gestión y el diagnóstico organizacional. Instrumento que en la actualidad es necesario para un adecuado desarrollo de los diferentes sistemas de gestión administrativa, ya que el valor que agrega la utilización de la MDD es mejorar los indicadores de la actividad empresarial entre los datos y los sistemas de información. El trabajo de investigación realizado demuestra que si bien las empresas se han modernizado tecnológicamente, las estructuras de pensamiento han seguido operando dentro del esquema anterior. El rol del especialista en sistemas no debería ser únicamente atender los requerimientos de los usuarios (que es uno de los paradigmas aún vigentes), sino que debería tomar un papel proactivo y transformarse en un generador de los necesarios procesos de cambio, mientras que el rol del analista de gestión debería tender a revalorizar las bases de datos como fuente primaria en la generación de la información; de ahí la importancia de los QR, que constituyen la evolución de los códigos de barras que sirven para almacenar información en una matriz de puntos o mejor dicho, un código de barras bidimensional que se enlaza a un sitio web, que en este caso es al Servicio de Administración Tributaria (SAT), que proporcionará los datos que aparecen en la factura, de lo que se colige que la información puede obtenerse de dos sitios, uno el que aparece en la misma factura (papel) y otro dato que se obtiene de la página del SAT, que es el lugar a donde remitió el código QR, lo que proporciona mayor certeza de las operaciones mercantiles. En otro orden de ideas, anteriormente las facturas no contaban con cadena original, ni sello o firma digital, pero de conformidad con el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, se reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología y para valorar la fuerza probatoria de la información, se estimará primordialmente la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. En congruencia con ello, si el documento electrónico, por ejemplo, una factura, cuenta con cadena original, sello o firma digital o código QR, dichos elementos generan convicción en cuanto a su autenticidad, por lo que su eficacia probatoria es plena y, por ende, queda a cargo de quien lo objete aportar las pruebas necesarias o agotar los medios pertinentes para desvirtuarla.". "FACTURAS. EL CÓDIGO QR (DEL INGLÉS QUICK RESPONSE CODE O CÓDIGO DE RESPUESTA RÁPIDA) QUE EN ELLAS SE CONTIENE, CONSISTE EN UN ELEMENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) QUE ARROJA INFORMACIÓN FIDEDIGNA DE LOS QUE PARTICIPARON EN EL ACTO DE COMERCIO. De conformidad con el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología y para valorar la fuerza probatoria de la información, se estimará primordialmente la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. En este orden de ideas, es importante destacar que anteriormente las facturas no contaban con cadena original, ni sello o firma digital; sin embargo, en la actualidad generan convicción en cuanto a su autenticidad, de tal suerte que su eficacia probatoria es plena y, por ende, queda a cargo de quien las objete, aportar las pruebas necesarias o agotar los medios pertinentes para desvirtuarla. Así, para establecer la fuerza probatoria de aquella información, conocida como documento electrónico, debe atenderse a la fiabilidad del método en que se generó, comunicó, recibió o archivó y, según proceda, atribuir su contenido a las personas obligadas en ellas. Asimismo, dentro de ciertas facturas aparecen algunos metadatos, que son "datos acerca de los datos" que sirven para suministrar información sobre las referencias producidas, los que consisten en noticias que describen el contenido, calidad, condiciones, historia, disponibilidad y otras características de las reseñas. Así, para ejemplificar, tenemos que el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), tanto del cliente como de la emisora de la factura, aportan datos adicionales, es decir, al remitirse al sitio de Internet de "verificación de comprobantes fiscales digitales", al ingresar los datos del Registro Federal de Contribuyentes de cada una de las partes, así como el número de folio fiscal, aparecen el registro fiscal tanto del emisor como del receptor, y el nombre o la razón social de cada uno de ellos, con lo que se puede comprobar la autenticidad de las facturas, valor probatorio que se refuerza con el contenido del código QR (del inglés Quick Response Code o código de respuesta rápida), que es la evolución del código de barras, que consiste en un módulo para almacenar información en una matriz de puntos o en un código de barras bidimensional. Dicho elemento permite detectar la posición del código al lector para determinar que el documento fiscal es original; lo anterior es así, porque se aportan más datos de los que se pueden conocer a través de los sentidos humanos, así, el código QR requiere un componente tecnológico para poder descifrarlo como, por ejemplo, un teléfono móvil, que aporta datos que no son comprensibles en forma directa a través de la percepción de los sentidos, factores que no solamente demuestran la literalidad del documento, sino que dentro de éste aparecen otros elementos que no pueden leerse a simple vista, pero que contienen información fidedigna de los datos que ampara, de tal suerte que dicho código es un elemento útil que sirve para remitirse al centro de verificación de comprobantes fiscales del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que arroja ciertos datos que concuerdan con la factura, como pueden ser el Registro Federal de Contribuyentes de las partes que intervinieron en la relación mercantil, así como la fecha de expedición y la cantidad consignada, lo que denota que las facturas no sean apócrifas. Esto es así, porque con el portal de verificación de los comprobantes fiscales, se encuentran bajo el control del órgano fiscal que es el encargado de vigilar las operaciones mercantiles, por lo que en la actualidad con el código de referencia ya no se puede dudar de la legitimidad de las facturas, pues en conjunto con los avances tecnológicos, cadena original y su respectivo código, se infiere que se trata de documentos con matriz; de ahí la importancia de los códigos QR que constituyen la evolución del código de barras. De lo que se colige que el código QR que contienen las facturas, consiste en un elemento para la verificación de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) que arroja información fidedigna de los que participaron en el acto de comercio, que adminiculada con la que se obtiene de la página del Servicio de Administración Tributaria, a través del código citado, proporciona mayor certeza a las operaciones mercantiles.". Máxime que es precisamente a través de tales documentos exhibidos por el quejoso, que pretende acudir al juicio de amparo a reclamar la inconstitucionalidad de los derechos por refrendo y dotación de placas. De ahí que la fecha de presentación demostrada prueba en contra de su oferente. Lo anterior sin que se soslaye el hecho de que en el recibo mencionado se haya estampado el sello que corresponde a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, en el que se observa la data dieciocho de abril de dos mil veintidós, que a su vez es la señalada por el quejoso como el momento en cual efectúo el pago correspondiente. Sin embargo, en ese sello no se observa leyenda alguna -como lo pudiera ser "PAGADO"-, a fin de corroborar que, hasta ese momento, se realizó el pago de las contribuciones mencionadas en el formato múltiple. Máxime que tampoco aportó alguna otra prueba documental suficiente que robusteciera su dicho de que en realidad realizó el pago hasta el dieciocho de abril de dos mil veintidós, de manera que debe prevalecer la apreciación de que éste se efectuó en la data asentada, que a la vez es validada en el portal oficial de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado. Entonces, el término de quince días hábiles para accionar corrió del dieciséis de marzo al seis de abril de dos mil veintidós, excluyendo sábados y domingos, así como el veintiuno de marzo de ese año, por ser inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Y, toda vez que la demanda se ingresó hasta el dos de mayo de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, es de concluirse que ésta se presentó de manera extemporánea. De ahí que, como ya se anotó, en la especie se considera actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, al no haberse promovido dentro del término otorgado en el artículo 17, y situarse en el segundo de los supuestos establecidos en el artículo 18 de la ley en cita y anteriormente expuestos. Lo anterior aunado a que el acto reclamado no se ubica en los casos de excepción del plazo ampliado previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por lo antes expuesto, con fundamento en la fracción XIV, del artículo 61, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo. Sobreseimiento del acto concreto de aplicación que se hace extensivo a las disposiciones normativas reclamadas, pues no es posible estudiar separadamente los ordenamientos a los cuales pertenecen cuando la parte quejosa acudió a este juicio con motivo del primer acto de aplicación que, en su opinión, es el que le causa perjuicio. Es aplicable el criterio de la literalidad siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA, Y CONTRA ACTOS DE APLICACION. SOBRESEIMIENTO. Si en una demanda de amparo se impugna tanto el acto de aplicación de una ley como la expedición de ésta, al decretarse el sobreseimiento del juicio en lo que atañe al acto de aplicación, debe sobreseerse también en lo relacionado con la expedición de la disposición legal, si el quejoso considera que el acto concreto de aplicación es el que le causa perjuicio y no la simple existencia de la ley, puesto que no es posible estudiar separadamente el ordenamiento al que pertenece el precepto cuya aplicación se combata.". En tales condiciones, toda vez que el sobreseimiento decretado constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, no procede el análisis de los conceptos de violación, pues esto impide el examen de constitucionalidad del acto reclamado. Tiene aplicación al caso, la tesis de jurisprudencia V.2o. J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado.". Los criterios que anteceden se invocan aun cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido del mismo, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de las mismas; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en Vigor. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo vigente, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Edilberto Ayala Villalobos, contra el acto y autoridades que quedaron precisadas, por los motivos expuestos en el último considerando de esta ejecutoria. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza, hasta el día de hoy uno de agosto de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe. LFSL

  3. Principal

    Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo 465/2022 promovido por Edilberto Ayala Villalobos contra actos del Gobernador del Estado de Michoacán y otra autoridad; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por: La Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán, en representación del H. Congreso del Estado de Michoacán; y, Director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica del Despacho del Gobernador, en representación de éste último. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que ninguna de las partes ofrecieron medios de prueba. EL JUEZ: Téngase por hecha tal relación de pruebas y al no existir pruebas que desahogar, se declara abierto el período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que ninguna de las partes formulo alegatos. EL JUEZ: Al no existir alegatos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. LIC. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA. SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. LIC. MARBELLA JUÁREZ GARCÍACon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la que suscribe Secretaria Marbella Juárez García CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  4. Principal

    V I S T O S para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 112/2021, promovido por Claudia Patiño Cruz, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, Michoacán, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el once de febrero de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Morelia, Michoacán, remitido por razón de turno a este Juzgado Tercero de Distrito, Claudia Patiño Cruz compareció a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, Michoacán, y otras autoridades. En ese ocurso, la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como vulneradas en su perjuicio las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio. Mediante auto de doce de febrero de ese año, este órgano jurisdiccional admitió a trámite el libelo constitucional, solicitó su informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables y ordenó dar intervención a la representación social adscrita a este juzgado. Asimismo, mediante proveído de trece de abril del año próximo pasado, se reconoció el carácter de tercero interesado en este juicio a Benjamín Patiño Martínez, en términos de lo que dispone el artículo 5°, fracción III, incisos b), de la Ley de Amparo, por lo que se ordenó y realizó su emplazamiento para todos los efectos legales conducentes. Mediante auto de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, se comunicó a las partes que a partir del uno del mes y año anotados, el que ahora resuelve funge como titular de este órgano jurisdiccional, en cumplimiento a lo ordenado en el oficio SEADS/1089/2021 y el diverso SEADS/1205/2021, remitido en alcance, suscritos por el encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los artículos 118 y 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Finalmente, el uno de marzo de dos mil veintidós, tuvo lugar la audiencia constitucional dentro de este expediente, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán es legalmente competente por territorio, materia y grado para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., fracción I, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y los diversos 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Toda vez que se impugna un acto emitido por una autoridad materialmente jurisdiccional del orden civil, cuyos efectos se concretan dentro de la circunscripción en la que este órgano federal, con competencia mixta, tiene jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo además en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". De igual forma, se invoca la jurisprudencia 40/2000 del contenido y datos que enseguida se anotan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas a este sumario, se advierte que los actos reclamados son los siguientes: Del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, Michoacán: La falta de llamamiento al juicio sucesorio intestamentario 1035/2019, a bienes Moisés Patiño Pérez, denunciado por Benjamín Patiño Martínez, aquí tercero interesado. Del Notario Público Número 59 en el Estado, con ejercicio y residencia en Ciudad Hidalgo, Michoacán: La escritura pública número 2,695, volumen 68, de nueve de octubre de dos mil veinte, mediante la cual se protocoliza la hijuela derivada la sucesión antes mencionada y, particularmente, en la que se adjudica a Benjamín Patiño Martínez el caudal hereditario. Del Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio del Estado, así como del Administrador de Rentas y Tesorero, ambos del Municipio de Ciudad Hidalgo, Michoacán, en el ámbito de sus respectivas competencias: La inscripción y registro del instrumento público antes mencionado. Del Director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de Ciudad Hidalgo, Michoacán: La privación de la posesión de los predios denominados "La Longaniza" y "Las Peras". TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado el Director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal negó la existencia del acto que se les atribuyó. Lo anterior, sin que la solicitante de amparo haya aportado prueba alguna tendente a desvirtuar la negativa por parte de la autoridad responsable antedicha. Al respecto se invoca, la jurisprudencia que enseguida se transcribe: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo.". De manera al no quedar desvirtuada la negativa de las autoridades señaladas como responsables y no demostrarse la existencia del acto reclamado, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en este juicio de amparo, ante la evidente inexistencia del acto que la parte quejosa reclamó. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables al rendir sus informes con justificación aceptaron la existencia de los actos que en el ámbito de su competencia se les atribuyó. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Además, la certeza de que se habla se corrobora con las constancias certificadas relativas a la primera y segunda sección del juicio sucesorio 1035/2019, del índice del juzgado responsable, en donde particularmente se observan las resoluciones interlocutorias que contienen la declaratoria de herederos y la aprobación del inventario y avalúo; asimismo, la escritura pública número 2,695, volumen 68, de nueve de octubre de dos mil veinte, mediante la cual se protocoliza la hijuela derivada la sucesión antes mencionada. Documental pública que se valora en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, al haber sido autenticada por un funcionario judicial que con arreglo a la ley goza de fe pública. QUINTO. Causales de improcedencia. Se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, en términos de lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, el Tesorero del Municipio de Hidalgo, Michoacán, asevera que los actos que conforme a sus atribuciones se les reclaman -entero del impuesto de traslado de dominio-, no reúne los requisitos para ser considerado como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Al respecto debe decirse que dicha autoridad no vierte algún razonamiento jurídico que robustezca esa premisa; no obstante, quien esto resuelve considera que dichos actos dependen de la falta de llamamiento al juicio sucesorio 1035/2019, del índice del juzgado responsable, que de manera destacada se reclama en este juicio constitucional. De ahí que dicha causal invocada se desestime en este momento, para resolver sobre la litis planteada. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 135/2001 sustentada por Alto Tribunal en Pleno, visible en la foja 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Enero de 2002, Novena Época, de título y contenido siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE.- Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse.". Por otra parte, en cuanto hace al acto atribuido al Notario Público responsable, el que suscribe estima actualizada la diversa causal vista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Ahora bien, para evidenciar tal aserto es preciso en principio conocer el contenido del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley" [.]". Por su parte, los artículos 1, fracción I, 5, fracción II, de la Ley de Amparo prevén: "ARTÍCULO 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "ARTICULO 5°. Son parte en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)" De la interpretación armónica y sistemática, se desprende que se actualiza la causal de improcedencia en cita, cuando el acto reclamado no se adecua a las hipótesis normativas que establecen los citados dispositivos legales, es decir, si el acto combatido no constituye acto de autoridad para los efectos del amparo. Sobre este tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en la jurisprudencia siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.". En el último de los preceptos en cita se establece qué debe entenderse por "autoridad" en el juicio de amparo, definición que fue ampliada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del criterio antes invocado, del que se obtiene que las notas distintivas de acto de autoridad se rigen por los siguientes elementos: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3) Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Consecuentemente, jurisprudencialmente se ha sustentado que, para efectos del amparo, es autoridad la que tiene o se le otorga la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan el interés jurídico del afectado. Es aplicable la jurisprudencia siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades.". Bajo el anterior marco referencial, en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia invocada por este órgano jurisdiccional, en razón de que el acto que la parte quejosa reclama a la notario público responsable, no cumple con las características de unilateralidad, imperio y coercitividad que debe tener todo acto de autoridad administrativa para hacer procedente el juicio de amparo. En efecto, el acto reclamado a dicho fedatario público, como ya se vio, consiste en esencia, en la protocolización de las constancias procesales respecto del juicio sucesorio 1035/2019. Sin embargo, ello no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que esa función de protocolizar en términos de la ley del notariado que rige su actuación, no implica la realización de actos equivalentes a los de una autoridad para efectos del juicio de amparo, pues sólo autentifica y da forma a los instrumentos donde constan los actos jurídicos, por lo cual cuando actúa en ejercicio de esas facultades, virtud de una disposición jurisdiccional, su actuación no implica la aplicación o ejecución de alguna determinación de observancia obligatoria, como tampoco la modificación de una situación jurídica determinada o la afectación de la esfera legal del gobernado, ya que no actúa motu proprio, sino en acatamiento del referido mandato jurisdiccional, que en donde se hizo la aplicación de la ley, por lo que el notario al protocolizar dichos actos, sólo da fe de los actos jurídicos del juicio natural, máxime que los actos que se atribuyen a dicho fedatario no se reclaman por vicios propios. Al respecto es aplicable la jurisprudencia siguiente: "NOTARIOS PÚBLICOS. CUANDO UN TERCERO EXTRAÑO RECLAMA EL TRÁMITE DE UNA SUCESIÓN LLEVADA ANTE ELLOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y NUEVO LEÓN). Conforme a los artículos 934, 935, 936, 937 y 938 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y 800, 881, 882, 883, 884 y 885 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, una vez radicada la sucesión ante el juez natural y hecha la declaratoria de herederos, cuando éstos sean mayores de edad, los menores estén debidamente representados y haya designación del albacea, podrá continuarse extrajudicialmente el trámite sucesorio ante notario público, siempre y cuando no se suscite controversia, pues en caso de haberla, el mencionado fedatario debe suspender su intervención y a costa de los interesados remitir testimonio de lo que haya practicado al juzgado que previno, para que judicialmente continúe el procedimiento, sin que los interesados puedan volver a separarse de éste. Así, el notario público actúa en dicho trámite como simple fedatario de los actos o hechos que para su protocolización le someten los particulares, de manera que si entre éstos y aquél no existe una relación de supra a subordinación, en tanto que la actividad del fedatario no es un acto unilateral que pueda prescindir del consentimiento de los gobernados, pues son ellos quienes la solicitan, es evidente que su intervención no puede considerarse acto de autoridad; máxime que no actúa unilateralmente para crear, modificar o extinguir por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los particulares, sino que sólo las hace constar. En ese sentido, se concluye que cuando un tercero que se dice extraño al trámite de una sucesión llevada ante notario público, lo reclama alegando que se le desconocieron sus derechos hereditarios, en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo el aludido fedatario no tiene el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, además de que la falta de llamamiento al trámite indicado no constituye un acto definitivo sino una controversia que debe resolver el juez natural que previno en el conocimiento del juicio sucesorio.". Por tal motivo, respecto del acto reclamado a la notario público señalada como responsable, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5, fracción II, del mismo ordenamiento, lo cual conduce a decretar el sobreseimiento del presente juicio en términos del artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, en relación con la autoridad y por el actos precisados. Así, toda vez que ninguna de las partes hizo valer otra causal de inejercibilidad ni de oficio se observa su actualización, lo que se impone es proseguir con el estudio de fondo del asunto. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que se encuentran en el apartado relativo de su demanda de garantías, los que se dan por reproducidos en este considerando como si a la letra se transcribieran, en acatamiento al principio de economía procesal. Al efecto, se invoca la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que se transcribe en seguida: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". SÉPTIMO. Estudio de fondo. Con fundamento en el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, este juzgador estudiará el caso bajo el principio de suplencia de la queja deficiente, que consiste en el examen de las cuestiones no propuestas por la parte quejosa en sus conceptos de violación, o bien, propuestas de manera defectuosa, independientemente de que le resulten favorables o no. Ello pues en el caso se plantea una violación al debido proceso en cuanto a las formalidades del emplazamiento, acto procesal que al ser el primer llamamiento a juicio es indispensable que se haya llevado a cabo con las formalidades que la ley establece para garantizar el derecho de audiencia. En sus conceptos de violación la quejosa medularmente argumenta que las autoridades responsables violaron en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, en virtud de que el procedimiento de origen se tramitó sin que se le haya llamado al mismo. Lo anterior, suplido en su deficiencia, es fundado y suficiente para conceder la protección constitucional solicitada. Para demostrar tal aserto cabe hacer algunas precisiones en cuanto al emplazamiento, cuya legalidad está relacionada con el derecho de audiencia que garantiza el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "ARTÍCULO 14.- [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. [.]". Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que la garantía a que alude el artículo en comento, consiste en que nadie podrá ser privado de sus bienes, derechos, posesiones, etcétera, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en que deberán cumplirse las formalidades esenciales del procedimiento, esto es, que satisfagan los requisitos siguientes: a) Notificar al interesado del inicio del procedimiento respectivo, así como sus consecuencias; b) Dar oportunidad al interesado de ofrecer y desahogar pruebas que en su caso justifiquen su defensa; c) Dar ocasión, igualmente, al interesado de formular alegatos; d) Emisión de una resolución que dirima las cuestiones debatidas; y, e) La posibilidad de impugnar esa resolución. Apoyan lo anterior la jurisprudencia y tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que a continuación se transcriben: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." "AUDIENCIA, GARANTIA DE, REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER LAS LEYES PROCESALES EN RESPETO A LA. De acuerdo con el espíritu que anima el artículo 14 constitucional, a fin de que la ley que establece un procedimiento administrativo, satisfaga la garantía de audiencia, debe darse oportunidad a los afectados para que sean oídos en defensa, antes de ser privados de sus propiedades, posesiones o derechos, con la única condición de que se respeten las formalidades esenciales de todo procedimiento. Este debe contener "etapas procesales", las que pueden reducirse a cuatro: una etapa primaria, en la cual se entere al afectado sobre la materia que versará el propio procedimiento, que se traduce siempre en un acto de notificación, que tiene por finalidad que conozca de la existencia del procedimiento mismo y dejarlo en aptitud de preparar su defensa; una segunda, que es la relativa a la dilación probatoria, en que se pueda aportar los medios convictivos que estime pertinentes; la subsecuente es la relativa a los alegatos en que se dé oportunidad de exponer las razones y consideraciones legales correspondientes y, por último, debe dictarse resolución que decida sobre el asunto." Asimismo, cabe señalar que cuando se reclama todo lo actuado en un procedimiento por falta de llamamiento, corresponde a la autoridad responsable acreditar la existencia de tal acto, como ocurre en la especie, pero si lo que se reclama es la ilegalidad del mismo, la carga de la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad recae en la parte quejosa, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Por tanto, la falta de llamamiento o su realización inadecuada, contraría las disposiciones legales, toda vez que se imposibilita al afectado por el acto de autoridad a formar parte de la secuela procesal y, por consiguiente, deducir sus derechos dentro del mismo, formular sus alegatos y ser notificados oportunamente de las determinaciones respectivas; de ahí que dicha omisión constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave en toda relación jurídica procesal. En otra vertiente, nuestro máximo Tribunal de Justicia ha sostenido, que persona extraña es aquella que no figuró como parte en sentido material dentro del juicio, pero que sufre un perjuicio dentro de éste o dentro del procedimiento de ejecución correspondiente, sin haber sido oída ni vencida, por desconocer las actuaciones relativas; quedando incluida en este concepto, la parte que no fue emplazada o que lo fue incorrectamente, tal como se evidencia de la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." En esa línea de argumentación, tenemos que el emplazamiento es un medio de comunicación procesal que tiene por objeto dar a conocer tanto de la existencia de una demanda, como de la petición del demandante (pretensión de este último), igualmente, proporcionar la oportunidad procesal de que se conteste dicho reclamo dentro de determinado plazo. Por tanto, el emplazamiento o llamamiento a juicio es un presupuesto procesal de la acción y un acto eminentemente jurídico, que por su finalidad es solemne y esencial para cumplir con el requisito constitucional de la debida audiencia, y por ende, debe analizarse de oficio, en términos de la jurisprudencia de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siguiente: "EMPLAZAMIENTO. ES DE ORDEN PÚBLICO Y SU ESTUDIO ES DE OFICIO. La falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, es la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio, esto es, imposibilita al demandado para contestar la demanda y, por consiguiente, le impide oponer las excepciones y defensas a su alcance; además, se le priva del derecho a presentar las pruebas que acrediten sus defensas y excepciones y a oponerse a la recepción o a contradecir las probanzas rendidas por la parte actora y, finalmente, a formular alegatos y ser notificado oportunamente del fallo que en el proceso se dicte. La extrema gravedad de esta violación procesal ha permitido la consagración del criterio de que el emplazamiento es de orden público y que los Jueces están obligados a investigar de oficio si se efectuó o no y sí, en caso afirmativo, se observaron las leyes de la materia." Sentado lo anterior, cabe precisar que si bien el llamamiento a un posible heredero a un juicio sucesorio no es propiamente un emplazamiento, sino la primera notificación a que se refiere el artículo 1017 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, se ha estimado que para su validez legal, son aplicables las reglas que para el emplazamiento prevé dicho ordenamiento, dado que los efectos de la notificación en los juicios sucesorios son similares a los fines del emplazamiento, como así se consideró en los criterios siguientes: "SUCESORIO. CUANDO UN POSIBLE HEREDERO NO FUERA LLAMADO A UN JUICIO DE ESA CLASE Y ÉSTE HUBIERE CONCLUIDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIONES ADJETIVAS DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y TLAXCALA). Cuando el afectado impugne que no fue llamado legalmente al juicio sucesorio correspondiente, que ya concluyó, argumentando que el emplazamiento, la convocatoria o citatorio de herederos no se ajustó a los lineamientos que establecen los preceptos adjetivos aplicables, debido a que no constituye un imperativo el que tenga que ejercer previamente la acción de petición de herencia a que se refieren los artículos 12, 13 y 834 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y 9o. fracción I, 10, fracción VI y 11 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, el amparo indirecto será procedente, de acuerdo con la excepción al principio de definitividad prevista en la parte final de la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece que las personas extrañas al juicio del que emanan los actos reclamados pueden promover su demanda de amparo en forma inmediata, ante el Juez de Distrito. Por tanto, si cuenta con los documentos públicos para probar la idoneidad de su parentesco con el de cujus que le permitiría ser declarado probable heredero, el afectado no está obligado a ejercer la acción de petición de herencia. En todo caso, el ocurrir o no a esa vía jurisdiccional resultaría optativo para el quejoso, siempre que no haya transcurrido el término de diez años para que opere la prescripción, señalado en los artículos 2993 del Código Civil del Estado de Jalisco y 2939 del Código Civil del Estado de Tlaxcala." "HEREDERO. PARA EFECTOS DE SU CONVALIDACIÓN, EN SU LLAMAMIENTO AL JUICIO SUCESORIO DEBEN SEGUIRSE LAS REGLAS QUE PARA EL EMPLAZAMIENTO PREVÉ EL ARTÍCULO 65 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE JALISCO. Si bien el llamamiento de un posible heredero al juicio sucesorio no es propiamente un emplazamiento, sino la primera notificación a que se refiere el artículo 111 de ese código, se estima que para los efectos de su convalidación le son aplicables las reglas que para el emplazamiento prevé la última parte del artículo 65 del mencionado ordenamiento adjetivo, que dispone: "La nulidad de una actuación debe reclamarse en la siguiente en que intervenga el que la promueve, de la cual se deduzca que éste tiene conocimiento o se ha ostentado sabedor de la misma, de su ejecución, o busca la continuación del procedimiento; en cuyos supuestos quedará revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento, cuando por tal motivo se deje en estado de indefensión al demandado."; ello en razón de que los efectos de la notificación en los juicios sucesorios son similares a los fines del emplazamiento. Lo que se corrobora por el hecho de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 74/97, que dio origen a la jurisprudencia 394 visible en el Tomo IV del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "SUCESORIO. CUANDO UN POSIBLE HEREDERO NO FUERA LLAMADO A UN JUICIO DE ESA CLASE Y ÉSTE HUBIERE CONCLUIDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIONES ADJETIVAS DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y TLAXCALA).", otorgó al multicitado acto la misma naturaleza del emplazamiento; de ahí que el llamamiento de un posible heredero al juicio sucesorio no puede convalidarse cuando se le deje en estado de indefensión." Ahora bien, es pertinente tomar en cuenta que el artículo 765 del Código Civil para el Estado de Michoacán, establece que la sucesión legítima es la que se abre si no hay testamento, si el testamento es nulo o perdió su validez, si el testador no dispuso de todos sus bienes, cuando no se cumpla la condición impuesta al heredero, cuando el heredero muere antes del testador, repudia la herencia o es incapaz de heredar, si no ha nombrado sustituto. Asimismo, el artículo 768 del mismo ordenamiento legal, quienes tienen derecho a heredar por sucesión legítima son los descendientes, cónyuge, ascendientes, parientes colaterales dentro del cuarto grado, la concubina o el concubinario y a falta de éstos el Fisco del Estado. De igual forma, el artículo 770 establece la regla general de que los parientes más próximos excluyen a los más remotos, salvo lo que disponen los artículos 775 y 798, esto es, de que si quedaran hijos y descendientes de ulterior grado, los primeros herederan por cabeza y, los segundos, por estirpe. Lo mismo se observará tratándose de descendientes de hijos premuertos, incapaces de heredar o que hubieran renunciado a la herencia; y si concurrieran hermanos con medios hermanos, aquéllos heredarán doble porción que éstos y si concurren hermanos con sobrinos, hijos de hermanos o medios hermanos premuertos, que sean incapaces de heredar o que hayan renunciado a la herencia, los primeros heredarán por cabeza y los segundos por estirpes, a falta de hermanos sucederán sus hijos dividiéndose la herencia por estirpes y la porción de cada estirpe por cabezas. Asimismo, sirve como criterio orientador la jurisprudencia 119/2009, consultable en la página 838, tomo XXXI, marzo de 2010, de la Noveno Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de folio 164894, de rubro y texto siguientes: "SUCESIÓN DE LOS SOBRINOS DEL AUTOR DE LA HERENCIA. EL TÉRMINO "PREMUERTO" CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 1565 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DEBE ENTENDERSE REFERIDO A QUIEN FALLECIÓ ANTES QUE EL AUTOR DE LA SUCESIÓN. El citado artículo, al establecer que si concurren a una sucesión hermanos con sobrinos, hijos de hermanos o de medios hermanos premuertos, los primeros heredarán por cabezas y los segundos por estirpes, alude a una forma de heredar por representación o sustitución, pues estos últimos heredan en lugar de sus progenitores premuertos, como si éstos no hubiesen existido, y no por derecho propio o transmisión. Ahora bien, el indicado término "premuerto" debe entenderse referido a quien falleció antes que el autor de la sucesión; de manera que para que los sobrinos que concurran a la herencia conjuntamente con los hermanos o medios hermanos del de cujus tengan derecho a heredar, es necesario que sean hijos de otro hermano que falleció antes de concurrir a deducir sus derechos. Ello es así, en primer lugar, atento a que el participio pasivo irregular de "premorir", significa morir una persona antes que otra y, en segundo, porque además de que el legislador sólo establece el derecho a heredar en línea colateral a los sobrinos cuyo padre o madre han fallecido con anterioridad al autor de la sucesión, el mencionado artículo 1565 prevé un derecho a heredar por representación en donde no son aplicables las reglas de la transmisión, por lo que tal derecho no podría actualizarse si el hermano falleciera después del autor de la sucesión. Esto es, el derecho de representación presupone el hecho de la premoriencia del representado al causante, lo cual significa que debe haber fallecido antes de la apertura de la sucesión, pues la causa de ese derecho radica en la inexistencia de la persona que habría de vivir al tiempo de la delación, inversamente al derecho de transmisión, en que la causa obedece a que una persona ha existido al tiempo de la delación pero ha fallecido antes de aceptar la herencia deferida, pues si falleciera después, como titular del llamamiento, transmitiría el derecho de opción a sus propios herederos, quienes en tal caso tendrían llamamiento directo a su sucesión.". Así como la tesis II.3o.C.17 C del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, página 1218, Tomo XII, Agosto de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, rubro y texto: "PETICIÓN DE HERENCIA. LEGITIMACIÓN DE LOS HEREDEROS POR ESTIRPE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). Existen cuatro modos de suceder por intestado: in capita, in stirpes, por líneas y por troncalidad. Sucede in capita (por cabeza) cuando los llamados suceden en nombre propio y no en sustitución de otro y se hace de la herencia tantas partes como personas hereden por derecho propio; en cambio, la sucesión in stirpe tiene lugar en el caso de que los herederos concurran en sustitución de otro, reemplazando al heredero fallecido, llamándose derecho de representación. Tal derecho ha sido definido doctrinalmente como: "Un derecho en virtud del cual los hijos ocupan el lugar de los padres perpetuamente en la línea recta y hasta el segundo en la línea colateral, para dividir la herencia del ascendiente común con los parientes de grado más próximo, igual o remoto en la línea recta y con los de grado más próximo en la línea colateral.". Así, los artículos 1431 y 1433 del Código Civil del Estado de México, establecen que tienen derecho a heredar los descendientes, los cónyuges, los ascendientes, los parientes colaterales dentro del cuarto grado y en ciertos casos la concubina, y que los parientes más próximos excluyen a los más remotos, con la salvedad prevista por los numerales 1438 y 1461 de ese ordenamiento. Consecuentemente, doctrinal y legalmente se prevé la posibilidad de la sustitución de heredero y por ende, no es dable estimar que los herederos directos sean exclusivamente los que pueden ejercitar la acción real de petición de herencia, pues los herederos in stirpe también están legitimados para hacerlo." Lo anterior se corrobora con lo dispuesto en los artículos 1030 y 1031 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, que disponen, que la denuncia de un intestado podrá hacerse por el Ministerio Público, el representante del Fisco del Estado o por cualquier persona aunque no sea presunto heredero; y que si la denuncia se hiciere por un presunto heredero o por un extraño tendrán obligación de expresar bajo protesta de decir verdad los nombres de los demás coherederos con expresión de su domicilio y de si son mayores de edad. La omisión de este requisito hará que se tenga por no hecha la denuncia y que se dé conocimiento al Ministerio Público y al representante del Fisco del Estado para los efectos a que hubiere lugar. Además, el diverso 1032 de dicho ordenamiento legal señala que, hecha la denuncia por las personas a que se refiere el artículo anterior, por el Ministerio Público o el representante del Fisco del Estado, el juez tendrá por radicado el juicio de intestado y mandará publicar un edicto en la puerta del juzgado por treinta días convocando a los que se crean con derecho a la herencia, para que comparezcan a deducirlo en dicho término, contando desde la fecha en que el edicto se fije en el lugar indicado. En el mismo auto se nombrará albacea provisional. En cuanto a los presuntos herederos nombrados por el denunciante, el término de treinta días se computará para cada uno de ellos, desde el siguiente día hábil en que se haga la notificación respectiva. Es decir, dichos preceptos, en lo que aquí interesa, son claros en indicar que en la denuncia de un intestado, quien la presente tiene la obligación de expresar bajo protesta de decir verdad, los nombres de los demás coherederos con expresión de sus domicilios, so pena que de no hacerlo, se tendrá por no hecha la denuncia relativa; y ello resulta trascendente a fin de que dichos coherederos dentro del término de treinta días, comparezcan a deducir sus derechos y acompañen los documentos con que justifiquen su parentesco, den su voto para el albacea, presenten sus alegatos, etcétera. Ahora bien, a fin de lograr un mejor entendimiento de la cuestión a resolver, es preciso señalar que de las constancias que anexó a su informe justificado el juez responsable, consistentes en las que integran el juicio sucesorio intestamentario 1035/2019, se advierte lo siguiente: Que Benjamín Patiño Martínez denunció la sucesión a bienes del finado Moisés Patiño Pérez, manifestando que el cujus no otorgó disposición testamentaria alguna y que además no existían más presuntos herederos. Que el treinta y uno de enero de dos mil veinte, se dictó resolución a la primera sección de los autos del juicio sucesorio mencionado, en donde se declaró como único y universal heredero de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones que en vida le correspondieron al cujus, al denunciante Benjamín Patiño Martínez, en cuanto hijo del autor de la herencia, designándosele como albacea definitivo. Que el diecinueve de febrero de ese año, se dictó resolución a la segunda sección del procedimiento descrito, en donde se aprobó el inventario y avalúo del caudal hereditario formulado por el albacea definitivo. Acorde a lo peticionado por el promovente y por satisfacerse los requisitos legales exigidos en el artículo 1009 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en auto de trece de septiembre de dos mil diecisiete se autorizó la prosecución del trámite ante el Notario Público Número 59 en el Estado. Finalmente, el nueve de octubre de dos mil veinte, el fedatario público mencionado levantó la escritura pública número 2,695, volumen 68, que contiene la adjudicación del caudal hereditario, a favor del aquí tercero interesado. Lo anteriormente expuesto patentiza que, en este caso, la quejosa se ostenta como tercera extraña al juicio natural, en el que sin ser oída y vencida en juicio, se vulneró en su perjuicio su garantía de audiencia. Además, para acreditar su interés jurídico en el presente juicio, la peticionaria de amparo exhibió copia certificada de las documentales siguientes: 1. Acta de nacimiento de la quejosa con folio 2255, de trece de octubre de mil novecientos ochenta y tres, donde aparece como su padre Filadelfo Patiño Martínez, y como su abuelo Moisés Patiño. 2. Acta de nacimiento número 531, de Filadelfo Patiño Martínez, donde aparece como su padre Moisés Patiño Pérez; 3. Acta de defunción de Filadelfo Patiño Martínez, acaecida el cuatro de enero de dos mil dieciséis. A las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido autenticada la primera por un fedatario público y las segundas emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. De tales probanzas se obtiene que la aquí quejosa es hija del finado Filadelfo Patiño Martínez, quien a su vez fue hijo del extinto Moisés Patiño Pérez. Ahora bien, conforme al artículo 1467 del Código Civil, trascrito con anterioridad, como se dijo, para que los nietos concurran a la herencia conjuntamente con los hijos del cujus y tengan derecho a heredar, éstos heredarán por cabeza y aquéllos por estirpe; cuando que, Claudia Patiño Martínez es nieta del causante, entroncamiento que se pueda apreciar de las documentales descritas en los párrafos precedentes. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 197/2009, en la que interpretó la legislación civil del Estado de Veracruz, específicamente los artículos 1537 y 1565 del Código Civil de dicha entidad, de contenido similar al 770 y 775 del Código Civil para el Estado de Michoacán explicó que la sucesión legítima, prevé tres modos de heredar o suceder, a saber: a) por derecho propio; b) por transmisión; y, c) por representación o substitución. La manera de suceder por derecho propio constituye la forma normal de heredar, la regla general; las demás son excepcionales. Así, quien recibe la sucesión es la persona designada por la ley, es decir, el pariente de grado más próximo. Ahora bien, cuando muere el llamado a la herencia, su derecho no pasa a los herederos eventuales de grado ulterior, sino a los propios herederos del llamado (grado próximo), como una parte de la herencia de éste. De este modo, el heredero del segundo de cujus adquiere la herencia del primer de cujus, porque el derecho de heredar entró a su patrimonio desde que murió el segundo, y entre los derechos adquiridos en la herencia están los de reclamar y aceptar o repudiar la herencia del primero. Es decir, al suceder al primer causante, los herederos del segundo difunto reciben la herencia de aquél, no por haber sido llamados a ella, sino porque el que fue llamado les transmitió su derecho. Así, el transmitente no transmite al adquirente la herencia del primer causante, sino el derecho a adquirirla. El transmisario sucede, pues, al transmitente en su herencia. De ahí que en este supuesto se hereda en defecto de otro. En cambio, el tercer modo de heredar, es decir, el de representación o substitución, supone que quien recibe la herencia no es llamado personalmente a heredar, sino que la recibe en lugar de aquél a quien le correspondía. Es decir, el representante ocupa el lugar del representado, hereda en lugar de éste. El representante obtiene lo que hubiera obtenido el representado. La representación obra como si no hubiese existido la defunción anterior del representado. Luego, quien sucede por representación no recibe la herencia a través de la persona a quien representa (la herencia del abuelo no va al hijo, y de éste al nieto), sino le llega inmediatamente del causante, y el pariente intermedio (el padre) no juega sino el papel de individualizar (por su parentesco con ellas) a las personas que, ocupando su puesto, son llamadas directamente a la sucesión del difunto. Es por lo tanto, la substitución una institución de heredero subordinada a otra. De modo que en ese supuesto se sucede en vez de otro. En ese orden de ideas, la quejosa (nieta del cujus) no hereda por derecho propio ni por trasmisión, sino en representación de su padre (hijo del finado), siendo que los primeros que heredan son los hijos que lo hacen por cabeza, pero si uno de ellos muere antes de la sucesión se trasmite a sus hijos los derechos sucesorios que le corresponden, heredando así estos por representación (herencia por estirpe). Por tanto, es dable considerar que Claudia Patiño Martínez tiene derecho a representar a su padre como heredero, toda vez que le asiste el derecho para ser colocado en el lugar que ocupaba su padre en la familia de la de cujus, en la parte de la herencia que le hubiese correspondido a su ascendiente de haber podido heredar, tal como lo establece el artículo 775 del Código Civil para el Estado de Michoacán. En consecuencia, al no habérsele brindado la oportunidad de ser oída y vencida en el juicio del que emanan los actos reclamados, por no haber formado parte de él, es inconcuso que se afectó su garantía de audiencia. Además, de que se dispuso respecto de los bienes que conformaron el acervo hereditario de la de cujus, en relación con los cuales probablemente le asiste cierto derecho -acorde a lo demostrado en este juicio-. Es claro que se violentaron en perjuicio del quejoso los derechos de certeza y seguridad jurídica consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales; dado que se le privó de un derecho sin otorgarle prerrogativa alguna y sin acatar las formalidades legales establecidas para tal efecto. En las relatadas condiciones, procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión. OCTAVO. Efectos de la concesiva. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual dispone que los efectos de la concesión del amparo serán restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, una vez que cause ejecutoria esta sentencia o sea confirmada por un tribunal superior, el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, Michoacán, deberá: a) Dejar insubsistente desde la interlocutoria de treinta y uno de enero de dos mil veinte, incluida la diversa de diecinueve de febrero de ese año; así como su prosecución realizada por el Notario Público Número 59 de Ciudad Hidalgo, Michoacán, consignada en la escritura pública número 2,695, volumen 68, de nueve de octubre de dos mil veinte, así como todos los actos que deriven de ella; y, b) Ordenar reponer el procedimiento en dicho juicio sucesorio intestamentario hasta su sección primera, a fin de que llame a la aquí quejosa. Concesión que se hace extensiva respecto de los actos reclamados al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio del Estado; Administrador de Rentas y Tesorero, ambos del Municipio de Ciudad Hidalgo, Michoacán, así como el Notario Público Número 59 en el Estado, con ejercicio y residencia en dicha municipalidad. Este último con independencia de que no se le hubiera tenido como responsable; pues protocolizó la partición de la herencia objeto del expediente de origen. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 75, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Claudia Patiño Martínez, en contra de los actos y autoridades que quedaron precisadas en los considerando tercero y quinto de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Claudia Patiño Martínez, contra los actos que reclamó a las autoridades responsables precisadas, por las razones expuestas y para los efectos indicados en el último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza, hasta hoy uno de junio de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.LFSL

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano