Edilberta Corona Landa

Expediente 919/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
919/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
07/11/2017

Partes del expediente

  • Edilberta Corona Landa

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído del diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Edilberta Corona Landa; con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez que transcurra el plazo de cinco años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el presente expediente, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. ... Por otra parte, aun cuando el documento exhibido por la parte quejosa en su demanda de amparo, no se ubica en la hipótesis del artículo segundo, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, déjese a su disposición, el cual podrá recoger dentro del plazo de noventa días, apercibido que de no hacerlo así, dicho documento será destruido junto con el expediente. Finalmente, a pesar de que las partes nada manifestaron en relación con lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al hacerse pública la resolución dictada en el presente juicio, no deberán suprimirse los datos sensibles de la misma y demás constancias; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto.

  2. Principal

    Vista la razón de la actuaria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional de veinte de octubre de dos mil diecisiete, téngasele asentando los hechos y razones expuestos en la misma, respecto a la imposibilidad para notificar el proveído de diecisiete de octubre del año en curso, a la parte promovente Edilberta Corona Landa, en el domicilio señalado para tal efecto, toda vez que al ser atendido por una persona del sexo femenino esta le informó que no conoce a la parte quejosa; en mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquesele por lista dicho acuerdo, así como el presente y subsecuentes proveídos, hasta en tanto señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones en Tlaxcala, Tlaxcala. EN ATENCIÓN A LO ORDENADO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE PROMOVERTE EDILBERTA CORONA LANDA EL PROVEÍDO DE DIECISIETE DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, DICTADO EN EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTÚA, QUE EN LO QUE INTERESA DICE: "Agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el escrito de cuenta signado por Edilberta Corona Landa, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en auto de cinco de octubre de dos mil diecisiete; y, manifiesta bajo protesta de decir verdad que ".es su voluntad señalar también como acto reclamado el ilegal emplazamiento que supuestamente se realizó a la hoy quejosa con fecha veintinueve de agosto del año en curso, así como todo lo actuado en el expediente generador del acto reclamado." Ahora, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de derechos fundamentales por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: . Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. . Con base en estas premisas, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que presenta la parte quejosa, deriva de que los actos reclamados consistes en:  El auto de exeqüendo de fecha dos de agosto de dos mil diecisiete dictado en el Juicio Ejecutivo Mercantil, 804/2017 del índice del Juzgado responsable, promovido por el señor Arturo Justino Montiel endosatario en procuración de José Alejandro Meléndez Bueno.  La diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de fecha veintinueve de agosto del año en curso, en la que se le requirió del pronto y ejecutivo pago de la cantidad de $32,000.00 (Treinta y dos Mil pesos 00/100 M.N.), y como consecuencia todo lo actuado. Ahora bien, para una mejor comprensión del asunto, cabe mencionar los antecedentes de los actos reclamados: ? Por escrito presentado el uno de agosto de dos mil diecisiete, en el Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicoténcatl, Arturo Justino Montiel Portillo, endosatario en procuración de José Alejandro Meléndez Bueno, demando en la vía ejecutiva mercantil a José Ángel Corona Landa y/o J. Ángel Corona Landa y a Elena Ordoñez Evaristo y Edilberta Corona Landa, el pago de la cantidad de $32,000.00 (Treinta y Dos Mil pesos 00/100) por concepto de suerte principal y demás prestaciones (fojas 21 a 27). ? Por auto de dos de agosto de dos mil diecisiete, el Juzgado responsable dio el trámite correspondiente a la demanda promovida por Arturo Justino Montiel Portillo, y dictó auto de exeqüendo con efectos de mandamiento en forma y autorizó a la Diligenciaria adscrita a ese Juzgado a fin de que se constituyera en el domicilio de los demandados asociados de la parte actora y les requiera del pronto y ejecutivo pago de las prestaciones reclamadas (fojas 28 a 29). ? El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, previo citatorio se realizó la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento a la demandada Edilberta Corona Landa, en la que se trabo formal embargo sobre un bien inmueble que dice ser de su propiedad, y finalmente se le emplazo a juicio (fojas 32 y 35). Siendo todo lo actuado en el expediente de origen, tal y como se desprende de las constancias que remitió la autoridad responsable. En efecto, del análisis conjunto de la demanda de amparo, escrito aclaratorio y de las constancias que remitió el Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicoténcatl, se advierte que respecto a los actos reclamados destacados, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: . Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, entre otros actos, contra resoluciones judiciales respecto de las cuales la ley conceda recurso o medio de defensa legal dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo que se afecten a personas terceras extrañas a juicio, o bien en el supuesto que el acto reclamado consista en aquellas que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal, o cuando importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. En efecto, el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes, así como de actos que afectan la libertad personal, y la proposición en exclusiva de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, debe decirse que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que el afectado los haga valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses legales, tiene la posibilidad de acudir al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, de modo tal que si la parte afectada no tuviera la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración de justicia local. Ahora, por lo que hace al acto reclamado que hizo consistir en el auto de exeqüendo de fecha dos de agosto de dos mil diecisiete, índice en el cual se ordenó el emplazamiento de la parte quejosa, así como el requerimiento de pago. Cabe traer a colación los artículos 1336, 1339, 1341, 1334 y 1335 del Código de Comercio, establecen lo siguiente: . De esos preceptos legales, se advierte que el recurso de apelación no procede contra los autos, resoluciones interlocutorias y sentencias definitivas dictados en juicios, donde la suerte principal sea menor a $593,712.73 (Quinientos noventa y tres mil setecientos doce pesos 73/100 M.N.), sin tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda. Asimismo, establecen que, los autos que no son apelables, pueden ser revocados por el juez, por lo que, tal medio de defensa debe pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes. En la especie, el peticionario reclama el auto de dos de agosto de dos mil diecisiete, en el que el juez responsable ordenó que la ejecutora se constituyera en el inmueble ubicado en Calle Tres Norte Número Veintidós, sección Tercera de San Miguel Tenancingo y le requiriera el pago de $32,000.00 (Treinta y dos mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal y demás prestaciones reclamadas y, en caso de que no lo hiciera, se le embargaran bienes suficientes para garantizar la deuda, se corriera traslado y se le emplazara al juicio; por ende, en su contra procedía el recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio, previo a la promoción del juicio de amparo. Ello es así, toda vez que se reclama como suerte principal el pago de $32,000.00 (treinta y dos mil pesos 00/100 moneda nacional), monto que es inferior al establecido en el ordinal 1339 del Código de Comercio. Medio de impugnación que es idóneo para modificar, revocar o anular el acto reclamado, con el consecuente saneamiento de la actividad procesal y, que además, es eficaz para reparar el acto en un plazo razonable, ya que debe interponerse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, se da vista a la contraria por un término igual y el juzgador debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes. Por tanto, al conceder la ley ordinaria un recurso por virtud del cual pueda ser modificada, revocada o nulificada la determinación tomada en auto de dos de agosto de dos mil diecisiete, es inconcuso que el peticionario estaba obligado a agotar tal medio ordinario de impugnación, previo a que acudiera a la instancia constitucional. . Por otra parte, en relación al acto reclamado que hizo consistir en el la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de fecha veintinueve de agosto del año en curso, en la que se le requirió del pronto y ejecutivo pago de la cantidad de $32,000.00 (Treinta y dos Mil pesos 00/100 M.N.), y como consecuencia todo lo actuado. Sobre el particular, y con el fin de demostrar la actualización de la causa de improcedencia invocada, conviene transcribir el contenido de los artículos 1055, fracción IV, 1349 a 1353, 1357 y 1404 del Código de Comercio, que establecen: . El artículo 1055 transcrito, establece que los juicios mercantiles se rigen bajo diversas reglas, de las que destaca la relativa a que las actuaciones judiciales resultan anulables si no colman los requisitos legales establecidos. Por su parte, del análisis conjunto de los artículos 1349 a 1353, se desprende que los incidentes son las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal, los cuales se tramitan bajo dos supuestos, el primero, relativo a los incidentes de tramitación verbal en las diligencias judiciales, el segundo, relativo a las incidencias de tramitación escrita ; lo cual resulta aplicable a los juicios ejecutivos mercantiles según lo prevé el numeral 1357 transcrito; finalmente, el último precepto establece la manera en que deberán tramitarse tales incidencias. En ese orden, el Código de Comercio prevé supuestos específicos en que las actuaciones judiciales serán nulas, por lo que aun cuando instituye los incidentes de manera genérica, es en vía incidental que debe intentarse la nulidad de las actuaciones o notificaciones realizadas en contravención a lo dispuesto en la ley, tal como se prevé en el Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al Código de Comercio por disposición de su artículo 1054, específicamente en el numeral 319, párrafo primero, del referido código procesal civil, que dice: . En ese contexto, la promovente -como parte demandada en el juicio de origen- estuvo en posibilidad de promover el incidente de nulidad de actuaciones en contra del emplazamiento que reclama, habida cuenta que resulta el medio de defensa idóneo para lograr su nulificación; empero, al no haberlo agotado de manera previa a la promoción del juicio de amparo, pues aún no se ha dictado sentencia en el juicio de origen, de ahí que no tenga la calidad de tercero extraño por equiparación pues lo que inobservó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, lo que actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. . En consecuencia, al resultar evidente que la parte quejosa previamente al acudir al juicio de amparo indirecto debió promover el incidente de nulidad de actuaciones, así como recurso de revocación en contra de la diligencia de emplazamiento o de la falta del mismo y del auto de dos de agosto de dos mil diecisiete, respectivamente, se actualiza la causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con apoyo en el precepto 113 de la ley de la materia, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida, por no haberse agotado dichos medios ordinarios de defensa en contra de dichos actos reclamados".

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