Edie Trinidad Sánchez Sánchez
Expediente 635/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 635/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 18/07/2017
Partes del expediente
- Edie Trinidad Sánchez Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciocho de julio de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que el auto por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo ha causado estado, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al tratarse de un asunto que se sobreseyó fuera de audiencia y que carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE VEINTINUEVE DE JUNIO DE LOS CORRIENTES QUE ENS U PARTE MEDULAR DICe: "Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintinueve de junio de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el informe justificado rendido por la Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla, con domicilio en esta ciudad, al cual adjunta, entre otras, copia certificada del oficio número *****, por el que remite a la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el expediente original ***** de su índice, relativo al juicio de controversia del orden familiar (alimentos) promovido por *****, en contra de *****, en el cual obra el incidente de cesación y cancelación de pensión alimenticia promovido por ****, en contra de *****, para substanciar el recurso de apelación interpuesto por la ahí demandada, en contra de la sentencia interlocutoria de diecinueve de abril del año en curso, recurso que fue admitido en ambos efectos. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de turnar los autos del expediente número *****, relativo al juicio de controversia del orden familiar (pensión alimenticia), de su índice, al Tribunal de alzada, para la substanciación del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada María Isabel Avendaño Albores, contra la sentencia interlocutoria de diecinueve de abril del año en curso. En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta a la parte peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija". Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, el quejoso se duele de la omisión por parte de la autoridad responsable Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla, con residencia en esta ciudad, de turnar los autos del expediente número *****, relativo al juicio de controversia del orden familiar (pensión alimenticia), de su índice, al Tribunal de alzada, para la substanciación del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada María Isabel Avendaño Albores, contra la sentencia interlocutoria de diecinueve de abril del año en curso. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que mediante oficio número *****, dirigido a la Segunda Sla Regional Colegiada en Materia Civil Zona 01, Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de trece de junio del actual, la juez responsable remitió el expediente número *****, relativo al juicio de controversia del orden familiar (pensión alimenticia), de su índice, al Tribunal de alzada, para la substanciación del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada María Isabel Avendaño Albores, contra la sentencia interlocutoria de diecinueve de abril del año en curso, mismo que fue recibido el quince de junio de esta anualidad, como se advierte del sello de recibo estampado en el referido oficio (foja 28); es decir, en fecha posterior a la presentación de la demanda, la Juez responsable subsanó la dilación procesal que se le reclamaba. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la omisión de turnar los autos del expediente número *****, relativo al juicio de controversia del orden familiar (pensión alimenticia), de su índice, al Tribunal de alzada, para la substanciación del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada María Isabel Avendaño Albores, contra la sentencia interlocutoria de diecinueve de abril del año en curso, ha cesado en sus efectos, quedado insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna. Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Además, no pasa desapercibido, el hecho de que con esta fecha se esté agregando el informe justificado rendido por la autoridad responsable y por ende, no transcurra el plazo de ocho días para que las partes se enteren del contenido del mismo, en la medida que, el término que se les concede para tal efecto, es sólo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido referido y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinte minutos del trece de julio de dos mil diecisiete. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, tercera interesada y a la agente del Ministerio Público Federal adscrita; asimismo por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintisiete de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos y el cómputo que antecede, con fundamento en los preceptos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se acuerda: Como ninguna de las partes recurrió dentro del término legal, el proveído dictado el trece de junio del año en curso, en el cual SE DESECHÓ PARCIALMENTE LA DEMANDA DE AMPARO únicamente por lo que hace al Segundo Secretario adscrito al Juzgado Primero de lo Familiar, con sede en esta ciudad; se declara que ha CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Hágase del conocimiento de las partes este proveído y efectúese las anotaciones en el libro de gobierno. NOTIFÍQUESE.
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiuno de junio de dos mil diecisiete. Vistas las razones de la Actuaria Judicial adscrita a este órgano, de las cuales se advierte que no fue posible emplazar a la tercera interesada *****, por las razones que allí expone. En consecuencia, en obvio de mayores dilaciones, comisiónese nuevamente a la citada Actuaria para que se constituya de nueva cuenta al domicilio indicado y lleve a cabo el emplazamiento de la referida tercera interesada. En el entendido que, para realizar el emplazamiento encomendado, se encuentran habilitados los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que la funcionaria judicial de la adscripción pueda efectuarla; lo anterior, tal como se encuentra ordenado en auto de trece de junio del actual (fojas 8-12). "HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las misma". NOTIFÍQUESE.
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