Ediberto Gonzalez Estrada

Expediente 1284/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 11 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1284/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
09/12/2019

Partes del expediente

  • Ediberto Gonzalez Estrada
  • Carlos Mario Adorno García
  • Junta Especial Número Treinta Y Seis de la Federal de Conciliación Y Arbitraje En el Estado de Tabasco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    MESA 5.Villahermosa, Tabasco, nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio signado por la Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, mediante el cual remite copias certificadas de los citatorios de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, efectuadas a los demandados Transportes y Gruas Chontalpa, Sociedad Anónima de Capital Variable, Gruas Chontalpa, Sociedad Anónima de Capital Variable, Rodolfo Alonso Suárez Cruz y Tovia Mansuer del Pino, así como de la constancia respectiva de esa misma data, inherentes al expediente laboral 891/2018, de su índice. Se toma conocimiento de lo anterior, para los efectos legales conducentes. Sin embargo, de las referidas constancias no se advierte que la Junta responsable, haya cumplido cabalmente con el fallo protector, el cual establece lo siguiente: (.) ? Ejecutar el emplazamiento de las demandadas en el juicio laboral 891/2018 y enviar las constancias con las que así lo acredite, de: o Rodolfo Alonso Suárez Cruz, Tovia Mansuer del Pino, Transportes y Gruas Chontalpa, sociedad anónima de capital variable y Gruas Chontalpa, sociedad anónima de capital variable. o Instituto Mexicano del Servicio Social. o Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. (.) (sic) En tal razón, requiérasele a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, remita copias certificadas de las constancias que acrediten el cumplimiento al fallo, específicamente en relación a las partes demandadas Instituto Mexicano del Servicio Social e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en el expediente de origen. En el entendido, que de no cumplir dicha autoridad responsable, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de amparo, se le aplicará multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos), la que se deduce de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, con efectos a partir del uno de febrero del presente año, al tenor de la parte conducente de los artículos 192, 193, 195, 197 y 258 de la Ley de Amparo, y se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, en turno, en materia laboral, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pudiendo concluir con su inmediata separación del cargo y consignación ante el Juez de Procesos Federales por el delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 1a./J. 36/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, agosto de 2014, Tomo I, página 359, Décima Época, de rubro: "MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 260, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE AMPARO. DE SER PROCEDENTE SU IMPOSICIÓN EN LOS CASOS EN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SEA UNA JUNTA ESPECIAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, TAL SANCIÓN DEBE SER IMPUESTA AL PRESIDENTE DE LA MISMA, NO A LOS REPRESENTANTES DE LOS SECTORES OBRERO Y DEL CAPITAL QUE LA INTEGRAN (LEGISLACIÓN DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Asimismo, la jurisprudencia P./J. 54/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, página 19, Décima Época, de rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO".

  2. Principal

    MESA 5.VILLAHERMOSA, TABASCO, veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. Vista, la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el siete de noviembre de dos mil diecinueve, en la que en su punto resolutivo primero se sobreseyó y en el segundo se le CONCEDIÓ el amparo y la protección de la Justicia Federal a los quejosos EDIBERTO GONZALEZ ESTRADA y CARLOS MARIO ADORNO GARCÍA; por lo que, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para los efectos legales procedentes; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente. Con fundamento en el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, requiérase a la JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, para que dentro del término de cinco días hábiles, al en que quede notificada del presente acuerdo, cumpla con el fallo protector concedido a la parte quejosa, consistente en: [.] Ejecutar el emplazamiento de las demandadas en el juicio laboral 891/2018 y enviar las constancias con las que así lo acredite, de: Rodolfo Alonso Suárez Cruz, Tovia Mansuer del Pino, Transportes y Gruas Chontalpa, sociedad anónima de capital variable y Gruas Chontalpa, sociedad anónima de capital variable. Instituto Mexicano del Servicio Social. Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Lo anterior, en la inteligencia, que si no se logran emplazar a la demandadas, por no proporcionarse su domicilio o el proporcionado sea incorrecto, deberá requerirse a la parte actora para que proporcione en un término de tres días hábiles el domicilio de los demandados que no pueden emplazarse, bajo apercibimiento que de no proporcionar el domicilio correcto, se tendrá por no interpuesta la demanda contra quien no hayan podido ser emplazados; lo anterior en términos de la jurisprudencia 2a./J 126/2016 (10ª), de rubro: "EMPLAZAMIENTO AL JUICIO LABORAL. PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR LA JUNTA CUANDO NO LO LOGRA REALIZAR EN EL DOMICILIO DESIGNADO POR EL ACTOR TRATÁNDOSE DE UN SOLO DEMANDADO". [.] Debiendo remitir las constancias certificadas relativas por duplicado a efecto de correrle traslado con una de ellas a la parte quejosa, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, con fundamento en el artículo 258, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, con efectos a partir del uno de febrero del presente año. Asimismo, con apoyo en el Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, en Turno, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que puede culminar con la separación del cargo y consignación ante el Juez de Procesos Federales por el delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    En Villahermosa, Tabasco, a las once horas con veinte minutos del siete de noviembre de dos mil diecinueve, estando en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Karla Hernández Mancera, Secretaria que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, referente al juicio de amparo 1284/2019-5, promovido por Ediberto González Estrada y Carlos Mario Adorno García. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y la Secretaria da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las copias simples que anexó la parte quejosa a su escrito de demanda y con la copia simple que adjuntó a su escrito de ampliación; asimismo, con las copias certificadas que anexó la autoridad responsable, Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por sí y en representación del Actuario y del Pleno; además, con las copias certificadas que agregó la autoridad responsable, Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por sí y en representación de la junta; y, con las copias certificadas que añadió la autoridad responsable, Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, relativas al expediente laboral 891/2018, de su índice. Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hicieron uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por perdido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1284/2019-5, promovido por Ediberto González Estrada y Carlos Mario Adorno García, contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad y otras autoridades, por estimarlo violatorio del artículo 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el trece de agosto de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional al día siguiente, Ediberto González Estrada y Carlos Mario Adorno García solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y las autoridades que a continuación se detallan: A C T O R E C L A M A D O "DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA, RECLAMAMOS: A. EL INDEBIDO ACUERDO DE FECHA 15 DE MARZO DE 2018, MISMO QUE ORDENO EL ARCHIVO DEFINITIVO DEL JUICIO LABORAL. --- B. LA INACTIVIDAD PROCESAL (PARALIZACIÓN) DEL JUICIO LABORAL. --- C. EL INCUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN LOS ARTÍCULOS 685 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. --- D. COMO CONSECUENCIA DE TODO LO ANTERIOR, LA DILACIÓN PROCESAL EN LOS AUTOS DEL JUICI LABORAL. --- DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA IDENTIFICADA CON EL INCISO A), EL PLENO, EL PRESIDENTE, Y LA H. ESPECIAL NÚMERO 36 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE TABASCO RECLAMAMOS: LA FALTA DE DILIGENCIACIÓN DEL EXHORTO NÚMERO CAGC/422/2017, RELATIVO A LA NOTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO A JUICIO DE LA PARTE DEMANDADA. --- LA FALTA DE ENVÍO Y TRÁMITE DEL EXHORTO NÚMERO CAGC/422/2017, A SU SIMILAR DE LA H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO 03 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. --- LA FALTA DE SEGUIMIENTOA LAS FUNCIONES Y DILIGENCIAS ENCOMENDADAS AL ACTUARIO DE SU ADSCRIPCIÓN PARA LA DEBIDA Y LEGAL NOTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DE LOS DEMANDADOS (TERCEROS INTERESADOS). DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA IDENTIFICADA CON EL INCISO B), EL ACTUARIO ADSCRITO A LA H. ESPECIAL NÚMERO 36 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE TABASCO; RECLAMAMOS: LA FALTA DE DILIGENCIACIÓN DEL EXHORTO NÚMERO CAGC/422/2017, RELATIVO A LA NOTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO A JUICIO DE LA PARTE DEMANDADA. --- LA FALTA DE LEVANTAMIENTO DE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS A LA NOTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO A JUICIO DE LA PARTE DEMANDADA RELACIONADAS CON EL CUMPLIMIENTO DEL EXHORTO NÚMERO CAGC/422/2017" A U T O R I D A D R E S P O N S A B L E Como ordenadoras: Pleno, Presidente y Junta Especial Número Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México. Como ejecutoras: Pleno, Presidente y Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco. Actuario adscrito a la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El quince de agosto de dos mil diecinueve, admitió a trámite la demanda de que se trata y se registró con el expediente 1284/2019-5; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y TERCERO. RECEPCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Partes Común de este Juzgado de Distrito, los quejosos ampliaron su demanda de amparo en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: A C T O R E C L A M A D O "A LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA: LA OMISIÓN DE ACORDAR Y PROVEER LA RADICACIÓN DE LA DEMANDA LABORAL CON MOTIVO DE LA DECLINATORIA REMITIDA MEDIANTE EXHORTO CON NÚMERO DE OFICIO LST/096/2017 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2017. --- LA DILACIÓN PROCESAL AL NO ACORDAR NI SEÑALAR ADMISIÓN DE LA COMPETENCIA Y FECHA Y HORA PARA LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES DERIVADO DE LA DECLINATORIA REMITIDA MEDIANTE EXHORTO CON NÚMERO DE OFICIO LST/096/2017 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2017. --- LA FALTA DE NOTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO A JUICIO DE LAS PARTES EN LOS AUTOS DEL JUICIO QUE SE FORME O FORMO CON MOTIVO DE LA DECLINATORIA REMITIDA MEDIANTE EXHORTO CON NÚMERO DE OFICIO DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2017. A U T O R I D A D R E S P O N S A B L E Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. CUARTO. ADMISIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA. Una vez que se rindieron los informes justificados relativos a las autoridades responsables de la Ciudad de México, el trece de septiembre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la ampliación de la demanda de que se trata; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal; cabe señalar que la Junta Especial Número Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México -señalada como responsable- declinó su competencia a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda y su ampliación se desprende que la parte quejosa señaló sustancialmente como actos reclamados: El acuerdo de quince de marzo de dos mil dieciocho, por el cual la Junta Especial Número Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México, ordenó el archivo definitivo del juicio laboral 144/2017, de su índice. La omisión de diligenciar el exhorto JE 36: 85/2017, por parte de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco. La omisión de levantar las constancias relativas al exhorto JE 36: 85/2017, por parte del actuario adscrito a la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco. La omisión de dictar auto de radicación, con motivo de la declinatoria, en el juicio laboral 894/2018, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. La omisión de señalar fecha y hora para la audiencia de Conciliación Demanda y Excepciones en el juicio laboral 894/2018, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. La omisión de emplazar a las demandas al juicio laboral 894/2018, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS IDENTIFICADOS CON LOS INCISOS A, B, C, D Y E. Las autoridades responsables de la Junta Especial Número Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México, al rendir su respectivo informe justificado negaron la existencia de los actos reclamados consistentes en el acuerdo de quince de marzo de dos mil dieciocho. Sin que la parte quejosa haya aportado prueba para desvirtuar dichas negativas. En efecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de sus derechos fundamentales que alega, ya que el que insta el juicio de amparo tiene la ineludible obligación de establecer, directamente o mediante el informe rendido por la autoridad responsable, la existencia del acto que impugna y a justificar, con los medios de pruebas que tiene a su alcance, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, la autoridad responsable no rinda el mencionado informe. Resulta aplicable, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 180 del Tomo III, Apéndice de 1917 a 2000, cuyo contenido es: "INFORME JUSTIFICADO. LA SIMPLE NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS ES SUFICIENTE PARA QUE SE TOME EN CUENTA, SIN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE TENGA QUE AGREGAR OTRAS MANIFESTACIONES O ANEXAR PRUEBAS.- No afecta jurídicamente al informe en que las autoridades responsables se limitan a exponer que no son ciertos los actos que de cada una de ellas se reclaman, que en él no se haga mención del nombre y domicilio del tercero perjudicado ni se manifieste si se han realizado actos similares o distintos de los reclamados que afecten o puedan afectar los derechos agrarios de los quejosos, ni, en su caso, los fundamentos legales de aquéllos; sin que, asimismo, se informe sobre los actos en virtud de los cuales los quejosos adquirieron los derechos agrarios que aducen, ni se remitan las constancias necesarias para precisar tales derechos. Dichas omisiones no bastan para invalidar la negativa de los actos reclamados por parte de las autoridades responsables, al no encontrarse desvirtuada por prueba alguna en contrario, ni existir disposición legal que determine que las repetidas omisiones acarreen como consecuencia la presunción de ser ciertos los actos reclamados, procediendo el sobreseimiento del juicio de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." No es óbice para decretar el sobreseimiento en el presente juicio, que los solicitantes del amparo hayan ofrecido en su escrito inicial de demanda como pruebas las siguientes copias fotostáticas simples: Dos identificaciones expedidas por el entonces Instituto Nacional Electoral. Impresión de consulta electrónica en la Página Web de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Exhorto CAGC/422/2017, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Acuerdo ocho de noviembre de dos mil diecisiete, de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Sin embargo, al tratarse de copia fotostática simple, sólo genera un indicio, que por no encontrarse robustecida con ninguna otra prueba, se le niega eficacia probatoria, ya que existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, por tal efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer. Es aplicable al caso la Jurisprudencia 193, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 132, Tomo VI, Materia Común, con número de Registro 394149, Octava Época, Apéndice de 1995 del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto, en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer." Por otra parte, las autoridades responsables Junta Especial Número Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México, actuario y Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, negaron la existencia de los actos reclamados consistentes en: La omisión de diligenciar el exhorto JE 36: 85/2017, por parte de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco. La omisión de levantar las constancias relativas al exhorto JE 36: 85/2017, por parte del actuario adscrito a la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco. La omisión de dictar auto de radicación, con motivo de la declinatoria, en el juicio laboral 894/2018, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. La omisión de señalar fecha y hora para la audiencia de Conciliación Demanda y Excepciones en el juicio laboral 894/2018, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Asimismo, remitieron las copias certificadas de diversas constancias relativas al acto reclamado; documentos a los que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Sin embargo, de las constancias remitidas por las diversas autoridades, se puede advertir que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (trece de agosto de dos mil diecinueve), ya habían sido satisfecha las pretensiones de los quejosos, en razón de los siguientes puntos. En auto de siete de abril de dos mil diecisiete la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco ordenó a su actuario adscrito diligenciar el exhorto JE 36: 85/2017; diligencia que el actuario llevó a cabo y devolvió sin diligenciar, ya que como lo expuso en la razón actuarial de diez de abril de dos mil diecisiete, pues el domicilio no era el correcto. En auto de once de diciembre de dos mil diecisiete, la Junta Número Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México declinó competencia a su homóloga en el Estado de Tabasco, pues conforme al artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo, sólo por excepción le corresponde conocer de ramas industriales y servicios, así como de empresas que se establecen en el mismo. Por otra parte, en auto de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco admitió la demanda que le envió por incompetencia la Junta Especial Número Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. En el mismo auto, señaló fecha y hora para la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones en el juicio laboral 891/2018, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, fecha que se ha pospuesto hasta la presente fecha por la falta de emplazamiento a las demandadas. Asimismo, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco ordenó notificar el citado auto de radicación, mismo que fue devuelto en auto de siete de agosto de dos mil diecinueve sin diligenciar por parte de su similar Junta Local de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 2a./J. 3/94, formulada por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 79, Julio de 1994, página 15, cuy rubro y texto es: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". En las relatadas circunstancias, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio en términos de la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA OMISIÓN DE EMPLAZAR A LAS DEMANDADAS AL JUICIO LABORAL 894/2018, DEL ÍNDICE DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO. La autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco negó el acto reclamado consistente en la omisión de emplazar a las demandadas y remitió las constancias relativas al juicio 891/2018, de su índice. Documentos que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2, ya que fueron expedidos por servidores públicos en ejercicio de las atribuciones que les asigna la ley. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". No obstante que la autoridad responsable negó el acto reclamado, se tiene por cierto porque de las constancias que adjuntó a su informe justificado se confirma su existencia, toda vez que no se ha emplazado a las demandadas al juicio laboral 891/2018. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 7, Volumen 91-96, Tercera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, del siguiente rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado". QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes y, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. SEXTO. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es sustancialmente fundado el concepto de violación esgrimido por la parte quejosa, suplido en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, como se expone a continuación. En efecto del planteamiento hecho por la parte quejosa y de las constancias que conforman el expediente precitado, que en copia certificada remitió la autoridad responsable, se puede colegir que la omisión apuntada contraviene lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual en su párrafo segundo, establece: "Artículo 17.- [.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales...". El derecho fundamental contenido en el precepto transcrito, fue garantizado por el Constituyente a fin de que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia, ya que las contiendas que surgen entre los gobernados necesariamente deben ser dirimidas por un órgano del Estado facultado para ello, ante la imposibilidad de que los particulares se hagan justicia por sí mismos. Mandato constitucional que no admite la circunstancia de que las autoridades encargadas de la administración de justicia pongan trabas o trámites innecesarios que se traduzcan en obstáculos para el buen desempeño en los mecanismos tendientes a hacerla pronta y expedita. Así, el precepto constitucional en comento señala, en lo que interesa, señala que toda persona tiene derecho a la administración de justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos fijados en las leyes. Dichos atributos del derecho a la administración de justicia (prontitud, imparcialidad y gratuidad), han sido explicados por la Segunda Sala del Alto Tribunal Constitucional del país, en la jurisprudencia 192/2007, visible en la página 209, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia constitucional, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales". De ahí que la justicia pronta consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de atender las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. En efecto, la Ley Federal del Trabajo, establece que el proceso laboral será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio, y se iniciará a instancia de parte, para lo cual las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias a efecto de lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Estos lineamientos no se cumplen, toda vez que de las constancias que remitió la presidenta de la junta como apoyo a su informe justificado, se advierte que no se ha emplazado a las demandadas en el juicio laboral. Ahora bien, la responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco desde el auto de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, ordenó el emplazamiento de las demandadas, sin embargo, hasta la presente fecha no obra diligencia de emplazamiento, o en su defecto constancia o actuación alguna en relación a su imposibilidad; por tanto, es innegable que la autoridad responsable, transgredió los derechos fundamentales de la parte accionante del amparo, relativos a que la administración de Justicia se imparta por los tribunales legalmente establecidos, en los plazos y términos que fijen las leyes, consagrados en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese contexto, los numerales 742, fracción I y 750 de la Ley Federal del Trabajo, disponen lo siguiente: "Artículo 742. Se harán personalmente las notificaciones siguientes: El emplazamiento a juicio y cuando se trate del primer proveído que se dicte en el mismo..." "Artículo 750. Las notificaciones, citaciones o emplazamientos deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la Ley exista disposición en contrario". De los numerales anteriormente citados, se desprende que la autoridad laboral tiene la obligación de notificar y emplazar a las partes contendientes obrero-patronal, dentro de los cinco días siguientes en el que fue emitido el auto en el que se ordenó. Por ello, es evidente que se está en presencia de un acto que vulnera el derecho fundamental de seguridad jurídica consagrado por el artículo 17 Constitucional, habida cuenta que éste le ordena a las autoridades "hacer" algo, que en el presente asunto, no es otra cosa que cumplir con los términos y plazos fijados por la ley de la materia. Luego, el actuar de la autoridad responsable de no tramitar el proceso laboral dentro de los plazos y términos que la legislación le marca, viola en primera forma el numeral 17 Constitucional, que consagra el principio de economía procesal, entendiéndose éste como aquél que expresa que el proceso ha de desarrollarse con la mayor economía de tiempo, de energías y de costo, de acuerdo con las circunstancias de cada caso; es por ello que, la omisión en la forma que se ha precisado, implica denegación de justicia, al no aplicar la ley para lograr una justicia pronta, como obliga dicho numeral de la Carta Magna. En las relatadas circunstancias, procede conceder la protección federal solicitada, a efecto de resarcir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental transgredido con la omisión reclamada. SÉPTIMO. EFECTOS CONCESORIOS DEL AMPARO. De conformidad con lo instituido en la fracción V del artículo 74 de la Ley de Amparo, a continuación se precisan los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo. En mérito de lo anterior, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, deberá: Ejecutar el emplazamiento de las demandadas en el juicio laboral 891/2018 y enviar las constancias con las que así lo acredite, de: Rodolfo Alonso Suárez Cruz, Tovia Mansuer del Pino, Transportes y Gruas Chontalpa, sociedad anónima de capital variable y Gruas Chontalpa, sociedad anónima de capital variable. Instituto Mexicano del Servicio Social. Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Lo anterior, en la inteligencia, que si no se logran emplazar a la demandadas, por no proporcionarse su domicilio o el proporcionado sea incorrecto, deberá requerirse a la parte actora para que proporcione en un término de tres días hábiles el domicilio de los demandados que no pueden emplazarse, bajo apercibimiento que de no proporcionar el domicilio correcto, se tendrá por no interpuesta la demanda contra quien no hayan podido ser emplazados; lo anterior en términos de la jurisprudencia 2a./J 126/2016 (10ª), de rubro: "EMPLAZAMIENTO AL JUICIO LABORAL. PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR LA JUNTA CUANDO NO LO LOGRA REALIZAR EN EL DOMICILIO DESIGNADO POR EL ACTOR TRATÁNDOSE DE UN SOLO DEMANDADO". OCTAVO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de quince de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio de amparo, se les señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales, conforme lo establece el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; no obstante, omitieron manifestarse al respecto. Empero, conforme lo establecen los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18 del ordenamiento legal antes invocado y 8° del reglamento precitado, los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes se opongan expresamente a la publicación de sus datos personales; por ende, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Ediberto González Estrada y Carlos Mario Adorno García, por las razones y motivos expuestos en la parte considerativa de esta ejecutoria. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Ediberto González Estrada y Carlos Mario Adorno García, contra el acto reclamado a la autoridad responsable, en términos del considerando sexto y para los efectos del considerando séptimo de esta sentencia. TERCERO. En atención a lo señalado en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA 5. RESUELVE PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por el quejoso, contra los actos reclamados a la autoridad. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEJE AL QUEJOSO, CONTRA LOS ACTOS RECLAMADOS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. TERCERO. ELABÓRESE VERSIÓN PÚBLICA DE LA SENTENCIA CON SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES.

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